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Carlos ernesto molina monsalve


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL
CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

Magistrado Ponente


Radicación No. 50133

Acta No. 31
Bogotá, dos (02) de octubre de dos mil trece (2013).

Se procede a resolver la impugnación presentada por el accionante TITO PALACIO HENRY, contra el fallo proferido por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, dentro de la acción de tutela instaurada por el recurrente, contra el DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS, CORALINA CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL DESARROLLO DEL ARCHIPIÉLAGO y PREFABRICADOS INDUCASA S.A.




  1. ANTECEDENTES

La inconformidad del accionante radica principalmente en que al lado de su lugar de vivienda que también es su sitio de trabajo, pues allí mismo atiende a sus pacientes como médico homeópata, funciona la empresa “Prefabricados Inducasa”, cuya maquinaria, la cual utiliza para la fabricación de bloques, genera contaminación auditiva, exponiéndolo a él y a su familia a altos niveles de ruido, vibraciones y partículas de polvo en el aire, durante más de ocho horas al día incluso domingos y festivos; que la máquina trituradora está ubicada al lado de su consultorio y la constante vibración golpea de forma repetida y estruendosa las paredes del mismo, haciendo que tanto su labor de médico como la asistencia de los pacientes se torne insoportable; además, que el uso del suelo en el que se encuentra ubicada no permite el funcionamiento de este tipo de actividades.


Agrega, que por lo anterior, el 30 de junio de 2010 interpuso en contra de Inducasa denuncia ambiental ante la Corporación para el Desarrollo sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina “CORALINA”; que dicha autoridad ambiental mediante el informe técnico No. 268, del 02 de agosto de 2010, determinó que “…que la actividad de bloques desarrolladas por PREFABRICADOS INDUCASA, se realiza en contrario de los usos del suelo establecidos por el POT para el sector donde se encuentra ubicada y opera bajo condiciones que causan impacto negativo sobre la salud de las personas que viven alrededor o que transitan por el sector”, y dio traslado a la Secretaría de Planeación para lo de su competencia.
Relata, que acto seguido, la Corporación “CORALINA” expidió la Resolución No. 155 del 11 de marzo de 2011, y decidió dentro del proceso sancionatorio ambiental “imponer medida preventiva y adoptar otras disposiciones, sancionando al señor JOHN CHARLES HENRY VALBUENA representante legal de PREFABRICADOS INDUCASA S.A. la medida preventiva de amonestación por realizar actividades (Fabricación de bloques) en contravía de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Además como consecuencia de lo anterior y para impedir situaciones que atenten contra el medio ambiente, el paisaje y la salud humana, se le ordenó al señor JOHN CHARLES HENRY VALBUENA ubicar de manera INMEDIATA la fábrica de bloques en donde el uso del suelo permita las actividades por él realizadas que cumpla con los lineamientos ambientales”.
Arguye que a la fecha no se ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado en dicha Resolución; que la Coordinadora de Control y Vigilancia de CORALINA solicitó concepto a la Dirección de la Oficina de Planeación mediante escrito radicado el 01 de abril de 2011, el cual a la fecha no ha sido respondido; y que debido a que la afectación continuó, se presentó a CORALINA para exigir el cumplimiento de la citada Resolución pero la solución que se le dio fue presentar una nueva denuncia.
Manifiesta, que de nuevo “CORALINA” remitió oficio a la Oficina de Planeación, solicitando concepto acerca del caso, pero a la fecha tampoco ha sido respondido; que CORALINA emite un nuevo informe técnico. No. 518 del 04 de octubre de 2012 el cual tiene como conclusión ‘remitir a subdirección jurídica’; y que “se emite el comunicado interno SJ No. 262 dirigida (sic) a Jenny Bowie Wilches Coordinadora de Control y vigilancia donde se comunican (sic) que se encuentra la solicitud de revocatoria directa sin resolver, lo cual manifiesto (sic) que a pesar de que el accionado cuenta con herramientas jurídicas para la defensa de su actividad, la Constitución establece que la propiedad tiene una función social y ecológica, y que por tanto la actividad económica no puede afectar los derechos fundamentales y colectivos de las personas, ni mucho menos ir en contravía de lo dispuesto en las normas de urbanistas como por ejemplo romper el marco establecido por el POT”.
Refiere, además que “CORALINA” emitió nuevo informe técnico No. 2251 del 29 de abril de 2013, el cual presenta numerosas y graves contradicciones, tales como: advierte en el acápite “Informe de Visita”, que en la actualidad no cuenta con los instrumentos necesarios para la medición de partículas y vibraciones; señala que la Inducasa “es un establecimiento de “EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS”, sin tener en cuenta que es un hecho notorio que la fábrica de bloques, realiza actividades ajenas a las contempladas en el plan de ordenamiento para dicha zona; por último recomienda a Prefabricados Inducasa “realizar las respectivas gestiones ante el Departamento Administrativo de Planeación, ya que según el plan de ordenamiento territorial, no es permitido llevar a cabo la actividad bloquera en este lugar’.
Finalmente advierte el accionante, que desde el 20 de diciembre de 2012, la Defensoría del Pueblo remitió oficios para que se asignaran abogados ante la Secretaría de Salud, Departamento de Planeación y CORALINA, y a la fecha no se ha llevado a cabo el trámite administrativo correspondiente.

Por lo anterior, solicita tutelar sus derechos fundamentales “a la salud en conexión el derecho a la vida, al ambiente y al trabajo”, y en consecuencia, ordenar a la Corporación “CORALINA”, que en un término no mayor de 48 horas cumpla la Resolución No. 155 de Marzo 11 de 2011 y por medio más rápido e idóneo se reubique la fábrica de PREFABRICADOS INDUCASA; así mismo ordenar a la sociedad accionada, “abstenerse de realizar la actividad económica dentro del predio objeto de esta tutela, hasta tanto se reubique conforme a lo señalado por su Despacho”.



  1. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA

Mediante auto proferido el 28 de mayo de 2013, el Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés, admitió la acción tutela y corrió el traslado de rigor; sin embargo, con proveído del 5 de julio de 2013 ese mismo despacho dispuso decretar de oficio la nulidad de lo actuado, por falta de competencia, a partir del auto admisorio, y ordenó remitir las diligencias a la Oficina de Coordinación Administrativa y Servicios Judiciales de esa Localidad, para lo pertinente.


El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina la admitió, corrió el traslado de rigor, solicitó a las accionadas rendir informe relacionado con los hechos narrados en la acción de tutela, y ordenó vincular a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria.
Dentro del término, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, -CORALINA- respecto a los hechos relacionados por el accionante, manifestó en su defensa, que dentro del marco de sus competencias, ha desplegado las acciones pertinentes tendientes a evitar la continuidad ante un posible agravio o vulneración de los derechos del denunciante, lo cual se evidencia en la Resolución N° 115 de 2011; y que “si el accionado cuenta con licencia de funcionamiento, la misma ha sido expedida por la Secretaría el Interior con el visto bueno del Departamento Administrativo de Planeación Departamental”; y contrario a lo manifestado por el accionante, esa Corporación no dirige el proceso de planificación regional del uso del suelo.
El apoderado de la empresa accionada, señaló que la actividad comercial realizada por ésta es legítima y se encuentra dentro de los parámetros legales; que CORALINA se extralimitó en sus funciones y atribuciones en materia ambiental, y se equivocó al “interpretar el sitio (…) como Unidad de Planificación Insular UPI12 cuando en realidad dicho sitio o zona corresponde al UPI15”, y que las actividades que allí se desarrollan desde el punto de vista de planeación y usos del suelo, son compatibles con el POT.

Explica, que “los motores eléctricos que accionan las máquinas tienen capacidad o potencia mínima de un caballo de fuerza y se encuentran instalados sobre resortes, y material de caucho (neopreno) que mitigan y reducen cualquier vibración y ruido por debajo de lo permitido legalmente…”. En tales condiciones, si las paredes del predio de accionante presentan algún tipo de deterioro, se debe a la deficiente calidad en el momento de su fabricación. Agrega que la pared que divide los dos predios mide más de 6 metros; que el inmueble en donde funciona INDUCASA, “está cubierto con un tejado de material de Eternit que cubre la maquinaria, y el material de escombros que es sometido a proceso, de desintegración es mojada y humedecida (sic) previamente con agua, para minimizar la emisión de partículas de polvo en el medio ambiente”; que la dirección del viento presente en el sitio, no permite que las partículas de polvo se trasladen hacia el predio del accionante, y que es probable que el mismo provenga del estadio de sóftbol, que se encuentra ubicado frente a su inmueble.


La Gobernación del departamento acusado, expresa que no es procedente la presente acción, pues no existe prueba de que el accionante se encuentre en estado de indefensión, ni en presencia de actos que vulneren sus derechos fundamentales “por causa del ruido y la contaminación del medio ambiente”; que además, cuenta con otros mecanismos judiciales que puede utilizar para la resolución del conflicto.
Advirtió, que INDUCASA no es una sociedad, sino un establecimiento de comercio; que de las pruebas técnicas realizadas es claro extraer que la fábrica de bloques no causa daño alguno con partículas, vibraciones o ruido excesivo, por encima de lo permitido legalmente en el área donde se encuentra el mismo, pese a lo decidido de fondo por “CORALINA”; que fue posible establecer de las pruebas técnicas efectuadas, que el sitio donde actualmente funciona, desde hace más de 30 años, supera la existencia del POT actual.

En cuanto a las solicitudes del 01 de abril de 2011 y 09 de agosto de 2012, que a la fecha no han sido respondidas, señala que revisados los documentos relacionados con estos hechos, no obra petición alguna con las fechas señaladas por el accionante; afirma que al parecer se refería al concepto solicitado por “CORALINA” el 11 de abril de 2011; por tanto, el tutelante no se encuentra legitimado por activa con relación a los mismos; tampoco es cierto que exista informe de visita realizada el 8 de agosto de 2012 por “CORALINA”, por la Procuraduría Ambiental y Agraria y por la funcionaria del Departamento Administrativo de Planeación.


Sostuvo finalmente, que la empresa accionada se encuentra en ejercicio de una actividad económica legítima, gozando de la protección del Estado.
La Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria guardó silencio.
Con fallo de tutela del 16 de julio de 2013, la primera instancia resolvió “NO TUTELAR los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, salud, a la intimidad, tranquilidad, trabajo y ambiente sano, invocados por el señor TITO PALACIO HENRY” y “TUTELAR el derecho fundamental al Debido Proceso del Accionante, en consecuencia se ordenará a la Oficina de Planeación Departamental contestar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, las solicitudes elevadas por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Isla, CORALINA, los días 11 de abril de 201l y 10 de agosto de 2012”, tras advertir que no es posible establecer que exista vulneración a los derechos fundamentales invocados por el accionante, toda vez que de los estudios realizados por “CORALINA” no se infiere tal situación; que los ruidos producidos por la accionada al realizar sus labores cotidianas “…se encuentran dentro de los rangos y términos permitidos para el lugar donde se encuentra ubicada, es decir que no le causa ningún agravio al Accionante, toda vez que Coralina quien es la Entidad encargada de realizar las mediciones correspondientes, estableció en su informe que los ruidos emitidos por Inducasa se encuentran dentro de los lineamientos ambientales permitidos, por lo tanto, en el presente asunto no se puede hablar de una presunta violación a la intimidad y a la tranquilidad alegados por el actor.
Además, razonó que “llama la atención a esta Colegiatura la manifestación realizada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Isla, con respecto a la emisión de partículas generadas por la actividad de la Sociedad Inducasa, se estableció que la medición del posible daño generado por la actividad de la accionada no se podía hacer sobre un establecimiento en particular, ya que el equipo utilizado realiza las mediciones de emisión de partículas a nivel general, es decir las partículas generadas en el sector, tanto de vehículos, levantamiento de polvo; por consecuencia mal haría esta Corporación amparar los derechos fundamentales cuando la misma entidad encargada de realizar las mediciones correspondientes ha manifestado su imposibilidad de hacerlo”..
Concluyó, que “la Secretaría de Planeación Departamental ha actuado de manera negligente e indiferente con respecto a las denuncias presentadas por el Actor, aún más cuando la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Isla –CORALINA-, le ha solicitado concepto para determinar si el señor Henry ostenta el derecho de seguir funcionando en esa UPI, por existir su establecimiento con anterioridad al plan de ordenamiento territorial actual y anterior (ver folio 20-y 25), solicitudes que fueron radicadas desde el 11 de abril de 2011 y 10 de agosto de 2012, sin embargo dentro del presente trámite no se logra observar que efectivamente la Secretaria de Planeación haya emitido respuesta a dichos requerimientos, mostrando un actitud de dejadez por la problemática de los habitantes del territorio insular”.
Resalta el hecho de que “han pasado más de dos años contados a partir del primer requerimiento elevado por CORALINA a la SECRETARIA (sic) DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL, sin que medie un pronunciamiento de fondo, hecho que nos lleva a concluir que existe una flagrante vulneración al debido proceso, puesto que no se explica cómo ha dejado pasar tanto tiempo sin emitir el concepto respectivo, toda vez que es de vital importancia para que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Isla, pueda emitir una Resolución donde de manera definitiva se resuelva el conflicto surgido entre los señores Tito Palacio Henry y Jhon Charles Henry Valbuena”.
III. LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con la anterior decisión, la parte actora la impugnó, señalando en síntesis, que no es posible establecer si existe vulneración a sus derechos fundamentales invocados, por cuanto el Tribunal únicamente se basó en el informe técnico 225 del 29 de abril de 2013” emitido por “CORALINA”; que el a quo omitió el hecho de que la autoridad ambiental realizó dicho informe técnico fuera de su domicilio que es en realidad el sitio donde se debe comprobar la afectación que ejerce diariamente Inducasa; y que el tribunal tampoco indagó a CORALINA, el motivo por el cual no fue posible realizar dicha medición en su vivienda.
Por lo anterior, solicita revocar el numeral primero del fallo impugnado y tutelar sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la intimidad, tranquilidad, trabajo y ambiente sano.
IV. CONSIDERACIONES
El objetivo fundamental de la acción de tutela, como mecanismo excepcional con procedimiento preferente y sumario, es la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en aquellos casos en que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que establece la Constitución y la ley. Su eficacia se manifiesta en la posibilidad que tiene el juez constitucional, si encuentra probada la vulneración o amenaza alegada, de impartir una orden encaminada a la defensa actual e inminente del derecho en disputa.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde determinar en este asunto el incumplimiento de la Resolución N° 155 del 11 de marzo de 2011, emitida por “CORALINA”, que reclama el accionante, así como su inconformidad frente al fallo de primera instancia, cuando se basó únicamente en “informe técnico 225 del 29 de abril de 2013”, el cual, en su decir, no aplica al caso particular, pues la medición de la afectación ambiental no se realizó dentro de su casa de habitación, que es el sitio de afectación, sino varios metros fuera de ella.

Para desatar la impugnación, resulta importante precisar algunos aspectos que anteceden al aludido informe técnico:



i) Efectivamente con la Resolución N°155 del 11 de marzo de 2011, la Corporación “CORALINA”, luego de la investigación adelantada sobre la violación de normas ambientales, resolvió amonestar y sancionar ordenando al señor Jhon Charles Henry Valvuena, representante legal de INDUCASA, la reubicación inmediata de la fábrica de bloques en un sitio en el que el uso del suelo permita el desarrollo de las actividades allí realizadas, que cumpla con los lineamientos ambientales, disponiendo además al Grupo de Control y Vigilancia de la Subdirección de Gestión Ambiental de esa Corporación, realice el seguimiento y verificación de las medidas adoptadas (fols 18 y 19).
ii) La accionada “CORALINA”, conforme a sus atribuciones, solicitó concepto a la Oficina de Planeación, el 11 de abril de 2011, en el sentido de determinar si conforme a la norma urbanística, el establecimiento puede funcionar en el lugar donde actualmente se encuentra ubicada la empresa INDUCASA (fol. 20)
iii) El accionante presentó nueva denuncia ante la misma autoridad ambiental (fol. 21).
iv) Con oficio del 9 de agosto de 2011, la Coordinación de Control y Vigilancia de “CORALINA” remite a la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental copias de su actuación, labor de vigilancia -inspección ocular- en el caso de la referencia, y advierte sobre unos descargos en contra de la citada Resolución 155, cuya respuesta está pendiente de la emisión de un concepto solicitado a la Oficina de Planeación (fol. 22).
v) El 9 de agosto de 2012, la Coordinación de Control y Vigilancia de “CORALINA”, insiste ante la Oficina de Planeación sobre el concepto solicitado el 11 de abril de 2011, el cual no ha sido respondido (fol. 25).
vi) Con informe técnico N° 518 del 4 de octubre de 2012 el Grupo de Control y Vigilancia de “CORALINA”, haciendo seguimiento a lo referido en la Res. 155 del 11 de marzo de 2011, resalta que no se ha dado cumplimiento a dicha Resolución y recomienda remitir las diligencias a la Subdirección Jurídica (fols. 26 a 28).
vii) El 23 de noviembre de 2012, esta última dependencia, devuelve el expediente a la Coordinación, resaltando que se encuentra pendiente de resolver una solicitud de revocatoria directa (fol. 29)
viii) “CORALINA” practica nuevo informe técnico - 225 del 29 de abril de 2013-, emitiendo el siguiente concepto: “Durante la prueba realizada en el establecimiento comercial (…) Fábrica Inducasa se pudo constatar que el ruido generado por el mismo (63.7dB) se encuentra dentro de los límites de emisión sonora establecidos en la (…) (Resolución 0627 del 07 de abril de 2006, contemplados para el sector B de tranquilidad y ruido moderado el cual establece un estándar máximo permisible de emisión de 65dB, para el horario diurno. Por lo que se puede concluir que el establecimiento comercial en mención, para el horario diurno estaría cumpliendo con la normatividad”; y recomendando lo siguiente: “A pesar de que el nivel de ruido obtenido para la Fábrica Inducasa se encuentra dentro de los límites permisibles, por la norma, no obstante, para el funcionamiento del establecimiento (…), el señor John Henry Valbuena deberá realizar las respectivas gestiones ante el Departamento Administrativo de planeación, ya que según el plan de ordenamiento territorial, no es permitido llevar a cabo la actividad de bloquera en esta región”; aclarando que no cuenta con instrumentos necesarios para la medición de emisión de partículas y vibraciones, que es competencia de la Secretaría de Salud, quien efectúa los estudios correspondientes para determinar si las vibraciones están afectando o no la salud humana (fols. 30 a 34).
En ese contexto, si bien es cierto no se ha dado estricto cumplimiento a la citada Resolución N° 155 del 11 de marzo de 2011, en el sentido de que se reubique la fábrica de la empresa accionada, que tiene como actividad la fabricación de bloques, a un lugar que conforme al POT permita desarrollar esa actividad, no es menos cierto que la Corporación CORALINA, sí ha hecho el seguimiento a lo resuelto en dicha Resolución, lo cual se evidencia con las solicitudes de concepto que elevó ante la Oficina de Planeación, las cuales, además no han sido atendidas por esa dependencia; en la recopilación de información que se plasma en el último informe técnico que practicó, en el cual además rememoran todas las actuaciones surtidas desde que el accionante interpuso la primera denuncia el 30 de junio de 2010; y otras actuaciones que se acaban de reseñar.
Aunque “CORALINA” en todas sus actuaciones ha dejado claro que en su criterio no es permitido llevar a cabo la actividad bloquera en el lugar en el que hoy funciona INDUCASA, y no obstante se impartió amonestación a ésta, para que conforme al POT se reubique la empresa, lo cierto es que su ejecución no depende de dicha autoridad ambiental, -a quien solo corresponde el respectivo seguimiento-, sino que previamente se deben realizar una serie de actuaciones que no es dable desconocer por vía de tutela, esto es, la decisión de revocatoria directa propuesta por el representante legal de dicha empresa, y los conceptos que no han sido emitidos por la Oficina de Planeación de la Gobernación del Archipiélago del San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y que el juez de tutela ordenó que fueran emitidos en un término de 48 horas.
En tales condiciones, no se dan las circunstancias para que se amparen los derechos fundamentales invocados en la forma en que el accionante lo sugiere, máxime que como lo destacó el a quo, el informe técnico 225 del 29 de abril de 2013, no da cuenta de afectaciones de ruido fuera de los límites legalmente permitidos, y por el contrario, concluye que el nivel de ruido de la actividad bloquera, que desarrolla INDUCASA, cumple con la normatividad; debiéndose definir previamente los conceptos de la Oficina de Planeación de la Gobernación, si de acuerdo con el POT esta clase de fábricas pueden o no funcionar en ese lugar, lo que, se repite, no depende “CORALINA”; y para evitar que se siga dilatando en el tiempo, con violación de los derechos fundamentales del accionante, en el fallo de primer grado se le impartió orden para conjurar dicha situación, y se emitieran los referidos conceptos; decisión que por ser procedente se confirmará.
Sin embargo, observa la Sala que frente a los argumentos del impugnante, efectivamente le asiste razón, en el sentido de que el último informe técnico practicado no cubrió toda la zona; por consiguiente, las mediciones de ruido deberán complementarse y realizarse, especialmente en el lugar de habitación y ubicación del inmueble que se afirma está afectando. Así mismo, se deben efectuar todas las gestiones correspondientes, a fin de lograr, no solo medir el nivel de ruido, sino también la emisión de partículas, y vibraciones, lo cual deberá hacerse en el término de un (1) mes.
Lo expuesto en precedencia constituye razón suficiente para que la Sala confirme el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo proferido por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, dentro de la acción de tutela promovida por TITO PALACIO HENRY contra el DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS, CORALINA CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL DESARROLLO DEL ARCHIPÍELAGO y PREFABRICADOS INDUCASA S.A; y ADICIONAR la orden impartida en el numeral segundo de dicha providencia, en el sentido de ordenar a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina –CORALINA- hacer las complementaciones pertinentes al informe técnico N° 225 del 29 de abril de 2013, después de efectuar la medición de la afectación ambiental (emisión de partículas, de ruido y vibración) con los instrumentos adecuados para tal fin, al interior del predio del señor TITO PALACIO HENRY, por ser él quien reclama vulneración a sus derechos fundamentales, en un término de un (1) mes; resolver la revocatoria directa que se encuentra pendiente; y hacer el seguimiento, tomando las medidas necesarias, en caso de que el represente legal de Prefabricados INDUCASA, no haya acatado la recomendación efectuada por “CORALINA” y que fue objeto de amonestación.

SEGUNDO.- NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.


TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.



CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO


GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS


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