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Casación 42026 Carlos Cecilio Parra González y otros


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Casación 42026

Carlos Cecilio Parra González y otros



República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente



JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

Aprobado acta Nº 302

Bogotá, D. C., once (11) de septiembre de dos mil trece (2013).


V I S T O S

La Sala se pronuncia sobre los presupuestos de lógica y debida fundamentación de la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Carlos Cecilio Parra González, en contra del fallo del 26 de octubre de 2012, por medio del cual el Tribunal Superior de Villavicencio modificó la condena impuesta en primera instancia al mencionado, y a otros integrantes del grupo armado ilegal Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por el delito de homicidio en persona protegida, en concurso con los de homicidio agravado, terrorismo y rebelión.


Previo a lo anterior, se pronunciará sobre la prescripción de la acción penal derivado del delito de rebelión y los efectos de la muerte de algunos de los procesados.
H E C H O S

Hacia las 5:00 p.m. del 20 de febrero de 2005, subversivos integrantes del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a través del Frente ‘Joselo Lozada’ detonaron una carga explosiva instalada en el establecimiento Hotel Acapulco, localizado en las casas 9 y 10 de la manzana D de la Inspección de Policía de Puerto Toledo, Municipio de Puerto Rico, Meta, en instantes en que por el lugar circulaba personal del Ejército Nacional.
La explosión causó la muerte del civil Isaac Cruz Ruiz; los menores Joan Smith Rodríguez Medina y Euder Emilio Arcila Jiménez; teniente Juan David Lasso Lopera y soldados Uriel Álvarez Cano y Héctor Andrés Cifuentes Rosero. Así mismo, produjo heridas a los militares capitán Édgar Tovar Rojas y soldados Ángel Cárdenas Zarta, Jorge Riaño Ariza, Adalberto Ruiz González, José Baquero Rojas, Edwin Pinzón Delgado, Óscar Támara Briñez, Orvel González Cuyares, Jorge Vargas López y Luis Cuevas Sepulveda; a los particulares Carlos Carreño Silva, Noel Díaz, Vladimir Cruz, Mary Mina Guzmán, Luis Alberto Ramírez, Gabi Astrid Romero, Apolonio Sánchez, Rosa Pérez, Silvia Cardona, José Omar Sánchez, Mario Lili Trujillo, Giovanni Cruz Sánchez y Parle Rojas Vélez, así como daños al centro de salud y a diez viviendas vecinas.
La información proveniente del Departamento de Inteligencia del Ejército Nacional, pobladores y varios desmovilizados del grupo insurgente, permitió establecer que la orden para realizar el atentado provino del secretariado, comandantes, cabecillas de columna, cuadrilla y compañías del Frente 43 de las FARC, y su ejecución fue materializada por integrantes del mismo grupo ilegal.

ANTECEDENTES PROCESALES

1. El informe suscrito por investigadores criminalísticos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y las numerosas pruebas recaudadas en la actuación subsiguiente le permitieron a la Fiscalía 43 Seccional Especializada de Villavicencio, a través de resolución del 22 de enero de 2008, acusar a Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’; Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’; Luis Suárez, alias ‘el mono jojoy’ o ’Jorge Briceño Suárez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Luis Eduardo López Méndez, alias ‘Efrén Arboleda’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso; Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’ y Néstor Pérez Ríos, alias ‘Ernesto Tablas’, como “autores y coautores” de los delitos de rebelión, terrorismo, homicidio agravado y homicidio en persona protegida, en concurso material, homogéneo, heterogéneo y simultáneo (artículos 467, 343, 104-8-10 y 135 de la Ley 599 de 2000).

Así mismo, precluyó la actuación a favor de Rosemberg Rodríguez Gómez y Rodrigo Roncancio Salinas por los delitos de terrorismo, homicidio agravado y homicidio en persona protegida, al tiempo que acusó al primero de estos como coautor de rebelión.
Mientras se surtían los trámites de notificación de la resolución de acusación, la Fiscalía, a través de resolución del 5 de febrero de 2008, dispuso la ruptura de la unidad procesal respecto de Rosemberg Rodríguez Gómez y ordenó la compulsa de copias para que la conducta de rebelión que se le atribuyera en esta actuación fuera adelantada por el juez penal del circuito de Granada, Meta.

La resolución de acusación no fue recurrida y cobró ejecutoria el 28 de febrero de 2008.


2. La etapa de la causa le correspondió al Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, el cual, tras celebrar las audiencias preparatoria y pública de juzgamiento, en decisión del 23 de septiembre de 2009 adoptó las siguientes determinaciones:
a) Declaró penalmente responsables a Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’; Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Luis Suárez, alias ‘el mono jojoy’ o ’Jorge Briceño Suárez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso; Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’ y Néstor Pérez Ríos, alias ‘Ernesto Tablas’, y, en consecuencia, les impuso las penas principales de 695 meses de prisión, multa equivalente al valor de 2263,88 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autores mediatos de las conductas punibles de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y, a la vez, heterogéneo con las de homicidio agravado, terrorismo y rebelión, conforme la imputación normativa fijada en la resolución de acusación.
b) Así mismo, los sentenció a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por término de 20 años, al pago solidario de los perjuicios civiles de orden moral, a razón de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada una de las seis víctimas que perdieron la vida, al tiempo que les negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria.
c) Condenó a Luis Eduardo López Méndez y Rosemberg Rodríguez Gómez a las penas principales de 81 meses de prisión y multa por el valor de 112,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autores del delito de rebelión, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por término semejante al de la pena privativa de la libertad.
d) Absolvió a Luis Eduardo López Méndez por los comportamientos punibles de homicidio en persona protegida, homicidio agravado y terrorismo.

En la parte motiva de la decisión, el juzgado advirtió la necesidad de cesar procedimiento, por extinción de la acción penal, a favor de Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’, por razón de su comprobada muerte. No obstante lo anterior, nada dijo en su parte dispositiva.


3. La decisión del a quo fue apelada por los procesados Fabián Ramos Cruz, Carlos Cecilio Parra González y Luis Eduardo López Méndez, así como por los apoderados de los dos últimos. Así, el Tribunal Superior de Villavicencio modificó parcialmente la providencia recurrida y resolvió lo siguiente:
i) Declaró la nulidad parcial de la sentencia, respecto de Rosemberg Rodríguez Gómez.
ii) Dispuso la extinción de la acción penal por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, terrorismo y rebelión, por razón de la comprobada muerte del procesado Néstor Pérez Ríos.
iii) A los procesados Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’; Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Luis Suárez, alias ‘el mono jojoy’ o ’Jorge Briceño Suárez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso y Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’ les impuso pena de prisión de 480 meses.

iv) Compulsó copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que, en actuación separada, se investigara la participación de alias ‘Chuki’, ‘Leonidas’, ‘Norbey’, ‘Musaraña’, ‘Valencia’, ‘Duberney’, ‘Boyaco’, ‘Paola’ y ‘Negro Alberto’.
4. En contra de la decisión del ad quem interpuso y sustentó oportunamente el recurso extraordinario de casación el defensor de Carlos Cecilio Parra González.


L A D E M A N D A

A través de un confuso escrito, el defensor del procesado formula un cargo de violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho “en falta de apreciación de la prueba, al ignorar la existencia de identificación de Carlos Cecilio Parra González, correspondiente a su cédula de ciudadanía y contraria a la de la Carta Guerrillera”.


Sostiene que su asistido no fue correctamente identificado, lamenta que no se hubiere practicado un reconocimiento en fila de personas por parte de los testigos y asegura que “nos encontramos constituidos en un claro defecto fáctico, conformándose un requisito de procedibilidad exigido por la jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.
Cita como norma violada el artículo 238 de la Ley 600 de 2000, según el cual las pruebas deben ser apreciadas en conjunto conforme con las reglas de la sana crítica y el funcionario judicial tiene el deber de exponer el mérito que le asigne a cada una. Dice que se vulneraron los derechos fundamentales a la honra, buen nombre, libertad y habeas data de Carlos Cecilio Parra González.
Tras discurrir largamente sobre los conceptos de igualdad, aplicación de la ley, principio de presunción de inocencia, carga de la prueba y los presupuestos del dolo y de la culpa, reprocha que la fiscalía no adoptara todas las medidas necesarias para identificar al procesado y verificar su participación en los hechos, e indica que en este caso no se demostró la culpa ni el dolo de Parra González en la comisión de los delitos.
Critica que el juzgador hubiera admitido los hechos narrados por unos testigos, práctica que califica de extraña y contraria a derecho, pues, asegura, viola el principio de presunción de inocencia. Alega que su argumento se centra en la falta absoluta de material probatorio y en el falso juicio de convicción en que incurrió el juez de instancia.
Luego de citar in extenso la sentencia de tutela T-302 de 2008, concluye que en este caso “nos encontramos frente a una valoración irrazonable de la supuesta prueba de cargo”, pues los hechos no se analizaron de forma precisa y, así mismo, de las atestaciones de los testigos no se puede concluir que el procesado sea miembro de grupo guerrillero. Se cuestiona qué relación puede tener el hecho de que Parra González formara parte de las milicias populares y realizara trabajos para el grupo insurgente con el atentado contra el hotel de Puerto Toledo. Agrega que el fallo adolece de una vía de hecho por defecto fáctico, porque de haber comparado los rasgos fisonómicos de su asistido con los que obran en el proceso habría advertido que no se trata de la misma persona.
Con fundamento en las anteriores reflexiones, el impugnante le pide a la Sala que case la sentencia recurrida, revoque las decisiones de condena que pesan en contra del procesado y “decrete resolución absolutoria a su favor”.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Prescripción de la acción penal derivada de la conducta punible de rebelión


Todos los procesados fueron sentenciados por el delito de rebelión, conducta punible cuya acción penal se encuentra prescrita, toda vez que ha transcurrido el plazo extintivo de 5 años, desde la ejecutoria de la resolución de acusación.
En efecto, cuando -como en este caso- el proceso ha superado la etapa de la instrucción, el término de prescripción opera a partir de la firmeza de la resolución de acusación, por un término equivalente a la mitad del máximo de la pena privativa de la libertad legalmente prevista, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco años, ni superior a diez.
Así las cosas, si la conducta punible de rebelión tiene una pena de prisión máxima de 9 años (artículo 467 de la Ley 599 de 2000, sin el incremento punitivo previsto en la artículo 14 de la Ley 890 de 2004), ello significa que el término de prescripción de la acción penal es el mínimo, esto es, de 5 años, contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, la cual tuvo lugar el 28 de febrero de 20081. Se observa, entonces, sin dificultad, que el lapso extintivo ya fue superado, pues se consolidó en la misma fecha del presente año, esto es después de emitido el fallo del ad quem y aproximadamente seis semanas antes de que empezara a correr el término de 15 días para interponer el recurso extraordinario.
La extinción de la acción penal por el delito de rebelión y la consecuente cesación de procedimiento se dispondrá, sin necesidad de anular parcialmente el fallo de instancia, a favor de Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso, Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’ y Luis Eduardo López Méndez.
Como consecuencia de lo anterior, en acápite posterior la Sala habrá de redosificar la pena impuesta en la sentencia.
2. Presupuestos de admisibilidad de la demanda de casación
La Corporación anticipa su decisión en el sentido de inadmitir la demanda de

casación, comoquiera que evidentemente incumple con la exigencia de una debida y suficiente fundamentación y, en contraste, se queda en mostrar el desacuerdo del libelista con la apreciación probatoria del fallador, en medio de una ostensible confusión sobre la causal de casación y modalidad alegadas.


2.1. El censor falta al deber de claridad y precisión al seleccionar y desarrollar la causal de casación, pues mientras que en el rótulo del cargo anuncia una violación indirecta de la ley sustancial por vía del error de hecho, en la modalidad de omisión probatoria, reproche que le exigía acreditar que el sentenciador ignoró una prueba existente y válidamente incorporada a la actuación, así como su decisiva capacidad para derribar la apreciación judicial, su argumentación pregona, en cambio, una violación al deber de investigación integral, así como falsos juicios de convicción y falsos raciocinios.
El primero de estos reproches ha debido ser formulado al amparo de la causal tercera de casación, a través de un cargo principal y separado, el cual debería finalizar con una petición de invalidez parcial de la actuación; el segundo, el falso juicio de convicción, corresponde a un error de derecho de escasa configuración en el sistema de apreciación probatoria que acoge la Ley 600 de 2000, pues supone necesariamente la apreciación de una prueba en contravía de la tarifa legal. El último, el falso raciocinio, configura, junto al falso juicio de existencia y falso juicio de identidad, una de las modalidades del error de hecho que puede conducir al funcionario judicial a violar la ley sustancial, y su correcto desarrollo exige demostrar que el juzgador, al apreciar los medios de convicción, desconoció o aplicó erradamente una precisa regla de la sana crítica, así como su incidencia en el sentido de la decisión.
En últimas, el casacionista no atina a desarrollar apropiadamente ninguno de los yerros que propone, pues no identifica con precisión cuál en concreto fue la prueba omitida, qué incidencia tendría la práctica de un reconocimiento en fila de personas para mutar la decisión de condena, cuál en particular fue la regla de la experiencia, la lógica o de la ciencia desconocidas o mal aplicadas por el juzgador, o bien cuál era la tarifa legal impuesta por el legislador a la apreciación de una determinada prueba, y de qué manera la vulneró el fallador.
En contraste, el impugnante termina por confundir todos los mencionados reproches en un solo discurso encaminado a pregonar que, en su sentir, no existe prueba que permita condenar a Carlos Cecilio Parra González y que el mismo no fue correctamente identificado. Con esta forma de razonar, a través de la proposición de juicios apreciativos de instancia, el censor incurre en desconocimiento de los deberes de debida fundamentación, autonomía y prioridad de los cargos, razón por la cual no acredita de forma clara un yerro evidente y trascendente en la apreciación judicial.
2.2. Lo cierto fue que el sentenciador se apoyó en diversos medios de convicción para demostrar la identidad, condición de subversivo y participación en los hechos de Carlos Cecilio Parra González, también conocido como ‘Carlos’ o ‘el canoso’: para ello se apoyó en los testimonios de pobladores de la región y ex integrantes del grupo subversivo, entre ellos Uberney Rodríguez, Javier Antonio Pardo Buitrago, Pilar González, Víctor Manuel Cardona, Álvaro Araque y Herminsul Rugeles, cuyas atestaciones referentes a las funciones del hoy procesado en el grupo insurgente y específicamente acera de su participación en los hechos, complementó con fotografías e informes de inteligencia sobre la estructura, funciones e identidad de los integrantes del Frente 43 de las FARC, Bloque del Estado Mayor Oriental, entre los que figura Carlos Cecilio Parra González como ideólogo del grupo. Así mismo, sustentó la responsabilidad del mencionado en los indicios de presencia, contradicción y mala justificación.
Frente a la sólida apreciación probatoria elaborada por el juzgador, el casacionista se limita a afirmar que los rasgos fisonómicos de su asistido no corresponden con los del guerrillero al que se hace referencia en el expediente y que hizo falta un reconocimiento en fila de personas, afirmaciones ambas que se quedan en la sola enunciación, carecen de desarrollo y se muestran inidóneas por sí mismas para acreditar un dislate en la apreciación probatoria del fallador.
2.3. Ante la falta de rigor argumentativo que caracteriza la demanda, la Corte estima necesario insistir en que la sentencia proferida por el juzgador de instancia llega a esta sede amparada en la doble presunción de acierto y legalidad, razón por la cual no cualquier discurso resulta idóneo para deshacer dicha presunción, sino uno ajustado a una debida y suficiente argumentación que demuestre la utilidad del recurso para hacer efectivo el derecho material y las garantías debidas a los intervinientes, la unificación de la jurisprudencia y la reparación de los agravios inferidos a las partes.
Para el cumplimiento de lo anterior, el recurrente debe ser preciso en identificar claramente y no entremezclar con otras la causal que selecciona, así como precisar su modalidad y sentido, según los lineamientos decantados por la jurisprudencia de la Sala.
Es así como al libelista le es exigible demostrar cómo la decisión impugnada fue proferida en un juicio viciado de nulidad por afectación trascendente al debido proceso, derecho de defensa o alguna garantía fundamental de los intervinientes, o bien violó una norma sustancial, por aplicación indebida, exclusión evidente o interpretación errónea, ya sea de manera directa o mediando una equivocación de apreciación, aducción o valoración probatoria, todo ello con clara incidencia en el resultado del proceso.
Todas las anteriores exigencias, lejos de obedecer al capricho del legislador o a la inflexibilidad de la jurisprudencia, encuentran razón de ser en que, como ya se ha dicho, la sentencia llega a esta sede amparada por la mencionada doble presunción, por manera que solamente un riguroso discurso apegado a la lógica, a los fines de la casación y a la debida fundamentación, idónea para acreditar la existencia del yerro judicial y su incidencia en el sentido de la decisión, sea el mecanismo idóneo para desvirtuarla.
Por esta razón, no es procedente el sustento argumentativo que se funda en irritualidades intrascendentes, que discurre de espaldas a la realidad procesal, que se encamina a que la Sala elabore un análisis probatorio de instancia o, como en este caso, que incurra en el error común de reclamar la prevalencia de la personal apreciación del censor frente a la de sentenciador.

2.4. En conclusión, por los yerros en su fundamentación la Sala inadmitirá la demanda de casación, formulada por el apoderado de Carlos Cecilio Parra González.



CASACIÓN DE OFICIO

Extinción de la acción penal por muerte de los procesados Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’, Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’ y Víctor Julio Suárez Rojas o Luis Suárez, alias ‘mono jojoy’ o ‘Jorge Briceño Suárez
La Sala encuentra que el sentenciador incurrió en una violación al debido proceso, toda vez que no advirtió que las acciones penales contra algunos de los procesados no podían proseguir por razón de su muerte. Dicho yerro requiere ser corregido en esta sede, habida cuenta que la Constitución y la ley le imponen a la Corte Suprema de Justicia el deber de hacer efectivo el derecho material, tal como así lo ha precisado su jurisprudencia. Por esta razón, la Colegiatura habrá de casar oficiosa y parcialmente el fallo, con el fin hacer prevalecer la garantía quebrantada.
Teniendo en cuenta que en su momento fue de público conocimiento la muerte de algunos integrantes de la cúpula de las FARC, el Tribunal Superior de Villavicencio, a través de sendos oficios del 11 de noviembre de 2011, remitidos en cumplimiento de lo ordenado en auto del 10 del mismo mes, se dirigió al despacho de la entonces Fiscal General de la Nación y del Registrador Nacional del Estado Civil, con el fin de verificar la existencia de las correspondientes actas de diligencia de levantamiento de cadáver, necropsia o registros civiles de defunción de los tres antes mencionados y, además, de Noel Mata Mata, Rodrigo Londoño Echeverry, Luciano Marín Arango, Gener García Molina, Luis Eduardo López Méndez, Jorge Torres Victoria, Henry Castellanos Garzón, Jaime Aguilar Ramírez, Luis Elid Barón Sánchez, Carlos Cecilio Parra González, Fabián Ramos Cruz, Néstor Pérez Ríos y Rosemberg Rodríguez Gómez.
Así, en comunicación del 16 de noviembre siguiente, la Registraduría reportó la cancelación por muerte de las cédulas de ciudadanía correspondientes a Luis Suárez (cuyo verdadero nombre es Víctor Julio Suárez Rojas, con cupo numérico de identificación Nº 19.208.210) y Néstor Pérez Ríos; respecto de los restantes, comunicó que “no hay datos de registro civil de defunción”.
Por tal motivo, el ad quem explicó que como solamente se demostró la muerte del procesado Pérez Ríos “con la prueba idónea legal de cotejos” era lo procedente, entonces, disponer la cesación de procedimiento solamente respecto de aquel y mantener los efectos del fallo respecto de todos los demás.
Pues bien, la Corte encuentra que, por razón del principio de libertad probatoria que acoge nuestro sistema procesal probatorio, el registro civil de defunción no es la única manera de acreditar la muerte del procesado. Así, en el presente caso, se tiene que ha sido de público conocimiento, el cual llegó a configurar un hecho notorio, la muerte de los procesados Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’, Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’ y Víctor Julio Suárez Rojas o Luis Suárez, alias ‘mono jojoy’ o ‘Jorge Briceño Suárez’.
El deceso del primero fue divulgado por el Ministerio de Defensa a través de comunicado del 24 de mayo de 20082, al tiempo que la de los dos restantes fue ampliamente conocida en el país y divulgada por los voceros del gobierno nacional, como el resultado de sendos operativos militares. En particular, la de Guillermo Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’ fue reconocida por la Sala en auto del 28 de marzo de 2012 (rad. 36123) y la de Víctor Julio Suárez, alias ‘mono jojoy’ o ‘Jorge Briceño Suárez’ (en este proceso individualizado con el nombre de Luis Suárez), conocida como resultado de la denominada Operación Sodoma, realizada el 22 de septiembre de 2010 en la localidad de La Macarena, Meta.
En el caso de este último, se tiene en el expediente que su deceso fue comprobado, además, a través del registro de defunción, cuya existencia reportó la Registraduría Nacional del Estado Civil, en oficio del 16 de noviembre de 2011, situación que pasó inadvertida para el Tribunal.

Por lo tanto, la certeza de la muerte de los subversivos Pedro Antonio Marín, Guillermo León Sáenz Vargas y Víctor Julio Suárez Rojas proviene de su notoriedad y, en tal medida, no requiere prueba3, pues evidentemente no se trató de un rumor indefinido y general, ni es una información que haga parte solamente del conocimiento privado del funcionario o corporación judicial.


En estas condiciones, esta Colegiatura habrá de disponer la correspondiente cesación de procedimiento, como consecuencia de la extinción de la acción, por razón de la muerte de los procesados mencionados, según lo dispone el artículo 82-1 del Código Penal.

OTRAS DETERMINACIONES

1. Redosificación punitiva


Como consecuencia de la prescripción de la acción penal correspondiente al delito de rebelión, la Corte redosificará las penas impuestas de la siguiente manera:
1.1. Previo a lo anterior, es necesario considerar que el a quo individualizó la pena privativa de la libertad para el delito de rebelión en 81 meses de prisión (el límite superior del cuarto mínimo) y multa equivalente al valor de 112,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así mismo, que, por razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles, la de rebelión les representó a todos los sentenciados (salvo en el caso de Luis Eduardo López Méndez, quien fuera condenado solamente por ese punible y absuelto por todos los demás) 10 meses de pena corporal, del total de los 695 que impuso el juzgador de primer grado.

A su turno, el Tribunal Superior, advirtió que la pena máxima de prisión no podía superar los 40 años de prisión, pues tal era el límite máximo señalado por el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 599 de 20004 (sin la modificación introducida por el artículo 1º de la artículo 14 de la Ley 890 de 2004) para los casos de concurso de conductas punibles. Por tanto, redujo la sanción corporal a 480 meses para todos los sentenciados por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, terrorismo y rebelión.


Así las cosas, se tiene que los 10 meses de prisión correspondientes al delito de rebelión representaron el 1,4% del total de la pena privativa de la libertad impuesta por el a quo (695 meses). Dicho porcentaje (1,4%) aplicado a la pena impuesta por el ad quem (480 meses) se convierte en 6 meses y 21 días. Por tanto, será este último monto en el que se reducirá la pena de prisión impuesta a los procesados que fueron sentenciados por el delito de homicidio en persona protegida, homicidio agravado y terrorismo.
Así, la pena privativa de la libertad queda finalmente fijada en 373 meses y 9 días de prisión para los sentenciados Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso y Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’.

1.2. En el caso del procesado Luis Eduardo López Méndez, quien fuera condenado solamente por el delito de rebelión, las penas impuestas, principales y accesorias, quedan, entonces, sin fundamento.


1.3. Es preciso, además, redosificar la cuantía de la multa, pena principal prevista para los delitos de homicidio en persona protegida y terrorismo y rebelión. Pues bien, en lo que tiene que ver con la conducta punible de rebelión, el juzgador de primera instancia fijó la multa en 112,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, guarismo que habrá de restarse al total de 2263,88 impuesto por el a quo.
Así las cosas, la pena principal de multa para los sentenciados Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso y Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’, queda definitivamente en 2151,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. Acotación final
Por último, la Corte, en consideración a la omisión advertida en la parte resolutiva de la sentencia y acorde con las consideraciones expuestas en ella, dispondrá la extinción de las acciones penales derivadas de los delitos por los que fue investigado el procesado Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’ (homicidio en persona protegida, homicidio agravado, terrorismo y rebelión), con fundamento en su comprobada muerte y, en consecuencia, cesará todo procedimiento a su favor.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de la acción penal correspondiente al delito de rebelión por los que fueran sentenciados los procesados Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso, Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’ y Luis Eduardo López Méndez.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena la CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO respecto del delito mencionado, a favor de los procesados reseñados en precedencia.
TERCERO: CONDENAR a los procesados Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso y Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’ a las penas principales de 373 meses y 9 días de prisión y multa equivalente al valor de 2151,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado y terrorismo, en concurso homogéneo y heterogéneo.
CUARTO: CASAR DE OFICIO Y PARCIALMENTE la sentencia y, en su lugar, DISPONER la CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO a favor de los procesados Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo

Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’; Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’ y Víctor Julio Suárez Rojas o Luis Suárez, alias ‘el mono jojoy’ o ’Jorge Briceño Suárez’, por razón de su comprobada muerte.


QUINTO: En lo no reformado, el fallo de instancia permanece incólume
SEXTO: INADMITIR la demanda de casación formulada por el defensor del procesado Carlos Cecilio Parra González.
Contra esta decisión no procede ningún recurso.
Cópiese, notifíquese, cúmplase.

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ


JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO JAVIER ZAPATA ORTIZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria





1 La resolución de acusación, proferida el 22 de enero de 2008, fue notificada por estado del 22 de febrero siguente (fl. 121, cuaderno original 6).

2 “El Ministerio de Defensa se permite comunicarle a la opinión pública que, a través de diferentes medios de inteligencia militar, nos enteramos de que Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda’ o ‘Tirofijo’, principal cabecilla de las Farc, está muerto. ‘Tirofijo’, según esta información, murió el 26 de marzo pasado, a las 6:30 de tarde. Las causas de la muerte están aún por confirmar”.

3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 29 de mayo de 2010, rad. 29798. En el mismo sentido, auto del 28 de marzo de 2012, rad. 36123.

4 “En ningún caso la pena privativa de la libertad podrá exceder de cuarenta (40) años”.



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