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Casación 39. 320 República de Colombia blanca lilia sánchez de franco


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Casación 39.320

República de Colombia BLANCA LILIA SÁNCHEZ DE FRANCO



Corte Suprema de Justicia




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

Aprobado acta Nº 300
Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012)

MOTIVO DE LA DECISIÓN

Mediante sentencia del 2 de septiembre de 2009, el Juez Penal del Circuito de Guateque (Boyacá) declaró a los señores William Mosquera Macías, Carlos Fabián Sánchez Sánchez, Blanca Lilia Sánchez de Franco y Hayda Carolina Franco Sánchez, autores (materiales, los dos primeros, e “intelectuales”, las dos últimas) penalmente responsables de la conducta punible de homicidio agravado cometido en Nelly Adriana Doncel Acosta.
A los dos hombres les impuso 318 meses de prisión y, a las mujeres, 304, a todos los sancionó con inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por los mismos lapsos y les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
El fallo fue recurrido por los defensores y ratificado por el Tribunal Superior de Tunja el 3 de noviembre de 2011, pero modificó la pena accesoria de interdicción, para dejarla en 20 años, y en la parte motiva argumentó que la “autoría intelectual”, denominada así por el A quo, realmente correspondía a la determinación.
El apoderado de las señoras Sánchez de Franco y Franco Sánchez interpuso casación.
La Sala se pronuncia sobre el cumplimiento de los requisitos de lógica y debida argumentación, en aras de disponer o no la admisión de la demanda respectiva.

HECHOS

En la mañana del 18 de julio de 2004 fue encontrado el cadáver de Nelly Adriana Doncel Acosta, de 18 años de edad, en el sitio quebrada “El Totumo” de la localidad de Guateque (Boyacá), a quien se le causó la muerte con disparos de arma de fuego pasadas las ocho de la noche anterior.


La joven mantenía una relación amorosa con Dubán Franco Jaramillo, quien estaba casado con Blanca Lilia Sánchez de Franco, siendo los últimos padres de Hayda Carolina Franco Sánchez. Las mujeres tuvieron conocimiento de la relación infiel de su esposo y padre, se dieron a la tarea de seguir a Franco Jaramillo, de revisarle el taxi que conducía, de registrarle su teléfono móvil para detectar los mensajes amorosos que se cruzaba con aquella, de averiguar el paradero de Nelly Adriana, de hacerle llamadas y de visitarla en su sitio de trabajo.
El señor Franco Jaramillo en su primera versión dijo sospechar de su cónyuge e hija, pues por sus celos eran capaces de cualquier cosa y días previos al hecho asumieron unos movimientos extraños y la empleada del servicio le había advertido que si su cónyuge se enteraba de su infidelidad mandaría matar a la amante.
Rosalba Acosta Forero, madre de la víctima, recibió una llamada de José Salomón Sánchez Moreno, quien le dijo que los autores del homicidio eran William Mosquera Macías, David Andrés Cristiano Molina y Carlos Fabián Sánchez Sánchez (el último es hijo de Salomón y éste, a su vez, es primo de Blanca Lilia Sánchez). Salomón fue abordado por el padre de la fallecida, Gilberto Doncel, quien reiteró lo dicho y agregó que Cristiano Molina se encontraba detenido; en el centro carcelario Cristiano Molina afirmó que solamente hablaría con el investigador Carlos Alberto García Montero, de quien era informante y pieza fundamental para desarticular bandas organizadas en el barrio Venecia de Bogotá.
Cristiano Molina contó al detective que supo del homicidio de la joven de Guateque, por el que los autores materiales habían recibido entre diez y quince millones de pesos.
En testimonio judicial aquel aseveró (i) que la muerte fue causada por William Mosquera Macías y Carlos Fabián Sánchez Sánchez, previo el pago de quince millones de pesos; (ii) que las determinadoras del crimen fueron dos mujeres del municipio de Guateque en retaliación contra la víctima porque tenía relaciones amorosas con el esposo de una de ellas; (iii) que esas mujeres eran familiares de uno de los sicarios, específicamente que eran primos; (iv) que en el crimen intervino un tercer hombre y se utilizó un arma de fuego, además de un carro que fue proporcionado por las mujeres para que en el mismo fuera plagiada la joven.
El testigo supo de lo acaecido porque William Mosquera y Carlos Fabián Sánchez le propusieron participar en el crimen.
Todos esos datos corresponden a Blanca Lilia Sánchez de Franco y Hayda Carolina Franco Sánchez, cónyuge e hija de Dubán, el esposo que era infiel con la adolescente fallecida.

ACTUACIÓN PROCESAL

1. Adelantada la investigación, el 6 de agosto de 2007 la Fiscalía acusó a William Mosquera Macías, Carlos Fabián Sánchez Sánchez, Blanca Lilia Sánchez de Franco y Hayda Carolina Franco Sánchez, como responsables (los dos primeros en condición de autores y las dos últimas como determinadoras, aunque indistintamente menciona este concepto como equivalente al de “autoras intelectuales”) del delito de homicidio agravado, previsto en los artículos 103 y 104.4.7 del Código Penal, por cuanto se pagó un precio y la víctima fue puesta en condiciones de indefensión.

2. Luego fueron proferidas las sentencias reseñadas.



LA DEMANDA

El defensor de Blanca Lilia Sánchez de Franco y Hayda Carolina Franco Sánchez formula dos cargos, al amparo de la causal primera, cuerpo segundo, violación indirecta de la ley sustancial, que desarrolla así:
Primero. Reseña el testimonio de Rosalba Acosta Forero sobre la información recibida de parte de Salomón Sánchez respecto de quiénes eran los responsables del homicidio. Dice que de alguna manera este relato resulta inexplicable, porque la fuente resultó ser el padre de uno de los acusados y primo de otra.
Hace lo propio con la declaración de Gilberto Doncel Gutiérrez, quien agregó que había conversado con David Andrés Cristiano Molina y este le señaló que las dos mujeres de Guateque habían determinado el hecho, el cual fue ejecutado por Mosquera Macías.
Aclara que se estableció que el anterior era un informante del investigador Carlos Alberto García Montero, quien rindió testimonio y ratificó que en efecto Cristiano Molina le brindó la información reseñada.
Con tales datos fueron vinculados Fabián Sánchez y William Mosquera, de quienes si bien se determinó estuvieron en Guateque, igualmente se constató que cuando menos cuatro personas los acompañaron entre las 9 de la noche del 17 de julio y las 2:30 de la madrugada del 18 de julio de 2004, esto es, que no pudieron cometer el homicidio, de tal forma que no se estableció con objetividad quiénes fueron los autores materiales de la conducta.
El testimonio de Cristiano Molina (ya fallecido), única prueba de cargo, debe cuestionarse pues es “de oídas” y porque luego de su dicho inicial se retractó pues fue presionado por la fiscal para hacer el falso señalamiento. Además, el testimonio del investigador García Montero merece censuras porque se demostró que con posterioridad fue condenado por un delito de concusión, de donde surge que se trató de una confabulación de dos delincuentes que, para obtener beneficios, hicieron sindicaciones falsas para encontrar responsables del delito, permitiendo desviar la investigación, pues de las actividades de la occisa podían derivarse otros móviles para darle muerte.
La imputación ha debido ser como coautoras, pero nada se dijo sobre la división de trabajo, el acuerdo previo y el aporte de sus acudidas, así como su importancia. Tampoco se argumentó en qué consistió la “autoría intelectual”, de donde surge nulidad por falta de motivación.
Como no existe suficiente prueba para condenar, solicita se case el fallo y se absuelva a las acusadas.
Segundo. Reitera la reseña probatoria precedente, se detiene en el testimonio de Cristiano Molina y su posterior retractación, para decir que surge una estela de incertidumbre sobre la verdad de su dicho, además de que si bien menciona a los dos acusados hombres, lo cierto es que no hace una mención expresa de los nombres de sus acudidas, máxime cuando hay referencias sobre que se observó que varios extraños subían a la víctima a un vehículo, sin señalar a Macías ni a Sánchez, cuando quien se percató de esos hechos los conocía bien, luego ha debido mencionarlos, de lo cual se infiere la inexistencia de prueba incluso para señalar a los autores materiales, estructurándose, de nuevo, la duda, lo cual se traslada, con mayor razón, a las supuestas “autoras intelectuales”.
Pide se case la condena y se cambie por absolución.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La Sala inadmitirá la demanda presentada por cuanto no reúne los requisitos lógicos y de debida argumentación precisados en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal. Las razones son las siguientes:


1. El apoderado infringió el mandato legal sobre la prohibición de formular cargos contradictorios, pues en las dos censuras por violación indirecta, que exigen sentencia de reemplazo como solución, mezcló quejas sobre supuestas faltas al debido proceso que, por constituir motivo de nulidad y exigir retrotraer el trámite, niegan el reproche propuesto.
Por lo demás, la pretensión de nulidad solamente se quedó en el enunciado, sin desarrollo ni demostración, en tanto se reprocha una supuesta ausencia de motivación de las sentencias, pero no se concreta en qué aspectos consistió ello y respecto de la “autoría intelectual” o determinación, los fallos de instancia, que conforman unidad inescindible, hicieron apreciaciones probatorias y jurídicas suficientes para deducir ese grado de participación.
2. El ejercicio demostrativo realizado por el impugnante apunta a cuestionar la valoración probatoria de los jueces, lo cual debió presentarse por vía de la causal primera, violación indirecta, cometido no satisfecho, en tanto la jurisprudencia ha reiterado que en tal supuesto el impugnante debe precisar las pruebas erróneamente apreciadas, indicando si el error judicial fue de hecho o de derecho y el falso juicio a través del cual fue cometido: si de existencia, identidad o raciocinio (en el caso del error de hecho), legalidad o convicción (para el error de derecho).
3. El recurrente realmente acudió a presentar su personal y subjetiva inteligencia sobre el alcance que ha debido darse a las pruebas allegadas, aspirando a que la Corte cumpla como una tercera instancia, que no lo es, y haga prevalecer sus posturas sobre las de los jueces, olvidando que las de estos llegan precedidas de la doble presunción de acierto y legalidad, la cual solamente puede ser desvirtuada a partir del señalamiento y demostración de precisos errores.
Con nada de ello cumplió el demandante, quien olvidó que la estructura básica del debido proceso se agota en la segunda instancia y que, por ende, solamente en esas dos fases se puede acudir a escritos de elaboración libre, en tanto que a la casación, por constituir una sede extraordinaria, no se puede llegar con alegatos genéricos que solamente buscan oponer, al de los jueces, un personal modo de valorar las pruebas, sino que es necesario se demuestre que las sentencias incurrieron en errores precisos, que deben ser verificados, no a partir de discursos libres, sino desde la argumentación debida que de tiempo atrás exigen la ley y la jurisprudencia.
4. Aún como discurso libre, el señor defensor no desarrolló ni demostró irregularidad alguna por parte de los jueces de instancia. Obsérvese:
4.1. Al censurar como poco creíble la información brindada por Salomón Sánchez, no ofrece parámetro alguno de sana crítica para que se acceda a su postulación, sino que simplemente de manera subjetiva refiere que esa versión le resulta inexplicable porque la fuente resulta ser el padre de uno de los acusados y el primo de otra, concepto eminentemente personal, que no solamente no sustenta en una ley científica, principio lógico o máxima de la experiencia, sino que tampoco indica de qué manera los juzgadores apreciaron erradamente ese medio probatorio.
4.2. Su percepción respecto de que no existe suficiente prueba para determinar quiénes fueron los ejecutores materiales del hecho y las mujeres que los determinaron, de nuevo parte exclusivamente de deducciones personales, pero, además, de escoger un específico medio probatorio y darle el alcance por él pretendido, dejando de valorar la integridad de las pruebas de manera conjunta, como debe hacerse e hicieron los juzgadores.
4.3. Su conclusión de que debe descartarse el testimonio de Cristiano Molina, fuera de apoyarse en su posterior retractación y de que es un declarante “de oídas”, no ofrece argumentos para negar las razones de los jueces que específicamente se ocuparon de la retractación y a espacio explicaron que fue en esta, no en la versión inicial, en donde se faltó a la verdad, entre otras cosas, porque resultaba absurdo admitir que, sin razón alguna, una fiscal decidiera obligarlo a firmar una declaración falsa.
Los jueces, además, expusieron que no se trata de cualquier testigo “de oídas”, sino de aquel a quien los ejecutores materiales no solamente le refirieron los hechos sino que le ofrecieron participar en el delito.
4.4. Respecto del investigador García Montero, la defensa, de nuevo, solamente se apoya en su subjetivismo para enfatizar que no debe serle conferida credibilidad, además de que se sustenta en un asunto que los jueces descartaron por ilógico, consistente en la condena proferida contra aquel por concusión, asunto que mal podía mermar su credibilidad como que los hechos del último delito fueron posteriores a los juzgados en este asunto.
4.5. El demandante tampoco desvirtuó la conclusión judicial de que los supuestos beneficios a cambio de los cuales los testigos de cargo hacían señalamientos, solamente existen en las palabras del recurrente, como que procesalmente ni siquiera se insinúan y, por el contrario, hay constancias del grave peligro que representaron esas sindicaciones, en tanto los acusados eran integrantes de una peligrosa banda.
5. La Sala inadmitirá la demanda por cuanto, además de lo dicho, no se evidencia una manifiesta lesión a las garantías fundamentales que le imponga el deber de intervenir oficiosamente.

Consecuente con lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

Inadmitir la demanda de casación presentada.
Esa determinación no admite recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.


JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO


MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ


NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria




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