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Cardozo noemi esther c/ ministerio de salud y otro/a s/ prtension indemnizatoria


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CARDOZO NOEMI ESTHER C/ MINISTERIO DE SALUD Y OTRO/A S/ PRTENSION INDEMNIZATORIA

General San Martín, 11 de junio de 2014.vr



Y VISTOS: Estos autos caratulados "Cardozo Noemí Esther c/ Ministerio de Salud y otro s/ Pretensión Indemnizatoria", en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de San Martin, de los cuales,

RESULTA: I.- Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Sra. Noemí Esther Cardozo, junto con su letrada patrocinante Dra. Liliana Patricia Gil, promoviendo demanda contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y contra la Municipalidad de San Miguel por los daños y perjuicios ocasionados en virtud de los hechos que narra.

Manifiesta que con fecha 01 de abril de 1996 las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Miguel suscribieron el Convenio 003A mediante el cual se dispuso la reubicación en la Jurisdicción Provincial del Ministerio de Salud del personal municipal que cumplía funciones en el Hospital Raúl F. Larcade.

Afirma que dicho convenio fue aprobado posteriormente por el Gobernador de la Provincia de Bs As. mediante el Decreto 1299/96 de fecha 21 de mayo del mismo año.

Sostiene que el convenio citado afectó los derechos derivados de su situación de empleo público ya que desde el 01 de mayo de 1988 prestaba servicios en el Hospital Larcade de San Miguel como jefa de Servicio de Cirugia Plastica y por un acto de autoridad pública se la reubicó junto con parte del personal municipal en establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a las vacantes existentes en las categorías de cada estatuto.

Continúa diciendo, que con fecha 09 de abril de 1996 la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Miguel le notificó que de acuerdo a lo previsto por el Decreto 351/96 había sido transferida para prestar servicios en el Hospital Mercante ubicado en el Partido de José C. Paz.

Afirma que al presentarse en la nueva unidad sanitaria asignada el delegado organizador a cargo de la misma le impidió ejercer sus funciones argumentando que no le constaba traslado alguno. Que atento ello remitió cartas documentos al Hospital Mercante, al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de San Miguel solicitando se aclare su situación de empleo.

Que con fecha 15 de abril de 1996, obtiene respuesta por parte del Delegado Organizador del Hospital Mercante, en la que niega por no constarle el traslado manifestado por la actora y aclara que en el nosocomio citado no se desarrolla la especialidad que la misma ejerce. Por otra parte la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de San Miguel rechazó por ilegítimo el reclamo, instando a que se dirija con el mismo al Hospital Provincial Domingo Mercante.-

Ante lo dicho, con fecha 22 de abril de 1996 y luego con fecha 09 de mayo de 1996 remite cartas documento a la Municipalidad de San Miguel, solicitando le aclaren su situación de empleo, ya que se encontraba sin prestar servicios y sin cobrar sus haberes, siendo finalmente citada por el Ministerio de Salud con fecha 21 de junio de 1996 para regularizar su situación laboral.

Manifiesta que nuevamente fue objeto de irregularidades, ya que se dispuso debia concurrir con fecha 26 de junio pero sin aclarar ni su destino ni situación de empleo, por lo que nuevamente remite cartas documentos. Seguidamente cita el expte administrativo Nro 2945-1210/96 denunciando que ha tomado conocimiento que en el mismo se ha dejado constancia de que se ha negado a dejar por escrito su rechazo formal al destino asignado.

Ya con fecha 18 de octubre de 1996 el Ministerio de Salud la cita a efectos de notificarle la toma de posesión del cargo en el Hospital Interzonal Eva Peron de San Martin, donde arguye se presentó, obteniendo como respuesta que debía esperar la notificación en la que le solicitarían los requisitos que debía cumplir para ingresar a la administración provincial, ya que no contaban con su legajo personal el cual debia ser requerido al Municipio, y ofrece como prueba de ello el expediente administrativo 5100-2451/05.

Menciona nuevamente el expediente 2945-1210/96 y relata que en el mismo consta que el Subdirector de la Delegación de Personal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires requiere a la Asesoría Gral de Gobierno emita un dictamen ante la negativa a tomar posesión del cargo de la suscripta en el hospital Interzonal Eva Perón, dictamen que es emitido con fecha 11 de noviembre de 1997 en el que surge "corresponde se dicte el acto administrativo que incorpore a la Dra Cardozo a las previsiones del Decreto 1655/97 del cual deberá cursarse la correspondiente notificación. Cumplida ella y para el hipotético caso que la mencionada agente no se presentara a cumplir servicios deberá iniciarse el procedimiento de abandono de cargo que preve el art. 85 de la Ley 10.430".

Recuerda además, que con fecha 26 de agosto de 2003 envió telegrama al Ministerio de Salud en el cual requiere decisión administrativa en el expediente referido y relata que ante el silencio de la administración inició por ante este Juzgado a mi cargo, los autos "Cardozo Noemí Esther c/ Municipalidad y otros s/ Amparo por mora"

Finalmente y ha consecuencia del amparo por mora iniciado, se dicta la resolución 11112 Nro 284 rechazando la incorporación a las plantas del Ministerio de Salud de la actora, en razón de que la misma carece del requisito de la matricula actualizada, lo cual es cuestionado por la actora quien sostiene que el verse privada de obtener sus ingresos mensuales durante diez (10) años le impidió realizar los importes exigidos para la vigencia de su matriculación provincial.

Por lo expuesto solicita se condene a los organismos demandados a abonar las sumas reclamadas, toda vez que el temperamento administrativo que han adoptado ha pulverizadosu derecho legitimo a la carrera administrativa. Asimismo reclama conforme se desprende de la liquidación que ha presentado a fs. 62: la suma de $66.000 en concepto de indemnización, $345.000 en concepto de retribución que le debió ser abonada mensualmente desde abril de 1996 hasta febrero de 2006 y por último la suma de $140.000 en concepto de daño moral, resultando la suma reclamada un total de $551.000.-

Funda su derecho en las previsiones de la Ley 10.430, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional y Ley 24.241 y ofrece distinta prueba con la que acreditaría la situación planteada.

II.- A fs. 72 obra el traslado pertinente a las demandadas, presentándose a fs. 84/90 la Dra. Griselda Isabel Benitez en su carácter de apoderada de la Municipalidad de San Miguel, quien opone excepción de falta de legitimación pasiva y en forma subsidiaria contesta demanda.

Funda la falta de legitimación pasiva esgrimida, afirmando que de los propios dichos de la actora surge su reconocimiento a que su vinculación de empleo público lo es respecto de la Administración Pública Provincial y no Municipal.

Sin perjuicio de ello contesta demanda para el caso de que no se hiciera lugar a la excepción interpuesta, y realiza una negativa genérica y específica de los hechos.

Afirma que en el caso de autos es de estricta aplicación la teoría de los actos propios, siendo la actora quien reconoce que su vinculación de empleo público lo es respecto de la Administración Pública Provincial y no con la Municipalidad, habiendo consentido los actos que dieran lugar a la transferencia desde la administración municipal a la provincial.

Asegura que lo acepta al haber concurrido a la nueva unidad sanitaria asignada y además habiendo remitido carta documento al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Que lo sostenido, se desprende además de los expedientes administrativos 2945-1210/96 y 2945-1403/96 e incluso del amparo por mora que tramita por ante este Juzgado, afirmando que todo ello demuestra que la actora se ha desvinculado del ambito comunal y que no ha cuestionado el someterse a la órbita provincial.

Afirma además que carece de derecho a iniciar la presente acción, toda vez que se encuentra pendiente de resolución la acción de amparo por mora instaurada.

Finalmente ofrece prueba a los fines de acreditar sus dichos y desconoce la liquidación acompañada por la actora.

III.- Posteriormente a fs. 95/102 contesta demanda la Dra. Luciana Cañete en su carácter de apoderada de la Fiscalía de Estado.

La misma en su conteste, coincide respecto de que con fecha 01 de abril de 1996 la Municipalidad de San Miguel y la Provincia de Buenos Aires suscribieron el Convenio Nro 3 A en ejecución de la Ley 11.752, que mediante este acuerdo se pactó la reubicación en el plantel del Ministerio de Salud Provincial del personal que prestaba servicios en el Hospital Larcade del referido Municipio, y que dicho convenio fue aprobado por el Decreto 1299 del 17 de mayo de 1996.-

Realiza una síntesis de los hechos relatados por la actora y sostiene que la demanda es infundada.

Argumenta su afirmación en que las normas que definieron la modalidad del traspaso de los agentes municipales al ámbito provincial quedaron integradas con las que rigen las condiciones de ingreso a la carrera hospitalaria local, es decir que los empleados comunales reubicados debían reunir los requisitos establecidos por la Ley 10.741 para ser incorporados a los cuadros del Ministerio de Salud.

Sostiene entonces que la actora nunca cumplió con el esencial recaudo de matricularse en el Colegio de Médicos respectivo, para quedar habilitada en el ejercicio de la profesión y por ende, poder ser designada en el plantel del Ministerio de Salud Provincial.

Concluye que la imposibilidad de designar a la demandante en el ámbito provincial derivó de su propio y admitido comportamiento, asegurando que es sólo a ella imputable el no haber acreditado el requisito previo que el ordenamiento jurídico impone a los médicos como condición sine qua non del ejercicio profesional que es la matriculación en el Colegio de Médicos del distrito correspondiente, agregando que por tratarse de una exigencia derivada del sistema normativo vigente, su conocimiento era imperativo por lo que su ignorancia no puede ser invocada para exonerarse de las consecuencias perjudiciales de su omisión.

Así las cosas, relata que ante el impedimento generado por la propia torpeza de la reclamante, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires procedió a rechazar la solicitud de la demandante mediante resolución 11.112 Nro 284/06.

Agrega que la demora alegada por la actora y la imposibilidad de su designación no son imputables a su representada como tampoco a la Municipalidad de San Miguel, quien si bien notificó erróneamente a la demandante que debería prestar servicios en el Hospital Domingo Mercante del Partido de Jose C Paz, centro que no cuenta con la especialidad profesional de la actora, ello no es imputable a la Provincia, máxime cuando el telegrama remitido por la Comuna fue con fecha anterior a la aprobación del convenio de traspaso, lo que demuestra el absurdo del contenido de la misiva y de los consecuentes reclamos de la actora, y asegura que fue la propia actora quien demoró y frustró su nombramiento.

Sostiene asimismo que no puede prosperar la pretensión de la Sra Cardozo de obtener el pago de una indemnización por la falta de incorporación al plantel del Ministerio de Salud Provincial, toda vez que al no haber mediado ejercicio efectivo del cargo no se ha generado derecho alguno a percibir salarios ni a cobrar indemnización sustitutiva alguna.

IV.- Habiéndose diferido como defensa de fondo la excepción interpuesta, y en oportunidad de celebrarse la audiencia establecida por el art. 41 del CCA, se ordenó la apertura de la causa a prueba. Producida la ordenada según ilustra la certificación de la Sra Actuaria obrante a fs. 414/415 y certificado el vencimiento del término probatorio, se pusieron los autos para alegar, haciendo uso de este derecho las demandadas Municipalidad de San Miguel y Fiscalía de Estado, finalmente se llamó a autos para sentencia, providencia que se encuentra firme.



Considerando:

1.- Conforme la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Municipalidad de San Miguel corresponde en primer lugar analizar la misma, toda vez que "la legitimación sustancial de las partes activa y pasiva, constituye presupuesto preliminar y necesario para la declaración o desestimación del derecho esgrimido por el actor. El exámen de la calidad para obrar es resorte y función investigadora del juez al momento de dictar sentencia, dado que el titular del derecho del actor o de obligado del demandado es necesario para la validez de ese pronunciamiento. Así corresponde en primer lugar dirimir la legitimación pasiva que se le endilga al codemandado". (CC0000 DO 85940 RSD-143-8 S 13-

En este sentido, cabe señalar que hay falta de legitimación para obrar activa o pasiva cuando respectivamente el actor o el demandado no son las personas que la ley sustancial habilita para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el litigio.

A través de dicha excepción el juez investiga si el actor o el demandado están investidos de "legitimatio ad causam", esto es, si existe identidad entre la persona del actor y aquella a quien la acción está concedida, o entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede (esta Sala causa B-84271, RSD. 10/97), por lo que la legitimación pasiva se vincula con la identidad que debe haber entre la persona que fue demandada y el sujeto pasivo de la relación controvertida.

Sentado ello, adelanto mi opinión en el sentido que la defensa articulada por la codemandada Municipalidad de San Miguel no puede prosperar. Ello es así, toda vez que de la prueba aportada por la propia excepcionante se desprende efectivamente que la misma ha celebrado un convenio con la Provincia de Buenos Aires respecto de la reubicación en el plantel del Ministerio de Salud Provincial del personal que prestaba servicios en el Hospital Larcade del referido Municipio, y en este caso respecto de la Sra. Noemí Cardozo.

Asi del expediente administrativo acompañado en autos surge sin lugar a dudas que la misma intervino en el proceso de marras a través del convenio celebrado, y que tuvo efectiva intervención en el mismo, sin olvidar además, que la Dra Cardozo resultaba dependiente de la Municipalidad de San Miguel.

Que conforme lo expuesto y en virtud de lo que se desprende de las constancias obrantes en la causa, debo concluir que la Municipalidad de San Miguel se encuentra legitimada pasivamente para ser demandada, por resultar ser sujeto pasivo de la relación controvertida, ello sin perjuicio de la responsabilidad que su accionar pudiera acarrear, cuestión que será analizada más adelante.

Consecuentemente, corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada Municipalidad de San Miguel.-

2.- Ahora bien, habiendo ya desestimado la excepción pretendida, corresponde en un segundo análisis, evaluar los elementos de prueba traídos al proceso, a los fines de determinar si los hechos se produjeron en la forma relatada por la Sra. Noemí Esther Cardozo en su escrito postulatorio, pues no cabe duda que lo primero que debe probarse, para después examinar la existencia o inexistencia de responsabilidad, es que el hecho que se invoca se haya producido conforme lo narrado por la reclamante.

Sentado lo cual, digo que, sabido es que la valoración de la prueba es el acto mediante el cual el órgano judicial, en oportunidad de dictar sentencia, se pronuncia acerca de la eficacia o atendibilidad de aquella para formar su convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos del proceso.

En nuestro sistema procesal los jueces forman su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica, que se basan en principios de la lógica y de la experiencia, por ende queda excluida la discrecionalidad del juzgador. Sin perjuicio de ello, no se tiene el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas sino sólo de aquellas que resulten esenciales y decisivas para la resolución de la causa.

Así, los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes, ni analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan sólo aquellos elementos que son conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 384 Cód. Proc.; C.S.J.N., RED 18-780; CNCiv., Sala D. RED. 20-B-1040; CNCiv., Sala F, R. 172.752 del 25/4/96 entre otros).

3.- Habiendo establecido las pautas a seguir, quiero resaltar en primer lugar, que no existe controversia en que:

a) La Sra. Noemí Cardozo prestaba servicios en el Hospital Municipal Dr. Raúl F. Larcade, revistando el cargo de Jefa de Cirugía Plástica Categoría grado Hospital "C" 36 horas.-

b) Que con fecha 01 de abril de 1996 se suscribió el Convenio 003 A entre la Provincia de Buenos Aires representada por el Ministro de Salud y la Municipalidad de San Miguel, (ver fs. 2 del expediente administrativo 2945-1210/2005), mediante el cual se resuelve reubicar en la Jurisdicción Provincial del Ministerio de Salud al personal municipal que cumpla funciones en el Hospital Larcade del Municipio de San Miguel.

c) Que en razón de ello el intendente municipal dicta el pertinente acto administrativo, decreto Nro 351 (ver fs. 1 del expte administrativo citado),

d) Que posteriormente y con fecha 17 de mayo de 1996, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, aprueba, conforme se desprende del Decreto 1299/96 (ver fs. 37/38 del Expte administrativo), el convenio suscripto.

Resulta importante destacar entonces, que el objeto de la presente litis -y que de probarse resultará el fundamento de la responsabilidad- es el determinar si se ha comunicado fehacientemente a la actora tanto el convenio celebrado entre las hoy demandadas, como sus consecuencias y si han procedido a reubicar, tal como hubieren pactado, a la Sra. Cardozo en la órbita provincial, en otras palabras, si las demandadas han dado acabado cumplimiento con la continuidad en la relación de empleo público que unía, sin lugar a dudas, a la aqui actora con la administración municipal primero y que la uniría con la administración provincial después.

4.- Destaco además, que tampoco ha sido cuestionado que la Dra Cardozo se encuentra vinculada a la Administración por una relación de empleo público, por lo que tengo presente que este vinculo les impone a ambas partes obligaciones y también les otorga derechos, y en virtud de ello, adelanto mi opinión de que con la prueba colectada en autos -y que analizaré a continuación-, encuentro acreditado el incumplimiento alegado por la actora en la relación antedicha, ello en lo que respecta a la obligación asumida de reubicar a la misma a la esfera provincial, vulnerandose en consecuencia los derechos que le asistían a la Dra Cardozo, ello pues del plexo probatorio abordado surge:

4.1.- Que en razón del convenio 003 A, suscripto entre la Municipalidad demandada y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se le notifica a la Dra. Cardozo con fecha 02 de abril de 1996, (quien firma en disconformidad, conforme se desprende de la nota acompañada en los presentes actuados a fs. 23), que la misma ha sido transferida a prestar servicios al hospital Domingo Mercante del Partido de Jose C. Paz de acuerdo al Decreto 351/96.

4.2.- Que la actora con fecha 10 de abril de 1996 envia cartas documento al Ministerio de Salud, al Hospital Larcade y al Hospital Mercante, en las que solicita se aclare su situación laboral, ello en virtud de que se ha presentado en el Hospital Mercante (lugar en donde le han comunicado que habia sido transferida) y le han negado funciones (ver fs. 25/30).-

4.3.- Que el Delegado Organizador del Hospital Mercante contesta la carta documento remitida, y manifiesta que no se le ha notificado el traslado aducido, así como tampoco la existencia del decreto mencionado. Que no ha recibido comunicación oficial respecto de la incorporación de la actora a dicha institución aclarando que la misma carece de la especialidad que la Dra Cardozo ejerce (ver fs. 31).

4.4.- De igual manera con fecha 02 de mayo de 1996, el Hospital Larcade rechaza la carta documento recibida por improcedente, manifestando que deberá dirigirse a las autoridades del Hospital Mercante.-

4.5.- Con fecha 22 de abril de 1996 la actora remite una nueva carta documento al Intendente de la Municipalidad de San Miguel, a los fines de que le aclare si el decreto referido ha cumplido con todos los requisitos de legalidad y legitimidad que debe reunir (ver fs. 33/34)

4.6.- Con fecha 9 de mayo de 1996 la Sra Cardozo envía -ante el silencio guardado por el Intendente Municipal- una nueva carta documento y reitera lo requerido.(ver fs. 35/36).-

4.7.- Con fecha 27 de junio de 1996 la actora solicita nuevamente a través de carta documento dirigida al Intendente del Municipio de San Miguel que le aclaren su situación laboral y en idéntica fecha envia además carta documento a la Directora de la Región Sanitaria V, afirmando que como le ha requerido por telegrama de fecha 18 de junio de 1996, se ha constituído dos veces en el lugar indicado y en el mismo la Sra Administradora Marta Martinez no supo darle razón de su situación laboral, por lo que nuevamente solicita se aclare la misma (ver fs. 38/39).-

4.8.- Que con fecha 18 de octubre de 1996 la Sra. Cardozo recibe telegrama remitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a efectos de notificarle que deberá tomar posesión del cargo en el Hospital Interzonal Eva Perón de San Martin, atento la vigencia del Decreto 1299/96, en el plazo de 48 hs, caso contrario se le considerara abandono del cargo (ver fs. 1 Expte. 2945-1403/96).-

4.9.- Que con fecha 22 de octubre del mismo año, la Sra Cardozo responde el telegrama mencionado supra, rechazandolo por falso e improcedente, argumentando que se han vencido largamente los plazos legales para su reasignación y/o reubicación, por lo que se considera desvinculada de la Administración, y solicita el pago de la indemnización correspondiente, agregando que no ha percibido sus haberes.

4.10.- Por otra parte consta en el expte administrativo acompañado en autos con fecha 04 de noviembre de 1996, nota suscripta por la Dra Maria Inés Pertino Vidal Directora de la Dirección de Coordinación de Reg. Sanitaria V del Ministerio de Salud de la Pcia de Bs. As. de la que se desprende que se eleva a la Delegación de Personal documentación de la Dra Cardozo por abandono de cargo, ya que no se ha presentado a tomar servicio en el Hospital Eva Perón de San Martin.

4.11.- Con fecha 22 de noviembre de 1996 consta en el expte adm. 2945-1403/96 fs. 25, un informe del Dr. Roberto Fernandez Lobelos, -director delegado de la Dirección Provincial del Personal de la Prov en el Ministerio de Salud-, en el que manifiesta remitir documentación a la Dirección Provincial del Personal de la Provincia, Asesoría General de Gobierno y Contaduría General de la Provincia a fin de que emita opinión respecto de la solicitud de cese por abandono del cargo de la Dra. Cardozo y agrega que por actuaciones separadas se encuentra en trámite la reubicación del resto del personal consignado en el Decreto 1299/96, no habiendo sido consignada en el mismo la causante en razón de la irregularidad aludida.-

4.12.- Consta asimismo informe de fecha 23 de enero de 1997 de la Asesoría General de Gobierno de la que surge que están dados los supuestos para disponer el cese por abandono de cargo, afirmando que previo resulta necesario se adjunte el acto que dispuso su reubicación en los cuadros del personal provincial y le asignó destino.

4.13.- A fs. 28/29 del mencionado expediente puede verse copia fiel del decreto 1655/97 del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en el cual dispone la incorporación y reubicación del personal municipal mencionado en las planillas anexas al citado decreto a partir del 1 de abril de 1996 al Ministerio de Salud subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud Dirección Provincial de Hospitales, desprendiéndose del mismo que la Dra Cardozo no ha sido ni incorporada ni reubicada.-

4.14.- Frente a lo cual a fs. 43 y ya con fecha 09 de octubre de 1997, la Asesoría General de Gobierno entiende que procedería dictar el acto administrativo que incorpore a la Dra Cardozo a las previsiones del Decreto 1655/97 del cual deberá cursarse la siguiente notificación, cumplida ella y para el hipotético caso que la mencionada agente no se presente a cumplir servicios deberá iniciarse el procedimiento de abandono del cargo que prevé el art. 85 de la Ley 10.430.-

4.15.- Posteriormente, y recién en el mes de abril de 1998 y atento lo informado supra, la Dirección General del Personal de la Provincia de Buenos Aires, delegación de personal Ministerio de Salud requiere previo al dictado del pertinente acto administrativo se solicite a la Municipalidad de San Miguel provea fotocopias debidamente autenticadas del titulo habilitante y del DNI y certificado de buena salud y de matriculación actualizados correspondiente a la Dra. Cardozo.(ver fs. 47 vta)-

4.16.- Con fecha 28 de abril de 1998, el Director de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Miguel remite tal pedido al Hospital Domingo Mercante, aduciendo que los datos requeridos han sido girados a dicho Hospital cuando se trasladó a la misma a partir del 01 de abril de 1996.-

4.17.- El 18 de mayo de 1998 el Director Ejecutivo del Hospital Mercante Dr. Barril reserva las actuaciones hasta tanto ingrese a ese establecimiento el legajo personal de la Dra Cardozo e increiblemente recién con fecha 15 de agosto de 2003 el Director del Hospital Domingo Mercante informa que no obran antecedentes del legajo personal de la Dra. Cardozo y manifiesta que por un error involuntario las actuaciones se encontraban traspapeladas en el archivo del establecimiento.-

4.18.- Puede verse además que el 21 de agosto de 2003 la Dra Cardozo envia telegrama al Hospital de San Miguel, a los fines de que determine su situación de empleo.-

Que ante tal misiva la Asesoria Legal, Coordinación Región Sanitaria V, afirma textualmente con fecha 11 de septiembre de 2003 que "el plazo transcurrido sin que la peticionante haya manifestado interés sobre su incorporación laboral a la orbita provincial, sumado al hecho de no haberse presentado oportunamnete a tomar posesión del cargo -y posteriormente negarse a hacerlo-no haber solicitado pronto despacho ante el silencio de la administración, ni presentarse espontáneamente a requerir resolución, hace inferir el desinterés del agente por la conservación del puesto de trabajo", por ello la Asesoría entiende que la presentación es extemporánea.

Que obran en el expte citado además, constancias del amparo por mora iniciado por la Dra. Cardozo por ante este Juzgado a mi cargo, y el cual tengo a la vista, asimismo puedo ver que a consecuencia del mismo a fs. 94/95 se ha elaborado por la Subsecretaría de Control Sanitario Area Legal y Técnica, informe del cual considero útil transcribir textualmente "que con fecha 06 de enero de 1998 solicitó a la actora a través del municipio el cumplimiento de los requisitos indispensables de admisibilidad consagrados en el art. 4 del Decreto 1192/91 reglamentario de la ley 10.471 y sus mod....", " el Municipio nunca comunicó a la Sra. Cardozo el requerimiento efectuado por esta Cartera, ni la agente Municipal mencionada, dió cumplimiento a la requisitoria...", "Esta cartera no ha incurrido en mora, pues la misma, de ser reprochable lo es a la misma actora que nunca remitió la documentación solicitada... existiendo por parte de la profesional mencionada indiferencia hasta la fecha para dar cumplimiento a la requisitoria efectuada por la administración, pudiéndose interpretar ello y atento el tiempo transcurrido como un acto voluntario...".

4.19.- Que sin perjuicio de lo dicho agregan, que de cumplirse con los requisitos mencionados, impulsarán los trámites tendientes a su incorporación.-

Por ello a fs. 98/99 consta copia certificada del telegrama en el cual intiman a la Sra. Cardozo a que en el plazo de 72 hs. acompañe a la Oficina de personal Región V fotocopia de título habilitante, DNI, certificado de buena salud, y matricula actualizada por el colegio de médicos del Distrito correspondiente.-

4.20.- A fs. 113 consta nota de la Dra. Cardozo en la que sostiene la imposibilidad de acreditar la matricula profesional de la Provincia de Buenos Aires actualizada, argumentando que desde el hecho de marras no ejerce en la Provincia, comprometiéndose a tramitar el alta de la misma una vez dispuesta su reincorporación.

4.21.- Finalmente con fecha 22 de febrero de 2006 el Ministro de Salud mediante Resolución 11112 Nro 284 resuelve, rechazar la solicitud interpuesta por la Dra Cardozo en relación a su pedido de incorporación a las plantas del Ministerio de Salud como Jefa de Servicio de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Quemados, toda vez que la acreditación de la matrícula profesional exigida es un requisito previo y necesario para la designación e incorporación al citado Ministerio, Resolución que ante el recurso interpuesto por la hoy actora, ha sido confirmada por Resolución Nro 11112 Nro 2807 de fecha 24 de octubre de 2006.-

5.- De esta manera han quedado plasmadas las circunstancias del hecho ventilado en autos, las que considero poseen la claridad y entidad suficientes como para tener por probado el incumplimiento por parte de la Administración del Convenio celebrado oportunamente y de los decretos posteriormente dictados por el Gobernador de la Provincia de Buenosa Aires 1299/96 y 1655/97, desprendiendose de la prueba colectada que no han incorporado a la actora, tal como hubieron pactado, a la Jurisdicción Provincial, lo que es incluso reconocido por la propia administración provincial, quien a través de la Asesoría General de Gobierno-ya con fecha 11 de noviembre de 1997- (ver fs. 44 expte administrativo 2945-1210/96) recomienda "se dicte el pertinente acto administrativo que proceda a incorporar a la Dra. Cardozo a las previsiones del Decreto 1655/97, del cual deberá cursarse la correspondiente notificación...", que además tampoco han notificado a la actora de su nuevo destino, resultando, por ello, absurdo lo pretendido por la demandada en cuanto a considerar declarar el cese de la misma por abandono de cargo, cuando no se le ha notificado el nosocomio al cual había sido incorporada y en el cual debia prestar servicios.-

5.1.- Considero necesario asimismo, responder a lo aseverado por la Administración Provincial en cuanto a inferir el desinterés de la agente por la conservación de su puesto de trabajo, concluyendo que contrariamente a lo dicho, vislumbro indudable voluntad de la empleada de cumplir con su obligación de trabajar, deber que se deriva de su vínculo laboral para con la Administración, de acuerdo a lo previsto por el art. 78 inc. 1 de la Ley 10.430, quedando debidamente justificada su inasistencia en virtud de la falta de cumplimiento, por parte de la Provincia en el dictado del acto administrativo que definiera el lugar al cual, en virtud del convenio celebrado entre las demandadas y de los Decretos sancionados, había sido transferida y a consecuencia de ello, nunca pudo ser notificada de un acto que no se dictó, motivo por el cual no puede pretenderse la concurrencia de la misma a un destino inexistente, todo ello sin olvidar la innumerable cantidad de reclamos, cartas documentos y presentaciones ante los distintos nosocomios que la actora ha llevado a cabo sin obtener respuesta alguna por parte de la administración.-

Ante tal situación la jurisprudencia ha sostenido que "Si la Administración publica tiene en sus manos los elementos de juicio y existe error u omisión en la consideración de dichos elementos, la Administración debe cargar con sus errores. En otros términos choca contra el principio de estabilidad del derecho y contra el principio de que la administración tiene que responsabilizarse de sus propios pronunciamientos y de la negligencia de sus agentes" (SCBA B 53514 S 22-10-2003 Frigorífico La Casera c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso Administrativa)

5.2.- De igual manera, no corresponde admitir el fundamento dado por la apoderada de la Fiscalía de Estado, en cuanto a trasladar a la actora la responsabilidad por la "imposibilidad de su designación" alegando que la misma carecía de uno de los requisitos necesarios para ello, como lo es encontrarse matriculada en el ámbito en el cual pretendía ejercer su profesión de médica, -requisito que no es cuestionado en los presentes, así como tampoco la ley 10.741 citada por la apoderada de la Provincia de Buenos Aires- toda vez que no puede imputarsele a la actora una demora de más de diez (10) años en disponer su incorporación y reubicación, pudiendo afirmar que si en el momento debido se hubiera dictado el pertinente acto administrativo, no hubiera existido tal impedimento, toda vez que mientras la Dra. Cardozo ejercía funciones en el Hospital Larcade indudablemente poseía la matricula habilitante pertinente, es decir cumplía con el requisito exigido.-

5.3.- Cómo endilgarle a la actora la culpa por la demora en su nombramiento y la frustración en el mismo?

Cómo pretender que la Dra Cardozo supla las omisiones y negligencia de la administración pública, quien no solo, como ya he dicho, no dictó el acto administrativo debido a los fines de su incorporación y reubicación en un establecimiento de la administración provincial, sino que además, erróneamente le comunicó que debía prestar servicios en un nosocomio que ni siquiera contaba con la especialidad profesional por ella ejercida, y que ante el cuestionamiento de la misma al respecto no supo más que desentenderse de una situación que la propia administración creo, violentando de esa manera derechos constitucionalmente protegidos como son el derecho a trabajar, a percibir un salario y a la estabilidad del empleado público y por ende, a la dignidad humana, ya que nadie podría negar el carácter alimentario que posee el salario.



Lo cual es reconocido por nuestro Máximo Tribunal en innumerable cantidad de decisorios "El derecho a la estabilidad del empleado público representa una garantía fundamental consagrada a favor del agente público, cuya incorporación al articulado de la Constitución Nacional tendió fundamentalmente a poner a los servidores del estado al abrigo de la discrecionalidad de las autoridades de turno y de los vaivenes de la vida política y a evitar, asimismo, el deterioro de la función pública con notorio perjuicio de quienes son sus destinatarios: los administrados. Ese derecho no comprende sin más toda separación del agente de su cargo, sino que conlleva la invalidez de las segregaciones sin causa justificada y razonable. De allí que la estabilidad reconocida al empleado público opera como contrapartida del ejercicio injustificado o incausado del poder de recisión por parte de las autoridades" (SCBA B 60081 S 7-9-2011, Bardone Hugo Santiago c/ Provincia de Buenos Aires s/ demanda contencioso Administrativa)

Y en idéntico sentido, "El status jurídico de que se inviste el particular, en estricta sujeción a la ley y cumplidas sus exigencias, no puede ser eliminado sin quebranto del derecho de propiedad consagrado en los arts. 10 y 31 de la Constitución Provincial. Por ello la relación de empleo público consolidada bajo los efectos de la estabilidad implica la existencia de un derecho adquirido del que es titular la parte que con ella se beneficia y queda por ello protegido por la garantía de los arts. 10 y 31 de nuestra Carta Magna local". (SCBA, I 2026 S 10-5-2000, Busada Claudio Alberto y otros s/ Inconstitucionalidad ley 11.685)

Cómo aceptar lo argûido por la Administración, pretendiendo poner en cabeza de la actora la responsabilidad por el incumplimiento de requisitos que ni siquiera le había solicitado, habiéndolo hecho solo tardíamente (con fecha 06/01/98) y obteniendose 5 años después como respuesta, en primer lugar por la Municipalidad de San Miguel, que no posee el legajo y antecedentes de la Dra. Cardozo y en segundo lugar, por parte del Hospital Mercante que por error las actuaciones se encontraban transpapeladas en el archivo del establecimiento.

5.4.- No puedo, además, dejar de resaltar el razonamiento esgrimido por la Coordinación Región Sanitaria V Asesoría Legal con fecha 11 de septiembre de 2003, quien de manera desacertada conluye que "Luego de un espacio de tiempo prolongado (practicamente 5 años desde el último movimiento del expediente y 7 años desde la última presentación del agente) la Dra Cardozo remite misiva requiriendo decisión administrativa sobre su situación laboral. El plazo transcurrido sin que la peticionante haya manifestado interés sobre su incorporación laboral a la órbita provincial, sumado al hecho de no haberse presentado oportunamente a tomar posesión del cargo - y posteriormente negarse a hacerlo- no haber solicitado pronto despacho ante el silencio de la administración, ni presentarse espontáneamente a requerir resolución (como lo hiciera en el año 1996) hace inferir el desinterés del agente por la conservación del puesto de trabajo" (el subrayado me pertenece).-

Para lo concluido creo oportuno recordar que tiene dicho la Suprema Corte que "la omisión en emitir pronunciamiento administrativo frente a un reclamo del interesado, resulta violatoria de la garantía de defensa, que se integra con el derecho de obtener una decisión no sólo motivada, sino también oportuna y que en el ámbito del procedimiento administrativo deviene una obligación de la Administración inherente al principio del debido proceso adjetivo que lo informa" (art. 15 in fine de la Constitución Provincial, conf. doctr causa B 64.199 Transporte Servidor SRL, dent. del 10XII2003).-

5.5.- Quiero hacer incapié además, en que las normas aplicables al procedimiento administrativo en el ámbito de la Administración Pública Provincial -dec ley 7647/1970- obligan a la autoridad administrativa a adoptar las medidas necesarias para asegurar la celeridad, economía y eficacia del trámite; consagran que las actuaciones deben impulsarse de oficio (art. 48), que incumbe a las autoridades encargadas de su despacho adoptar las medidas oportunas para que la tramitación no sufra retrasos (art. 50) y que los plazos son obligatorios para las autoridades públicas art. 71 (doct. causas B 69.199, sent. del 10-XII-2003, B 53.340 sent del 24-VIII-2005 y sus citas; entre muchas otras).

Las constancias administrativas obrantes en la causa son suficientemente reveladoras de que esas reglas rectoras del procedimiento administrativo no fueron observadas por la autoridad administrativa en el trámite transitado por la Dra. Cardozo, por lo que debo dar por tierra los argumentos de la Provincia demandada.

Que me encuentro convencido de que la Administración no puede justificar su inacción y desidia, escudándose textualmente en que la actora "no ha solicitado pronto despacho ante el silencio de la administración, ni se ha presentado espontáneamente a requerir resolución (como lo hiciera en el año 1996)" recordando ante ello, que nuestro más Alto Tribunal ha sentenciado que "Ni la omisión del interesado en concurrir ante la autoridad administrativa a conocer el resultado de sus peticiones, ni la omisión en denunciar su condición..., liberan a la Administración de la responsabilidad que en la tramitación de las actuaciones le cabe (arts. 48, 50 y 71 del Dec Ley 7647/70)" SCBA A 68993 S del 03/12/2008 Gantus Jose Luis c/ Poder Ejecutivo y otros s/Amparo)

"La Administración tiene la obligación de expedirse respecto de los planteos que le formulen los particulares, y éstos a su vez, tienen el derecho a que aquella resuelva sus pretensiones, sea admitiéndolas, sea rechazándolas y en uno u otro caso, de modo fundado (art. 15 Const. Provincial)" SCBA B 61.267 Lunazi Tomás Ricardo y otros c/ Provincia de Buenos Aires, Dirección Gral de Cultura y Educación sent, de fecha 02-07-2008).

La Provincia demandada ha opuesto una serie de magras consideraciones que bordean lo inatingente y que de ninguna manera se explayan sobre las defensas que hubieran sido esperables en el caso.



5.6.- Sintetizando lo dicho, no puedo más que afirmar que el incumplimiento afirmado ha provocado la violación, no sólo del derecho al trabajo, a la estabilidad del empleado público, ambos de raigambre constitucional (art. 14 bis de la Constitucion Nacional, 6º del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ; art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional ; 39, especialmente inc. 3 in fine y 103 inc. 12 de la Constitución Provincial) y a la carrera administrativa (art. 31 de la Ley 10.430) sino también y habida cuenta las connotaciones evidentemente conexas, han violentado principios tales como la dignidad humana y la protección moral y material de la familia que aquellos conllevan.

Que de acuerdo a todo lo expuesto no puedo màs que afirmar la responsabilidad de la Provincia demandada, responsabilidad que ha quedado, según mi entender, más que acreditada conforme todo lo relatado supra.

6.- Ahora bien, en cuanto a la Municipalidad de San Miguel, sin perjuicio de su negligencia en comunicarle erróneamente a la actora el lugar en dónde debía prestar servicios, no ha incumplido con obligación alguna, toda vez que en virtud del convenio celebrado entre la misma y la Provincia de Buenos Aires, el cual no ha sido cuestionado en los presentes, la Dra Cardozo, quien era dependiente de la administración municipal, debía ser incorporada en la orbita provincial, previo dictado del acto administrativo correspondiente, resultando dicha obligación propia de la Provincia demandada, y en la cual la Municipalidad aqui demandada no tenia injerencia alguna, por lo cual debo rechazar la demanda contra la misma.-

Comprobada entonces finalmente la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires en el hecho de marras, y rechazandola respecto de la Municipalidad de San Miguel, corresponde analizar la extensión de la misma, por lo dicho debo dar tratamiento a los rubros indemnizatorios reclamados por la actora:



a) Daño material:

La actora reclama la retribución que debió serle abonada mensualmente y que le ha sido negada, ello desde la fecha en que fue dejada en disponibilidad hasta la fecha en que se rechazó definitivamente su solicitud de reincorporación, todo ello más los intereses correspondientes. Por lo cual solicita la suma de pesos trescientos cuarenta y cinco mil ($345.000), advirtiendo que dicho monto es estimativo, ya que es efectuado en base al valor de la retribución actual de los agentes que revisten su situación, requiriendo para que sea precisa se libre oficio a la Municipalidad de San Miguel y al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para que informen los valores de la retribución mensual que percibió una jefa de cirugía plástica reconstructiva y quemados desde el 01/01/96 hasta el 22/02/2006.-

Así, la pretensión de la actora es, a mi entender admisible, ya que el empleo público constituye la fuente de ingresos del agente, por lo que cabe presumir, que el incumplimiento en cuanto a la prolongación del vinculo laboral le provoca un detrimento patrimonial suceptible de resarcimiento en el marco del procedimiento administrativo y que por tanto, en principio, basta con que la actora demuestre la relación de empleo que mantenía, y que ha sido excluída del cargo estable de que gozaba en virtud del incumplimiento por parte de la Administración de la obligación que le compete, para reconocerlo, lo que he tenido por probado.

Que sin perjuicio de ello, no puedo hacer caso omiso y dejar de tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha rehusado a reconocer el pago indiscriminado de salarios por funciones no desempeñadas, sin embargo dicho Tribunal ha dejado a salvo la existencia de una disposición expresa para el caso, o ha mitigado tal doctrina cuando ha mediado una irregular aplicación de regímenes de prescindibilidad. En este último supuesto, se ha reconocido el derecho del agente a la percepción de los haberes caidos desde la fecha del cese hasta la reincorporación dispuesta como consecuencia de una acción judicial. (CSJN, Fallos 297:415).

Puedo receptar entonces lo dicho como pauta de interpretación en el caso, entendiendo que en los supuestos en los que el agente público es afectado por una medida segregativa, luego declarada ilegítima, se admite la posibilidad de acordar una indemnización en concepto de reparación por los perjuicios materiales padecidos por el agente que tome en cuenta los salarios caidos, puesto que la falta de prestación de servicios, en ultima instancia, no resulta imputable al mismo (Conf Causa B 31217“Acuña”, sent. De 23-IX-1947), así en las causas B 57.454, “Sebey” (sent. De 1-III-2004) y B 57484 “Obesio” (sent. De 14-IV-2004), entre otras.

Observando además que la conclusión arriba expuesta ha encontrado acogida legislativa en el art. 73 inc. 1 c) de la Ley 12.008, al rezar que "Si la sentencia fuere favorable al impugnante, dispondrá conforme las particularidades del caso todas o alguna de las siguientes medidas.... el reconocimiento de los haberes devengados"

Por lo dicho considero que la indefinición e incertidumbre en cuanto a la continuidad laboral de la actora por un período nada razonable de 10 años (desde el 01 de abril de 1996 hasta el 22 de febrero de 2006) le ha provocado un detrimento patrimonial suceptible de resarcimiento, sin perjuicio de ello, lo sostenido no conlleva a que la reparación se identifique con la totalidad de los salarios dejados de percibir durante el periodo que duró la separación del cargo, tal como pretende la actora, ya que debo ponderar siempre la posibilidad lógica de que el empleado despedido sin derecho, pueda dedicar las horas que antes empleaba en su cargo a otra actividad lucrativa, lo que ha ocurrido en los presentes toda vez que la actora ejercía su profesión de médica en el ámbito nacional, tal como se desprende de la copia fiel de la constancia de matricula nacional obrante a fs.109 del Expte. Administrativo Nro. 2945-1210/96.-

Por lo cual propongo que se condene a la Provincia de Buenos Aires a abonar a la demandante el 35 % de las sumas que debió haber percibido para el cargo que revistaba y no ha cobrado en virtud de la omisión en el dictado del pertinente acto administrativo de incorporación y reubicación en la órbita provincial conforme el convenio celebrado y lo dispuesto por los Decretos 1299/96 y 1655/97, ello desde el momento en que la actora dejó de percibir sus haberes 01/04/1996, (toda vez que conforme se desprende del informe elaborado por la perito contadora designada en autos,a fs. 241, que "la última remuneración percibida fue la correspondiente al mes de marzo de 1996") hasta la fecha en que la Administración se expidió resolviendo su no incorporación a la orbita provincial (22/02/2006), ordenando que la liquidación pertinente sea practicada por la perito contadora designada en autos.-



b) Daño Moral:

Asimismo reclama daño moral, por la suma de pesos ciento cuarenta mil ($140.000).-

Sabido es que el daño moral, resarce el detrimento o lesión en los sentimientos, en las intimas afecciones de una persona. Tiene lugar cuando se infiere un gravamen apreciable a ellas, o en general cuando se agravia un bien extrapatrimonial o derecho de la persona digno de tutela jurídica. Se justifica porque la tranquilidad personal es dañada en una magnitud que claramente sobrepasa las molestias o preocupaciones tolerables.

En el caso de autos, la indefinición en la situación del agente, la innumerable cantidad de reclamos administrativos que debió realizar ante dicha incertidumbre, la irrazonable extensión temporal de la definición ante su reclamo y la decisión 10 años después de su no incorporación a la orbita provincial, hace que pueda considerar probado el daño moral alegado.

En virtud de ello, y si bien la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones intimas del damnificado, hallándose así su monto sujeto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante, considero que en virtud de los argumentos expuesto supra, debo establecer que la suma de pesos cien mil ($100.000),es la adecuada para resarcir el daño moral sufrido. (arts. 1078 del Cod Civil y 165 de CPC).

c) Indemnización prevista por el art. 30 de la Ley 10.430:

Solicita además, le abonen la indemnización prevista por el art. 28 punto 2 b de la Ley 10.430 (actualmente art. 30 de la Ley 10.430).

Que a los fines ilustrativos transcribiré la parte que aqui interesa del art. citado " Será acordada indemnización por los siguientes motivos: a)... y b) Por cese a consecuencia de la supresión del cargo a que se refiere el artículo 11 y concordantes. Esta indemnización no alcanzará a los agentes que estén en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios. El monto de la indemnización será equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor.... "

Y en relación con el mismo, el artículo 11 al que hace referencia el articulo aludido establece que "Cuando se dispongan reestructuraciones que impliquen supresión de organismos o dependencias o la eliminación de cargos o funciones, los agentes tutulares de los puestos suprimidos que no fueran reubicados en la jurisdicción respectiva, pasarán a revistar en situación de disponibilidad por un plazo no inferior a DOCE (12) meses", asimismo en art. 14 dispone que "El cese del agente será dispuesto por el Poder Ejecutivo y se producirá por las siguientes causas: e) supresiòn del cargo por la situación prevista en el art. 11, en los términos y condiciones allí establecidas"

Que conforme lo enunciado supra, para acceder a la indemnización prevista corresponde se decrete un cese por supresión de cargo, que sin perjuicio de que el rechazo por parte de la Provincia de Buenos Aires al pedido de incorporación de la actora a la jurisdicción provincial no resulta literalmente una declaración de cese, considero que el efecto del mismo, es equivalente a la declaración de cese prevista por el artículo mencionado, por lo que entiendo le asiste razón a la reclamante.

Ello es así ya que juzgo que en el marco de una interpretación abarcadora no cabe excluir el método que tiene en cuenta la finalidad de la norma, y que en el caso, no es otra que lograr la plena operatividad de la garantía constitucional de la estabilidad del empleado público, que constituye el núcleo central del régimen juridico del personal permanente de la Administración pública, erigiéndose en el derecho fundamental de los agentes públicos.-

Por lo dicho corresponde reconocerle a la actora la indemnización prevista por el art. 30 de la Ley 10.430, toda vez que la decisión de la Administración de su no incorporación a la órbita provincial y por ende su no continuidad en la relación de empleo público que la misma revistaba y el derecho a la estabilidad en el mismo que le asistía, sin lugar a dudas es equivalente a la declaración de cese en el cargo que poseía.-

7.- La actora peticiona además los intereses de las sumas que reclama. En materia de daños, la obligación del responsable de reparar los perjuicios infringidos, nace a partir del momento que tuvo lugar el obrar antijurídico.

Siendo que los intereses tienen por finalidad compensar al acreedor la indisponibilidad del uso de su capital, no existe razón para no hacer lugar al pedido de aplicarle intereses respecto de la deuda aquí reclamada.

Corresponde por lo tanto hacer lugar a los mismos a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por depósitos a treinta días, respecto del daño material reconocido deberán ser calculados desde la fecha en que cada monto fue debido (01/04/1996) hasta su efectivo pago, respecto de la indemnización prevista por el art. 30 de la Ley 10.430, desde el momento de la declaración de cese (o su equivalente) (22/02/2006) hasta su efectivo pago y respecto del daño moral desde la fecha en que la Sra Cardozo ha sido segregada en su empleo y por ende puesta en situación de cesación en la relación laboral (22/02/2006) hasta el efectivo pago (art. 622, del C.C, art. 7 y 10 ley 23.928 modificada por ley 25.561 y 5 de la ley 25.561), debiéndose tener presente respecto de este rubro daño moral, que la actora no prestó servicios entre 1996 y 2006, reconociéndole ya por éste periodo una reparación por los perjuicios materiales sufridos (ver punto A del considerando 6).-

8.- En cuanto al tema de las costas atento la cuestión a que se arriba, no he encontrando mérito para apartarme del principio general establecido en el inciso 1 del art. 51 del CCA, por lo que las mismas serán impuestas a la parte vencida Provincia de Buenos Aires (Art. 51 inciso1º del C.C.A., texto conforme ley 14437), respecto a las correspondiente a la Municipalidad de San Miguel se imponen en el orden causado (Art. 51 inciso 2º del C.C.A., texto conforme ley 14437).

9.- Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el considerando 6 punto A) Daño Material in fine, en donde se ha ordenado que la liquidación respectiva sea practicada por la perito contadora designada en autos, corresponde que la misma, a tales fines -una vez consentida y firme la sentencia- se apersone por ante el Ministerio de Salud, a fin de que el citado Ministerio le proporcione en el plazo de veinte (20) días la información respectiva en cuanto a la remuneración mensual que le hubiera correspondido a la accionante, teniendo en cuenta el cargo y categoría que la misma revistaba como jefa del Servicio de Cirugía plástica y quemados, ello desde el 01 de abril de 1996, hasta el 22 de febrero de 2006.

Obtenidos tales datos procederá a efectuar la liquidación de que se trata, sobre las pautas dadas en la sentencia, tomando en cuenta el porcentual reconocido como así los intereses que devengaron dichas sumas mes por mes. Dicha pauta se hace extensiva a la indemnización prevista por la ley 10.430 en su artículo 30 reconocida supra, teniendose presente también para este rubro la pauta relacionada con los intereses sobre la misma.-

Por las consideraciones vertidas precedentemente, RESUELVO:



I.- Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva esgrimida por la demandada Municipalidad de San Miguel.-

II.- Hacer lugar parcialmente a la demanda por resarcimiento de daños y perjuicios iniciada por la Sra. Noemí Esther Cardozo contra la Provincia de Buenos Aires, rechazándola contra la codemandada Municipalidad de San Miguel por los motivos expuestos supra.

III.- Condenar en consecuencia a la Provincia de Buenos Aires a abonar a la demandante en concepto de daño material el 35 % de las sumas que debió haber percibido para el cargo que revistaba y no ha cobrado, ello desde el momento en que la actora dejó de percibir sus haberes (01/04/1996), hasta la fecha en que la Administración se expidió resolviendo su no incorporación a la orbita provincial (22/02/2006), a la cual deberá aplicársele mes a mes la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por depósitos a treinta días, debiendo liquidarse desde la fecha que cada suma ha sido debida hasta la fecha de efectivo pago. (Art 622, del Código Civil, art 7 y 10 Ley 23.928 modificado por la Ley 25.561 y 5º de la Ley 25.561).

IV.- Condenar a la Provincia de Buenos Aires a abonarle a la actora la indemnización prevista por el art. 30 de la Ley 10.430, a la cual deberá aplicársele la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por depósitos a treinta días, debiendo liquidarse desde la fecha en que se ha resuelto su cese (22/02/2006) hasta la fecha de efectivo pago. (Art 622, del Código Civil, art 7 y 10 Ley 23.928 modificado por la Ley 25.561 y 5º de la Ley 25.561).

V.- Condenar a la Provincia de Buenos Aires a abonarle a la actora la suma de pesos cien mil ($100.000) en concepto de daño moral, sumas a las cuales deberá adicionarse la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por lo depósitos a treinta días debiendo liquidarse desde la fecha en que se resuelve su cese (22 de febrero de 1996) hasta el efectivo pago (art. 622 del Código Civil, art, 7 y 10 Ley 23.928 modificado por la ley 25.561 y 5 de la Ley 25.561.

VI.- Dar intervención notificando lo aqui resuelto a la Sra. Perito Contadora designada en autos, a los fines de que confeccione la liquidación definitiva respecto de las sumas reconocidas, sobre la base de los parámetros vertidos en el considerando 9.

VII.- La liquidación que se practique conforme las pautas precedentemente indicadas, deberá ser abonada en el plazo de sesenta (60) días contados desde que quede firme el auto de aprobación de la liquidación. (arts. 63 C.C.A. y 163 de la Constitución provincial).-

VIII.- Imponer las costas a la Provincia de Buenos Aires que resulta vencida (art. 51 CCA), respecto a las de la Municipalidad de San Miguel se imponen por su orden (Art. 51 inciso 2º del C.C.A., texto conforme ley 14437), difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en el art. 51 ley 8904.

IX.- REGíSTRESE. NOTIFíQUESE POR SECRETARIA.-


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