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Carlos ernesto molina monsalve magistrado ponente


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia


SALA DE CASACIÓN LABORAL

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

Magistrado ponente




Tutela No. 38261

Acta No. 17

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil doce (2012)

Se procede a resolver la impugnación presentada por ANTONIO JOSÉ RUBIO GARCÍA y LA NACIÓN- PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, contra el fallo proferido por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, dentro de la acción de tutela que instauró ANTONIO JOSÉ RUBIO GARCÍA contra PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA, trámite al cual se vinculó al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE –DAGMA- y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL VALLE DEL CAUCA – C.V.C.
Para el efecto se anotan los siguientes,

I. FUNDAMENTOS FÁCTICOS



  1. Que el accionante es propietario de un predio rural con un área de 48 hectáreas que adquirió por proceso de adjudicación de baldío mediante Resolución 1274 del 17 de enero de 1992.



  1. Que cuando le adjudicaron la finca la destinó para trabajar y subsistir de ella, que tenía 20 cabezas de ganado, alquilaba potreros para pasto y producía plátano, yuca, café y caña.



  1. Que en el año de 1998 la Oficina de Parques Nacionales de Colombia realizó varias visitas al predio y en forma verbal le prohibieron la explotación agrícola y ganadera del mismo y le dijeron que sembrara árboles nativos, que ellos se lo iban a comprar.



  1. Que en la actualidad se encuentran en la propiedad especies como el Roble Negro, en vía de extinción y protegidas por el accionante durante más de 40 años y una gran riqueza hídrica, así como diversidad de fauna y flora.



  1. Que el actor tiene 79 años de edad, que su situación económica es precaria, que no cuenta con ninguna entrada económica para su subsistencia mínima, que ha buscado por todos los medios solicitar ayuda a las entidades encargadas de proteger el medio ambiente como es la Oficina de Parques Nacionales, mediante varios derechos de petición, pero sin obtener resultados.



  1. Que durante 20 años todas las entidades encargadas de proteger el medio ambiente lo han engañado con el “cuento” que le van a comprar, sin darle el recurso económico al que tiene derecho según la Ley 99 de 1993, artículo 111, numeral 10, modificado por la Ley 1151 de 2007, artículo 106 “Sobre los pagos por servicios ambientales.”



  1. Que en respuesta a tantos escritos enviados como derecho de petición, resalta la contestación dada por la Oficina de Parques Nacionales, donde reconocen que por la actividad de conservación adelantada por el actor puede ser beneficiario de los incentivos económicos por la conservación de áreas protegidas; señala que tiene prueba para demostrar el trabajo para la protección del medio ambiente en su propiedad.

Con base en los hechos anotados, se hacen las siguientes,

II. PETICIONES

Que se ordene a las entidades accionadas a pagar lo ordenado en la Ley 99 de 1993, por los servicios ambientales, como incentivo económico por la conservación de las áreas protegidas, en la suma de tres millones de pesos ($3’000.000) mensuales y que esta cifra sea incrementada anualmente de acuerdo al IPC.

.III. TRÁMITE

Mediante auto del 22 de marzo de 2012, se admitió la acción de tutela; y se corrió el traslado de rigor.
Oportunamente, el Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial alegó falta de legitimación en la causa por pasiva.

IV. DECISIÓN DE INSTANCIA



Mediante fallo del 29 de marzo de 2012, se puso fin a la primera instancia negando el amparo solicitado respecto del derecho al mínimo vital y tutelando el derecho de petición, tras advertir que en este caso no es procedente la acción para proteger el derecho al mínimo vital, pues al juez de tutela le está vedado establecer un incentivo sin tener las pruebas y parámetros precisos. Sin embargo, se observa que las repuestas que profirieron las dependencias encargadas a los derechos de petición no fueron claras, precisas y concretas y por tanto deben informar “al accionante en el término de diez (10) días, en forma clara, precisa y concreta, cuál es el procedimiento que debe agotar, cuales son los documentos que debe aportar y ante qué entidad o dependencia debe dirigirse para que éste pueda presentar la solicitud formal ante la autoridad competente y obtenga una respuesta de fondo en cuanto a la solicitud de la prestación económica solicitada.”
V. DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con la decisión el accionante la impugnó, solicitando que se dé aplicación al artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, así como que se realice un estudio ponderado de la controversia para que con una decisión acorde a las circunstancias se imponga un término para realizar los pagos sin más dilaciones.
Por su parte, la Nación – Parques Nacionales Naturales de Colombia también impugnó el fallo, argumentando que en ningún momento ha desconocido derecho fundamental alguno, menos el de petición ni el debido proceso, porque en su momento emitió la respectiva respuesta a las inquietudes formuladas por el tutelante, con lo que se considera, se superaron las razones para incoar esta acción constitucional.
Agregó, que se debe insistir en que el Parque Nacional Natural Farallones de Cali fue declarado como tal a través de la Resolución N°092 del 15 de julio de 1968, por lo que los baldíos que se encontraban en dicho territorio se tornaron inadjudicables desde aquella fecha; por lo tanto la adjudicación efectuada al accionante en el año 1992 violó la prohibición del artículo 13 de la Ley 2 de 1959, refrendada por el artículo 11 del Decreto 622 de 1977, por lo que en atención a un oficio allegado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Parques Nacionales solicitó al INCODER proceder a la revocatoria directa de la Resolución 1274 del 17 de enero de 1992, que adjudicó el predio al accionante.
Finalmente, mencionó que en este caso se presenta la figura del hecho superado, pues cuando el accionante se acercó a la entidad accionada para iniciar el proceso de negociación de compra del predio a través de oficio PNN FAR 426 del 17 de agosto de 2011 se le explicó detalladamente la situación jurídica del mismo informándole que de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 no se consideró el inmueble para negociación por vicios en el proceso de adjudicación. Además, que el actor no demostró que se adeudara la suma peticionada “por concepto de servicio de ambiental como incentivo,” cuyo reconocimiento es de competencia de esa entidad y al cual no tiene derecho, en virtud del modo de adquisición del dominio por adjudicación

Posteriormente, el accionante presenta escrito aduciendo que no le asiste razón a la parte accionada, pues su posesión es de hace más de 80 años y esta amparada en la Ley 97 de 1946 artículo 6 y que cuando se adjudicó el baldío se encontraba por fuera de la línea del parque.


V. CONSIDERACIONES
La Constitución de 1991 consagró la acción de tutela como uno de los mecanismos para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Descendiendo al caso que nos ocupa, desde ya se advierte que la impugnación presentada por el accionante no está llamada a prosperar, pues de la revisión a la documental que obra en el expediente se observa que la reclamación involucra un conflicto de naturaleza jurídica que esta ligado a la forma de adquisición del dominio del predio, es decir a la adjudicación del baldío, que escapa de la competencia del juez constitucional, quien no puede arrogarse competencias que le corresponden a otras autoridades. Además, no existe evidencia que el accionante haya gestionado ante la parte accionada, el beneficio económico que solicita por servicios ambientales y que pretende ahora se le otorgue a través de esta acción constitucional, lo que torna una vez más improcedente el amparo debido a su carácter excepcional.
De otra parte el actor no demostró la existencia de un perjuicio irremediable, es decir, cierto, inminente, grave y de urgente atención que amerite la intervención del juez constitucional.
Ahora bien, respecto de la impugnación propuesta por PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, se advierte que está llamada a prosperar y que se debe revocar el fallo impugnado por las siguientes razones:

El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, contempla no sólo la facultad para presentar peticiones respetuosas ante la autoridad, ya sea en interés general o particular, sino también a obtener una pronta respuesta que resuelva de fondo la pretensión dentro del término previsto por la ley. No obstante su objeto no implica conseguir una resolución determinada, pero sí exige la existencia de un pronunciamiento oportuno.


Importa recordar que ciertamente el derecho de petición tiene raigambre constitucional fundamental, como se infiere de lo previsto en el artículo 23 de la Constitución Política y, se sabe, entraña la facultad de obtener una respuesta emitida en condiciones idóneas que permitan su conocimiento por parte del peticionario, por lo que el contenido de la misma deberá ser adecuado, es decir, que guarde correspondencia con lo solicitado, sin que el pronunciamiento conlleve, necesariamente, una respuesta favorable; desde luego, el mismo se contrae a que la petición se tramite y resuelva oportunamente.
En el caso bajo estudio, se advierte que la queja constitucional formulada, en esencia, hace relación a que el peticionario afirma que la parte accionada no ha dado respuesta de fondo a su derecho de petición de 29 de diciembre de 2010, que aparece a folio 7 del expediente, donde expone su situación sobre el predio y solicita ayuda para que se cumpla con la compra del mismo.
No obstante lo anterior, a folio 102 del expediente obra copia del oficio PNN FAR, 426 - 2011 de fecha 17 de agosto de 2011, dirigido al accionante donde se le comunica la situación legal del predio “SANTANA” vereda el Otoño Corregimiento la Buitrera, donde se relacionan los antecedentes jurídicos de la Zona Rural del Municipio de Santiago de Cali y se concluye que “Con base en lo expuesto en párrafos anteriores, este predio no puede ser objeto de negociación con la Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales debido a que se observan vicios en el proceso de adjudicación que impiden realizar dichas negociaciones que proscribe el artículo 111 de la Ley 99 de 1963”.
Así las cosas, la contestación dada por la parte accionada, colma las exigencias del derecho de petición presentado por el actor, guardando correspondencia con lo solicitado, sin que necesariamente los pronunciamientos conlleven una respuesta favorable; pues como ya se había mencionado su objeto no implica conseguir una determinada resolución.
En consecuencia, las anteriores precisiones conducen a concluir que en el presente caso se está en presencia del fenómeno que en los trámites del amparo constitucional se conoce como “hecho superado” que sustenta la declaratoria de improcedencia de la tutela, en atención a lo previsto en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991.
En este orden de ideas, habrá de revocarse el fallo impugnado, por las razones expuestas.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, dentro de la acción de tutela instaurada por ANTONIO JOSÉ RUBIO GARCÍA contra PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA, trámite al cual se vinculó al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE –DAGMA- y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL VALLE DEL CAUCA – C.V.C. En su lugar negar el amparo solicitado.
SEGUNDO.- NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.
TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE
JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO




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