Página principal

Carlos ignacio jaramillo


Descargar 59.59 Kb.
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño59.59 Kb.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL




Magistrado Ponente


CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil cuatro (2004)

Referencia: Expediente No. 7069


Como quiera que en virtud de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2002, esta Corporación casó la que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó dictó en este proceso ordinario promovido por VICTOR JOSE CORDOBA CHAVERRA, en su propio nombre y en representación de sus hijos menores, LUIS ALBERTO y MARITZA CORDOBA PALACIOS, OSWALDO PALACIOS LOZANO en su nombre y en representación de sus hijos BELISARIO y ROSAURA PALACIOS PALACIOS y ETELVINA PALACIOS contra la ELECTRIFICADORA DEL CHOCÓ S.A.., procede ahora la Corte a pronunciar el fallo que corresponde, conforme a lo previsto en el inciso primero del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil.


I. ANTECEDENTES


1. Así los compendió la Sala en la sentencia antes mencionada:




“1. Mediante demanda presentada ante el Juzgado Civil del Circuito de Quibdó, los mencionados demandantes convocaron a un proceso ordinario a la referida entidad demandada, para que se declarara que ésta es “culpable administrativamente” de la muerte de la señora María Criselina Palacios Palacios, por lo que debía ser condenada a pagarle a aquellos la suma de $51’840.000,oo como perjuicios materiales, más 2.000 gramos oro para cada uno de los peticionarios a título de perjuicios morales (fl. 55, cdno. 1).

“2. Para sustentar estas pretensiones, se invocaron los hechos que se sintetizan así:


“A. En el mes de octubre de 1993, las redes conductoras de energía instaladas por la Electrificadora del Chocó S.A. a lo largo del río Quito, entre Quibdó y el corregimiento de Paimadó, sufrieron un “destemplamiento” de tal magnitud en el lugar denominado “Boca de Pato”, que las líneas que lo atraviesan alcanzaron una distancia de 2.5 metros de altura sobre el nivel del río, que se reducía cuando sus aguas crecían.
“B. La Junta de Acción Comunal y el Inspector de la Intendencia Fluvial del río Atrato, pusieron en conocimiento de tal circunstancia a la empresa demandada, advirtiéndola sobre los riesgos que ello implicaba, no obstante lo cual aquella “hizo caso omiso en una actitud negligente para erradicar la situación de peligro” (fl. 47, cdno. 1).
“C. El 21 de febrero de 1994, a las 6:30 p.m., estando crecido el río Quito y a poca distancia de las redes, “una descarga eléctrica electrocutó a la señora María Criselina Palacios Palacios” luego de tocar su canalete con la línea mencionada, lo que provocó que cayera al agua, produciéndose su deceso por “asfixia mecánica según certificación médica”. En ese momento, la señora Palacios viajaba en una pequeña embarcación con su menor hijo Luis Alberto, acompañada de otra “champa” conducida por Salomé Palacios, quien fue testigo de los hechos.
“D. Sólo después de este suceso, la empresa demandada contrató obreros para arreglar el desperfecto mencionado.
“E. La señora María Criselina Palacios había contraído matrimonio con el señor Víctor José Córdoba Chaverra, unión de la cual nacieron Luis Alberto y Maritza Córdoba Palacios, y convivía en unión libre desde hacía más de seis años con el señor Oswaldo Palacios Lozano procreando a Belisario y Rosaura Palacios Palacios.
“F. A la fecha de su fallecimiento, la finada tenía 42 años de edad, quedándole 36 años de vida, según las estadísticas del DANE y le sobrevivía su madre María Etelvina Palacios. Como los demandantes carecen de bienes y rentas de capital, sufrieron daños materiales y morales por causa del deceso.

“3. Admitida la demanda, de ella se dio traslado a la parte demandada, quien le dio contestación, oponiéndose a las pretensiones”.


2. La primera instancia concluyó con sentencia dictada, el 13 de mayo de 1997, por el Juzgado Civil del Circuito de Quibdó, en virtud de la cual se resolvió lo siguiente:
“PRIMERO. Declarar que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CHOCO S.A., es responsable Civilmente por la muerte de la señora MARIA CRISELINA PALACIOS PALACIOS, ocurrida en las circunstancias de tiempo, modo y lugar narradas en la parte motiva de éste fallo.
“SEGUNDO. En consecuencia, se condena a la ELECTRIFICADORA DEL CHOCO S.A., por conducto de su representante legal, a pagarle a cada uno de los demandante, excepto a VICTOR JOSE CORDOBA CHAVERRA, el equivalente a 500 GRAMOS DE ORO fino, por concepto de perjuicios morales.
“TERCERO. Negar las restantes pretensiones.
“CUARTO. El monto de la condena deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este fallo”.
“QUINTO. Costas a cargo de la parte demandada. Tasénse teniendo en cuenta el monto de la condena”.
3. Ambas partes apelaron del fallo anterior. La demandante pidiendo que se revocara el ordinal 3° de la parte resolutiva y se condenara a la Electrificadora a pagar, igualmente, los perjuicios materiales, confirmándose en lo demás, salvo en el punto relativo a los perjuicios morales que solicitó fueran reconocidos, también, al cónyuge supérstite. La demandada solicitando su revocatoria integral, y en su lugar, pretendiendo la exoneración de cualquier tipo de responsabilidad en el referido accidente.
4. Sentadas estas premisas y por cuanto la relación procesal existente se ha configurado regularmente y, asimismo, en su desenvolvimiento no se ha incurrido en defecto alguno que haga indispensable darle aplicación al Art. 145 del C. de P. C., corresponde ahora dictar la sentencia de reemplazo y para tal fin son pertinentes las siguientes

II. CONSIDERACIONES

1. En la providencia dictada por la Corte, el 30 de septiembre de 2002, quedó claramente definido que la Electrificadora de Chocó S.A. era responsable de la muerte de la señora María Criselina Palacios ocurrida el 21 de febrero de 1994.

En efecto, lo que a continuación se transcribe, sirve de respuesta a los reparos hechos por la demandada al fallo del a-quo, que alega básicamente que “no existe nexo causal entre la culpa de la Empresa y el resultado producido (daño)” [fl. 168 cdno 1)

Expresó la Sala, entonces, que “...no puede ponerse en duda que en desarrollo de su actividad, la demandada incurrió en una indiscutible omisión (omisión en la acción), de suyo relevante y comprometedora, justamente por no haber elevado, pudiendo y debiendo haberlo hecho, las redes de transmisión de energía eléctrica que se encontraban descolgadas –o corregido de alguna manera esta problemática-, así como reparado el poste que amenazaba ruina y fijado ciertas y estratégicas señales, hechos de los que tuvo conocimiento –o debió haberlo tenido por su mencionada actividad- días antes del accidente y que la obligaban -como profesional especializado en el manejo de tales elementos- a actuar en forma célere, solícita, responsable y diligente, máxime cuando ellas atravesaban un río navegable, que supone su empleo por la comunidad, específicamente la riberana” y que “...si el 21 de febrero de 1994, las redes no hubieren estado “bastante bajas”, particularmente ‘….a menos de un metro de altura’ del nivel de las aguas, tal cual lo relataron, en su orden, el Inspector Fluvial y los testigos Luis Alberto Córdoba y Salomé Palacios (fls. 16 y 19), tal hecho no habría tenido la influencia causal registrada frente a la caída de la víctima al río en comento, pero habiéndose producido ésta, existe una clara relación causa a efecto entre el accidente y la conducta omisiva de la demandada que, aunada a la presunción derivada de la actividad peligrosa desplegada por aquella que –importa destacarlo-, no fue desvirtuada mediante alguno de los factores de exoneración, hace que no pueda dudarse de su responsabilidad y, en consecuencia, debe tenerse también por acreditada su culpa, con todo lo que ello entraña en un proceso como el que ocupa la atención de la Corte” (fls. 82 y 83).

2. Habiendo pues quedado establecida la responsabilidad de la Electrificadora demandada, como se expresó en la sentencia de casación, resta por determinar con arreglo a derecho, la entidad y la cuantía de la indemnización, cometido para el cual se ordenó la práctica de un dictamen pericial que fue rendido por los auxiliares de la justicia designados para tal efecto y que obra a folios 113 a 118 y 157 a 160 del cuaderno de la Corte.

En tal experticia, los peritos, con base en elementos tales como la vida probable de la víctima y de los demandantes, el ingreso devengado por ésta en el momento de su deceso, con la respectiva proyección hacia el futuro, la edad límite de 18 años en que cada uno de los hijos, así como la madre y el compañero permanente, dejarían de percibir la ayuda de la fallecida y, en fin, un porcentaje del 25% de los ingresos de ésta como representativo de sus respectivos gastos personales ordinarios, concretaron los perjuicios materiales, así:

A. Por daño emergente, la suma de $ 1.600.000.oo correspondiente a “gastos de entierro” que estimaron en el equivalente a 150 salarios mínimos mensuales y,

B. Por lucro cesante la suma total de $ 81.221.552.50 discriminados así: por indemnización “debida o consolidada” $ 49.615.359.oo que repartieron de la siguiente forma: el 50% para el compañero permanente, y el 50% restante por partes iguales entre los cuatro hijos y la madre de la víctima; y por indemnización “futura o anticipada” $ 29.946.193.41. que a su turno, desagregaron así: $ 21.375.384.50 para el compañero permanente; $ 3.711.935.20 para la madre de la víctima; $ 1.750.057.95 para Rosaura Palacios y $ 3.108.815.76 para Belisario Palacios.

2.1. Aunque el dictamen pericial no fue objetado por ninguna de las partes, ni se solicitó su aclaración o complementación, no puede ser prohijado en su totalidad por la Sala, debido a que el método empleado por los peritos para determinar el -denominado por ellos- lucro cesante pasado, no cobijó en forma debida –como fue ordenado- el perjuicio personal que para cada uno de los demandantes significó la muerte de su madre, para lo cual ha debido tenerse en cuenta la edad de cada uno de ellos y la fecha en que adquirieron la mayoría de edad, fecha hasta la cual –se estima- recibirían la ayuda económica de su progenitora.

En efecto, dos de los demandantes, Maritza y Luis Alberto Córdoba Palacios llegaron a su mayoría de edad, el 20 de agosto de 1997 y el 15 de octubre de 1999, respectivamente, fechas hasta las que se limita el periodo indemnizable de cada uno de ellos. Sin embargo, inexplicablemente, los peritos los incluyeron al dividir la suma de dinero que calcularon por concepto de indemnización futura hasta el 19 de marzo de 2003, lo cual no está en consonancia con los criterios que imperan en materia resarcitoria, atendidas las circunstancias del caso en cuestión.

2.2. Adicionalmente, no puede ser tampoco aceptado el valor establecido por concepto de daño emergente, pues tal condena no fue pedida en la demanda que dio inicio al proceso, luego mal podría ser concedida en la sentencia.

2.3. Y en lo que atañe con la dependencia económica de los demandantes respecto de la víctima, la Sala observa que ella está claramente acreditada en cuanto tiene que ver con los hijos y la madre de la señora María Criselina Palacios, pero no en cuanto respecta al compañero permanente, señor Oswaldo Palacios Lozano, motivo por el cual no se impondrá condena por perjuicios materiales que beneficien a éste último, lo que impide su concesión.

En efecto, el testigo José Bernabé Palacios Mena, en su declaración rendida el 25 de noviembre de 2002 expresó que la víctima “...vivía en la Boca de Pató con Oswaldo Lozano era su compañero y sus hijos y su mamá la señora Etelvina Palacios”, y que la asistencia económica se la daba “a sus hijos y a su mamá porque era una anciana” (fl. 97 cdno pruebas Corte).

Por su parte, José Agustín Palacios, en su declaración rendida el 27 de noviembre de 1996 (fl. 75 cdno 2), manifestó que la señora María Criselina Palacios “vivía con un señor USBARDO el apellido no lo conozco” y en la que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2002, declaró que en la fecha de su fallecimiento “...vivía con un señor de nombre OSWALDO PALACIO y su madre ETELVINA PALACIOS Y LOS HIJOS DE CRISELINA” y que “La asistencia económica se las prestaba de las actividades que ella desarrollaba” (fl.96 cdno pruebas Corte), sin precisar en forma debida a quiénes daba tal ayuda.

Ninguno de los testigos declaró o refirió hechos que objetiva y diáfanamente demuestren que el señor Oswaldo Palacios dependía económicamente de María Criselina Palacios, luego, ante la ausencia de prueba sobre el particular, el daño material alegado por el compañero permanente, en estrictez, no posee el sello de certeza que permita su reconocimiento.

Como lo ha señalado esta Corporación “…no es realmente el vínculo de parentesco o conyugal el factor determinante de la legitimación activa para reclamar la indemnización. Lo que viene en verdad a conferir el derecho es la existencia de los supuestos necesarios que configuran dicho derecho, que se concretan en esto: 1. La dependencia económica que tenía el reclamante de quien murió o quedó en situación física o mental que imposibiliten prestar la ayuda o socorro que venía otorgando. 2. El daño cierto que la muerte o la situación de quien daba la ayuda al dependiente, esto es que haya certeza de que dadas las circunstancias, la ayuda o socorro habría continuado. Con otras palabras que esa dependencia no se deriva de una relación ilícita y, por tanto, la pretensión venga a conformar una aspiración que repugne al derecho. 3. Que la pretensión indemnizatoria no signifique obtener una ventaja o un provecho contrario a la moral o al derecho.

Los anteriores supuestos debidamente demostrados estructuran el fundamento para aceptar que el damnificado tiene derecho a reclamar del responsable la respectiva indemnización” (CCXXXI, Vol. II, 867).

3. Hechas estas precisiones, sin que sea “absolutamente indispensable hacer uso de la facultad de decretar un segundo dictamen al tenor del artículo 233 ib., pues los hechos a esta altura comprobados le permiten [a la Corte] hacer la regulación que en justicia corresponde acomodándose a la verdad de esos hechos y tomando en consideración que por mandato constitucional expreso (artículo 230 de la Constitución Política), es imperativo, en guarda del espíritu de equidad que ha de atemperar siempre la aplicación judicial del derecho,” (CCXXVIII, Vol. I, 643) y teniendo en cuenta los datos básicos y fórmulas suministrados por los peritos en su correspondiente experticia, se procede a continuación a liquidar los perjuicios materiales que debe pagar la entidad demandada:

3.1. El salario mensual de 1994 devengado por la víctima al momento de su óbito, ajustado por los peritos a la fecha del dictamen es de $ 314.853.oo pero con la deducción del 25% de gastos personales –cifra que se ha estimado procedente aplicar en materia resarcitoria (Vid: cas. civ. de 18 de octubre de 2001, Exp. 4504)-, queda reducido a la suma de $ 236.139.75 (fl. 115), que es la productividad mensual que debe ser tenida en cuenta para la cuantificación de los perjuicios a distribuir entre los hijos y la madre.

Ahora bien, los peritos en los escritos presentados ante ésta Corporación (fls. 113 a 118 y 157 a 160 del cuaderno de la Corte), adoptaron dos sistemas diversos para determinar el salario mínimo mensual de la víctima: en el primero, establecieron el salario mínimo mensual vigente en el año de 1994 y lo actualizaron hasta el presente; en el segundo, tomaron el salario mínimo mensual actualmente vigente. De tales procedimientos la Sala considera más acertado y, por ende, preciso, el primero de los sistemas empleados, toda vez que da mayor certeza sobre el monto del ingreso que devengaba la señora María Criselina Palacios en la fecha de su muerte, punto de referencia real para su determinación cuantitativa. El segundo de los métodos utilizados, no resulta del todo exacto para dicho efecto, habida cuenta que el salario que hoy rige, ha dependido de diversas circunstancias económicas registradas en los últimos nueve años, que han influido en su fijación por parte del Gobierno Nacional, según el caso, razón por la cual no revela fidedigna y estrictamente el señalado monto, lo que si se consigue mediante la actualización monetaria en comentario –de aquel-. Expresando de otro modo, en el ajuste anual del salario mínimo convergen –o pueden converger- factores distintos o complementarios a la mera indexación –propiamente dicha-, los cuales pueden alterarlo, así sea en una mínima o moderada parte.

3.2. La vida probable de la señora María Criselina era de 36.44 años o 437 meses.

3.3. La vida probable de la madre de la víctima era de 17.69 años o 212 meses (tenía 64 años en la fecha del fallecimiento), que será su periodo indemnizable.

3.4. Los hijos de la víctima tenían las siguientes edades en el momento del deceso de su madre:

  1. Maritza Córdoba Palacios, 14 años 6 meses, 1 día.
  2. Luis Alberto Córdoba P., 12 años, 4 meses, 6 días.
  3. Rosaura Palacios P., 5 años, 5 meses, 5 días.
  4. Belisario Palacios P., 2 años, 1 mes, 25 días.

3.5. Los periodos indemnizables de cada uno de los hijos, los limitará la Corte –para éste especifico caso-, hasta la fecha en que los dos primeros cumplieron y los restantes cumplirán la mayoría de edad, fechas en la cuales, atendida principalmente su condición socio-económica, la actividad productiva de la madre, el entorno social en el que crecieron, entre otros factores, ellos se harían cargo –se entiende- de su propio sostenimiento.

Así las cosas, los periodos indemnizables, son los siguientes:

a. Maritza Córdoba P., 3 años, 5 meses, 29 días
  1. b. Luis Alberto Córdoba P., 5 años, 7 meses, 24 días.
c. Rosaura Palacios P., 12 años, 6 meses, 25 días
d. Belisario Palacios P., 15 años, 10 meses, 5 días.

Tales cifras se convertirán en meses y aproximarán al número más cercano.

3.6. La liquidación del lucro cesante pasado para cada uno de los demandantes, realizada con base en la siguiente fórmula, incluida por los peritos en su dictamen, es:


(1+i) n-1
S= R x ---------------

i
Donde:

S= capital por averiguar

R= renta conocida

I= índice final/ índice inicial histórico, más el 6% anual

legal o sea el 0.5 mensual

N= número de meses que se liquidan

La aplicación de la fórmula mediante las tablas financieras que aparecen consignadas en la obra sobre Responsabilidad Civil del doctor Javier Tamayo Jaramillo (Tomo I, año 1990, pgs. 341 y ss), en la que se apoyaron los peritos, arroja las siguientes cantidades:
$ 236.139.75 dividido entre 5 (4 hijos y madre) = $ 47.228.oo renta conocida.
MARITZA CORDOBA PALACIOS
Periodo indemnizable: 42 meses

47.228 x 46,6065 = $ 2.201.131.oo




LUIS ALBERTO CORDOBA PALACIOS

Periodo indemnizable: 68 meses

$ 47.228 x 80,7515= $ 3.813.731.oo



ROSAURA PALACIOS PALACIOS
El tiempo transcurrido desde la fecha de la muerte de su madre hasta el 21 de enero de 2004, es de 119 meses y su periodo indemnizable es de 151 meses, motivo por el cual se liquidará la indemnización debida por los primeros 119 meses, y el resto será materia de la indemnización futura.
47.228 x 162,0690= $ 7.654.194.oo


BELISARIO PALACIOS P.
Su periodo indemnizable es de 190 meses y recibe una suma igual a la liquidada en precedencia, es decir $ 7.654.194.oo por los primeros 119 meses transcurridos hasta la fecha de proferimiento de esta providencia.
ETELVINA PALACIOS
Su periodo indemnizable es de 212 meses y recibe por los primeros 119 una suma igual a los dos anteriores.

RESUMEN LUCRO CESANTE PASADO


Maritza Córdoba Palacios $ 2.201.131.oo

Luis Alberto Córdoba P. $ 3.813.731.oo

Rosaura Palacios P $ 7.654.194.oo

Belisario Palacios P. $ 7.654.194.oo

Etelvina Palacios P. $ 7.654.194.oo

Total $ 28.977.444.oo


3.7. Respecto de la indemnización futura de los demandantes Rosaura, Belisario y Etelvina Palacios, se tiene que a ellos resta por indemnizar 32, 71 y 93 meses de su periodo indemnizable, respectivamente, para lo cual se tendrá en cuenta el valor de $ 47.228.oo que a cada uno de ellos correspondería del ingreso de su madre e hija, y la fórmula mencionada por los peritos en su dictamen, que importa el reconocimiento para la demandada del costo financiero que supone el pago anticipado del capital por indemnizar:
(1+i) n-1

VP= R --------------

i x (1+i) n
Según lo expresado, en la experticia:
“VP= Valor presente, es decir la suma que se debe pagar hoy, como anticipo de los perjuicios futuros.

“R= El salario mensual actualizado dividido por el número de meses ya liquidados

“I= interés técnico del 6% anual, 0.5%”, que la Sala aclara se descuenta del capital pagado en forma anticipada.

“N= número de meses que se toman para la liquidación”


La aplicación de la fórmula anterior, mediante las tablas financieras (No. 4) contenida en la obra del profesor Tamayo a que antes se aludió (Tomo II, 1990, pgs. 392 y ss), es así:
ROSAURA PALACIOS (32 meses)

$ 47.228 x 29.503284 = $ 1.393.381.oo


BELISARIO PALACIOS (71 meses)

$ 47.228 x 59.641212= $ 2.816.735.oo


MARIA ETELVINA PALACIOS (93 meses)

$ 47.228 x 74.227338= $ 3.505.608.oo

Total $ 7.715.724.oo

En síntesis, el valor total de los perjuicios materiales que debe pagar la entidad demandada a los demandantes es de $ 36.693.168.oo que no supera el monto de $ 51.840.000.oo contenido en la demanda inicial como suma pretendida por los demandantes.

4. Respecto de los perjuicios morales se memora que en la demanda se pidió la condena en la cantidad de 2.000 gramos oro para cada uno de los demandantes, pero la sentencia de primera instancia reconoció sólo 500 para cada uno de aquellos, punto que fue objeto de apelación pero sólo para que se incluyera “...al señor VICTOR JOSE CORDOBA CHAVERRA, como beneficiario de la condena por los perjuicios morales” (fl. 168 cdno 1) y se confirmara en lo demás.
Ello significa que como la parte demandante estuvo conforme con el monto fijado por el a-quo por concepto de perjuicios morales, lo que se trasluce de la inexistencia de apelación –puntual- de parte suya sobre el particular, se reproducirá en la presente providencia la correspondiente condena que resulta intocable para la Sala, por no haber sido materia del recurso de apelación, stricto sensu.
Ya en cuanto tiene que ver con la aspiración del apelante para que se incluya como beneficiario de tal condena al señor Córdoba Chaverra, cónyuge de la víctima, no puede ser acogida por la Corte, toda vez que revisada la demanda no existe en la misma, pretensión en tal sentido y si ello es así, como en efecto lo es, no puede ser incluida en la sentencia por virtud del principio de congruencia de los fallos previsto en el artículo 305 del C. de P.C.

5. En materia de costas judiciales causadas en ambas instancias, se observa que la apelación interpuesta por la parte demandante prosperó, mas no la de la demandada. En consecuencia, se le impondrá a ésta la condena respectiva en ambas instancias de conformidad con el Art. 392, numerales 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil. En lo demás, la sentencia del Juzgado no sufre modificación alguna.


6. Finalmente, se ordenará que el pago de las condenas aquí impuestas se haga teniendo en cuenta intereses del 6% anual por el tiempo que transcurra desde la ejecutoria de la presente sentencia hasta la fecha en que se realice efectivamente el pago.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales 1° y 2° de la sentencia de 13 de mayo de 1997 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Quibdó.
SEGUNDO: REVOCAR los numerales 3°, 4° y 5° del proveído apelado, y en su lugar se dispone:
1. CONDENAR a ELECTRIFICADORA DEL CHOCO S.A., a pagar por concepto de perjuicios materiales las sumas que se determinan para cada uno de las siguientes personas, así:
A) MARITZA CORDOBA PALACIOS, DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS ($ 2.201.131.oo).
B) LUIS ALBERTO CORDOBA PALACIOS, TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ( $ 3.813.731.oo).
C) ROSAURA PALACIOS PALACIOS, NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 9.047.575.oo).
D) BELISARIO PALACIOS PALACIOS, DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 10.470.929.oo).
E) MARIA ETELVINA PALACIOS DE PALACIOS, ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ($ 11.159.802.oo).
2. Cada una de las condenas referidas se impone a partir de la fecha de ejecutoria de esta sentencia, y sobre ellas se liquidarán intereses legales de mora a la tasa del 6% anual desde entonces y hasta cuando se produzca el pago efectivo.
3. Son de cargo de la parte demandada las costas causadas en favor de los demandantes en las dos instancias, las cuales serán tasadas en su oportunidad.
Cópiese, notifíquese, y devuélvase

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA



MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ


( en comisión de servicios )






CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO


JOSE FERNANDO RAMÍREZ GOMEZ

( en comisión especial )




SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO



CESAR JULIO VALENCIA COPETE

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA



La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje