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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
17ma. Asamblea 1ra. Sesión

Legislativa Ordinaria


CAMARA DE REPRESENTANTES
R. de la C. 439
10 DE ABRIL DE 2013
Presentada por los representantes Torres Ramírez, Vargas Ferrer y Báez Rivera
Referida a la Comisión de Asuntos Internos
RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y para el Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y la Corrupción de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación en torno al aparente esquema elaborado, mediante el cual se conspiró y se empleó violencia e intimidación, para extorsionar y obligar al otrora presidente ejecutivo de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), CPA José A. González Torres, a utilizar el poder inherente del cargo y las potestades fiscalizadoras del referido organismo gubernamental, para llevar a cabo auditorías y exámenes de encargo, contra cooperativas, particularmente de ahorro y crédito, que fueran asesoradas por el Lcdo. José A. Sosa Lloréns del Bufete Sosa Lloréns, Cruz Neris & Associates LLP, por estrictas motivaciones político partidistas, en contravención a múltiples preceptos legales y de índole constitucional.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde principios del pasado año 2009, la ya extinta Comisión de Educación, Organizaciones Sin Fines de Lucro y de Cooperativas de la Cámara de Representantes, la cual se mantuvo en funcionamiento durante el transcurso de la pasada 16ta. Asamblea Legislativa, llevó a cabo varios estudios relacionados al sistema cooperativo local, incluyendo, pero sin limitarse a, la efectividad de los organismos inherentes a dicho movimiento, ya fueren públicos o privados. Cabe señalar que, los referidos estudios fueron realizados por virtud de la R. de la C. 141, según fuera aprobada el 23 de febrero de 2009.

Sobre el particular, es de notar que a finales del año 2010, y de forma inesperada, se separa del cargo que ostentaba, el otrora presidente ejecutivo de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), CPA José A. González Torres. Éste, ocupó la jefatura de la antes mencionada corporación pública desde el año 2009 y dejó la misma, específicamente, el día 6 de diciembre de 2010. Dicha situación, causó un mar de conjeturas que obligaron a la Cámara de Representantes a actuar, a través de la comisión legislativa con jurisdicción sobre los asuntos cooperativistas, en consideración a las sensitivas funciones de carácter financiero, de fiscalización y supervisión que ejerce COSSEC sobre las cooperativas de ahorro y crédito y sus operaciones, productos y servicios, entre otros.


Posterior a ello, González Torres ventiló, públicamente, en diversos medios de comunicación de Puerto Rico que su renuncia se debió a las múltiples presiones que recibió del entonces presidente de la Junta de COSSEC y comisionado de la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP), Agro. Melvin Carrión, del también entonces asesor legal de ambas entidades gubernamentales, Lcdo. Ángel Cintrón, y de otras personas externas a dichas dependencias.
Ocurrido lo antes descrito, y como se mencionara previamente, la ahora inexistente Comisión de Educación, Organizaciones Sin Fines de Lucro y de Cooperativas comenzó un intensivo escrutinio sobre dichas situaciones que, al final del día, arrojó decenas de hallazgos que le llevaron a concluir que, posiblemente, se habían cometido un sinnúmero de violaciones a distintas leyes y reglamentos. A base de lo anterior, se remitieron a diversos organismos investigativos del Estado, múltiples referidos dando cuenta de esos hallazgos y de las conclusiones y recomendaciones que en aquél momento sugirió la mencionada comisión legislativa.
De todas las situaciones que surgieron durante el transcurso de la investigación realizada, resalta, preponderantemente, una que involucra graves desviaciones de ley, y hasta, posibles violaciones de índole constitucional.
Mediante Declaración Jurada del 17 de noviembre de 2009, y suscrita ante el abogado notario Manuel Rivera Giménez, el CPA José A. González Torres afirmó haber sido, de acuerdo a nuestro juicio, testigo presencial y víctima de una conspiración a través de la cual se le trató de extorsionar para utilizar el poder inherente del cargo y las potestades fiscalizadoras de la COSSEC, para llevar a cabo auditorías y exámenes de encargo, contra cooperativas, particularmente de ahorro y crédito, que fueran asesoradas por el Lcdo. José A. Sosa Lloréns del Bufete Sosa Lloréns, Cruz Neris & Associates LLP, por estrictas motivaciones político partidistas.
En la mencionada declaración jurada, González Torres indicó que el 22 de octubre de 2009, fue citado a una reunión/almuerzo por el Agro. Melvin Carrión para discutir varios asuntos en el Restaurante Gauchos de la Avenida Roosevelt en San Juan. Una vez el primero llegó a la susodicha “reunión/almuerzo”, se encontró con que también estaban presentes el Sr. Arturo Díaz, hijo y el Dr. Alejandro Asmar, supuesto Asesor del Agro. Carrión Rivera, quien a su vez, se presentó a la misma.
Comenzada la aludida reunión, y de acuerdo a lo jurado por González Torres, el Sr. Arturo Díaz se dirigió a su persona y le indicó que era “…tiempo de empezar a hacer auditorías por parte de mi persona a aquellas cooperativas que siguen contratando al Lcdo. Sosa Lloréns…”, en obvia referencia al Lcdo. José Sosa Lloréns, y además, le comunicó “…que ha Sosa Lloréns hay que sacarlo del medio porque está obstruyendo la política pública del gobierno y no es aceptado por esta administración por que es popular…”, refiriéndose a que es vinculado al Partido Popular Democrático. De igual forma, presuntamente, el Sr. Díaz le manifestó que el, como presidente de COSSEC, tenía un “…martillo o mejor aun un marrón y que hay que acabar de usarlo ya...”, asimismo, le cuestionó “…que estas esperando para empezar a hacer auditorias a esas cooperativas donde el Lcdo. Sosa Lloréns es el abogado…”.
Adicional a lo anterior, se desprende de la mencionada declaración jurada, que el Dr. Alejandro Asmar le hizo expresiones muy similares a las del Sr. Arturo Díaz. Específicamente, el acápite 8 del afidávit da cuenta de lo siguiente:
[e]l Dr. Alejandro Asmar, me indica que lo que me dice el Sr. Arturo Díaz, es correcto, que a Sosa Lloréns hay que sacarlo del medio, que yo, refiriéndose a mi persona, tengo que ayudar al Comisionado Melvin Carrión, a poder llevar el programa de gobierno, y me indica: "José, tienes que empezar a usar el bate, no lo estas usando". El doctor Asmar me indica además que el fue perseguido por los populares por los pasados ocho (8) años y que ahora les toca guisar a los PNP, que no es justo que Sosa Lloréns siga teniendo contratos con las cooperativas y que hay que llevar el mensaje a las cooperativas allá afuera, y me indicó, que ese bate lo tengo yo. Me dijo que tengo que empezar a hacer auditorías a esas cooperativas donde está Sosa Lloréns para llevar el mensaje de que éste es non grato.
(Énfasis nuestro)
Igualmente, surge del acápite 10 de la declaración jurada que
[a]mbos, tanto el Sr. Arturo Díaz y el Dr. Alejandro Asmar me indicaron que esperaban que desde ahora yo actuara contra estas cooperativas y lleve el mensaje de que Sosa Lloréns es non grato y que hay que sacarlo del medio.
A su vez, en lo que concierne al Agro. Melvin Carrión, Comisionado de la CDCOOP, o sea, un jefe de agencia del Gobierno de Puerto Rico, éste intervino en la conversación para sostener lo que, obviamente, son presiones indebidas contra un funcionario gubernamental para cometer un delito. Sobre ello, se expresa en el acápite 11 de la declaración que
[t]ambién el Sr. Melvin Carrión me dijo: "González tú tienes el bate y no lo estas usando, necesito que majes papa con estas cooperativas para alinear a esta gente con nuestro programa de gobierno, porque de lo contrario no vamos a poder trabajar". Me preguntó: ¿cuándo vas a auditar a Rubén Morales?; Me indicó: "Tu sabes que Rubén es uno de los que está con Sosa Llorens".
(Énfasis nuestro)
Posterior al encuentro antes descrito, en su afidávit, el CPA González Torres admite que el 10 de noviembre de 2009, a eso de las 6:00 pm, fue nuevamente citado por Carrión, pero esta vez a la oficina del segundo. Una vez el primero acude a la misma, Carrión le insistió que él tiene “…el bate y no lo estoy usando y que si no lo uso, no lo puedo ayudar…”, también, le preguntó que “…cuando comenzará la auditoría de Rubén Morales, porque es una persona que hay que neutralizar y que de solo enviar un auditor para su cooperativa […] iba a cambiar de actitud”.
Como si lo anterior no fuera suficiente, en dicha reunión intervino, según la declaración de González Torres, el Lcdo. Ángel Cintrón. De acuerdo a lo expuesto en el acápite 14 del referido documento
[e]l licenciado Cintrón me indica que hay presiones porque hay gente del Partido Nuevo Progresista quejándose, porque en cada negocio de las cooperativas está la figura de Sosa Lloréns y que esta persona no es cónsona con la política pública de esta administración. Me indicó: "en otras palabras, hay que buscar la manera de enviar mensajes de que esta persona, o sea, Sosa Lloréns no es grata y esto se puede hacer haciendo auditorías para comenzar a enviar estos mensajes". Me indicó que podía identificar a un auditor de COSSEC PNP, y enviarlo a hacer estas auditorías […] que lo importante es que se envíen mensaje a estas cooperativas donde esta Sosa dando servicios, para que que (sic) la gente comenzara a darse cuenta de que tenían que comenzar a cambiar de la firma de Sosa Llorens. También el licenciado Cintrón me preguntó si sabía a cuantas cooperativas Sosa Llorens le daba servicios y le indiqué que no tenía esa información […].
(Énfasis nuestro)
Ciertamente, el cuestionable proceder de los personajes antes mencionados representa una gravísima afrenta contra el ordenamiento jurídico vigente. De ser ciertos los hechos imputados en la declaración jurada, estas personas actuaron en común acuerdo para discriminar políticamente contra el Lcdo. José Sosa Lloréns del Bufete Sosa Lloréns, Cruz Neris & Associates LLP, e, instigar procesos de auditorías a la Cooperativa VEGACOOP, fuera del programa de exámenes regulares, con iguales motivaciones político partidistas y a los fines expresos de intimidación de su presidente ejecutivo, el señor Rubén E. Morales Rivera.

De una somera evaluación de la declaración jurada, se pudiera entender que de ser ciertos los hechos allí descritos, se pudieron haber cometido diversos delitos contenidos en el antiguo Código Penal de 2004, Ley 149-2004, según enmendada. Entre estos, se encuentra el de Conspiración (Art. 249); Empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública (Art. 251); Enriquecimiento ilícito (Art. 253); Intervención indebida en las operaciones gubernamentales (Art. 257); e Influencia indebida (Art. 264).
Expuesto todo lo anterior, y en aras de devolverle la pureza a los procesos democráticos que han regido, y siempre, han caracterizado al movimiento cooperativo de Puerto Rico, se hace imperativo comenzar una investigación exhaustiva sobre lo planteado, bajo juramento, o sea, so pena de perjurio, por el CPA José A. González Torres, otrora presidente ejecutivo de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico.
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y para el Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y la Corrupción de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación en torno al aparente esquema elaborado, mediante el cual se conspiró y se empleó violencia e intimidación, para extorsionar y obligar al otrora presidente ejecutivo de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), CPA José A. González Torres, a utilizar el poder inherente del cargo y las potestades fiscalizadoras del referido organismo gubernamental, para llevar a cabo auditorías y exámenes de encargo, contra cooperativas, particularmente de ahorro y crédito, que fueran asesoradas por el Lcdo. José A. Sosa Lloréns del Bufete Sosa Lloréns, Cruz Neris & Associates LLP, por estrictas motivaciones político partidistas, en contravención a múltiples preceptos legales y de índole constitucional.

Sección 2.-Como parte inherente de la investigación ordenada, mediante esta Resolución, la Comisión utilizará como prueba referencial la evidencia recopilada y los informes rendidos por la Comisión de Educación, Organizaciones Sin Fines de Lucro y de Cooperativas de la Cámara de Representantes durante el transcurso de la pasada 16ta. Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por virtud de la R. de la C. 141, según fuera aprobada el 23 de febrero de 2009, y a su vez, indagará el estado procesal de los variados referidos remitidos a diversas dependencias públicas, por las presuntas violaciones a leyes y reglamentos, que fueran identificados en dicha instancia.

Sección 3.-La Comisión rendirá informes periódicos a la Cámara de Representantes con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo aquellas acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, luego de aprobada esta Resolución.

Sección 4.-Esta resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y se mantendrá vigente por el término restante de la actual 17ma. Asamblea Legislativa.





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