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Casación 36. 587 José alfonso mendoza campos república de Colombia Corte Suprema de Justicia


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Casación 36.587

JOSÉ ALFONSO MENDOZA CAMPOS

República de Colombia




Corte Suprema de Justicia


Proceso nº 36587
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

Aprobado acta N° 340
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil once (2011)

MOTIVO DE LA DECISIÓN
Mediante sentencia del 18 de enero de 2011, el Juez 2º Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá declaró a (i) José Benedicto Guevara Rodríguez y Ramón Elías Moreno Quintero coautores penalmente responsables de la conducta punible de extorsión agravada; (ii) Jhon Marín González, coautor de un concurso de tres homicidios agravados y extorsión agravada; (iii) Yidie Garzón Riveros, coautora del concurso de los tres homicidios agravados; y, (iv) José Alfonso Mendoza Campos, coautor de los tres homicidios y cómplice de extorsión agravada.
Les impuso las siguientes penas: (i) a Guevara Rodríguez y Moreno Quintero, 60 meses de prisión y multa de 1.312,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes; (ii) a Marín González, 690 meses de prisión y 2.625 salarios de multa; (iii) a Garzón Riveros, 650 meses de prisión, y, (iv) a Mendoza Campos, 670 meses de prisión y 1.687,5 salarios de multa.

A Guevara Rodríguez y Moreno Quintero los condenó a la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la de prisión, y, a los restantes, por 20 años. A todos les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.


Los procesados Guevara Rodríguez y Moreno Quintero fueron absueltos por los cargos de homicidio y Garzón Riveros por el de extorsión.
El fallo fue apelado por la defensa de Marín González, Garzón Riveros y Mendoza Campos y ratificado por el Tribunal Superior de Cundinamarca el 23 de marzo siguiente.
Los apoderados de los tres últimos interpusieron casación.
La Sala se pronuncia sobre el cumplimiento de los requisitos de lógica y debida argumentación, en aras de disponer o no la admisión de las demandas respectivas, presentadas por los nuevos defensores.

HECHOS
Los familiares de Javier Alfonso Laverde Lora, su progenitora Virginia Ofelia Lora de Laverde y su compañera Angélica Gómez Garzón, dejaron de tener contacto con ellos desde el 24 de agosto de 2008, cuando fueron vistos por última vez en la finca “La Pomposa” o “Chapas”, ubicada en la vereda “Chinga Frío” del municipio de El Rosal en Cundinamarca.
Aproximadamente a las 7:30 de la noche del 16 de octubre de ese año, Javier Andrés Laverde Cleves (hijo de Javier Alfonso) recibió una llamada de quien dijo ser el “comandante Arnulfo” y tener en su poder a las tres personas, por cuya liberación debía pagar tres mil millones de pesos; de no cumplir, se les causaría la muerte.
Las llamadas se repitieron y con asesoría de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, un sujeto que se hacía llamar “Álvaro” (identificado luego como José Benedicto Guevara Rodríguez) manifestó tener conocimiento del paradero de los secuestrados, habiéndosele solicitado pruebas al respecto y, por sus indicaciones, el 17 de noviembre de 2008 fueron encontrados un sombrero de propiedad de Angélica Gómez, un reloj de Javier Laverde Lora, una fotografía y las placas CJI-807, correspondientes al vehículo de propiedad del último. Los elementos fueron hallados en una finca de Tabio (Cundinamarca), de propiedad de Javier Alfonso Laverde Lora.
Con “Álvaro” siguieron las negociaciones, quien manifestó el delicado estado de salud de Virginia Lora de Laverde, lo cual obligó al pago de ochenta millones de pesos, dinero entregado el 19 de diciembre de 2008 por un integrante del CTI a quien más adelante fue identificado como Ramón Elías Moreno Quintero.
Más tarde, “Álvaro” hizo saber que a las tres víctimas se les había causado la muerte e indicó el sitio en donde se encontraban los cuerpos y, en efecto, el 6 de enero de 2009 fueron hallados en el interior de un aljibe ubicado en la finca “La Pomposa” o “Chapas”, habiéndose verificado que su deceso se produjo el mismo 24 de agosto de 2008 y que los cuerpos fueron lanzados al vacío y cubiertos con una carga cercana a dos toneladas de piedra. Dos de los cuerpos presentaban proyectiles de escopeta y precisamente en el predio se tenía un arma de esas características, que desapareció.
Para el día de esos hechos vivían en la finca los esposos Jhon Marín González (mayordomo de la finca) y Yidie Garzón Riveros, quienes desde un comienzo faltaron a la verdad al referir que las víctimas salieron del predio en el vehículo.
Varios de los implicados dijeron que quien ideó, dirigió los hechos y ocasionó las muertes fue Jhon Marín González, quien a su vez entregó a su amigo José Alfonso Mendoza Campos los elementos puestos en la finca como pruebas de supervivencia. Los dos últimos, junto con Ramón Elías, estuvieron en un establecimiento de Internet para sobreponer una fotografía de Javier Laverde a efectos de presionar la entrega del dinero.
A voces de Moreno Quintero, Jhon Marín González le expresó que entre él –Marín González- y José Alfonso Mendoza Campos dieron muerte a los plagiados. Del aserto de aquél deriva, a la vez, que el móvil del hecho estuvo dado por la apropiación del vehículo y quince millones de pesos que Javier Laverde tenía en su poder.
ACTUACIÓN PROCESAL
1. En audiencias realizadas por los Jueces 2ª y 1º Promiscuos Municipales de Granada (Meta) y 12 Penal Municipal de Bogotá, en funciones de control de garantías, la Fiscalía imputó a José Benedicto Guevara Rodríguez, Ramón Elías Moreno Quintero, Jhon Marín González, Yidie Garzón Riveros y José Alfonso Mendoza Campos, la comisión del concurso de conductas punibles de secuestro extorsivo agravado y tres homicidios agravados, previstos en los artículos 169, 170, 103 y 104 del Código Penal.
2. El 10 de marzo de 2009 la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra de Guevara Rodríguez, Moreno Quintero y Marín González, como coautores del concurso de delitos de secuestro extorsivo y homicidios agravados, descritos en los artículos 169, 170, numerales 6 y 10, 103 y 104, numerales 2 y 4, de la Ley 599 del 2000.
El 14 de mayo de 2009 la Fiscalía radicó similar escrito en contra de Garzón Riveros y Mendoza Campos como coautores del concurso de conductas de secuestro extorsivo agravado y homicidios agravados, previstas en los artículos 169, 170, numerales 6 y 8, 103 y 104, numerales 2, 4 y 7, del Código Penal.
3. El proceso seguido contra Garzón Riveros y Mendoza Campos se tramitaba por separado en el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, pero se dispuso unirlo al presente y el juicio siguió bajo la misma cuerda procesal.
4. Finalizado el debate probatorio en la audiencia pública, en sus alegatos finales la Fiscalía mudó el cargo de secuestro extorsivo agravado por el de extorsión agravada y, respecto de Guevara Rodríguez y Moreno Quintero, retiró los de homicidio.
5. Luego fueron proferidas las sentencias reseñadas.
LAS DEMANDAS
Primero. El defensor de Yidie Garzón Riveros formula dos cargos, que desarrolla así:
1. Violación directa del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal (exclusión evidente) y aplicación indebida (no señala de qué norma), por cuanto la sindicada fue condenada sin que se reuniesen los requisitos legales para proferir sentencia, como que se dedujo su responsabilidad exclusivamente por pruebas de referencia, en contravía del artículo 437 de la Ley 906 del 2004.
Si el Tribunal hubiese considerado ese aspecto y la causal de inculpabilidad concurrente (que no precisa), habría exonerado a la acusada, lo cual solicita haga la Corte.
2 (subsidiario). Violación directa por exclusión evidente del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, pues la condena se profirió sin reunión de las exigencias legales.

Cuando se legalizó la captura de su acudida no existía claridad en los hechos por los cuales se la vinculaba, de donde surge que no se cumplían las exigencias del artículo 297 procesal y desde ese momento no se observó nexo entre las entrevistas practicadas por la Fiscalía y la participación o autoría de la procesada y en el juicio no se presentó un testigo directo que determinara esa situación.


Ramón Elías Moreno Quintero nunca sostuvo que la señora tuviese conocimiento del secuestro y posterior homicidio. Tampoco lo hicieron los restantes sindicados. De ahí deriva que solamente fue condenada por su condición de esposa de Marín González y residir en el sitio de los hechos, pero el día de su ocurrencia no se encontraba allí, pues había viajado a Zipaquirá.
De lo actuado surgía duda, pero se resolvió contra la acusada, y el Tribunal se dedicó fue a razonar sobre la congruencia, de donde su juicio está viciado de nulidad, toda vez que faltó al debido proceso, pues desconoció el principio de investigación integral.
La Corporación igual incurrió en falso juicio de existencia, en tanto no valoró otros medios, como la declaración de Johan Díaz, de la cual surgía la necesidad de aplicar el in dubio pro reo, pues relató que la sindicada trabajaba en Zipaquirá, y la de los demás procesados coincidentes en que no se encontraba en el lugar de los hechos el 24 de agosto de 2008.
Pide se case la sentencia parcialmente, para modificarla y no condenar a la procesada a la exagerada e injusta pena impuesta.

Segundo. El apoderado de Jhon Marín González formula dos cargos, desarrollados de la siguiente manera:
1. Causal tercera, nulidad por irregularidad sustancial de la acusación, causada por errores en la calificación, pues los jueces admitieron a la Fiscalía mudara la acusación, de secuestro extorsivo, a extorsión agravada, con afectación de los derechos fundamentales de los procesados, pues fueron sorprendidos, en tanto en la totalidad del juicio conocieron y se defendieron de los secuestros extorsivos, no de la extorsión, además de que el cambio se produjo luego del debate probatorio, en los alegatos finales.
2. Causal primera, violación indirecta por errores de hecho en la apreciación de las pruebas, pues el acusado declaró haber indicado a las autoridades de policía la existencia de una escopeta, pero le dijeron que no era necesaria. Además, agregó que ese elemento fue desaparecido por Maritza Cleves.
Las pruebas en el juicio no aclararon lo sucedido, al punto de haber sido necesario variar la calificación jurídica.

Hace una alusión a la tipicidad conglobante, sin desarrollo ni referencia al objeto del juicio, y pide se case la sentencia y se profiera una de absolución.


Tercero. El representante de José Alfonso Mendoza Campos formula tres cargos, sustentados de la siguiente manera:

1. Causal segunda, nulidad por afectación sustancial de la estructura del debido proceso, por cuanto se desconoció el principio de congruencia, en tanto, finalizado el debate probatorio, en sus alegaciones finales la Fiscalía cambió la acusación de secuestro extorsivo a extorsión agravada, en desmedro del procesado, quien se defendió de la primera conducta, anunciada en la acusación, y no de la segunda. Agrega que no era admisible la variación, por cuanto se agravó la situación, toda vez que el secuestro nunca existió.


2. Causal tercera, violación indirecta, dado el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba, causado por un error de hecho, consecuencia de un falso juicio de identidad, en cuanto las declaraciones de Ramón Elías Moreno Quintero y José Benedicto Guevara Rodríguez fueron tergiversadas, pues los jueces llegaron a conclusiones que se pretenden inequívocas, pero examinados los relatos surge que no fueron testigos directos de los hechos y sus señalamientos al acusado sobre su participación en los homicidios se basan en la supuesta afirmación hecha a ellos por Marín González, afirmación que no fue posible verificar en el juicio oral, pues el último se negó a declarar, generándose la duda que ha debido favorecer a su acudido.
Así, los jueces dieron a los testimonios un alcance que no tenían, en tanto, de conformidad con el artículo 381 procesal, no podía edificarse condena con simples pruebas de referencia.
3 (subsidiario). Violación indirecta por error de hecho causado en un falso juicio de existencia, por cuanto las sentencias supusieron que Marín González y su defendido vendieron el carro de propiedad de Javier Laverde Lora en un desguazadero por quinientos mil pesos, conclusión errada, pues lo dicho por Moreno Quintero y Guevara Rodríguez fue que Marín González les había relatado que él –Marín González- había sido quien realizó la venta, sin jamás involucrar a Mendoza Campos. Cosa diferente es que el investigador Hernán Alfonso Guevara Garay hubiese referido el aspecto concluido en los fallos, pero fue desmentido por quienes supuestamente le dieron esa versión.
Estima infringidos los artículos 6º del Código Penal (legalidad) y 7º (in dubio pro reo) y 381 (conocimiento para condenar) del de Procedimiento Penal.
Solicita se case la condena y se absuelva al sindicado.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Aclaración previa
Los abogados Martín Patiño Ramírez y Nelson Humberto Vargas Gutiérrez presentaron, el día 18 de mayo de 2011 (folios 1 y 48, cuaderno “demandas de casación”), sendos escritos para sustentar el recurso a nombre del acusado Jhon Marín González.
La Corte se pronunciará exclusivamente sobre la última demanda, porque el 29 de abril del mismo año se allegaron dos documentos al Tribunal, por medio de los cuales el procesado revocó el mandato previamente conferido al doctor Patiño Ramírez y confirió poder al doctor Vargas Gutiérrez (folios 78 y 79, cuaderno del Tribunal), luego la personería y legitimidad para recurrir quedaron radicadas en el último.
Las demandas
La Sala las inadmitirá por cuanto no reúnen los requisitos lógicos y de debida argumentación precisados en el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal y/o los recurrentes carecen de interés para acudir a la casación. Las razones son las siguientes:
1. En el sujeto procesal que acude a la casación (igual sucede con los recursos comunes) deben reunirse dos condiciones, la primera apunta a la legitimidad dentro del proceso, que se satisface en cuanto, con el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley procesal, haya sido admitido como parte, lo cual se satisface en este evento porque quienes interponen la impugnación extraordinaria han sido reconocidos como defensores de varios de los acusados.
La segunda hace relación a la legitimidad en la causa o el interés jurídico para recurrir, concepto relacionado con el daño, el agravio, el perjuicio real que la providencia, o la parte pertinente de ella, hubiese inferido a la parte defendida por quien postula la impugnación.
Si la decisión cuestionada no lesiona efectivamente los intereses del recurrente, éste, no obstante la condición de sujeto procesal, queda deslegitimado para solicitar la revisión por una instancia superior. En efecto, a través de la casación lo que hace el recurrente, en esencia, es formular un juicio de legalidad contra la sentencia del Tribunal, en el entendido de su manifiesta contrariedad con la Constitución y/o la ley en detrimento de los derechos de la parte representada.
En ese contexto, el fallo mal puede ocasionar un agravio cuando la decisión favorece a esa parte, o cuando se pronuncia en los términos pedidos con antelación, o cuando no resuelve un aspecto que no comportaba decisión oficiosa y no le fue reclamado previamente.
2. En el caso debatido, los apoderados de los señores Jhon Marín González y José Alfonso Mendoza Campos carecen de interés en los cargos que señalan vulneración al principio de congruencia, en cuanto, dicen, hubo lesión a los derechos de los procesados, quienes fueron acusados y se defendieron en el juicio de la conducta punible de secuestro extorsivo, finalmente cambiada a la de extorsión agravada.
Independientemente de que la censura fuese propuesta por vía del motivo de nulidad, la propuesta defensiva tendría como probable solución jurídica una sentencia perjudicial para los sindicados representados por los abogados demandantes.
En efecto, lo planteado por los recurrentes es que si la acusación fue presentada por secuestro extorsivo, por tal conducta debían, y deben, pronunciarse los fallos de instancia, y no, como se hizo, por la de extorsión, en tanto ésta no fue considerada en el escrito acusatorio, en la audiencia de formulación de acusación, ni en el juicio oral, pues solamente se hizo mención a ella en los alegatos finales.
De acceder a las pretensiones defensivas, se tendría que el fallo final habría de considerar un concurso homogéneo y sucesivo de tres delitos de secuestro extorsivo, porque, tratándose de derechos personalísimos como el de la libertad, por cada ser humano privado de esa garantía se estructura una conducta punible.
En esas condiciones, la solución propuesta por la Fiscalía y acogida por los jueces de instancia, tuvo como consecuencia que los sindicados fuesen condenados por una sola conducta de extorsión. Con las pretensiones defensivas, ese resultado podría cambiarse por el de una sanción por tres delitos de secuestro extorsivo. En otras palabras: el pedido de los demandantes eventualmente podría conducir a una condena por tres secuestros extorsivos, en lugar de una extorsión agravada deducida por los jueces.
En esas condiciones, la petición deslegitima a los señores defensores en la causa por la que abogan, en tanto la misma podría generar perjuicios a sus acudidos, de donde surge diáfana la ausencia de interés jurídico.
3. Por lo demás, carece de sustento la queja atinente al desconocimiento por la parte defendida de la situación fáctica en que se hizo consistir la extorsión, la cual, se agrega, se puso en conocimiento exclusivamente en los alegatos finales del ente acusador.
En efecto, de la lectura de las demandas y de los fallos de instancia deriva incontrastable que los aspectos estructurantes de la extorsión finalmente deducida siempre fueron conocidos por acusados y apoderados y de ellos se defendieron en el juicio.
En efecto, tanto los escritos acusatorios, como los fallos y las demandas de casación, al concretar los hechos hacen una relación que no deja incertidumbre sobre la estructuración de los elementos que tipifican la extorsión.
Así, todos esos documentos relacionan la desaparición de las tres víctimas, hecho a partir del cual se generaron múltiples llamadas en las cuales se exigía a los familiares el pago de una suma millonaria a cambio de no causar su muerte, desarrollándose un proceso de negociación, de entrega de pruebas de supervivencia y de pago de parte de lo exigido.
Ese proceder, puesto de presente desde un comienzo a los sindicados, específicamente en los escritos de acusación, evidencia que no hubo perjuicio para el derecho a la defensa, pues desde el principio se hizo saber a las partes que esos eran los hechos a debatir, y de ellos se defendieron a espacio, probatoria y jurídicamente.
Y no admite discusión que tal acontecer recorrió en su integridad la definición de la extorsión, en tanto esos familiares fueron constreñidos (obligados, compelidos por la fuerza) a hacer cosas (“negociar” por la vida de sus parientes y entregar una suma millonaria), recorrido que comportó un perjuicio para los afectados y un correlativo provecho ilícito para los agresores, representado en el dinero logrado.
En conclusión: la parte defendida conoció desde un comienzo las circunstancias fácticas que permitieron estructurar el delito de extorsión finalmente deducido y de las que pudieron defenderse desde un comienzo.
De tal manera que la única supuesta irregularidad, el desconocimiento parcial del principio de congruencia, no solamente no afectó a la defensa, sino que significó para sus asistidos un beneficio considerable (de la pena que se impondría por tres secuestros extorsivos, se mudó a una significativamente menor por una sola extorsión).
En esas condiciones, el pretendido yerro no habría significado agravio alguno para los acusados, luego la nulidad pretendida carece de razón, en tanto conduciría, por vía indirecta, a perjudicar la situación del condenado en su condición de apelante único.
4. El apoderado de la señora Garzón Riveros incurrió en las siguientes falencias:
a) Formuló dos cargos por vía de la violación directa, pero no señaló norma alguna del Código Penal objeto de infracción. Tampoco postuló petición alguna congruente, en tanto pidió se case el fallo del Tribunal, para modificarlo parcialmente y no imponer una exagera e injusta sanción, pero nada concretó sobre el aspecto parcial a cambiar.
b) Presentó posturas contradictorias dentro del cargo por violación directa, porque, a pesar de que ésta exige un fallo de reemplazo, mezcló reproches que apuntarían a una nulidad, al relacionar faltas al debido proceso por supuesta trasgresión al principio de la investigación integral, sin especificar de qué manera, en un sistema esencialmente de partes, debe aplicarse ese postulado, como tampoco precisó cuáles elementos de juicio dejaron de practicarse y la razón de ello, por cuanto en el esquema procesal de la Ley 906 del 2004, es a las partes, no al juzgador, a las que corresponde el aporte de los medios probatorios.
c) Refirió infracción al artículo 381 procesal, por cuanto, en su sentir, no se reunían las exigencias probatorias para emitir fallo de condena.
Esos reclamos debió hacerlos por vía de la violación indirecta, debiendo indicar y demostrar si la infracción sucedió por error de derecho o de hecho y si fue ocasionada por un falso juicio de convicción o legalidad (en el caso del error de derecho), o de existencia, identidad o raciocinio (si de error de hecho se trata).
Con nada de ello cumplió el impugnante, quien realmente acudió a un alegato de libre factura. Tal mecanismo eventualmente puede resultar admisible en las dos instancias que conforman la estructura básica de un proceso como es debido, pero surge extraño en sede de casación, a la cual las decisiones de los jueces de instancia llegan precedidas de la doble presunción de acierto y legalidad.
Esa condición solamente puede ser desvirtuada a partir del señalamiento y demostración de concretos errores, que de tiempo atrás la ley y la jurisprudencia han señalado, lo cual no se logra con la simple confrontación de una forma de valoración diversa, así se muestre razonable, pues por sí misma no estructura los yerros que habilitan la vía extraordinaria.
d) La mención aislada a un falso juicio de existencia, se muestra contradictoria, en tanto es propuesta dentro del cargo por violación directa, cuando es claro que ésta sucede por errores de derecho, y, por el contrario, ese errado juicio de existencia es una especie del error de hecho.
Además, el reproche se quedó sin desarrollo ni demostración, pues se dijo que el Tribunal excluyó un testimonio, pero no se explicó cómo el mismo demostraría la duda probatoria, pues, a voces del demandante, el declarante apuntaría a acreditar que para el 24 de agosto de 2008 la sindicada no estaba en la finca, pero nada se dilucida sobre si ese elemento aislado desvirtuaría la participación en otros actos, en tanto el delito no se cometió exclusivamente en esa fecha.
5. Al representante del señor Marín González le son aplicables los mismos argumentos del anterior apartado, pues si bien mencionó errores de hecho, no especificó la clase de falso juicio, como tampoco la prueba objeto de valoración errada, esto es, acudió simplemente a oponer su personal inteligencia sobre las pruebas a la de los jueces.
6. El defensor de Mendoza Campos incurrió en idénticas irregularidades a las citadas en los dos últimos supuestos.
a) Si bien aludió en forma correcta a la violación indirecta, producto de errores de hecho por falso juicio de identidad, lo cierto es que no concretó estos, pues se limitó a precisar que respecto de las declaraciones de Ramón Elías Moreno Quintero y José Benedicto Guevara Rodríguez los jueces llegaron a conclusiones equivocadas, pues de sus relatos surge que no fueron testigos directos.
La carga del demandante, no cumplida, exigía que a partir de citas textuales de lo dicho por los declarantes y lo argumentado por las sentencias, se verificara la tergiversación de las palabras reales de los testigos. No solamente no se hizo tal cosa, sino que las supuestas equivocaciones –agregó- estuvieron dadas por las conclusiones erradas, lo cual resulta extraño al falso juicio de identidad que correspondía demostrar.
b) Mencionó un falso juicio de existencia, pero por parte alguna señaló cuál fue el medio probatorio supuesto por los jueces de instancia.
El desarrollo del reproche, por el contrario, niega el reparo, pues si bien el impugnante comienza con la explicación de que dos testigos no hicieron referencia a la supuesta venta del carro en un desguazadero (esto habría sido lo conjeturado en los fallos), más adelante termina con la aseveración de que otro deponente, un investigador, sí hizo referencia a esa situación, desde donde surge que sí existió un soporte probatorio para la inferencia judicial.
De nuevo, entonces, se acudió a un escrito de libre factura con la pretensión de revivir el debate probatorio ya finalizado.
7. La Sala no admitirá las demandas porque, además de lo anotado, la revisión de lo actuado no evidencia una lesión patente a las garantías fundamentales, que habiliten su intervención oficiosa.
8. Teniendo en cuenta que contra la decisión de no admitir la demanda de casación procede el mecanismo de insistencia, según lo establece el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es necesario aclarar que la Sala ha precisado la naturaleza y reglas que habrán de observarse para su aplicación de la siguiente manera:
8.1. La insistencia no es un recurso propiamente dicho, sino un mecanismo especial, que únicamente puede ser promovido por el demandante dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la providencia mediante la cual se decide no admitir la demanda de casación.
8.2. La solicitud de insistencia puede ser elevada ante el Ministerio Público por intermedio de cualquiera de sus Delegados para la casación penal, o ante uno de los Magistrados que hubiesen salvado el voto, o que no hubiese intervenido en la discusión ni suscrito el referido auto.
8.3. Es facultativo del Magistrado disidente, del que no intervino en los debates o del Delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en el que informará de ello al solicitante dentro de un plazo de quince días.
8.4. El auto mediante el cual no se admite la demanda trae como consecuencia la firmeza de la sentencia contra la que se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conduzca a la admisión del escrito.
Consecuente con lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
Inadmitir las demandas de casación presentadas.

Contra esta determinación procede la insistencia, en los términos precisados en la parte motiva.


Notifíquese y cúmplase.

JAVIER ZAPATA ORTIZ


JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS


AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria





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