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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
16ta. Asamblea 7ma. Sesión

Legislativa Ordinaria


CAMARA DE REPRESENTANTES
R. de la C. 2105
7 DE MAYO DE 2012
Presentada por el representante Navarro Suárez
Referida a la Comisión de Asuntos Internos
RESOLUCION
Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico y de Etica de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a que realice un estudio sobre la viabilidad, necesidad y conveniencia de enmendar el Código Civil de Puerto Rico para instituir el sistema de libertad absoluta de testar.
EXPOSICION DE MOTIVOS

La sucesión es la transmisión de los derechos y obligaciones del difunto a sus herederos. Artículo 599, Código Civil de Puerto Rico. El Derecho de Sucesiones es aquella parte del derecho privado que regula el destino del patrimonio de una persona para después de su muerte. Ese derecho adopta una serie de providencias que van dirigidas a la reglamentación de la acción para que las personas sucesoras asuman los activos y pasivos dejados por el causante.


La sucesión ha sido acertadamente definida como "la sustitución de una persona en el conjunto de relaciones jurídicas transmisibles, que correspondían, al tiempo de su muerte, a otra, o en bienes y derechos determinados dejados por el difunto". José Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo VI, Vol. 1, Séptima Edición, pág. 25.
Puerto Rico, por ser español de origen y de cultura, heredó de España su Derecho de Sucesiones y, salvo algunas modificaciones, aún tiene en vigencia en su integridad todo el sistema que nos dejó la madre patria. José R. Vélez Torres, Derecho de Sucesiones, Madrid (1994), p. 1.
La sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento, y a falta de éste, por disposición de la ley. Art. 604, Código Civil de P.R. La sucesión puede calificarse como voluntaria o legal. Es voluntaria la sucesión cuando el causante expresa su última voluntad en testamento, ejercitando la facultad que tiene de ordenar la forma en que habrán de distribuirse sus bienes después de su muerte. En ausencia de testamento válido, entra en funciones, de forma subsidiaria, la sucesión legítima. Cuanto esto ocurre, la misma ley se encarga de señalar quienes son los parientes del causante con derecho a su herencia. A esa sucesión legítima también se le conoce como sucesión ab intestato o legal, porque no es ya la voluntad del causante expresada en el testamento la que preside la apertura de la sucesión sino la ley que entra en función porque falta la última voluntad del causante válidamente expresada. Vélez Torres, op. cit., págs. 11-12.
Se ha resuelto que la voluntad del testador es la ley de su sucesión, pero que constituyen limitaciones a la libertad total de disposición del testador las disposiciones del Código Civil, obligando a un testador a respetar ciertos derechos mínimos que el Estado asegura a determinadas personas a quienes declara ser herederos forzosos. Vda. de Sambolín v. Registrador, 94 DPR 320 (1967). "La libertad de testar se halla consagrada en la legislación puertorriqueña. al igual que en la de todos los sistemas que reconocen el principio de la propiedad individual y transmisible. Pero tal libertad se encuentra limitada por el hecho de que una persona no puede privar injustamente de la porción que legítimamente debe corresponder a sus herederos forzosos". Guaroa Velázquez, Teoría del Derecho Sucesorio Puertorriqueño, Equity (1968), pág. 131.
"La legítima, llamada así porque es impuesta por la ley, constituye la parte de la herencia de la cual no puede disponer libremente el causante porque está reservada para determinadas personas. Mediante esta institución se limita la libertad general de testar y de donar... pues cuando existen legitimarios, el causante no puede disponer libremente de todo su patrimonio". ASAMBLEA LEGISLATIVA, Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico, Borrador del Libro Sexto-Derecho de Sucesiones (2005), p. 122.
El concepto de la legítima tiene su origen en el derecho romano, y se desarrolló con numerosas variaciones a través del tiempo, instaurándose en España mediante la legislación visigótica. La institución visigoda de la legítima resurgió en el Fuero Juzgo y en el Fuero Real. El sistema tradicional se reprodujo en las leyes de Toro. Los redactores del Código Civil español aceptaron y reglamentaron, con ciertas modificaciones substanciales, el sistema de las legítimas y de las mejoras. En cuanto a Puerto Rico, se ha señalado que "el Código vernáculo no ha sufrido en lo que a este punto se refiere modificaciones fundamentales". Guaroa Velázquez, op. cit., p. 133.
Un prestigioso comentarista ha señalado:
El Derecho sucesorio es campo abonado para la polémica. Las críticas no han faltado un momento. La sucesión hereditaria es tema que ofrece amplio blanco sociológico, y los juristas hemos sido aleccionados frecuentemente. Las corrientes, hoy en boga, reaccionan contra la situación anterior. En lugar de acentuarse el carácter patrimonial de la sucesión, se acentúa su entronque con la familia. Para la doctrina fascista el fundamento político-legislativo de la sucesión, tanto legítima como necesaria, no es la presunta voluntad del difunto, sino algo más antiguo en el tiempo y más duradero en el porvenir, que tiene un sentido místico y trasciende del egoísmo y de la efímera existencia individual... También con mayor precisión se advierte el carácter imperativo, frente al declarativo, y publicitario del Derecho de sucesiones, frente a la pura voluntad privada. José María Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Tomo V (1951), págs. 305-306.
Manresa y Navarro (op. cit., p. 307) también ha expresado: "Para la concepción jurídica del Nacional-Socialismo, el Derecho sucesorio tiene su raíz en el Derecho de familia y en el de la comunidad y no en el patrimonial. Su función reside en la destinación de los bienes para la ulterior consecución de los fines de la familia y de la comunidad y no en la realización del arbitrio individual".
En favor de la institución de las legítimas se esgrimen los siguientes fundamentos: (a) que por ser los hijos continuadores de la personalidad biológica de los padres es natural que también lo sean de su patrimonio; (b) las obligaciones naturales que resultan del parentesco y del matrimonio; (c) la copropiedad familiar; y (d) evitar posibles abusos e injusticias del causante. Comisión Conjunta Permanente, op. cit., p. 120. En el mismo documento se hizo constar: "Puede afirmarse que en la mayoría de los países civilistas el sistema de legítimas es el dominante, a pesar de las reformas que ha sufrido la materia de sucesiones. También favorece el sistema de legítimas la gran mayoría de la doctrina científica".
"In continental Europe a big part of an estate (often around half) is reserved for the surviving children of the deceased and must be equally divided between them. This 'forced heirship' makes it impossible to disinherit feckless children (though several countries exclude bequests to 'unworthy' children, who have for example murdered a parent or two. Such rules also make it hard to reward the deserving by, say, leaving more to a daughter who gave up a career to care for her ailing parents. ...On the continent the claim of children to guaranteed, equal shares of an estate feels like a basic human right... Those defending continental inheritance laws say they are defending 'solidarity within the family'. The English talk about freedom". Charlemagne, "Where there's a will there's a row", The Economist, October 17, 2009, p. 65.
El derecho inglés contrasta con el continental en material de libertad para testar. "In contrast, the founding principle of will - making in England and Wales is individual freedom - though in the 20th century, English law was adjusted to allow widows and dependents left in penury to apply for maintenance payments... Common-law rules on inheritance do not just favour individual freedom... By rejecting things like clawbacks, English law reflects the importance accorded to markets and to strong private-property rights, which means permitting people to dispose of their estates as they wish... Europe's inheritance laws pit the Anglo-Saxon emphasis on freedom and markets against a continental focus on social 'solidarity', meaning the belief that shielding people from the vagaries of fate is an overriding public interest (even if that sometimes rewards the feckless)". The Economist, op. cit.
"Entre las opiniones que defienden la libertad de testar sobresalen las siguientes: (a) la que postula que el derecho de propiedad ha de perpetuarse más allá de la muerte; (b) la que establece el derecho de la personalidad del individuo a cumplir con los deberes que ha asumido en vida; (c) la que pretende evitar el fraccionamiento del patrimonio; y (d) la que argumenta que con la transformación sociológica y jurídica de la familia, cuyas competencias tradicionales en orden de la seguridad y previsión han pasado, en buena medida, al Estado, y el incremento de las expectativas de vida, la legítima ha perdido su sentido originario (equipamiento y ayuda para los hijos del causante que muere relativamente joven)". Comisión Conjunta Permanente, op. cit., p. 120.
Hay un fundamento adicional para que se viabilice en nuestra jurisdicción la libertad absoluta de testar: la necesidad de proveer un mayor grado de apoyo y protección a nuestra población de la tercera edad. Esa población está aumentando sustancialmente. "There were 479,000 people above the age of 65 in 2005 and this number is expected to increase to 717,000 by 2025. In 2005, the number of senior citizens above the age of 65 was 12.4 percent of Puerto Rico's population and this percentage is expected to increase to 17 percent". Mohinder Bathia, "Life is becoming more difficult for senior citizens", The San Juan Star, September 10, 2004, p. B-3.
Concomitante con ese aumento en la población de envejecientes, está la cada vez mayor incidencia de maltrato. "La gran mayoría de los ancianos no solamente sufren la falta de sustento o de custodia por parte de sus hijos y familiares, sino que viven en condiciones deprimentes, no tienen vivienda, cariño, atención, buena alimentación y, más que nada, sufren la angustia de vivir en soledad". María Judith Luciano, El Nuevo Día, 28 mayo 2003, p. 85.
Los señalamientos sobre el maltrato de ancianos han sido expuestos con frecuencia en los medios. "Pero lo cierto es que el maltrato a las personas de edad avanzada es una realidad que día a día se vive en silencio. La realidad del maltrato en la vejez es algo que supone un problema generalizado que nace por la vulnerabilidad biológica y psicológica de las personas de edad dorada". Rosa Rivera Medina, "Previenen maltrato a personas ancianas", El Vocero - Escenario, 15 mayo 2006, p. E4. (Véase, además: Eugenio Hopgood Dávila, "El drama del maltrato a los ancianos: De las 1,780 querellas por maltrato denunciadas en el 2007, más de la mitad fueron cometidas por hijos", El Nuevo Día, 18 mayo 2008, p. 12).
En muchos casos, la implantación en Puerto Rico del sistema de libertad absoluta de testar, sin limitaciones, puede servir de disuasivo contra el maltrato a los ancianos.
Bajo el sistema actual, los hijos tienen una perspectiva casi absoluta que heredarán de sus padres, no importa si han actuado correctamente o no, debido a su condición de herederos forzosos.
De instituirse un sistema de libertad absoluta de testar - que elimina el concepto del heredero forzoso en la sucesión testada - esos hijos presumiblememte darán más atención y cuidado a sus padres.
Por esa y muchas otras razones, debe estudiarse la viabilidad, necesidad y conveniencia de enmendar el Código Civil de Puerto Rico para instituir el sistema de libertad absoluta de testar.
Como bien señalara el Dr. José R. Vélez Torres, Derecho de Sucesiones, (1974), a la página 4, se requiere nuestra atención para dar paso a aquellas figuras jurídicas que verdaderamente enriquezcan nuestras instituciones ya existentes, no importa de donde procedan. "De ahí la necesidad de observar con interés la interacción de las dos culturas jurídicas que hoy influencian nuestro quehacer como puertorriqueños, pues de la síntesis resultante del encuentro y convivencia de dichos dos sistemas, fenómeno del que hoy somos testigos, habremos de aprovechar lo que mejor se ajuste a nuestras ideas, valores, actitudes, gustos, aspiraciones y necesidades, para lograr un nuevo Derecho Civil que sea reflejo fiel de nuestra particular cultura antillana".
RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Ordenar a la Comisión de lo Jurídico y de Etica de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a que realice un estudio sobre la viabilidad, necesidad y conveniencia de enmendar el Código Civil de Puerto Rico para instituir el sistema de libertad absoluta de testar.

Sección 2.-La Comisión realizará el estudio ordenado, y rendirá a este Alto Cuerpo un informe, conteniendo hallazgos, conclusiones y recomendaciones, antes de concluir los trabajos de la Décimo Sexta Asamblea Legislativa.



Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.



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