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Carlos alberto daza mosquera


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República de Colombia

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xtradición N° 26.039


CARLOS ALBERTO DAZA MOSQUERA
Corte Suprema de Justicia



Proceso No 26039

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta N° 73

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo de dos mil siete.


VISTOS

Dentro del presente trámite de extradición que se adelanta respecto del ciudadano colombiano CARLOS ALBERTO DAZA MOSQUERA, requerido por el gobierno de los Estados Unidos de América, le corresponde a la Corte emitir concepto toda vez que venció el término de traslado a los intervinientes para alegar, dentro del cual se pronunció únicamente la defensa.



ANTECEDENTES

1. Mediante nota verbal N° 1349 del 6 de junio de 2006, el Gobierno de Estados Unidos de América, por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención provisional con fines de extradición del natural colombiano CARLOS ALBERTO DAZA MOSQUERA, pues la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York lo requiere para comparecer en juicio, como quiera que allí se emitió en su contra la acusación sustitutiva N° S2-05-Cr-965 del 9 de marzo de 2006, en la cual se le formulan cargos por delitos federales de narcóticos (folios 3 y 6, carpeta).

2. Con resolución del 16 de junio de 2006, el señor Fiscal General de la Nación ordenó la captura de DAZA MOSQUERA, para los fines mencionados, la cual se obtuvo el 21 de junio siguiente (folios 10 y 25, carpeta).

3. Con la nota verbal N° 2059 del 18 de agosto de 2006, la mencionada representación diplomática formaliza la petición de extradición de CARLOS ALBERTO DAZA MOSQUERA, en la cual reitera que este individuo es objeto de la segunda acusación sustitutiva N° S2-05-Cr-965, emitida en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 9 de marzo de 2006, acto en que se le formula el siguiente cargo:

Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, sustancias controladas, específicamente, heroína y cocaína, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 812, 952 (a), 960 (b)(1)(A), y 960 (b)(1)(B) del Código de los Estados Unidos, todo en violación del Título 21, Sección 963 del Código de los Estados Unidos” (folios 41 y 45, carpeta).

4. El Ministerio de Relaciones Exteriores, anotando que “por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano”, remitió la mencionada nota verbal y los documentos anexos al del Interior y de Justicia, entidad que a su vez envió tal documentación a esta Corte, donde luego de proveerse porque el requerido contara con defensa adecuada, se ordenó correr el traslado para solicitar pruebas, término dentro del cual sólo se pronunció el defensor (folios 34 carpeta, y 13, c.o.).

5. Con auto del 27 de marzo de 2007 la Corte negó por improcedente la solicitud probatoria y ordenó correr traslado a los intervinientes, por el término de cinco (5) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004.

6. Surtido el traslado para alegar, lo hizo únicamente la defensa, anticipadamente.



ALEGATO DE LA DEFENSA

En un comienzo, el defensor de CARLOS ALBERTO DAZA MOSQUERA, advierte que a su defendido lo condenó el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali, por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, señalando, a renglón seguido, en cita del artículo 35 de la Constitución Política Colombiana, que la extradición de nacionales de este país, ha de concederse por delitos cometidos en el exterior, pero le resultó imposible demostrar que el requerido nunca ha estado en los Estados Unidos y tampoco delinquió allí, dado que se negó, por improcedente, la solicitud probatoria que en este sentido hizo oportunamente.

Estima el profesional del derecho, que si se pasa por alto la aceptación de responsabilidad penal efectuada por su representado desde el momento mismo de la captura, y la subsecuente condena proferida en su contra, se violan normas internacionales, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, que hacen parte del llamado Bloque de Constitucionalidad.

Destaca, entonces, que el solicitado reconoció ante el Juzgado Especializado de Cali, haber ejecutado en nuestro país los delitos por los cuales ahora se le reclama en extradición, razón suficiente para entender que se halla él incurso en el fenómeno de la doble incriminación, expresamente prohibido por el artículo 29 de la Carta Política y desarrollado en el artículo 8° del Código Penal.

A renglón seguido, luego de algunas disquisiciones respecto del principio Non Bis In Ídem, señala el libelista que la máxima “lo que es primero en el tiempo es primero en el derecho”, ha de ser aplicada en el caso concreto, para efectos de que la condena sea purgada en Colombia.

Entiende el defensor que la referencia efectuada por el artículo 502 de la ley 906 de 2004, al fenómeno de la doble incriminación, resulta equívoca, pues, es posible que se refiera a la necesidad de que la conducta sea considerada delictuosa en los estados requirente y requerido, pero también al principio que prohíbe la doble incriminación, en atención a la cosa juzgada.

Hasta tanto no exista tratado de extradición con los Estados Unidos, agrega, debe hacer la Corte, un estudio integral de la materia, dando prelación al principio Non Bis In Ídem.

De otra parte, se cuestiona el defensor cómo pudo haber cometido su asistido, el delito que se le atribuye, en los Estados Unidos, si jamás ha estado allí.

A su vez, destacando la condición de padre cabeza de familia, de su representado legal, solicita se dé especial prevalencia al artículo 44 de la Carta política, permitiendo que se cumpla la pena en Colombia, a efectos de garantizar la unidad familiar y los derechos de los menores.

Destaca el libelista, de otra parte, que en un asunto civil, el Juez Norteamericano rechazó la demanda, significando que ya existía cosa juzgada en Colombia, producto de lo decidido por un Tribunal de Arbitramento.

Acorde con lo anotado, depreca el defensor “Emitir concepto negativo de extradición”.

CONCEPTO DE LA CORTE

1. Aspectos generales. La competencia de la Corte dentro del trámite de extradición está enfocada a expresar un concepto sobre la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero, después de examinar los puntos a que se refiere el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, sin dejar de considerar que el artículo 35 de la Constitución Política en su inciso 2º, reformado por el Acto Legislativo N° 1 de 1997, autoriza la extradición de colombianos por nacimiento cuando son reclamados por delitos cometidos en el exterior y las conductas que los originan así también se consideren en la legislación penal colombiana.

Sobre este último aspecto, debe observarse que de acuerdo con la resolución de acusación sustitutiva N° S2-05-Cr-965, proferida en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 9 de marzo de 2006, la imputación que se le formuló a CARLOS ALBERTO DAZA MOSQUERA corresponde a delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes llevados a cabo entre los meses de julio de 2004 y enero de 2006, dentro del Distrito Sur de Nueva York, donde las conductas que se le endilgan tuvieron incidencia material, a pesar de fraguarse la conspiración para exportar y distribuir heroína y cocaína en este país.

No obstante lo anterior, el defensor, apoyado en la documentación que aporta el gobierno de los Estados Unidos, insiste en que el delito que se atribuye al requerido, fue cometido en Colombia y que incluso en la actualidad soporta condena en razón del mismo. Sin embargo, el aspecto frente al cual se recaba, ya fue definido por la Corte en desarrollo de este mismo trámite, al denegar la solicitud probatoria que elevara el profesional1.

En efecto, indicó la Sala que no le correspondía establecer si cursa o ha cursado proceso penal en Colombia por hechos similares en contra del solicitado en extradición, habida cuenta que esta función atañe al Gobierno Nacional para determinar si considera viable una entrega diferida, conforme a lo estipulado en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004.

Y en cuanto al lugar de comisión de la conducta ilícita que dio lugar al pedido de extradición de un connacional, se ha dicho que la misma se determina a partir de los documentos que el país reclamante aporta en respaldo de esa específica solicitud, los cuales deben ser autosuficientes, es decir, en virtud de ellos debe quedar claro en dónde se ejecutó el comportamiento.

De otra parte, ha sostenido la Corte en múltiples ocasiones, que cuando el cargo imputado en el extranjero es por el delito de conspirar para cometer delitos de narcotráfico, la intervención de varias personas en tal actividad hace que se manifieste la conducta constitutiva de tal conspiración en los países afectados con el comercio ilícito, como el de origen, el de tránsito y el de destino, evaluándose el lugar de comisión con arreglo a las teorías de territorialidad y extraterritorialidad de la ley penal, en especial la que señala que la conducta punible se considera realizada en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, como lo señala el numeral 3 del artículo 14 del Código Penal2.

Se dijo también en el auto relacionado, que los documentos referidos a la condición de padre del solicitado, se revelan completamente impertinentes, pues, para responder al defensor, no es este un factor que deba considerarse en punto del concepto obligado emitir por la Corte.

Significa lo anterior que no aparece motivo constitucional impediente de la extradición.

2. Validez formal de la documentación presentada. La Cónsul de Colombia en Washington autenticó los documentos aportados en apoyo de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano CARLOS ALBERTO DAZA MOSQUERA, de conformidad con el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, así como con los artículos 4 y 5 de la Resolución 2.201 de 1997, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (folio 44, carpeta).

En tal forma, la mencionada funcionaria certifica la firma de la Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, quien a su vez avala la de la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y ésta la rúbrica de Alberto R. Gonzales, Fiscal General, quien certifica la de Jason E. Carter, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encargado de dar cuenta de la autenticidad de las declaraciones juradas de Daniel L. Stein, fiscal federal adjunto de la oficina del fiscal federal del Distrito Meridional de Nueva York, y Jarod Forget, agente especial de la DEA (folios 45 a 64, 134,135, 136 a 151, carpeta).

Adicionalmente, el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores abonó la firma de la agente consular, el 18 de agosto de 2006, como consta en al reverso del documento suscrito por ésta (folio 44, carpeta).

Como documento anexo y debidamente traducido aparece la acusación N° S2-05-Cr-965 emitida el 9 de marzo de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra CARLOS ALBERTO DAZA MOSQUERA y otros, así como la orden de arresto del 13 de septiembre de 2002 librada por esa Corte (folios 50 Y 51, 97, 165 y 178, carpeta).

Del mismo modo, figuran las copias, traducidas en debida forma, de las disposiciones penales del Código de los Estados Unidos aplicables al caso (folios 67 y 155, carpeta).

De acuerdo con lo anterior, la documentación presentada en respaldo del pedido de extradición de DAZA MOSQUERA, es formalmente válida.

3. Identidad plena del solicitado en extradición CARLOS ALBRTO DAZA MOSQUERA. De acuerdo con las notas diplomáticas 1349 y 2059, DAZA MOSQUERA es ciudadano colombiano, nacido el 8 de mayo de 1969, e identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.486.214.

Al momento de ser capturado, DAZA MOSQUERA se identificó con ese documento, cuyo número estampó en el acta de derechos del capturado, en la de buen trato y en el poder que otorgó para su representación en el presente trámite; además, en este asunto no se puso en cuestión la identidad del requerido, por manera que el requisito de su plena identidad se encuentra satisfecho.

4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero. La Corte sobre este punto se ha pronunciado de manera reiterada y uniforme. Cabe recordar en torno a esta temática, que a pesar de la diferencia de los sistemas procesales de los países involucrados en el presente trámite de extradición, las acusaciones proferidas por las autoridades judiciales de los Estados Unidos resultan equivalentes a la resolución de acusación prevista en nuestras normas procesales, pues contiene una narración sucinta de la(s) conducta(s) investigada(s), con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; tiene como fundamento las pruebas practicadas en la investigación; califica jurídicamente la(s) misma(s), con la invocación de las disposiciones penales aplicables, y, tal cual sucede con el proferimiento de la resolución de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, en el cual el acusado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos dictados en su contra.

5. El principio de la doble incriminación. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está “previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años”.

La Corte tiene dicho que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos.

Tal confrontación se hace con la normatividad que está en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo emite dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entraría en juego, por cuanto las domésticas no son las que operarán en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio.

5.1. En la acusación N° S2-05-Cr-065, proferida en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Nueva York, aparece el cargo formulado contra el requerido, de la siguiente manera:

CARGO UNO



(Concierto para importar heroína y cocaína)

El Gran Jurado acusa que:

  1. Comenzado en o alrededor de julio de 2004 a más tardar, hasta e inclusive el 30 de enero de 2006 o alrededor de esa fecha, en el Distrito Meridional de Nueva York y en otros lugares, los acusados, PEDRO PABLO LEMUS CASTILLO, JAIRO MÁRQUEZ SERNA, alias “Jota”, CARLOS ALBERTO DAZA MOAQUERA, alias “Teta”, NÉSTOR JAIME OCAMPO OSPINA, VIVIANA MARÍN QUINTERO, alias “La Mona”, LARRY ALBERTO MARÍN QUINTERO, YURY MARÍN QUINTERO, JUAN DIEGO VILLAMEL MEDINA, alias “Juancho”, AMANDA SILVA, JUAN PABLO MARÍN GONZÁLEZ, LUIS FERNANDO MONTOYA GÓMEZ, JHON JAIRO MARTÍNEZ, RICARDO SALAZAR MURILLO, ROBERTO SOTO BELTRÁN, alias “Robertico”, VIVIANA GIL y RUBÉN DARIO LÓPEZ ORTIZ, alias “Culebra”, y otros conocidos y desconocidos, con conocimiento de causa e intencionada e ilícitamente se combinaron, concertaron, se confederaron y acordaron entre sí y juntos para violar las leyes antinarcóticas de Estados Unidos.

  2. Como parte y objeto del concierto, los acusados PEDRO PABLO LEMUS CASTILLO, JAIRO MÁRQUEZ SERNA, alias “Jota”, CARLOS ALBERTO DAZA MOAQUERA, alias “Teta”, NÉSTOR JAIME OCAMPO OSPINA, VIVIANA MARÍN QUINTERO, alias “La Mona”, LARRY ALBERTO MARÍN QUINTERO, YURY MARÍN QUINTERO, JUAN DIEGO VILLAMEL MEDINA, alias “Juancho”, AMANDA SILVA, JUAN PABLO MARÍN GONZÁLEZ, LUIS FERNANDO MONTOYA GÓMEZ, JHON JAIRO MARTÍNEZ, RICARDO SALAZAR MURILLO, ROBERTO SOTO BELTRÁN, alias “Robertico”, VIVIANA GIL y RUBÉN DARIO LÓPEZ ORTIZ, alias “Culebra”, y otros tanto conocidos como desconocidos, importaban y de hecho importaron hacia Estados Unidos desde un lugar fuera del país una sustancia controlada, a saber, un kilogramo y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína, en violación a las secciones 812, 952 (a) y 960 (b)(1)(A) del Título 21 del Código de Estados Unidos.

  3. Como parte y objeto adicionales del concierto, los acusados PEDRO PABLO LEMUS CASTILLO, JAIRO MÁRQUEZ SERNA, alias “Jota”, CARLOS ALBERTO DAZA MOAQUERA, alias “Teta”, NÉSTOR JAIME OCAMPO OSPINA, VIVIANA MARÍN QUINTERO, alias “La Mona”, LARRY ALBERTO MARÍN QUINTERO, YURY MARÍN QUINTERO, JUAN DIEGO VILLAMEL MEDINA, alias “Juancho”, AMANDA SILVA, JUAN PABLO MARÍN GONZÁLEZ, LUIS FERNANDO MONTOYA GÓMEZ, JHON JAIRO MARTÍNEZ, RICARDO SALAZAR MURILLO, ROBERTO SOTO BELTRÁN, alias “Robertico”, VIVIANA GIL y RUBÉN DARIO LÓPEZ ORTIZ, alias “Culebra”, y otros tanto conocidos como desconocidos, importaban y de hecho importaron hacia Estados Unidos desde un lugar fuera del país una sustancia controlada, a saber, cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína, en violación a las secciones 812, 952 (a) y 960 (b)(1)(B) del Título 21 del Código de Estados Unidos”.

5.2. De conformidad con las copias de las disposiciones pertinentes que reposan en el expediente, -Título 21, Sección 963-, bajo el epígrafe de “Tentativa y concierto”, señalan que “El que intente a o concierte para cometer cualquier delito definido en este subcapítulo del capítulo será castigado con las mismas penas que se prevén para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa o el concierto”.

Los delitos conspirados están previstos en el Título 21 Sección 952 del Código de los Estados Unidos que establece “Será ilegal importar hacia el territorio aduanero de los Estados Unidos desde cualquier lugar fuera de ese territorio (pero dentro de los Estados Unidos), o importar hacia los Estados Unidos desde cualquier otro lugar fuera de ese país, una sustancia controlada de la Tabla I o II del subcapítulo I de este capítulo, o cualquier droga narcótico de la Tabla III, IV o V…”. A su vez la sección 960 del mismo título prevé que: “(a) El que (1) en violación de las Secciones 952, 953 o 957 de este título, con conocimiento de causa o intencionadamente importe o exporte una substancia controlada… (b) Las penas (1) En caso de una violación de la sub-sección (a) de esta sección, que trata de (A) un kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de heroína; (B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de… (ii) cocaína, sus sales, sus isómeros ópticos y geométricos, y las sales de los isómeros… el que cometa dicha infracción a la ley será castigado con la pena de al menos 10 años de prisión, y no más que la cadena perpetua…”.

Los anteriores cargos, concretados en la conspiración entre varias personas para cometer delitos (importar a territorio de los Estados Unidos cantidades perceptibles de heroína y cocaína, para distribuirla), tienen su correspondencia en el Código Penal colombiano, específicamente en el artículo 340, inciso 2º, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002 y por el 19 de la Ley 1121 de 2006, preceptiva que establece una pena que hoy va de 8 a 18 años de prisión y multa que va de 2.700 a 30.000 smlmv., para quien se concierte para cometer, entre otros, delitos de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Del mismo modo, tanto conspirar como concertar envuelven la idea de acordar voluntades para adelantar precisas actividades y obtener un fin, el cual sería, en este caso, el de cometer delitos de narcotráfico y de lavados de activos, siendo evidente que las dos figuras guardan similitud.


Además, los cargos relacionados con la concreta importación de las sustancia vedadas al territorio de los Estados Unidos y su distribución, tienen correspondencia en la legislación punitiva patria, toda vez que el artículo 376 tipifica el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de la siguiente manera: “El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

6. Habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos señalados en el Código de Procedimiento Penal, la Corte CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano colombiano CARLOS ALBERTO DAZA MOSQUERA, cuyas notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, conforme con la nota verbal N° 2059 del 18 de agosto de 2006, suscrita por la Embajada de los Estados Unidos de América, por el cargo imputado en la resolución de acusación N° S2-05-CR-965, dictada el 9 de marzo de 2006 ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

6.1 En todo caso, habida cuenta que de acuerdo con las normas punitivas de los Estados Unidos aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición prevén como sanción hasta cadena perpetua, la cual está prohibida en Colombia (artículo 34 de la Constitución Política), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a fin de que DAZA MOSQUERA no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la extradición (artículo 494 del Código de Procedimiento Penal), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Del mismo modo, para que a DAZA MOSQUERA se le reconozca como parte cumplida de la pena que se le llegare a imponer en el país requirente, el tiempo que ha permanecido privado de la libertad por razón de este trámite.

6.2. También es preciso advertir que como el instrumento de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 490 a 514 de la Ley 906 de 2004), cuando recae sobre ciudadanos colombianos por nacimiento –si es pasiva-, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.

Tales condicionamientos tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respete los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en tanto aquél siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana.

Por esa razón, de conformidad con lo establecido por el artículo 189-2 de la Constitución Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia (cfr. concepto del 23 de febrero de 2005, radicación N° 22.375).

La Secretaría de la Sala comunicará este concepto al solicitado CARLOS ALBERTO DAZA MOSQEURA y demás intervinientes en el trámite de extradición.

Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.


Comuníquese y cúmplase.


ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

Aclaración de voto


MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA


MAURO SOLARTE PORTILLA JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ


TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria

ACLARACIÓN DE VOTO

(Extradición 26.039)

Aclaro el voto porque, como lo expresé en la Sala respectiva, no estoy de acuerdo con la referencia que se hace a los Convenios sobre derechos humanos.

En otras ocasiones, he dicho lo siguiente, que hoy reitero:

He aclarado el voto en lo relacionado con la afirmación que se hace consistente en que el país requirente debe dar aplicación al contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos y a los Pactos Internacionales sobre derechos civiles, económicos y políticos.

En materia de extradición, no veo cómo Colombia pueda decir a los Estados Unidos, que no ha ratificado tales Convenios, que con fundamento en ellos, por ejemplo, tiene que buscar la resocialización del condenado.

Desde luego, esto no significa que el Estado requirente pueda desconocer los derechos y garantías ecuménicas, reconocidas por la generalidad de los pueblos democráticos.

Que sea necesario establecer condiciones a los países solicitantes, nadie lo puede discutir, como tradicionalmente, desde siempre, lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia.

Pero de ahí a imponer al peticionario la sujeción a disposiciones que se ha abstenido de ratificar, es imposible, salvo que, claro está, vulnere flagrantemente la esencia de aquella normatividad general y universal.

Álvaro Orlando Pérez Pinzón

(24-05-07)





1 Auto del 27 e marzo de 2007, Pags. 40 a 54, C.O., .

2 Auto del 19 de octubre de 2006, folio 90


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