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Cambio a la vista en la “Suiza de América” ?


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Cambio a la vista en la “Suiza de América” ?

Pocos días antes de decidirse el futuro político de George Bush, en un pequeño país de América Latina será juzgado políticamente uno de sus amigos más cercanos. El 31 de octubre se celebran en el Uruguay elecciones presidenciales y parlamentarias y muchos/as pronostican una victoria de la Alianza centroizquierdista que compite bajo el nombre de difícil pronunciación “Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría”. El mismo día será votada una iniciativa popular que propone elevar a rango constitucional el carácter de bien público del agua y cerrar la posibilidad a cualquier pretensión privatizadora.

Meses movidos esperan al Uruguay, conocido más bien por su relativa calma y tranquilidad.
Equivocadamente la planicie de 160,000 km2 y habitada por 3 millones de personas que se llama Uruguay es considerada una excepción latinoamericana en cuanto a vigencia democrática electoral, sin considerar que también en este país los golpes militares fueron un fenómeno frecuente. La dictadura militar entre 1973 y 1985 fue el último capítulo al respecto, enmarcado en regímenes similares en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil bajo supervisión del gobierno de los EUA. La séptima parte de la población conoció las cárceles, decenas de miles fueron torturados/as y una enorme cantidad obligada a abandonar su país. Dicho golpe no fue dirigido tanto en contra del Movimiento Tupamaro – militarmente derrotado en este momento – sino contra la amplia izquierda legal con sus partidos, sindicatos, cooperativas, etc., y creó las condiciones para la implementación de reformas neoliberales. Pero la cuenta no salió del todo y una votación para reformar la constitución al antojo de los militares fue derrotada, como lo fueron en las urnas las privatizaciones de las telecomunicaciones y del monopolio estatal de combustibles. Sin embargo no se logró superar la privatización de las pensiones y la impunidad para los militares. Desde 1990 la capital Montevideo es gobernada por la izquierda donde habita casi la mitad de la población, el respaldo a este gobierno local y por ende el voto para la izquierda en la capital ronda actualmente el 60%.
En esta situación, la izquierda aspira una vez más a la presidencia y se ha puesto como meta ganarlas con mayoría absoluta en primera vuelta el próximo 31 de octubre para lograr al mismo tiempo mayoría parlamentaria y evitar una segunda vuelta. La segunda vuelta fue el obstáculo que evitó el cambio de gobierno hace cinco años, cuando los iniciales 42% del candidato Tabaré Vázquez no crecieron lo suficiente y la unión de los tradicionales rivales Blancos y Colorados llevó al amigo personal de Bush Padre, Jorge Batlle, al sillón presidencial. Pero la gestión gubernamental en estos cinco años no ha sido nada brillante y junto a la crisis económica y sus impactos ha elevado la intención de voto de la alianza de centro-izquierda a entre 46 y 52% con una cantidad de indecisos menor al 10%.

Los Candidatos


El médico oncólogo Tabaré Vázquez, ex intendente de Montevideo con trayectoria en el Partido Socialista es por tercera vez candidato de la izquierda a la presidencia. Su contrincante se llama Jorge Larrañaga, originario de la rural provincia de Paysandú donde ejerció como gobernador sin pena ni gloria antes de convertirse en diputado. El representa las raíces rurales del Partido Blanco. Se presenta como la cara nueva en la situación de crisis y subraya sus orígenes rurales en un país donde casi la mitad vive en zonas no urbanas y se siente marginado por la capital. Larrañaga venció en las elecciones internas al ex – Presidente y caudillo tradicional Lacalle. En su que hacer político y su plataforma programática se distancia de la actual política de gobierno, que sin embargo se apoya con los votos de su partido en el parlamento. Junto con la izquierda rechazó la apertura del monopolio estatal de combustibles a capital privado y apoya la iniciativa para el agua (ver artículo aparte). Pero la semejanza de los programas en muchos puntos tiene mucho que ver con consideraciones electorales, ya que estas elecciones al parecer serán decididas por relativamente pocos/as votantes del centro político y flotantes en cuanto a sus preferencias partidarias. Esto lleva a los partidos grandes a dirigir mucho de sus programas y mensajes hacia este segmento.
Pero no sólo la izquierda, sino también la derecha desgastada, señala que en el caso de ganar, Larrañaga sería obligado a gobernar con los votos de la derecha recalcitrante, que lo obligaría a derechizar su estilo y agenda.
Un tercer participante, el hasta hace tres meses Ministro del Interior Stirling representa al partido tradicional “Colorados”. Las encuestas le dan alrededor del 10% de intención de voto y su única esperanza es cobrar el apoyo para un posible gobierno blanco con cuotas de poder en el aparato estatal, mientras que una victoria de la izquierda con posterior consolidación a nivel de los departamentos en marzo del 2005 podría ser un hito en el camino al desmembramiento de este partido tradicionalmente omnipotente.

El fenómeno de la izquierda unida


La izquierda en el Uruguay es un fenómeno en América Latina. A partir de fuertes raíces europeas y a pesar de la presencia de todas las corrientes ideológicas con un fuerte componente anarquista, se logró limar la confrontación interna de tal manera que en los años sesenta se pudo conformar una central sindical única, la poderosa PIT – CNT. En el plano político, el “Frente Amplio” participó en 1971 por primera vez en elecciones presidenciales con su líder Liber Seregni (ver nota aparte) como candidato, logrando sin embargo no más del 18% de los votos.
Si bien la dictadura logró imponerse a la izquierda armada y legal, no pudo erradicar sus profundas raíces sociales. A pesar de los altos y bajos, el desmembramiento de su mayoritario sector comunista luego de la caída del muro, el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, por un proceso de crecimiento que se expresa en la adhesión de sectores, se ha constituido en lo que hoy en día es indiscutiblemente el mayor partido político del Uruguay.

En el Frente Amplio trabajan tecnócratas con activistas de base, comunistas con trotskistas, socialdemócratas con tupamaros, debaten sus diferencias y coincidencias en privado y en público y hasta se pelean de vez en cuando, pero con la claridad de la importancia de conservar la unidad como un bien político de todos y todas. Como fenómeno interesante se observa que en las elecciones internas ha sido cada vez otra agrupación la que ha cosechado la mayor cantidad de votos. Desde los comunistas en 1989, pasando por los socialistas y la centrista Asamblea Uruguaya, la votación se ha movido en junio de este año hacia el MPP, surgido principalmente desde los/as Tupamaros.


Los/as legendarios/as Tupamaros de los años 60 y 70 y con más de medio siglo de vida recorrido han escogido caminos diversos. Una parte importante es determinante en el MPP y parte del Frente Amplio, siendo sus más conocidos exponentes el popular Pepe Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro. Sin embargo no están exentos de criticas, ya que según Fernández Huidobro “todo menos la victoria electoral es negociable”, posición contrariada por muchos/as de sus ex compañeros/as. Yessie Macchi acusó a Fernández Huidobro a raíz de un razonamiento casi esotérico del rechazo a la liberalización del aborto de ser sencillamente “un mal senador”. Otros critican los acuerdos informales con los militares que al parecer asegurarían a los militares la impunidad y evitarían el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y el castigo de los culpables. El intento de equiparar las muertes de soldados con la de los/as victimas de la dictadura que genera condiciones para un perdón y olvido ha sido criticado vehementemente por Jorge Zabalza, Tupamaro quien en un tiempo presidió la Junta Departamental de Montevideo. Esta izquierda reivindica el socialismo como meta de largo plazo y plantea reivindicaciones históricas como la reforma agraria, el no pago de la deuda externa y la estatización de la banca y de las cajas de pensiones. Las mismas fungían en la plataforma de gobierno del Frente Amplio de 1971, pero han sido reemplazados paulatinamente por un programa menos rupturista que incluye el reconocimiento de la impunidad de los militares. Desde el inicio de esta separación del Movimiento Tupamaro en 1999 sin embargo, no se ha formado una opción de izquierda radical con peso real, ni dentro del Frente Amplio, ni afuera del mismo, quedando con magros 3% de los votos en la última elección interna del Frente Amplio en junio de este año.
De mitos y economía
El bienestar uruguayo con una amplia capa media se debía a dos factores principales. Los/as inmigrantes europeos/as aprovecharon el país extenso y fértil para la ganadería y exportaron carne, cuero y lana; bienes de alta demanda y buenos precios durante la primera mitad del siglo 20. La riqueza creada fue parcialmente distribuida. Se implementó la jornada laboral de ocho horas, se estableció un sistema de pensiones y se construyeron ejemplares sistemas de educación y salud. Después de la guerra de Corea empezó a hacer agua este modelo y se implementó una plaza financiera como intento para contrarrestar la tendencia de desgaste que comenzó a hacerse evidente en los años 60. Con la desmejora de los términos de intercambio la capacidad de redistribución disminuyó y los salarios empezaron a estancarse. Este proceso lento se agudizó durante la dictadura militar, cuando la protesta social era prácticamente imposible. Pero contrario a la mayoría de los países latinoamericanos que como Argentina aplicaron religiosamente las recetas neoliberales del FMI y del Banco Mundial y desmontaron el Estado, en el Uruguay se lograron evitar varias privatizaciones importantes y también la deuda externa estaba a niveles manejables hasta finales del milenio pasado.
El golpe final del modelo fue una breve imitación del modelo argentino de anclar la moneda nacional al dólar. Al devaluar Brasil el Real se desmoronó el aparato productivo interno que no pudo competir con las importaciones abaratadas desde el vecino del Norte y decenas de miles de empleos se perdieron en pocos meses. Si durante la crisis de Argentina, Uruguay era considerado un destino seguro para capitales, también este mito cayó bruscamente al quebrar varios bancos privatizados por maniobras fraudulentas de sus nuevos dueños. En tan sólo tres semanas, el país perdió la mitad de sus reservas en divisas, los sistemas bancarios y de pensiones llegaron al borde del colapso y una drástica devaluación se volvió inevitable. La amistad presidencial con Bush padre y la nacionalidad uruguaya del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias facilitaron un crédito de emergencia por 3000 millones de US $ que evitó el colapso, pero condicionó el futuro del país.
Debido a ello, el endeudamiento público ha sobrepasado el 100% del PIB, el desempleo se ha duplicado a pesar de que un 10% de la población emigró, la industria nacional dejó prácticamente de existir y ha decaído el ingreso real per cápita en más de 20%. En el índice de desarrollo humano del PNUD, Uruguay ha caído desde la respetable posición 32 en 1995 al rango 46, justo por detrás de Costa Rica. Enfermedades como el dengue han vuelto después de décadas, docenas de niños/as piden limosnas en las calles y la mayoría de los/as menores de 12 años crece en condiciones de pobreza. A este cuadro se suma una estructura demográfica con características europeas y por ende una necesidad de pago de pensiones que supera con creces los recursos disponibles. En tan sólo 3 años un 10% ha emigrado, mayoritariamente gente jóven con diploma universitario y ancestros/as europeos/as, lo cual facilita la obtención de un pasaporte español o italiano en la mayoría de los casos. Dadas las estructuras sociales más fragmentadas, esta emigración no se traduce en un flujo importante de remesas familiares y constituye por ende una pérdida neta de lo invertido por la sociedad uruguaya en este capital humano en cuanto a salud, educación, etc.1 30 años han bastado por ende para acabar con la riqueza acumulada (aún en 1948 Gran Bretaña cancelaba sus deudas con el país con la renacionalización de los ferrocarriles) y para acumular una deuda social cuyo pago está en entredicho.
Hasta la saciedad habla del modelo Uruguay el presidente Batlle en vista de un crecimiento económico esperado de entre 9 y 10% para el año 2004 con inflación controlada y tasa de desempleo decreciente. Pero en la vida cotidiana estas mejorías en los indicadores no se reflejan, contrario a Venezuela, donde se traducen en inversión social y medidas de redistribución. Los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo y oscilan alrededor del 70% en comparación con su valor real de hace cinco años. Los nuevos empleos se ubican mayoritariamente en los sectores servicio, comercio y turismo y por ende en los eslabones de bajos ingresos. La emigración mejora las estadísticas de desempleo, dado que los/as que se fueron sencillamente ya no figuran como carentes de empleo. El alto crecimiento económico finalmente constituye más bien una recuperación de lo perdido en los últimos años y se ha visto beneficiado por factores externos y depende de ellos. La recuperación en Argentina fomenta el turismo, los precios internacionales para la soja y la carne son buenas y los intereses de la deuda externa muy bajas. Pero es de recordar los años 80 con el tristemente célebre Ronald Reagan cuando la alza de los intereses en los EEUU por el crecimiento del endeudamiento público hizo explotar los pagos para intereses e hundió en mayor pobreza a prácticamente todo el continente, fenómeno previsible y probable a mediano plazo. Finalmente ha sido reprogramado el servicio de la deuda externa de tal forma, que lo serio empieza a partir del 2005, cuando deberían de empezar a pagarse más de 2000 millones de US $ - más que la mitad de los ingresos en divisas. Por ende resulta evidente que una de las primeras medidas de un nuevo gobierno será una renegociación de plazos de pago para la deuda.
Entre realidad y utopía
Que a escasos dos meses de un probable fin de 200 años de gobiernos liberales y conservadores el entusiasmo en la izquierda uruguaya no es el esperado para un/a observador/a externo/a no sólo tiene que ver con el carácter calmado de la población. Está por un lado el temor a raíz de la experiencia de hace cinco años de ser superado en la recta final y por otra parte el temor de no poder satisfacer las inmensas expectativas de la población. El estatus jurídico de los/as empleados/as públicos/as, en buena medida colocados en concepto de favores políticos en un aparato estatal excesivamente grande en muchos aspectos, complejiza cambios y adecuaciones necesarios.
Muchos representantes del capital nacional parecen no reacios a un gobierno que pone mayor énfasis en el mercado local y regional, después de haber sido golpeados muchos sectores por la apertura indiscriminada. La nominación temprana de Danilo Astori como ministro de economía fue una clara señal de tranquilidad para estos sectores y las instituciones financieras internacionales que un gobierno del Frente Amplio garantiza continuidad en aspectos claves como el servicio de la deuda externa. En los años 60 Astori fue estrecho colaborador del actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias en el Ministerio de Ganadería del Uruguay. Su nominación ha generado algunas murmuras internas, dado que en varias ocasiones ha tomado posiciones a la derecha de los acordados por la alianza de centro-izquierda, tal como para la votación contra la apertura a capital privado del monopolio estatal de combustibles ANCAP en diciembre del año pasado. El candidato a Vicepresidente de Tabaré Vázquez, Nim Novoa, habló por muchos/as cuando sugirió “darle más señales a la población y no sólo a los mercados” después de haber sido dada a conocer la nominación sin mayores consultas desde Washington durante una gira internacional.
En términos programáticos se plantea un programa de choque contra la pobreza y la exclusión con subsidios directos y medidas diversas basadas en experiencias argentinas y brasileras, estableciéndose incluso costos y fuentes de financiamiento. En términos generales se aspira a una reactivación económica con empleos dignos y estables que permita incluso el regreso de muchos/as que tuvieron que emigrar. Tanto el aparato industrial – a manera de ejemplo se citan las tres fábricas que gracias a la persistencia obrera y nuevos inversionistas han vuelto a producir en las últimas semanas – como la agricultura serán clave para lograr este objetivo. El incremento de los salarios se propone mediante la negociación colectiva con participación gubernamental activa, algo claramente factible en vista de los incrementos de productividad y de utilidad por devaluaciones y buenos precios internacionales. El actual salario mínimo de aprox. 45 US $ cubre únicamente las necesidades alimenticias básicas de una familia, sin considerar vestimenta, educación, alquiler, agua, luz, etc.
En el ámbito social se apuesta a una mayor inversión en educación. Los gastos excesivos en un sistema de salud disperso y parcialmente privatizado serán optimizados por un sistema financiado por contribuciones calculadas en base al ingreso y administrado por el Estado, lo cual constituye un avanze importantisimo hacia un sistema de salud solidario, con énfasis en el primer nivel de atención y con servicios brindados en parte por privados/as. Programas de vivienda serán lanzados no sólo para aliviar la situación del 8% de la población en asentamientos irregulares, sino también para contribuir a la recuperación económica y el fortalecimiento del bien enraizado sistema cooperativo en este sector.
Otra reforma necesaria y anunciada es la fiscal, donde se propone pasar el énfasis del 23% de Impuesto al Valor Agregado (IVA – el mayor %aje en todo América Latina) a un impuesto progresivo sobre la renta, lo cual según grado de implementación constituye una medida efectiva de redistribución del ingreso con beneficios para los sectores más carecientes.
En cuanto a política exterior la coalición centro-izquierda defiende una política independiente en alianza con Kirchner y Lula, el fortalecimiento del Mercosur en vez del Alca y la promoción del comercio sur – sur. La restitución de las relaciones diplomáticas con Cuba se sobreentiende y vergonzosas actuaciones como la abstención en Naciones Unidas en relación al muro israelí contra el pueblo palestino pasarían a ser cosas del pasado. Pero el espacio real de maniobra será determinado en buena medida por el desarrollo de la situación política en Argentina y Brasil, siendo la consolidación del proceso bolivariano en Venezuela una posibilidad de concretar la alianza energética propuesta por Chávez con potencial de ser extendido a otros ámbitos.
Pero hasta donde llegará un gobierno de izquierda depende también de la propia base social. Solamente un tejido social sólido y con capacidad de defensa de los planteamientos históricos será capaz de contrarrestar las presiones de empresariado y derecha política nacional e internacional y apoyar o obligar ´su´ gobierno para realizar medidas efectivas de redistribución. Este debate ocupa actualmente alta prioridad por ejemplo en la central sindical única PIT-CNT que discute este tema con homólogos de Brasil, Venezuela, etc. y constituye al mismo tiempo un terreno de acción y un reto también para integrantes de la izquierda política afuera del EP-FA-NM.

El agua es de todos/as

Alrededor de 290,000 ciudadanos/as del Uruguay, exigieron con su firma elevar el carácter del agua a bien público, y obligaron a votar sobre este tema en conjunto con las elecciones presidenciales y parlamentarias del 31 de octubre.


“Hemos ganado 3 etapas a la fecha”, afirma María Selva Ortiz, quien figura en el comité coordinador de la iniciativa en representación de la organización ambiental Redes – Amigos de la Tierra, “pero la etapa decisiva es el día de la votación – el 31 de octubre. No obstante, el trabajo más arduo iniciará hasta después, cuando se trata de la implementación.”
La iniciativa fue motivada por declaraciones del actual presidente Jorge Batlle en una entrevista con un canal de televisión yanqui. Ahí prometió públicamente lo que en privado ya había acordado con el FMI: abrir el sector agua y saneamiento al capital privado a partir de enero 2003. Algunos actores se alarmaron y el sindicato de Funcionarios de la entidad estatal de agua y saneamiento OSE, la organización ambiental Redes, una asociación de vecinos/as afectados/as por la primera concesión y un sector del partido de derecha “Blancos”, acordaron impulsar una iniciativa popular con el fin de elevar el carácter público y el derecho del acceso al mismo a rango constitucional. El Frente Amplio se sumó en una fase posterior, alegando no querer competir con la recolección de firmas contra la apertura a capital privado del monopolio estatal de combustibles (ANCAP). A la fecha son 40 los sindicatos y las organizaciones políticos y sociales quienes conforman el comité coordinador y funcionan en forma horizontal y democrática.

Etapa 1: Recolección de firmas


Para lograr una votación popular sobre el tema, el 10% de las personas con derecho de votar tenía que dar su firma en un lapso de dos años y medio. “Nos propusimos lograrlo en 3 meses – antes de la fecha anunciada por Batlle para la privatización en enero del 2003 -, pero nos tardamos finalmente un año y entregamos 290 en vez de los 143,000 firmas”, cuenta María Selva. Para cada firma se requería de una hoja separada. Los datos obtenidos fueron validados luego con una base de datos centralizada, a fin de evitar anulaciones. Selva señala que “en caso de que algo de los datos fuera equivocado o poco claro contactamos a la persona y fuimos hasta su casa para rellenar la hoja, lo cual implicaba un trabajo arduo. Otro problema fue que para mucha gente el agua y el derecho a tenerlo es algo tan natural que había que realizar mucho trabajo de información para convencer a la gente.”

Etapa 2: Validación de las firmas


Posterior a su presentación, las firmas fueron analizadas y finalmente validadas – había que someter a votación la iniciativa.

Etapa 3: El parlamento que no sesiona


En diciembre del 2003 Uruguay vio la continuación de una tradición – propuestas privatizadoras son rechazadas por mayorías populares en votaciones. La apertura a capital extranjero del monopolio estatal de combustibles ANCAP fue rechazada por una clara mayoría del 62%, lo cual constituía un claro revés político para el gobierno. Pero la iniciativa para el agua tuvo que salvar otro obstáculo. Un minipartido derechista intentó lanzar una contrapropuesta a nivel parlamentario a fin de someter a votación las dos propuestas al mismo tiempo, implicando el peligro de la división del voto y por ende de una derrota. “Pero el Frente Amplio junto al sector del partido de los Blancos que habían ganado las elecciones internas (se refiere a Larrañaga) no se hicieron presentes y el parlamento no pudo sesionar por falta de quórum. Creo que nuestro gran éxito es haber logrado mantener la iniciativa fuera de la confrontación partidaria tradicional. El concentrarnos en el tema nos ha permitido construir mayorías e incluso en el partido de gobierno (se refiere a los Colorados) contamos con algunos apoyos”, analiza María Selva.

Etapa decisiva: La Votación del 31.10.


Junto a las elecciones para Presidente y Parlamento, los/as Uruguayos/as votarán sobre la iniciativa del agua, siendo según Selva “la ignorancia nuestro principal adversario”. Encuestas en el mes de julio reflejaron que la mitad de la población desconocía la iniciativa, un porcentaje tendiente a la baja en la medida que el trabajo informativo arrecia. De las personas informadas el 50% la apoya, mientras que el 13% la rechaza, quedando más de un tercio de personas indecisas. “Tanto la fórmula Vasquez/Nin Novoa del Frente Amplio como Larrañaga/Abreu de los Blancos apoyan la iniciativa y contamos con el compromiso de todo el Frente Amplio de incluir la papeleta del ´sí´ en sus sobres de votación2”, cuenta Selva contenta y pregunta cuanto tiempo más durará la entrevista. Tiene que atender una invitación de un grupo barrial para informar sobre la iniciativa. “Cada fin de semana informamos y discutimos con docenas de agrupaciones de base del Frente Amplio, de sindicatos, de barrios, de cooperativas, etc. y la gente empieza a identificarse con la iniciativa.

Uno de nuestros problemas principales son los recursos financieros. Hasta ahora ha sido más que todo el sindicato de los/as funcionarios/as de OSE (Obras de Saneamiento del Estado) – FFOSE – quienes aportaron los fondos con descuentos salariales voluntarios, rifas, etc. Ahora sólo la impresión de las papeletas nos cuesta 13,000 dólares, las agrupaciones políticas vuelcan sus fondos a la campaña electoral y las solicitudes de apoyo internacional a la fecha han quedado sin resultado. El sindicato FFOSE ha jugado un papel preponderante en todo el proceso. Han tenido la apertura de acompañar una iniciativa que menciona aspectos laborales y sindicales en un solo apartado y asumido plenamente el planteamiento del manejo sustentable de los recursos hídricos y el derecho humano del acceso a agua limpia, introducidos por organizaciones como la nuestra.”


El seguimiento a partir del día después
La aceptación de la iniciativa para el agua cuenta con grandes probabilidades. El tema, la tradición uruguaya de rechazar privatizaciones y el apoyo por encima de los limites partidarios juegan a favor. Pero la implementación no será del todo fácil, ya que según Selva “la iniciativa va mucho más allá de afirmar la propiedad pública de los recursos hídricos y plantea en forma explícita la anulación de cualquier concesión en el sector, siendo reintegrado inversiones realizadas, pero no ganancias que se dejaron de percibir por dicha anulación. La nueva normativa incluye la representación de los/as consumidores en el gremio directivo de OSE – una gran oportunidad, pero también un gran reto. Finalmente se exige un manejo sustentable del recurso agua, lo cual permitiría intervenir en casos como la mina de oro San Gregorio que evacua el cianuro utilizado sin ningún procesamiento, de las fábricas de papel planificados o de plantaciones madereras de monocultivo, tal como las 134000 hectáreas de la empresa estadounidense Weyenhauser.”
Inversionistas o modernos colonizadores
A la fecha son dos las concesiones de agua en el Uruguay. Desde 1992 Aguas de Barcelona (propiedad de Suez-Lyonnaise des Eaux de Francia) abastece a 2500 consumidores/as. La estructura tarifaria explica porque la asociación de consumidores de agua del sector bendecida por esta concesión es de los miembros más activos de la iniciativa. La tarifa base para el agua potable es del 700% en comparación con OSE y del 4000% (!) en el saneamiento. El precio por metro cúbico de agua gastada en comparación es 30 veces más barato con la concesionaria, lo cual favorece a los grandes consumidores, constituye un subsidio cruzado a favor de estos y lleva a derrochar el preciado liquido. Para una familia con el ingreso promedio de Montevideo, el gasto para el agua en estas circunstancias alcanza la sexta parte de los ingresos disponibles! Ya no extraña que los costos para una conexión nueva sumen 16 veces más con el privado y 80 veces el monto del proveedor estatal en el caso del saneamiento.
La segunda concesión que incluye al elegante balneario Punta del Este no resulta menos chocante. Si bien debe respetarse la estructura tarifaria estatal, los mal llamados inversionistas de “Aguas de Bilbao” pueden deducir la inflación directamente del canon a pagar a las arcas públicas, lo cual incluye la posibilidad de un pago por parte del estado al concesionario para sus operaciones y asegura una ganancia independientemente de la eficiencia empresarial. A raíz de la crisis económica a partir del 2001, los concesionarios lograron renegociar los términos y pagan su canon ahora en pesos uruguayos en vez de dólares, reduciéndose el monto del 2% al 0.2% de sus movimientos.

El semanario independiente Brecha cita a la secretaria general del sindicato de OSE Adriana Marquiso, quien afirma que ´de la inversión de 250 millones de dólares han sido realizados apenas 14 a la fecha, lo cual constituye una clara violación de los términos y da lugar a rescindir de la concesión, con o sin iniciativa´.



Cifras de la Iniciativa para el Agua reflejan costos para el estado de 31.3 millones US $ entre octubre del 2000 y finales del año en curso. En vez de una utilidad de 9.7 millones que podía ser utilizado según María Selva “para subsidiar tarifas en otras zonas del país y de la gente con menores ingresos”, resultó un déficit de 21.6 millones de US $. Estas cifras resultan dado que las arcas públicas no sólo han cargado con las indemnizaciones de 5.6 millones para los/as empleados/as despedidos/as, sino también por el pago de un crédito que permitió renovar a fondo la red antes de entregarla a manos privadas. Los pagos en concepto de concesión en el período señalado finalmente llegan a menos de la mitad de las ganancias que resultaron bajo la administración pública, dato cuestionador del paradigma neoliberal de la ineficiencia del estado.
Agua: Petróleo del Siglo 21
Mientras soldados/as estadounidenses mueren en oriente medio, asesinan a miles y destruyen zonas enteras por garantizar el poder sobre el oro negro, en otras esferas se proyecta el control de otro bien vital: el agua. Cientos de millones carecen de él y el cambio climático vaticina malas noticias. Como Suiza, el Uruguay “nada” en agua dulce de buena calidad y el 98% de los hogares la reciben a través de cañería. La selva amazónica, inmensas estepas y partes de los Andes nutren la enorme reserva de agua subterránea de un millón de km2, llamada “Guaraní”, ubicada en partes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pero los monocultivos de plantaciones forestales, la explotación indiscriminada p.e. para abastecer a Sao Paulo con sus 20 millones de habitantes, la contaminación por agroquímicos y los modernos colonizadores son amenazas para este patrimonio. El Banco Mundial lidera un conjunto de organizaciones como la OEA (que coordina la implementación), la Organización Internacional Atómica, el Programa Holandés de Aguas y el Instituto Alemán para Geología en un proyecto llamado “Protección y uso sustentable del acuífero subterráneo Guaraní” por un monto de 27 millones de US $. En un primero momento han recogido la información reunida por las universidades nacionales durante largos años – dejándolos fuera del proyecto – y licitado el establecimiento de un sistema de información geográfica. Junto a la amenaza del gobierno de los EUA de ocuparse más de cerca de la triple frontera - conocida por las cataratas de Iguazú y donde habita una importante colonia de población de origen árabe – y proponiendo en repetidas ocasiones maniobras militares conjuntas, parece haber preocupación en diferentes sectores.
Los cuatro países miembros del Mercosur, en cuyos territorios se encuentra el “Guaraní” mandataron en julio un grupo de trabajo para encontrar la modalidad de asegurar legalmente la propiedad de los estados nacionales sobre dicho recurso. Varias docenas de activistas sociales se encontraron a finales de junio en Foz de Iguazú para intercambiar informaciones sobre el tema y discutir estrategias en común a favor de un manejo sustentable de la reserva acuática y contra las pretensiones del gigante del Norte. Para María Selva de la Iniciativa para el Agua del Uruguay es evidente que esta temática ocupará mayor relevancia después de la votación nacional con el objetivo de alcanzar un manejo sustentable de los recursos hídricos y de afirmar el acceso al agua como un derecho humano.


Beat Schmid, Cooperante GVOM en Uruguay

Este artículo es publicado también en el CORREOS DE LAS AMÉRICAS (Zürich / No. 139 – 2004).




1 Partiendo de 250.000 adultos y una estimación conservadora de 15.000 US $ en inversión social por persona llegamos a una pérdida estimada de 3750 Millones US $ en capital humano que equivale a prácticamente un tercio de la deuda pública.

2 Dadas las múltiples listas de votación de cada partido en el Uruguay, los/as votantes suelen llevar al local de votación sus listas para votar, los cuales reciben de los partidos políticos y de sus sectores. Por ello, la Iniciativa para el Agua debe proporcionar suficiente cantidad de papeletas del ´si´ a cada agrupación del Frente Amplio para garantizar que se encuentre en cada sobre de esta fuerza política.


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