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Carlos humberto casallas pinzón proceso No 11036 corte suprema de justicia sala de casación penal


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CASACIÓN No 11036

CARLOS HUMBERTO CASALLAS PINZÓN




Proceso No 11036
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS

Aprobado Acta No. 149



Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dos (2002).

VISTOS:
Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca el 6 de abril de 1995, mediante la cual condenó a CARLOS HUMBERTO CASALLAS PINZÓN a la pena de veinticinco (25) años de prisión, como autor responsable del delito de homicidio simple.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:
1.- Aquellos ocurrieron el 26 de junio de 1996, en un establecimiento público ubicado en el municipio de Villapinzón (Cundinamarca), hacia las 10 y 30 de la noche, cuando se presentó una riña entre el hoy occiso Luis Eduardo Vera Vera y el procesado CARLOS HUMBERTO CASALLAS PINZÓN, en la que el primero de los nombrados recibió dos impactos de bala por parte del segundo, que días después le causaron la muerte.
2.- La Unidad de Fiscalía Delegada de Chocontá (Cundinamarca) ordenó la apertura de investigación el 30 de junio de 1993, escuchó en indagatoria al encartado y mediante proveído del 12 de julio siguiente le resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva.
Igualmente reconoció como parte civil a la esposa y al padre de la víctima1.
El cierre de investigación se produjo el 5 de octubre de 1993 y la calificación del mérito del sumario el 4 de noviembre de ese año, con resolución acusatoria contra el encartado, como autor material del delito de homicidio en la persona de Luis Eduardo Vera Vera, decisión que fue confirmada por la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales, el 14 de enero de 19942.
3.- El Juzgado Penal del Circuito de Chocontá avocó el conocimiento de la causa el 25 de enero de 1994, celebró la diligencia de audiencia pública y dictó el fallo de primer grado el 4 de octubre de 1994 mediante el cual condenó a CARLOS HUMBERTO CASALLAS PINZÓN a la pena de 40 años de prisión como autor responsable del delito de homicidio agravado, a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un término de cinco (5) años y al pago de los perjuicios materiales y morales causados con la infracción.
El Tribunal Superior de Cundinamarca, al conocer del asunto por vía de apelación, modificó la decisión del a quo en el sentido de condenar al procesado a la pena de 25 años de prisión como autor responsable del delito de homicidio simple y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de diez (10) años, en providencia del 6 de abril de 19953.
Contra esa decisión el defensor del procesado interpuso el recurso de casación que se procede a desatar.

LA DEMANDA DE CASACIÓN:
CARGO ÚNICO.-
El libelista impugna la sentencia del Tribunal al amparo de la causal primera, cuerpo segundo, por error de hecho en la apreciación de las pruebas derivado de un falso juicio de identidad y que trajo como consecuencia que no se reconociera a su representado el estado de ira e intenso dolor en que obró, causado por el comportamiento grave e injusto del occiso.
Recuerda al respecto, que CARLOS HUMBERTO CASALLAS PINZÓN en la diligencia de indagatoria, que es la prueba fundamental en la investigación, y en la diligencia de audiencia pública manifestó que había disparado contra la humanidad de Luis Eduardo Vera Vera sin intención de matar, por dos razones: la primera, por el estado de ira e intenso dolor y aún por miedo debido a la grave e injusta provocación por parte del occiso, y la segunda, porque ese estado de ira se agigantó por los recuerdos de episodios pasados desagradables relacionados con la familia Vera, que en ese preciso momento se le vinieron a la mente.
Así mismo, que el objeto que le lanzó Vera a CASALLAS, del cual hizo mención en la diligencia de descargos, como se demostró a lo largo de la investigación y lo dijo en la audiencia pública, fue una botella, o sea que la víctima le lanzó un botellazo a su representado.
Comenta que el Tribunal en sus razonamientos, cuyos apartes transcribe, acepta que hubo agravios proferidos por el occiso Luis Eduardo Vera contra CASALLAS PINZÓN, no sólo verbales sino de hecho, al lanzarle aquél un botellazo a éste, y no obstante la gravedad e injusticia de ese comportamiento, la Colegiatura “no le reconoce el valor de motivo generador del estado de ira, y determinante del comportamiento asumido por mi defendido”. Es decir, no le dio a los hechos el alcance objetivo que tienen y a las pruebas les otorgó un sentido que no corresponde, siendo desfiguradas en su verdadera dimensión.
Estima superfluo el razonamiento del Tribunal al desconocer el grado de certeza de las pruebas practicadas que demuestran a la justicia la existencia de las ofensas verbales injuriosas y deshonrantes por parte del occiso “al echarle la madre y decirle otros epítetos de grueso calibre para inmediatamente lanzarle el botellazo”.
Si se escudriña el contenido de algunos testimonios, se ve con meridiana claridad que el occiso no solo infirió tales improperios que ofendían el honor de la progenitora del procesado y el suyo propio y lo agredió físicamente con la botella, sino que fue el primero en hacerlo. Su defendido, se limitó a responderle en los mismos términos e igualmente le lanzó una botella, “para luego, preso de la ira hacerle los disparos”.
Para demostrar lo anterior, resalta apartes de los testimonios de Germán Bolívar Vanegas, Pedro Antonio Sarmiento, John Caicedo Bernal. También menciona a otros testigos, como José Alfonso Mendoza, Humberto Caicedo Sanabria, José Alcides Fernández Jiménez, Javier Parra Moreno y José del Carmen Pinzón Arévalo, que aunque no concretan quién empezó las agresiones verbales, sí hablan de la discusión y de las ofensas recíprocas.
Afirma el libelista que el Tribunal le dio mucha credibilidad al testimonio de la señora Edelmira Rey, pero en su opinión no debió ser así, porque guarda una tremenda animadversión contra CASALLAS PINZÓN a quien tildó de peligroso por haberle causado problemas en su negocio en épocas pasadas y porque, conforme a su versión ella se encontraba en la cocina a unos cuantos metros y de espaldas a los comensales, lo que le impedía ver y oír lo que ocurría en el comedor, máxime cuando en ese preciso momento se oía música, como lo señaló un declarante.
El otro aspecto que contribuyó a gestar la ira en el ánimo del procesado, fue el recuerdo de los episodios con la familia Vera que influyeron en la tranquilidad espiritual y sicológica de éste y que rememoró la noche de los hechos. Además tuvieron comprobación dentro de las diligencias, con el testimonio del señor Luis Vera, quien aceptó haber formulado denuncia contra el hoy condenado, así mismo se aportó copia de la queja elevada ante la Procuraduría por las torturas a las que fue sometido por la policía de Villapinzón y el anónimo con amenazas de muerte al padre de CARLOS HUMBERTO CASALLAS.
En síntesis para el libelista, el Tribunal distorsionó la realidad de los hechos y apreció erróneamente la indagatoria y demás pruebas, al señalar que las ofensas verbales y de hecho inferidas por el occiso a su representado, no tienen la entidad de graves e injustas, pues en su sentir si lo fueron y frente a ellas no tuvo otra alternativa que disparar, pues la emoción obnubiló su mente y doblegó su voluntad y no podía asumir comportamiento diferente, máxime si se tiene en cuenta que es una persona de naturaleza irascible.

CONCEPTO DEL PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO EN LO PENAL
Para esa representación del Ministerio Público, el cargo propuesto contra la sentencia del Tribunal está llamado al fracaso, como quiera que el casacionista no determinó los falsos juicios de identidad supuestamente contenidos en los medios probatorios, ni logró determinar, con el rigor de la técnica que le era imperioso, el sentido último de la violación de la ley sustancial. Tampoco se aproximó a la formulación de la proposición jurídica completa.
Se dedicó el libelista a disentir de lo valorado y motivado por el Tribunal, desde su particularísima óptica, anteponiendo sus criterios a los del sentenciador, olvidando que dichas valoraciones probatorias en sana crítica, gozan de la doble presunción de acierto y legalidad.
No obstante las ostensibles falencias de orden técnico, recordó el Procurador Delegado los motivos que tuvieron los sentenciadores de instancia para descartar la aminorante de la ira. Por lo tanto, lo que correspondía al libelista era demostrar que el Tribunal erró en cuanto a la certeza denegativa de la diminuente a través del cercenamiento o distorsión de determinados medios probatorios.
Sin embargo también falló en cuanto a que el rigor de la técnica también le exigía señalar las vías de acceso, respecto de la petición de reconocimiento de la atenuante que reclama.
En consecuencia solicita no casar la sentencia impugnada.


CONSIDERACIONES

1.- El libelo que se revisa contiene insalvables errores de técnica, que por sí solos hacen fracasar el intento del casacionista por desvirtuar las presunciones de acierto y legalidad de que viene precedido el fallo que es objeto del recurso extraordinario.


Lo anterior porque las censuras que se intentan por la vía del error de hecho, implican la necesidad de desvirtuar todas las pruebas que soportan la decisión, pues si alguna de ellas con suficiente capacidad prevalece sobre el yerro formulado, el reproche resulta inocuo.
Si el motivo escogido es el falso juicio de identidad, debe demostrarle a la Corte la manera como el juzgador cercenó o alteró la significación objetiva de la prueba y cuáles fueron los efectos que en forma indebida le hizo producir, así como su incidencia en el fallo.
2.- Afirma el libelista que el fallador de segunda instancia incurrió en esa especie de yerro, lo cual trajo como consecuencia que no se le reconociera a CARLOS HUMBERTO CASALLAS PINZÓN el estado de ira e intenso dolor en que obró, causado por el comportamiento grave e injusto del occiso Luis Eduardo Vera Vera.
Lo que sigue de la lectura del cargo, no es la demostración concreta y precisa de los medios de prueba que supuestamente fueron distorsionados por el fallador en su contenido, ni mucho menos que como consecuencia de ese dislate se haya dejado de reconocer la diminuente punitiva en el actuar de su representado, sino la presentación, desde su óptica personal, de la forma como debieron interpretarse las explicaciones ofrecidas por el procesado en la diligencia de indagatoria y en el acto de audiencia pública.
No tuvo en cuenta el casacionista las pautas técnicas que se exigen en esta sede extraordinaria para la demostración del yerro pregonado, sino que elaboró un análisis probatorio paralelo al efectuado por el fallador de instancia, pretendiendo con ello inútilmente que la Corte acoja sus particulares apreciaciones.
Con esa postura argumentativa, inicialmente trae a colación la diligencia de indagatoria rendida por CASALLAS PINZÓN para tratar de demostrar que los hechos se originaron por la grave e injusta provocación por parte del occiso Luis Eduardo Vera, quien lo agravió no solo verbalmente sino de hecho, al lanzarle un botellazo, lo que según el libelista motivó el estado de ira de su defendido, el cual se acrecentó por el recuerdo, en ese momento, de episodios pasados con la familia del occiso.
Afirma el recurrente que pese a esa injusticia, la colegiatura no le reconoció el valor de motivo generador de la ira, lo que considera suficiente para pregonar que el Tribunal otorgó a los hechos y las pruebas un sentido que no corresponde.
Fácil resulta advertir entonces, que la controversia no radica precisamente en que el Tribunal incurrió en la predicada distorsión probatoria, sino en la diferencia de opiniones en cuanto a la configuración de la diminuente por el estado de ira, aspecto que no puede elevarse a la categoría de error atacable en casación, porque en estos casos prevalecen los argumentos del fallador.
Lo que se viene diciendo se reafirma aún más cuando abiertamente muestra su inconformidad con los razonamientos del Tribunal que, según el censor, desconocen el grado de certeza de algunas pruebas que demuestran que el occiso profirió improperios al procesado que ofendían el honor de su progenitora y el suyo propio, que lo agredió físicamente con una botella y que fue el primero que lo hizo.
Esta es, nuevamente, una opinión subjetiva del recurrente que lejos se muestra de acreditar el supuesto error en que incurrió el juzgador en la apreciación de las pruebas, para tratar de desvirtuar los argumentos sobre los cuales se edificó la sentencia condenatoria y más concretamente aquellos mediante los cuales negó el reconocimiento del estado emocional en el actuar de su representado.
Nótese que para demostrar la hipótesis de estado de ira, incursiona en el análisis de las declaraciones de Germán Bolívar Vanegas, Pedro Antonio Sarmiento y Jhon Caicedo, algunos de los testigos que presenciaron los hechos, y que según el censor dejan claro que quien inició la discusión fue el obitado Luis Eduardo Vera Vera.
Al respecto vale la pena señalar que el Tribunal no solo evaluó el contenido de tales declaraciones, sino de otras más, para determinar cuál de los contrincantes había dado lugar al enfrentamiento, encontrando que únicamente Germán Bolívar señaló que había sido Luis Eduardo Vera Vera. Por ello no podía concluír con certeza, apoyado en esa sola manifestación, que quien inició la riña fue la víctima y así dio por desvirtuada la manifestación del procesado en ese sentido.
Y es que, en gracia de discusión, contrario a lo señalado por el casacionista, ninguno de los otros dos testigos que resalta en su escrito, llegaron a concretar, quién dio inicio a la discusión: si CASALLAS PINZÓN o Vera Vera.
Pedro Antonio Sarmiento al referir la forma como ocurrieron los hechos, señaló:
“…llegó Luis o Lucho Vera y él pidió comida también, nosotros ya íbamos a salir cuando él llegó…él nos saludó a todos, se sentó a comer al lado mío, lado izquierdo, de un momento a otro resultaron discutiendo no sé con quién, después se paró Humberto y dijeron que si era contra él, se dijeron unas palabras, no recuerdo cuáles yo estaba embriagado, y sonaron los tres disparos y salieron corriendo Humberto y Hugo, y yo salí detrás de ellos, no me dí cuenta (sic) nada más”.4
Tampoco el declarante Jhon Caicedo Bernal fue enfático en afirmar que fue Luis Vera quien inició la discusión, pues éste señaló:
“…yo estaba sentado al frente de Luis Eduardo Vera y Humberto Casallas y fue cuando se escucharon y discutieron, yo pensé (sic) que como así se saludan entonces yo no les puse mucho cuidado, fue cuando de un momento a otro empezaron a alegar…”.5
Lo que ocurre es que el libelista en su empeño por demostrar una supuesta distorsión que no existe, realiza su propia interpretación del contenido material de las declaraciones, circunstancia que aprovecha para restarle mérito probatorio a otras, como cuando se refiere al testimonio de la señora Edelmira Rey, quien según él, le tiene cierta animadversión a su representado por problemas ocurridos en el pasado, y por lo tanto no se le puede dar credibilidad.
El mérito probatorio otorgado por el fallador a los elementos de convicción no puede ser cuestionado, mientras no sea para demostrar un desconocimiento a los parámetros de la sana crítica, lo cual no se vislumbra en este caso.
La censura nuevamente se contrae a discrepar del criterio del fallador, cuando el libelista en sus posteriores argumentos intenta convencer que el recuerdo de episodios pasados con la familia Vera, influyeron en la tranquilidad espiritual y sicológica de su representado, acrecentando aún más el estado de ira.
Repárese que hasta este momento el casacionista no ha podido acreditar la distorsión de algún elemento de prueba de los aportados al expediente, dejando así en el aire el aducido error por falso juicio de identidad.
3.- Con todo y que las falencias hasta aquí resaltadas serían suficientes para declarar la improsperidad del cargo formulado, que la Colegiatura no encontró estructurado el estado de ira e intenso dolor en el comportamiento de CASALLAS PINZÓN, porque de las pruebas aportadas al plenario no fue posible determinar, con certeza, que el obitado hubiese desplegado un comportamiento grave e injusto, pues no existe uniformidad en ese sentido en los dichos de quienes presenciaron los hechos.
En cuanto a los improperios y agravios que el obitado lanzó al enjuiciado, no tuvieron la entidad de graves e injustos como para llegar a encajar su comportamiento en el artículo 60 del Código Penal vigente para ese momneto, por cuando ellos se produjeron en el plano correspondiente a la situación de riña que se había presentado. En esas condiciones no había motivo para reconocerle a tales expresiones el carácter de medio perturbador en el ánimo del sentenciado.
Para la Colegiatura, el motivo que provocó la exaltación e irritación de CASALLAS PINZÓN para con su víctima fue el nexo entre la conducta asumida por ambos, quienes recíprocamente se agraviaron lazándose epítetos altisonantes, situación que es ajena a la gravedad que provoca la ira.
Además, con sobrada razón puntualizó el fallador Ad quem, que si en ese momento vinieron a la mente del procesado, recuerdos de situaciones pasadas desagradables con la familia del obitado, ésta situación no puede atribuirse a título de acto provocador o desafiante a la víctima, que haya hecho emerger el estado emocional en el procesado.
Conclúyese de todo lo anterior, que el cargo no puede prosperar, no sólo por las fallas técnicas detectadas, sino porque resulta inaceptable tratar de derivar un yerro de apreciación, de donde únicamente se logra demostrar una discrepancia en el análisis y valoración de las pruebas.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,



RESUELVE
NO CASAR la sentencia impugnada.
Contra la presente decisión no procede ningún recurso.

CÚMPLASE.
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

Salvamento parcial de voto

FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CÓRDOBA POVEDA

HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE


JORGE ANÍBAL GOMEZ GALLEGO ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO


MARINA PULIDO DE BARÓN YESID RAMÍREZ BASTIDAS


TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

(Casación No. 11.036).
Señores Magistrados:
He salvado parcialmente el voto porque en segunda instancia fue violado el principio de prohibición de la reformatio in pejus, pues se aumentó la pena de interdicción, de cinco a diez años.
Como se sabe, la prohibición de la reformatio in pejus opera cuando existe apelante único, tal como ocurrió dentro de este asunto. Así, el Ad quem no podía desmejorar la posición jurídica del sindicado porque un derecho fundamental –el de la no reformatio in pejus- es de mayor importancia que el de legalidad pues que éste, general, también constitucional, no es específico, concreto, como sí lo es aquél.

Señores Magistrados



Seguro Servidor,


Álvaro Orlando Pérez Pinzón.


1 Folios 6, 14, 52 y 70 C.O.

2 Folios 218, 274 y 309.

3 Folios 502 C.O. y 153 C. Tribunal.

4 Folios 114 C.O.

5 Folios 130 C.O.





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