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Carlos ernesto molina monsalve


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia



SALA DE CASACIÓN LABORAL
CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

Magistrado Ponente
Radicación N° 43038

Acta N° 18
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012).
Decide la Corte el recurso de casación que interpuso ÁLCALIS DE COLOMBIA LTDA., EN LIQUIDACIÓN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 27 de febrero de 2009, en el proceso ordinario que LUIS HERNANDO ARIAS BONILLA, FABIO HERNANDO COLMENARES ACOSTA, NEFTALÍ AGUILAR VÁSQUEZ, GERMÁN VELÁSQUEZ GARZÓN, JORGE HUGO BEDOYA GALVIS, GILBERTO MARTÍNEZ SIERRA, JESÚS JAIRO POVEDA RODRÍGUEZ, JULIO CÉSAR AMAYA TORRES, JORGE ALEJANDRO VILLARRAGA LOZANO, GERMÁN PALACIO MANCERA, PEDRO PABLO COLMENARES SANTANA, VÍCTOR JULIO MALAGÓN CEDIEL, ISMAEL GUATEROS VENEGAS, LUIS HERNÁN ALGARRA MARTÍNEZ, LUIS GUILLERMO RODRÍGUEZ BOLÍVAR, JORGE ELIÉCER LEÓN BAUTISTA, LUIS ALIRIO PATAQUIVA LEÓN, JAIME TIEMPOS GÓMEZ, JOSE HERNANDO SÁNCHEZ MONCADA, HUMBERTO HERRERA MÉNDEZ y NICOLÁS PRIETO VALENTÍN, le siguen a la recurrente.
I. ANTECEDENTES
Los demandantes, instauraron demanda ordinaria laboral contra ÁLCALIS DE COLOMBIA LTDA., EN LIQUIDACIÓN, con el fin de que se condenara a esa entidad a reintegrarlos al cargo que venían desempeñando al momento del despido, en las mismas o mejores condiciones de trabajo; a pagar a cada uno de los demandantes, los salarios, primas, vacaciones, bonificaciones y demás rubros legales o convencionales, dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta la del reintegro, junto con la indexación de los mismos; y se declare que sus contratos no han sufrido solución de continuidad. Subsidiariamente solicitaron se condenara a la accionada a pagar la pensión restringida de jubilación de que trata el artículo 8° de la Ley 171 de 1961, “indexadas cada una de las mesadas adeudadas”, y las costas del proceso.
Como fundamento de esos pedimentos, y en lo que al recurso extraordinario se refiere, los accionantes argumentaron que iniciaron la prestación personal del servicio a la entidad demandada y devengaban un salario al momento del despido, como enseguida se indica:


  • LUIS HERNANDO ARIAS BONILLA: 26 de abril de 1976, salario: $360.790,oo.

  • FABIO HERNANDO COLMENARES ACOSTA: 8 de febrero de 1982, salario: $433.093,oo.

  • NEFTALÍ AGUILAR VÁSQUEZ: 6 de julio de 1977, salario: 437.328,oo.

  • GERMÁN VELÁSQUEZ GARZÓN: 19 de mayo de 1982, salario: $352.028,oo.

  • JORGE HUGO BEDOYA GALVIS: 3 de julio de 1978, salario: $319.306,oo.

  • GILBERTO MARTÍNEZ SIERRA: 1 de agosto de 1979, salario: $407.653,oo.

  • JESÚS JAIRO POVEDA RODRÍGUEZ: 20 de agosto de 1979, salario: $360.309,oo.

  • JULIO CESAR AMAYA TORRES: 26 de abril de 1976, salario: $311.506,oo.

  • JORGE ALEJANDRO VILLARRAGA LOZANO: 1 de febrero de 1982, salario: $317.929,oo.

  • GERMÁN PALACIO MANCERA: 11 de febrero de 1980, salario: $316.876,oo.

  • PEDRO PABLO COLMENARES SANTANA: 27 de julio de 1978, salario: $417.416,oo.

  • VÍCTOR JULIO MALAGÓN CEDIEL: 5 de julio de 1979, salario: $375.005,oo.

  • ISMAEL GUATEROS VENEGAS: 1 de octubre de 1980, salario: $323.859,oo.

  • LUIS HERNÁN ALGARRA MARTÍNEZ: 13 de junio de 1978, salario: $420.785,oo.

  • LUIS GUILLERMO RODRÍGUEZ BOLÍVAR: 17 de julio de 1978, salario: $374.433,oo.

  • JORGE ELIÉCER LEÓN BAUTISTA: 8 de abril de 1976, salario: $338.682,oo.

  • LUIS ALIRIO PATAQUIVA LEÓN: 9 de febrero de 1978, salario: $415.733,oo.

  • JAIME TIEMPOS GÓMEZ: 17 de diciembre de 1979, salario: $316.380,oo.

  • JOSE HERNANDO SÁNCHEZ MONCADA: 8 de agosto de 1978, salario: $316.403,oo.

  • HUMBERTO HERRERA MÉNDEZ: 6 de marzo de 1979, salario: $320.248,oo.

  • NICOLÁS PRIETO VALENTÍN: 14 de marzo de 1974, salario: $399.243,oo.

Agregaron que prestaron su servicios en la planta de Betania ubicada en Cajicá (Cundinamarca); que el representante legal de la entidad demandada les comunicó a cada uno de los demandantes, la decisión de darles por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral y sin justa causa, a partir del 26 de febrero de 1993, con motivo de la liquidación de la empresa; y que la demandada es una empresa de Economía Mixta, con más del 90% del capital de propiedad del estado, por lo que se rige por la normas aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado; y que agotaron la reclamación administrativa (folios 440 a 454).


II. RESPUESTA A LA DEMANDA
Al dar respuesta a la demanda, ÁLCALIS DE COLOMBIA LTDA., EN LIQUIDACIÓN, se opuso a las pretensiones. De sus hechos, aceptó el relacionado con la terminación del vínculo laboral y la naturaleza jurídica de la entidad, aclarando que se encuentra en liquidación; frente a los demás, señaló que no son ciertos, o que no le constan. Propuso las excepciones de inexistencia del derecho a demandar, prescripción, pago, inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, falta de título y causa en los demandantes y compensación (folios 464 a 471).
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
Culminó la primera instancia con Sentencia de fecha 7 de mayo de 2004, mediante la cual el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, absolvió a la sociedad demandada de todas y cada una de la pretensiones incoadas en su contra, e impuso a los demandantes el pago de las costas del proceso (folios 2081 a 2102).
IV. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 27 de febrero de 2009, revocó la sentencia impugnada y en su lugar resolvió (folios 14 a 24 del cuaderno del Tribunal):

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Doce


Laboral del Circuito de Bogotá en el PROCESO ORDINARIO LABORAL instaurado por los accionantes contra ALCALIS DE COLOMBIA LIMITADA “ALCO LTDA”, para en su lugar CONDENAR a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión sanción a favor de los demandantes, FABIO HERNANDO COLMENARES ACOSTA, GERMAN VELÁSQUEZ GARZON, JORGE HUGO BEDOYA GALVIS, GILBERTO MARTINEZ SIERRA, JESUS JAIRO POVEDA RODRIGUEZ, JORGE ALEJANDRO VILLARRAGA LOZANO, GERMAN PALACIO MANCERA, PEDRO PABLO COLMENARES SANTANA, VÍCTOR JULIO MALAGÓN CEDIEL, ISMAEL GUATEROS VENEGAS, LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ BOLÍVAR, LUIS ALIRIO PATAQUIVA LEON, JAIME TIEMPOS GOMEZ, HERNANDO SANCHEZ MONCADA, HUMBERTO HERRERA MENDEZ, a partir de la fecha en que cada uno de ellos cumpla 60 años de edad, y en favor de LUIS HERNANDO ARIAS BONILLA, NEFTALI AGUILAR VASQUEZ, JULIO CESAR AMAYA TORRES, LUIS HERNAN ALGARRA MARTINEZ, ELIÉCER LEON BAUTISTA, NICOLÁS PRIETO VALENTIN, a partir de la data en que acrediten cumplir 50 años de edad, y hasta la fecha en que el Instituto de Seguros Sociales la subrogue en el pago, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.


SEGUNDO: CONDENAR a la demandada a reconocer las mesadas pensiónales causadas y no pagadas a cada uno de los demandantes debidamente indexadas, de acuerdo al IPC certificado por el DANE para la época del pago.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. Las de primera a cargo de la parte demandada.”


Para esta decisión dio por establecido que el objetivo de los impugnantes se dirige a obtener la prosperidad de las pretensiones planteadas como subsidiarias en el líbelo introductor, esto es, el reconocimiento de la pensión sanción de que trata el artículo 8 de la ley 171 de 1961, y la indexación de cada una de las mesadas adeudadas.
Afirmó que el artículo 8 de la ley 171 de 1961, tuvo vigencia frente a trabajadores oficiales hasta el 1° de abril de 1994, data en que entró en vigencia el artículo 133 de la ley 100 de 1993; que por tanto, ese precepto se encontraba vigente para la época de terminación de los contratos de trabajo de los accionantes; y que los requisitos exigidos por dicho artículo, para acceder al derecho pensional, se circunscriben a los siguientes:
1. Que el trabajador sea despedido sin justa causa.

2. Un tiempo de servicios superior a 10 años.

3. Cincuenta (50) años de edad en aquellos casos en que se haya prestado el servicio por más de quince (15) años y sesenta (60) cuando quiera que el servicio se prestó durante más de 10 y menos de quince (15) años.”

Procedió a verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos enunciados por parte del los demandantes, para concluir que la totalidad de ellos superan los 10 años de servicios y que fueron despedidos sin justa causa, con ocasión de la liquidación de la accionada.


A continuación señaló:
Ahora bien en lo que a la edad se refiere, basta rememorar que la misma no se constituye como requisito sine qua non para el reconocimiento de la pensión sanción en cuestión, por lo tanto no obstante que en el plenario los accionantes no acreditan. la edad necesaria para efectos de iniciar el disfrute de la pensión perseguida, dicha circunstancia no es óbice para que se condene a la misma.


Por lo expuesto, no queda más a la Sala que Revocar la decisión adoptada por el Juez que despachó la primera instancia, y en su lugar Condenar a ALCALIS DE COLOMBIA LTDA, al pago de la PENSIÓN SANCIÓN a favor de cada uno de los accionantes en la cuantías que en seguida se pasan a indicar y hasta la fecha en que el Instituto de Seguros Sociales la subrogue en el pago.

(…)


De otro lado, en lo que tiene que ver con la fecha de disfrute del derecho pensional en esta instancia concedido, debe esta Sala distinguir dos grupos de pensionados, ello en virtud de que algunos superan los quince años de servicios.



Corolario de lo anterior es que los siguientes demandantes deban ser pensionados a partir de la data en que acrediten cumplir sesenta (60) años de edad.

(…)
Los accionantes restantes, relacionados en la siguiente grafica, tendrán derecho a acceder a la pensión sanción en cuestión a partir de la fecha en que acrediten cumplir cincuenta (50) años de edad, en virtud de que su tiempo de servicios supera los quince 15) años.”

En cuanto al tema de la indexación, señaló que resulta procedente según lo adoctrinado por esta Corporación, por lo que, la demandada deberá “reconocer la totalidad de mesadas adeudadas y no pagadas debidamente indexadas teniendo en cuenta el IPC certificado por el DANE para la fecha del pago.”
Finalmente señaló:
no obstante la existencia del imperativo que conmina al administrador de justicia a proferir sus fallos de la manera más concreta posible, en el presente caso dada la ausencia de conocimiento en torno a la edad de los accionantes y por ende la fecha de causación del derecho, como se manifestó anteriormente, a esta Sala le resulta imposible indexar las mesadas pensiónales causadas y no pagadas. Por lo tanto deberá la demandada efectuar la indexación a lugar en el momento de efectuar el pago.”

V. EL RECURSO DE CASACIÓN
Lo interpuso la parte demandada con fundamento en la causal primera de casación consagrada en el artículo 60 del Decreto Extraordinario 528 de
1964, que modificó los artículos 87 del Código Procesal del Trabajo y 7°, de la Ley 16 de 1969, con el cual pretende que esta Sala:
CASE la sentencia impugnada, en cuanto en el ordenamiento primero revocó la absolutoria del A-quo, y condenó (…) a otorgar a los demandantes la pensión sanción establecida en el articulo 8 de la ley 171/61, y en el ordenamiento segundo la condenó a reconocer las mesadas causadas y no pagadas, para que en sede de instancia CONFIRME la de primer grado y por tanto absuelva totalmente a mi representada de las pretensiones de la demanda. Se proveerá sobre costas de conformidad con el resultado del proceso.


Subsidiariamente, y en el evento de la improsperidad de la anterior solicitud, se pretende la casación parcial de la sentencia en relación con el ordenamiento segundo de la sentencia impugnada, que condenó (…) a indexar las mesadas pensionales causadas y no pagadas, de acuerdo con el IPC certificado por el DANE, y no la case en lo demás, para que en sede de instancia revoque la de primer grado, y por tanto se condene (…) a otorgar la pensión sanción a los demandantes, establecida en el artículo 8 de la ley 171/61, junto con las mesadas causadas y no pagadas, pero sin indexación alguna. Se proveerá sobre costas de conformidad con el resultado del proceso.”

Para el efecto, formuló dos cargos que oportunamente fueron replicados.


VI. PRIMER CARGO

Acusa la sentencia impugnada por la vía directa, en el concepto de aplicación indebida “del artículo 8 de la ley 171/61, lo que lo condujo a la infracción directa (falta de aplicación) del artículo 37 de la ley 50/90, en relación con los artículos 74 deI Decreto 1848/69, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, 1° deI Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041/66, literal b) artículo 2 del Decreto ley 433/71, 48, 53 y 230 superior; 8 de la ley 153 de


1887, 19 del O. S. del T., 21 y 36 de la ley 100 de 1993.”

En la demostración del cargo comienza por señalar, que no debate las conclusiones fácticas del fallo impugnado; que la inconformidad estriba en que se haya condenado a pagar la pensión sanción, no obstante, haberse aceptado la afiliación de los demandantes al ISS, cuando en la sentencia se afirmó que dicha pensión sería subrogada por dicho ente, y a continuación, transcribe apartes de la misma.
Igualmente, reproduce la sentencia proferida por esta Sala el 6 de mayo de 1997, radicación 9561, y concluye que si bien, con posterioridad a ella, esta Sala ha coincidido con el razonamiento del Tribunal, esto es, que el artículo 37 de la ley 50 de 1990 no aplica para los trabajadores oficiales, no lo es menos que, el criterio primigenio es el pertinente, pues “al haber sido afiliado a los demandantes al ISS, desde su ingreso a la entidad demandada y ser el art. 8 de la ley 171/61 una norma genérica, se debe entender en sano juicio que la reforma que introdujo la ley 50 de 1990 sobre la pensión sanción, cobija tanto a los trabajadores particulares como a los oficiales”; que la figura de la pensión sanción, se estableció como castigo al empleador “ incumplido y negligente en la afiliación y pago de aportes en pensión de sus trabajadores”, lo cual no ocurrió en el presente caso, y que el literal b) del artículo 2 del Decreto Ley 43 de 1971, dispone que para efectos del seguro social obligatorio los empleados de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, se asimilan a trabajadores particulares.
VII. LA RÉPLICA

Los actores, en su escrito de réplica afirman que el criterio de la Sala al que hace alusión la censura, plasmado en la sentencia del 6 de mayo de 1997, radicación 9561, fue recogido en el fallo del 18 de junio de 1997, del cual no ofrece radicado, y que esta última posición se ha convertido en reiterada jurisprudencia.


VIII. SE CONSIDERA
Al estar encaminado el cargo por la vía directa, y así reconocerlo expresamente la censura, esta Sala, asume los supuestos fácticos tenidos en cuenta por el Tribunal, que se resumen esencialmente en:
a) Que los actores iniciaron la prestación de sus servicios a la entidad accionada, así:


  • Luis Hernando Arias Bonilla: 26 de abril de 1976.

  • Fabio Hernando Colmenares Acosta: 8 de febrero de 1982.

  • Neftalí Aguilar Vásquez: 6 de julio de 1977.

  • Germán Velásquez Garzón: 19 de mayo de 1982.

  • Jorge Hugo Bedoya Galvis: 3 de julio de 1978.

  • Gilberto Martínez Sierra: 1 de agosto de 1979.

  • Jesús Jairo Poveda Rodríguez: 20 de agosto de 1979.

  • Julio César Amaya Torres: 26 de abril de 1976.

  • Jorge Alejandro Villarraga Lozano: 1° de febrero de 1982.

  • Germán Palacio Mancera: 11 de febrero de 1980.

  • Pedro Pablo Colmenares Santana: 27 de julio de 1978.

  • Víctor Julio Malagón Cediel: 5 de julio de 1979.

  • Ismael Guateros Venegas: 1 de octubre de 1980.

  • Luis Hernán Algarra Martínez: 13 de junio de 1978.

  • Luis Guillermo Rodríguez Bolívar: 17 de julio de 1978.

  • Jorge Eliécer León Bautista: 8 de abril de 1976.

  • Luis Alirio Pataquiva León: 9 de febrero de 1978.

  • Jaime Tiempos Gómez: 17 de diciembre de 1979.

  • Jose Hernando Sánchez Moncada: 8 de agosto de 1978.

  • Humberto Herrera Méndez: 6 de marzo de 1979.

  • Nicolás Prieto Valentín: 14 de marzo de 1974.

b) Que dicha vinculación, para todos los demandantes, se prolongó hasta el 28 de febrero de 1993.


c) Que éstos tuvieron la condición de trabajadores oficiales.
d) Que su contrato de trabajo fue terminado en forma unilateral y sin justa causa.
Luego, se circunscribe el debate a determinar la viabilidad jurídica de aplicar a la situación pensional de los actores, el artículo 8 de la Ley 171 de 1961.
Pues bien, la Sala sentó su posición frente al tema, al definir que el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, no derogó ni modificó la pensión restringida establecida el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, frente a los trabajadores oficiales, por lo que dicha prestación conservó su vigencia hasta el momento en el cual entró en vigencia la Ley 100 de 1993. Así, se ha pronunciado entre otras, en la sentencia del 27 de marzo de 2003, radicación 19362:

Al margen de los reparos ya precisados, si en gracia de discusión se infiriera que en efecto el sentenciador de alzada no tuvo en cuenta la afiliación del demandante al Instituto de los Seguros Sociales, en nada se afectaría la decisión que allí se adoptó respecto a la condena de la pensión restringida de jubilación, dado que tal circunstancia no tiene la virtualidad de eximir a la demandada del reconocimiento y pago de dicho crédito social en estudio, ante el cumplimiento de los supuestos fácticos a que alude el artículo 8º de la ley 171 de 1961, como efectivamente lo dedujo el Tribunal.



Y es que era a la luz de la precitada norma que debía analizarse la pensión restringida de jubilación reclamada, precepto vigente para cuando se produjo la desvinculación del trabajador: febrero 26 de 1993, ya que el artículo 37 de la ley 50 de 1990, como insistentemente lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte, en lo tocante con la pensión sanción de los trabajadores oficiales, no derogó el artículo 8º de la ley 171 de 1961.
Al efecto, es pertinente traer a colación lo expuesto por esta Sala frente a idénticos planteamientos de hecho y de derecho a los aquí esgrimidos y en asuntos en los que se convocó al proceso a la misma empresa que hoy funge como contradictora. Es así como, en sentencia de agosto 27 de 2002, radicación 18599, reiterada en la del 9 de octubre del mismo año, radicación 18429, y en las que se rememoró la del 24 de abril 1998, radicación 10286, se dijo:
Aún en el supuesto de que se pudiera hacer abstracción de las irregularidades anotadas se encontraría que el cargo de todas maneras no estaría llamado a prosperar, toda vez que persigue demostrar que entre las pensiones asumidas por el Instituto de Seguros Sociales está incluida la llamada pensión sanción, incluso funda tal posición en un criterio jurisprudencial inexistente, habida consideración que la posición de la Sala de Casación Laboral es contraria y así lo ha expresado reiteradamente, entre otras, en la sentencia de abril 24 de 1998, radicada con el número 10286, en la que se dijo una vez más lo siguiente:
Aunque para el 24 de junio de 1991, cuando terminó el contrato de trabajo, estaba vigente la Ley 50 de 1990, como lo afirma la recurrente, puesto que aún no se había promulgado la Ley 100 de 1993, que se expidió el 23 de diciembre de ese año, y, como es apenas obvio, tampoco su reglamentario el Decreto 691 de 1994, que lo fue el 29 de marzo, en virtud del cual se incorporó a los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional y de sus entidades descentralizadas al sistema general de pensiones (artículo 1º) y se dispuso que para ellos comenzaría a regir el 1º de abril de 1994 (artículo 2º), es necesario dejar en claro que de la sentencia invocada por la recurrente no se desprende que la Ley 50 de 1990 se aplique a los trabajadores oficiales, ni que la Corte lo haya entendido así; por el contrario, en fallo de 18 de junio de 1997 se sentó un criterio diferente, que fue reiterado en sentencia de 22 de octubre del mismo año, y por ello al resolver casos similares a éste, en los que Alcalis de Colombia fue condenada a pagar la misma pensión restringida de jubilación, se dijo que el derecho pensional de sus trabajadores que estuvieran afiliados al Instituto de Seguros Sociales, era el contemplado en el artículo 17 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y por ello se precisó que:
(...) el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 no cobija a los trabajadores oficiales, para los que en esta condición estén afiliados a los seguros sociales, y con mayor razón para los que no lo están, siguió subsistiendo la denominada pensión sanción que por despido injustificado después de 10 años de servicio contempla el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, pues el artículo 17 del Acuerdo 049 de 1990 antes transcrito en ningún momento les niega ese derecho, por el contrario, lo reafirma al remitir a la disposición que lo consagra, y lo que hizo fue reglar la posibilidad de que se diera la compartibilidad de las pensiones sanción, que es el título de tal norma, con la de vejez a que llegare a tener derecho el afiliado. Este sería, por lo tanto, el beneficio que obtendría la aquí demandada de haber afiliado a los trabajadores a los Seguros Sociales sin estar obligada a ello”.”
Tal razonamiento, ha sido reiterado, por nombrar sólo algunas, en sentencias como las del 10 de marzo de 2009, radicación 33600; 27 de mayo de 2009, radicación 34670; 9 de marzo de 2010, radicación 36269, y 13 de julio de 2010, radicación 44199.
En este orden, al haber sido los actores despedidos antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y teniendo presente su condición de trabajadores oficiales, son beneficiarios de la pensión restringida de jubilación prevista en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961. Además, no resulta trascendente para efectos de la causación del derecho, que los accionantes hubieran estado afiliados al Instituto de Seguros Sociales, aunque esa afiliación sí tenía incidencia en la posibilidad de que el pago de la pensión fuera compartido, según surge de lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de 1990, que resulta aplicable respecto de trabajadores oficiales afiliados a ese instituto y como en efecto lo decidió el Tribunal.
Conforme con lo anotado, la Colegiatura no cometió el yerro jurídico endilgado, y el cargo no prospera.

IX. SEGUNDO CARGO
Manifiesta que el cargo se relaciona con el alcance subsidiario de la impugnación.

Le atribuye a la sentencia recurrida, violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea “del artículo 8 de la ley 171/61, lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 21 y 36 de la ley 100 de 1993, en relación con los artículos 37 de la ley 50/90, 74 del Decreto 1848/69, 1 y 11 del Decreto 1748 /95 , 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, 1° del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041/66, literal b) artículo 2 del Decreto ley 433/71, 48, 53 y 230 superior; 16 del C. S. del T.”.

Para sustentar el cargo, comienza por señalar que no discute las conclusiones fácticas ya referidas, a las que arribó el juez de apelaciones; que la inconformidad radica en que, de mantenerse la condena a la pensión sanción o restringida de jubilación a favor de los demandantes, no correspondería indexarla, de conformidad con el IPC certificado por el DANE, por cuanto el artículo 8 de la ley 171 de 1961 que tuvo en cuenta el Tribunal para concederla, indica con claridad la forma de liquidar la mesada pensional, y no incluye indexación alguna; máxime si, como lo sentó el Tribunal, dicha pensión se causó el 28 de febrero de 1993, fecha en que los demandantes fueron desvinculados.
Sostiene que la indexación ordenada, y que se entiende, es la contemplada en los artículos 21 y 36 de la ley 100 de 1993, no resulta procedente, como quiera que, las pensiones decretadas se causaron con anterioridad a la entrada en vigor de dicha normatividad, y “que la ley de seguridad social no tiene efectos retroactivos, y la circunstancia de que dicha pensión deba cancelarse a partir de los 50 años para un grupo de demandantes y a los 60 para el otro contingente, en vigencia de la citada Ley 100/93, no conlleva a que se repute esta pensión como integral del Régimen General de Pensión, ya que la edad resulta ser un requisito para su exigibilidad más no para su causación”. Finalmente, reproduce apartes de las sentencias del 29 de agosto de 2006, radicación 28033; 19 de agosto de 1999, radicación 11818; y 18 de mayo de 2006, radicación 23123; proferidas por esta Sala


X. LA RÉPLICA

Refiere la oposición que para sustentar su discurso, el censor acude a un precedente judicial que ha sido modificado, pues esta Corporación, “integró totalmente a sus decisiones la declaratoria de exequibilidad condicionada del artículo 8° de la Ley 171 de 1961, en cuanto el salario base de liquidación debe ser indexado, hecha por la Corte Constitucional en la sentencia C 891 A de 2006”.


XI. SE CONSIDERA

Aduce la censura que la pensión sanción cuya indexación impartió el Tribunal, se causó al momento del despido de los actores, esto es, el 28 de febrero de 1993, cuando aún no había entrado en vigor la Ley 100 de 1993, ordenamiento que introdujo la figura de la indexación, por lo que no le resultaba aplicable en el sub lite.


Si bien es cierto, que esta Corporación, ha sido enfática en señalar que la pensión restringida de jubilación o pensión sanción se consolida con el despido injusto con y en el tiempo de servicios exigido, también lo es que en el caso que ocupa la atención de la Sala, las pensiones de los actores se causaron el 28 de febrero de 1993, antes de entrar en vigor la Ley 100 de 1993, pero después de la vigencia de la Constitución Política de 1991 resultando en consecuencia viable la actualización de la base salarial de esa pensión; tesis plenamente aceptada por la actual jurisprudencia laboral; luego, no se vislumbra que el Tribunal cometiera el yerro jurídico que se le endilga.
Ahora, lo anterior no significa, como lo afirma el censor, que se le esté dando un efecto retroactivo a la ley “de Seguridad Social”; si se tiene en cuenta que la fuente normativa que avala la indexación de las pensiones ordenadas, la constituyen los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, tal como esta Sala lo ha venido adoctrinando.

En efecto, en el fallo del 20 de abril de 2007, radicación 29470, se afirmó:


En esas condiciones, corresponde a esta Corte reconocer la actualización del salario base de liquidación de las pensiones legales causadas a partir de 1991, cuando se expidió la Constitución Política, porque este fue el fundamento jurídico que le sirvió a la sentencia de exequibilidad. Así es, puesto que antes de ese año no existía el mencionado sustento supralegal para aplicar la indexación del ingreso de liquidación pensional, ni la fuente para elaborar un comparativo que cubriera el vacío legal, vale decir, la Ley 100 de 1993.”
Conforme lo anterior, en nada incide que las pensiones restringidas a las que se condenó a la demandada, hayan tenido su origen en el artículo 8° de la Ley 171 de 1961, como lo alega el recurrente, pues se insiste, el fundamento normativo que da vía a la indexación de las mismas, lo es la Constitución de 1991. De ahí, que en la sentencia traída a colación, se señaló además, que eran susceptibles de ser indexadas todas las pensiones legales, como extralegales. En esa oportunidad se dijo:
No obstante lo anterior, el tema de la actualización del salario base para liquidar las pensiones de jubilación fue objeto de reciente pronunciamiento en las sentencias C-862 y C-891A de 2006, en las que se declaró la exequibilidad de los apartes concernientes al monto del derecho pensional consagrado en los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 8 de la Ley 171 de 1961, “en el entendido de que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor, IPC, certificado por el DANE”.

En tales sentencias se aludió a la omisión del legislador de consagrar la indexación del salario base, para liquidar las pensiones de los trabajadores que se desvinculan de su empleador, sin tener la edad para pensionarse, y cuyo salario sufre necesariamente una afectación, derivada de fenómenos como el de la inflación; se hizo un recuento legislativo de la indexación en distintos ámbitos, para llegar a la previsión contenida en la Ley 100 de 1993, respecto a la actualización del ingreso base de liquidación de las pensiones previstas en esa normatividad, como para las del régimen de transición. Así mismo, rememoró la evolución de la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, la que en su propósito de unificar la jurisprudencia, ha fijado el alcance y el sentido de las diferentes normas y dado las pautas para solucionar los casos, que no encuentren una regulación legal expresa.


El vacío legislativo, en punto a la referida actualización del salario base para liquidar las pensiones distintas a las previstas en la Ley 100 de 1993, sostuvo la Corte Constitucional, en su función de analizar la exequibilidad de las normas demandadas (art. 260 CST y 8º Ley 171 de 1961), debe subsanarse a efecto de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, conforme a los artículos 48 y 53 de la C.P. Así estableció que dicha omisión del legislador no puede afectar a una categoría de pensionados, y que, por ende, corresponde aplicarles la legislación vigente para los otros, con el mecanismo de la indexación, que les permita una mesada pensional actualizada.
Frente al tema, antes de la Ley 100 de 1993, esta Sala había considerado la actualización de la base salarial para liquidar las pensiones, pese a no encontrar consagración legal, puesto que sólo existían las normas referentes a los reajustes anuales -Leyes 4ª de 1976 y 71 de 1988-, o la indemnización por mora -Ley 10ª de 1972-, después de estimar aplicables principios como la justicia y la equidad, para lograr el equilibrio social característico del derecho del trabajo; igualmente se consideraron y atendieron figuras como la inflación y la devaluación de la moneda colombiana, fenómenos económicos públicamente conocidos, que acarrean la revaluación y la depreciación monetaria (Sentencia 8616 de agosto de 1996).
Así mismo, la mayoría de la Sala de Casación Laboral, sobre los casos de las personas que no tenían un vínculo laboral vigente, ni cotizaciones durante todo“..el tiempo que les hiciera falta para (pensionarse)”, como lo establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para quienes, amparados por el régimen de transición allí previsto, les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, ofreció una solución con la finalidad de impedir que la mesada pensional de ese contingente quedara menguada, por carecer de valores correspondientes al citado período (salarios o aportes); así, se logró integrar el ingreso base de liquidación de la pensión, con la actualización del salario, sustentado en el IPC certificado por el DANE, entre la fecha de la desvinculación y la de la fecha del cumplimiento de los requisitos de la pensión, tal cual quedó explicado en la sentencia 13336 del 30 de noviembre de 2000, reiterada en múltiples oportunidades.
Pues bien, con las decisiones de constitucionalidad de los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 8 de la Ley 171 de 1961, la Corte Constitucional orientó su tesis, contenida en la sentencia C-067 de 1999, atinente al artículo 1 de la Ley 445 de 1998, de estimar razonable y justificado, como viable, que el legislador determinara unos reajustes e incrementos pensionales, según los recursos disponibles para ellos, es decir, que había hallado factible una reglamentación pensional diferenciada. Pero reexaminado ese criterio por la citada Corporación, que ésta acepta, se impone como consecuencia, la actualización de la base salarial de las pensiones legales para algunos sectores de la población, frente a los cuales no se consagró tal mecanismo, como sí se hizo respecto de otros (Ley 100 de 1993); es decir, que dicho vacío legislativo requiere, en los términos de las reseñadas sentencias C- 862 y C-891 A, adoptar las pautas legales existentes, para asegurar la aludida indexación.”
Así las cosas, al no existir razones valederas para cambiar la citada posición de la Sala, que en esta ocasión se reitera, el cargo no prospera.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte demandada, toda vez que la demanda de casación no salió avante y tuvo réplica, las cuales se fijan en la suma de seis millones pesos ($6.000.000.oo.) M/cte,.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 27 de febrero de 2009, en el proceso ordinario adelantado por LUIS HERNANDO ARIAS BONILLA, FABIO HERNANDO COLMENARES ACOSTA, NEFTALÍ AGUILAR VÁSQUEZ, GERMÁN VELÁSQUEZ GARZÓN, JORGE HUGO BEDOYA GALVIS, GILBERTO MARTÍNEZ SIERRA, JESÚS JAIRO POVEDA RODRÍGUEZ, JULIO CESAR AMAYA TORRES, JORGE ALEJANDRO VILLARRAGA LOZANO, GERMÁN PALACIO MANCERA, PEDRO PABLO COLMENARES SANTANA, VÍCTOR JULIO MALAGÓN CEDIEL, ISMAEL GUATEROS VENEGAS, LUIS HERNAN ALGARRA MARTÍNEZ, LUIS GUILLERMO RODRÍGUEZ BOLÍVAR, JORGE ELIÉCER LEÓN BAUTISTA, LUIS ALIRIO PATAQUIVA LEÓN, JAIME TIEMPOS GÓMEZ, JOSE HERNANDO SÁNCHEZ MONCADA, HUMBERTO HERRERA MÉNDEZ y NICOLÁS PRIETO VALENTÍN contra ÁLCALIS DE COLOMBIA LTDA., EN LIQUIDACIÓN.
Costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.


CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.


CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE


JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN


RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS


FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO



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