Página principal

Carlos alberto riveros santos corte Suprema de Justicia


Descargar 34.6 Kb.
Fecha de conversión20.09.2016
Tamaño34.6 Kb.

República de Colombia

T
utela de primera instancia No. 63321
CARLOS ALBERTO RIVEROS SANTOS



Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS
Magistrado Ponente:

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

Aprobado Acta No.368


Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil doce (2012).
VISTOS:
Decide la Sala la acción de tutela instaurada por el doctor CARLOS ALBERTO RIVEROS SANTOS en representación de las sociedades de SALUD MARIANA LTDA y SISALUD LTDA, contra la Fiscalía Sesenta y uno Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, por la presunta conculcación de los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de las víctimas y acceso a la administración de justicia. Se integró al contradictorio a los ciudadanos LUIS GONZALO GIRALDO MARÍN, JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MANOTAS, JORGE DEL CASTILLO DUEÑAS y CARLOS ESTRADA SARMIENTO y la Fiscalía Doscientos adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de esta ciudad.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

1. De las copias que hacen parte del tramite constitucional, se pudo establecer que por hechos denunciados por las entidades accionantes el 26 de diciembre de 2007, la Fiscalía General de la Nación viene adelantando investigación contra los ciudadanos LUIS GONZALO GIRALDO MARÍN, JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MANOTAS, JORGE DEL CASTILLO DUEÑAS y CARLOS ESTRADA SARMIENTO, para la época representantes de las sociedades comerciales CAFAM y FAMISANAR EPS, por los supuestos de peculado por apropiación, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, entre otros.


2. La Fiscalía Doscientos Seccional de Bogotá, mediante decisión calendada 13 de abril de 2012, calificó el mérito del sumario con resolución de acusación, contra los procesados por el delito de peculado por apropiación y precluyó la investigación por el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y abuso de circunstancias de inferioridad; pronunciamiento que fue objeto de apelación tanto por la defensa de los encartados, como por el apoderado de la parte civil.
2. Correspondió desatar la alzada a la Fiscalía Sesenta y uno Delegada ante los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, que mediante resolución calendada 25 de junio de 2012, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir inclusive de la resolución que dispuso la clausura del ciclo instructivo, por considerar que no existía claridad en los hechos por los que se pretendía llamar a juicio a los procesados. Igualmente declaró la nulidad de las decisiones que admitieron la demanda de constitución de parte civil de las sociedades SALUD MARIANA LTDA y SISALUD LTDA, por considerar que el eventual perjudicado por los hechos objeto de investigación sería el Estado y “en derecho penal no se puede ser denunciante y sindicado a la vez”.
3. El doctor CARLOS ALBERTO RIVEROS SANTOS, apoderado de las entidades accionantes, considera la decisión atrás señalada constitutiva de vía de hecho, así como violatoria de los derechos de la víctimas y acceso a la administración de justicia, toda vez que “el instructor de segunda instancia desatendiendo las pruebas aportadas y el principio constitucional consagrado en los artículos 29,86 y 87 de la Constitución Nacional ha tomado una decisión contraria a derecho”, al respecto destaca los informes periciales rendidos el 8 de junio, 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2011, los cuales aduce son claros en indicar que efectivamente se presento una desviación de los recursos de la salud, cuyo perjuicio no lo recibió materialmente el Estado.
Solicita en consecuencia se deja sin efecto la decisión cuestionada.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN:
Esta Corporación asumió el conocimiento del asunto, comunicó lo pertinente a los despachos judiciales demandados y vinculó a los terceros que pudieran verse afectados con la decisión que ponga fin a la solicitud de amparo.
Al momento de registrarse el proyecto no se habían recibido respuestas por parte de los accionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1. Ha sido criterio reiterado de esta Sala que la acción de tutela puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulte vulnerado cuando en el curso del proceso el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la providencia es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas vías de hecho, bajo la condición de que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para abogar por la vigencia de sus derechos constitucionales o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.


2. Como la solicitud de amparo interpuesta por CARLOS ALBERTO RIVEROS SANTOS apoderado judicial de SALUD MARIANA LTDA y SISALUD LTDA se orienta a dejar sin efecto la decisión proferida por la Fiscalía Sesenta y uno Delegada ante los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, en el proceso que en la actualidad se adelanta contra los ciudadanos LUIS GONZALO GIRALDO MARÍN, JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MANOTAS, JORGE DEL CASTILLO DUEÑAS y CARLOS ESTRADA SARMIENTO por delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales; se debe decir que esta acción constitucional tiene un carácter subsidiario y residual con la significación que procede únicamente ante la ausencia de medios de defensa judicial para la protección de las garantías o cuando el medio pertinente, previamente previsto en el ordenamiento jurídico, es claramente ineficaz para la defensa de éstas, evento en el que procede como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio de carácter irremediable.
3. La acción de tutela incoada por el demandante, resulta improcedente porque su pretensión es lograr por este medio se deje sin efecto la decisión que declaró nulidad tanto de la resolución de acusación, como de las que admitió la constitución de parte civil de SALUD MARIANA LTDA y SISALUD LTDA, porque considera que no fue valorado acertadamente el acervo probatorio recopilado por la Fiscalía Doscientos Seccional de esta ciudad, olvidando que este trámite constitucional no es una tercera instancia, ni está instaurado como una jurisdicción paralela a la ordinaria y tampoco es la sede a la que se acude como última opción cuando los resultados de acudir a las vías ordinarias han sido desfavorables porque no puede existir concurrencia de medios judiciales dado que siempre prevalece la acción ordinaria, y de ahí que se afirme que la tutela no es un mecanismo adicional o complementario pues su carácter y esencia es ser único instrumento de protección que al presunto afectado en sus derechos fundamentales le brinda el ordenamiento jurídico, criterio sostenido igualmente por la Corte Constitucional cuando señaló que:
La acción de tutela no ha sido concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente. Aceptar lo contrario sería admitir que el juez constitucional tomara el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de la Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de las otras jurisdicciones. Es por eso que esta Corte estableció que dentro de las labores que le impone la Constitución está la de señalarle a la acción de tutela límites precisos, de manera que se pueda armonizar el interés por la defensa de los derechos fundamentales con la obligación de respetar el marco de acción de las jurisdicciones establecidas”1.
4. Basta leer la providencia dictada por la Fiscalía Sesenta y uno Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá2 para comprobar que en ella se resaltan las razones fácticas y jurídicas que le permitieron declarar la nulidad de las decisiones del Fiscal a quo a través de las cuales profirió acusación contra los ciudadanos investigados y admitió la demanda de parte civil.
5. Además, la proyección material del principio de autonomía de la función jurisdiccional imposibilita deslegitimar lo decidido por la simple circunstancia de no ser compartido por quien ahora formula el reproche y que en sede de la acción de tutela no es posible efectuar una nueva valoración sobre el asunto reseñado como si dicho mecanismo fuera el escenario natural para intentar imponer una posición particular, criterio igualmente sostenido por la Corte Constitucional al establecer que:
“…el juez de tutela no puede entrar a valorar los medios de prueba que fueron objeto de análisis dentro de los procesos ordinarios pues solamente le corresponde verificar si, en la decisión del juez de instancia se hace evidente una irregularidad protuberante, el juez de tutela debe emitir las órdenes sobre los parámetros constitucionales necesarios para que el juez natural pueda corregir su error.
En conclusión, los jueces de la República gozan de autonomía en sus decisiones y sus providencias no podrán ser desconocidas ni revaluadas por el juez constitucional, pues este último se debe limitar a determinar si existió o no una vulneración a los derechos fundamentales de los asociados y sólo en esos casos podrá emitir las órdenes al juez natural que permitan enmendar ese defecto.3
6. Solamente las actuaciones y decisiones judiciales que realmente contengan un pronunciamiento arbitrario, con evidente, directa e importante repercusión perjudicial en los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de cuestionamiento en sede constitucional pero no aquellas que estén sustentadas en un determinado criterio jurídico admisible a la luz del ordenamiento o en una interpretación razonable de las normas aplicables, a riesgo de atentar contra el principio de la autonomía judicial.
7. De otra parte, precisa la Sala que de conformidad con el inciso 4 del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
Solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
En el mismo sentido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, dispuso:
La acción de tutela no procederá (…) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.”
En virtud de las disposiciones indicadas, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela se funda en el principio de subsidiariedad, es decir, por regla general, la solicitud de amparo sólo procede cuando el accionante haya agotado oportunamente todos y cada uno de los recursos o medios de defensa judicial previstos por el legislador para obtener la protección de los derechos presuntamente vulnerados.
8. Lo anterior le sirve a la Sala para afirmar que la pretensión elevada por el doctor CARLOS ALBERTO RIVEROS SANTOS apoderado judicial de SALUD MARIANA LTDA Y SISALUD LTDA, resulta aún más improcedente porque existen procedimientos normales expeditos frente a las presuntas irregularidades que dice se presentaron en el proceso que actualmente se le adelanta por los presuntos delitos de por los presuntos delitos de peculado por apropiación, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales entre otros, circunstancia que elimina la viabilidad de la acción de tutela puesto que ésta sólo puede ser utilizada, ante la carencia de mecanismos ordinarios, pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que al presunto afectado en sus derechos fundamentales le brinda el ordenamiento jurídico, criterio sostenido igualmente por la Corte Constitucional cuando señaló que:
La acción de tutela no ha sido concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente. Aceptar lo contrario sería admitir que el juez constitucional tomara el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de la Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de las otras jurisdicciones. Es por eso que esta Corte estableció que dentro de las labores que le impone la Constitución está la de señalarle a la acción de tutela límites precisos, de manera que se pueda armonizar el interés por la defensa de los derechos fundamentales con la obligación de respetar el marco de acción de las jurisdicciones establecidas”4.
9. Efectivamente, los elementos probatorios que hacen parte de este trámite constitucional permiten advertir que el proceso penal que cursa contra LUIS GONZALO GIALDO MARIN, JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MANOTOAS Y JORGE DEL CASTILLO DUEÑAS, y que ahora pretende vincular a los representantes de las entidades accionantes, se encuentra pendiente de la calificación del mérito del sumario, y si es del caso la intervención de los sujetos procesales en las audiencias preparatoria y de juzgamiento, así como la decisión conclusiva de rigor, contra la cual procede el recurso ordinario de apelación.
10. Así pues, emerge claro que la parte que presuntamente se ve afectada en su garantía fundamental al debido proceso, dentro de las oportunidades procesales previstas en el ordenamiento jurídico de rigor, puede emplear los instrumentos de protección idóneos para esgrimir las presuntas falencias puestas de presente en la demanda de tutela al interior del escenario natural. De tal forma el mecanismo de tutela resulta ser manifiestamente improcedente, como quiera que lejos está de ser concebido como un procedimiento alternativo de los medios judiciales mencionados.
11. En este punto, la Sala reitera que mientras el proceso esté en curso cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomaran en el transcurso de la actuación penal estarían siempre sometidas a la eventual revisión de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:



1. NEGAR por improcedente la acción de tutela promovida por el doctor CARLOS ALBERTO RIVEROS SANTOS en representación de SALUD MARIANA LTDA Y SISALUD LTDA. Y,
2. En caso de no ser recurrida esta decisión, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO


JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria



1 Corte Constitucional. Sentencia. T-625 de 2000.

2 Fls. 95 y ss. c. Corte Suprema de Justicia.

3 Corte Constitucional. Sentencia T-332 de 2006

4 Corte Constitucional. Sentencia. T-625 de 2000.



La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje