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Carlos ignacio jaramillo


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL

Magistrado Ponente



CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil siete (2007).



Ref: 1100122030002006-02017-01

Decídese la impugnación presentada contra la sentencia proferida el pasado 19 de diciembre, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ y MARGARITA CASTILLO DE RODRIGUEZ contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.


ANTECEDENTES
Los demandantes reclamaron la protección de los derechos fundamentales, de acuerdo con los relatos que, en lo medular, se compendian de la siguiente manera:
A. Que su hijo JORGE ANDRES, emprendió, con mucho esfuerzo, la carrera militar con el propósito de ayudar a su familia -padres y hermanos DANIEL HUMBERTO y ALEJANDRA- y siendo subteniente del Ejercito Nacional, murió el 16 de febrero de 2001, cuando desarrollaba actividades en la Escuela de Lanceros de Tolemaida.

B. Como resultado de las acciones judiciales emprendidas, el 4 de diciembre de 2005, con la acusada realizaron una conciliación, que sirvió de apoyo para formular la cuenta de cobro respectiva.


C. Aseguraron que raíz del fallecimiento de su hijo, ha enfrentado varias dificultades, que han tenido impacto en la parte económica, en cuanto que debieron retirarse de la finca donde laboraban y por sus edades -55 años- no han logrado conseguir empleo, al punto que adeudan cifras a la EPS salud total y a la Universidad donde adelanta estudios ALEJANDRA.

FALLO IMPUGNADO

El Tribunal, a vuelta de referir a la situación planteada, denegó la protección, toda vez que para el pago reclamado el ordenamiento jurídico -art. 177 C. C. A.- tiene previsto el mecanismo adecuado, sin que revista importancia la situación que relataron los quejosos, dado que atañe a personas mayores de edad, lo que descarta la afectación del mínimo vital. Precisó que, el fallecimiento de JORGE ANDRES, acaeció por un “exceso de entrenamiento”, de modo que no existen motivos para que los demandantes puedan continuar laborares para explotar la finca respectiva.

LA IMPUGNACION

JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ insistió en la protección, ya que no es cierto que sean propietarios de una finca. Aseguró que por cuenta de las averiguaciones hechas, a fin de conocer las causas reales que originaron la muerte de su hijo JORGE ANDRES, han sido objeto de hostigamientos y persecuciones que impidieron continuar con las labores desarrolladas como inquilinos del un predio rural. Que aunque cuentan con otro medio legal para hacer efectivo el pago de las cifras adeudadas, las dificultades que ahora enfrentan, tornan viable el mecanismo empleado.

CONSIDERACIONES

1. De acuerdo con lo previsto por el artículo 86 de la Constitución Política la procedencia de la acción de tutela está condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violación, siempre que el interesado no cuenta con otro medio eficaz de defensa judicial.


2. En el caso concreto desde el pórtico se advierte la inviabilidad de la acción, puesto que el objeto de ella apunta a que se ordene el pago de dineros por concepto de la indemnización reclamada, pretensiones que, en estrictez, se muestran extrañas al escenario tutelar escogido, habida cuenta que si bien la doctrina constitucional ha predicado que cuando la negativa en tal sentido afecta el mínimo vital del interesado, por la particular situación que apareja ese extremo estado de la persona y su núcleo familiar, puede actuar el mecanismo excepcional de que se trata, lo cierto es que en el expediente no aparece elemento demostrativo, que ponga de presente esa especial circunstancia de cara a los promotores de la queja formulada.
Así las cosas, en el sub judice, lo planteado no puede recibir amparo por parte del Juez constitucional, dado que envuelve discusiones de raigambre legal y de contenido claramente patrimonial, de modo que el debate en torno al pago de las sumas adeudadas con los accesorios a que hubiere lugar, deberá suscitarse, por el procedimiento idóneo, ante la jurisdicción especializada en la materia de las causas relacionadas con esas particulares prestaciones.
Debe recordarse que en un caso que guardan clara simetría con el tema acotado, dijo la Sala que “... la jurisprudencia considera que la acción de tutela, debido a su carácter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de aquél linaje, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepción, esto es, de afectación o peligro para los atributos básicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a través de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial.”
“Al no hallarse acreditada la ubicación de la accionante en una condición extraordinaria, pues según lo ha dicho esta Corporación en casos similares, por el hecho de estar la misma vinculada laboralmente, es de entender que percibe el salario asignado al cargo que ocupa y que con el mismo atiende las necesidades económicas básicas personales o familiares de su incumbencia1, no puede ser próspera esta acción para que se ordene el pago efectivo de la prestación social reclamada, ya reconocida mediante el acto administrativo correspondiente.” (sent. del 16 de abril de 2001, exp. 0049-01)
No obstante, importa reseñar que la intención que tiene los interesados relativa a continuar apoyando a su hija ALEJANDRA en la parte académica que está desarrollando, per se, no sitúa el debate en el terreno descrito en precedencia, puesto que se trata de una laborío que luego puede continuar, tanto más cuanto que está admitido se trata de una persona mayor de edad, que bien puede emprender una actividad productiva que le permita atender esos compromisos, de modo que no existe, en puridad, afectación del mínimo vital.
3. Por tanto, hizo bien el Tribunal al negar el amparo incoado, de modo que se confirmará la sentencia materia de la impugnación.

DECISION


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela referenciada.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

RUTH MARINA DIAZ RUEDA


MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ


JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR


CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO


PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA


CESAR JULIO VALENCIA COPETE


EDGARDO VILLAMIL PORTILLA

1 Fallos del 8 de noviembre de 1999 (exp. 7463) y 28 de enero de 2000 (exp. 8137).



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