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Caducidad de la accion en reparacion directa noción. Definición. Concepto / caducidad de la accion en reparacion directa término. Cómputo / caducidad de la accion en reparacion directa garantismo de la seguridad jurídica


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CADUCIDAD DE LA ACCION EN REPARACION DIRECTA - Noción. Definición. Concepto / CADUCIDAD DE LA ACCION EN REPARACION DIRECTA - Término. Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCION EN REPARACION DIRECTA - Garantismo de la seguridad jurídica
Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley y, de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado por la vía jurisdiccional. Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan indefinidas en el tiempo. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio del derecho de acción, acudan a la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones. La reparación de daños como aquellos por los cuales se demanda en este caso puede reclamarse mediante el ejercicio de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del C.C.A., que debe ejercitarse dentro del plazo previsto en el numeral 8 del artículo 136 ibídem, es decir, en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho, omisión u operación administrativa o de la ocupación temporal o permanente de inmueble por motivos de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 86 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 136.8
NOTA DE RELATORIA: Sobre el tema consultar auto de 26 de marzo de 2007, exp.33372
CADUCIDAD DE LA ACCION EN LOS CASOS RELACIONADOS CON PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Término. Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCION EN LOS CASOS RELACIONADOS CON PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Configuración del hecho dañoso a partir del momento de ejecutoria de la providencia que califica dicha medida como ilegal o injusta
A efectos de establecer la forma como se debe computar el término de caducidad de la acción de reparación directa es necesario señalar que, en los casos relacionados con la privación injusta de la libertad, el hecho dañoso se configura a partir del momento en que quede ejecutoriada la providencia que califica dicha medida restrictiva como ilegal o injusta.
NOTA DE RELATORIA: Sobre el tema consultar auto de 19 de julio de 2007, exp.33918
CADUCIDAD DE LA ACCION EN REPARACION DIRECTA - Cómputo. Término / SUSPENSION DE LA CADUCIDAD DE LA ACCION - Únicamente Procede si se presenta solicitud de conciliación extrajudicial / TERMINO DE SUSPENSION DE LA CADUCIDAD DE LA ACCION POR SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL - Término. Hasta por tres meses
El artículo 136 del C.C.A., numeral 8, dice: “La acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de la ocupación temporal o permanente de inmueble por motivos de trabajos públicos o por cualquier otra causa”. Sin embargo, obra en el proceso un acta de 2 de diciembre de 2010, expedida por la Procuraduría 25 Judicial II para asuntos administrativos ante el Tribunal Administrativo de Caquetá, en la que se indica que las partes convocadas solicitaron el aplazamiento de una audiencia de conciliación programada para tal día, razón por la cual se señaló nueva fecha para su celebración. Significa lo anterior que el término de caducidad de la acción se suspendió, en la forma como se verá luego con la presentación de la solicitud de conciliación, lo cual sucedió, según constancia de 2 de febrero de 2011, que obra en el proceso, expedida por la Procuraduría Judicial 25 Judicial II, el 19 de octubre de 2010, pues el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009 prescribe: “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los Agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta: a) que se logre el acuerdo conciliatorio, b) se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, c) se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero”.
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 136.8 / LEY 640 DE 2001 - ARTICULO 2 / DECRETO 1716 DE 2009 - ARTICULO 3
CADUCIDAD DE LA ACCION - Privación injusta de la libertad. Demanda presentada fuera del término / CADUCIDAD DE LA ACCION - Configuración / RECHAZO DE LA DEMANDA POR CADUCIDAD DE LA ACCION - Procedencia
El hecho dañoso por cuya reparación se demanda ocurrió el 28 de octubre de 2008, de manera que, como ya se dijo, la caducidad de la acción operaba el 29 de octubre de 2010; no obstante, como el 19 de octubre de 2010 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, a partir de ese día se suspendió el término de caducidad, de modo que, al reanudarse el cómputo del mismo debían contarse los 11 días calendario que faltaban. Ahora, el 2 de febrero de 2011 se expidió la constancia según la cual ese mismo día se declaró fallida la etapa conciliatoria y ocurre que, para esta fecha, ya había vencido “el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud” de conciliación, previsto en la letra c) del artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, atrás transcrito, pues, como aquélla se presentó el 19 de octubre de 2010, el término de caducidad se reanudó, conforme a esa misma norma y al no haberse dado entonces aún ninguno de los supuestos de sus letras a) y b), el 20 de enero de 2011 y, así las cosas, los interesados tenían hasta el 30 de enero de 2011 -computándose los 11 días restantes- para presentar la demanda; sin embargo, como esta última fecha coincidía con un día feriado, el plazo para instaurar la demanda se corría hasta el primer día hábil siguiente, esto es, hasta el 31 de enero de 2011. En consecuencia y como quiera que la demanda se presentó el 2 de febrero de 2011, es claro que para ese momento la acción ya había caducado.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1716 DE 2009 - ARTICULO 3.LITERAL C

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SUBSECCION A
Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012)
Radicación número: 18001-23-31-000-2011-00082-01(41289)
Actor: AIDEN PALENCIA EPIA Y OTROS
Demandado: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACION


Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 2 de mayo de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad de la acción.




ANTECEDENTES

La demanda
El 2 de febrero de 2011, Adán Culma Busto y otros1, en ejercicio de la acción de reparación directa, no de dos (2)nente; en consecuencia el recurso procedente contra el citado auto es el ordinario de spresentaron demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de obtener la declaratoria de responsabilidad y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que, afirman, les fueron irrogados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Adán Culma Busto.
Conforme a lo expuesto en la demanda, el 29 de enero de 2008 el Juez Promiscuo Municipal de San Vicente del Caguán (Caquetá), con función de control de garantías, decretó medida de aseguramiento de detención preventiva contra el señor Adán Culma Busto.

En audiencia pública celebrada el 7 de mayo de 2008, la Fiscalía 18 Seccional de Puerto Rico (Caquetá) acusó al señor Adán Culma Busto como autor del delito de rebelión.


Posteriormente, el 28 de octubre de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia (Caquetá) realizó la lectura del fallo de primera instancia, en el que se absuelve al señor Adán Culma Busto del cargo del delito de rebelión.

Auto apelado

El Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante auto de 2 de mayo de 2011, rechazó la demanda, por considerar que, en el presente asunto, operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción. Para arribar a dicha conclusión el Tribunal adujo:


“2. La sentencia absolutoria a favor del actor quedó ejecutoriada el día 28 de octubre de 2008 (f. 47), y la solicitud de conciliación extrajudicial, fue presentada el 19 de octubre de 2010 (f. 56), es decir, diez días antes de configurarse la caducidad de la acción.

“3. De conformidad con el artículo 3° del Decreto 1716 de 2009, en el presente caso el trámite de la conciliación prejudicial suspendió el término de caducidad por 3 meses, es decir, hasta el 18 de enero de 2011.

“4. Pese a que las partes pueden solicitar a la Procuraduría la prórroga del término consagrado para el trámite conciliatorio extrajudicial, ello no prorroga la suspensión del término de caducidad por expresa disposición del parágrafo único del artículo 3° id.

“5. La diligencia de conciliación (f. 60 a 62) y la presentación de la demanda (f. 63) se efectuaron el día 2 de febrero de 2011, cuando la acción se encontraba caducada”.




Recurso de apelación
Inconforme con la decisión anterior, la parte actora presentó recurso de apelación, en los siguientes términos:
“(…) En los casos relacionados con la privación injusta de la libertad, como el que nos ocupa, el hecho dañoso se configura a partir del momento en que quede ejecutoriada la providencia penal absolutoria, ello es el 28 de octubre de 2008, en consecuencia, el plazo para presentar la acción de reparación directa iba hasta el 29 de octubre de 2010.

“La conciliación extrajudicial se inició el 15 de octubre de 2010, con el envío de la solicitud de conciliación y sus respectivos anexos a las entidades aquí demandadas y el envío por correo certificado a la procuraduría judicial delegada para asuntos de lo contencioso administrativo, quedando desde ese mismo día suspendido el plazo de la caducidad en virtud al trámite conciliatorio.

“Conforme a lo anterior, el plazo de la caducidad quedó suspendido, faltándole 14 días para el cumplimiento, es decir, desde el 15 al 29 de octubre.

“Una vez iniciado el proceso conciliatorio, los tres meses de los cuales hace mención el artículo tercero (3) inciso (c) del decreto 1716 de 2009 (…), vencieron el 16 de enero de 2011, fecha en la cual, comenzaron a correr los 14 días faltantes para el término de caducidad; lo anterior conforme a lo prescrito por el artículo 62 de la Ley 4 de 1913 (…).

“De lo anterior tenemos que, como el 16 de enero fue domingo, comenzamos la cuenta de los 14 días hábiles a partir del 17 de enero de 2011, lo cual nos da como fecha última de caducidad el 3 de febrero de 2011”.


CONSIDERACIONES


1. La caducidad de la acción de reparación directa


La Sala ha señalado que, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley y, de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado por la vía jurisdiccional2.
Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan indefinidas en el tiempo. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio del derecho de acción, acudan a la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones.
La reparación de daños como aquellos por los cuales se demanda en este caso puede reclamarse mediante el ejercicio de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del C.C.A., que debe ejercitarse dentro del plazo previsto en el numeral 8 del artículo 136 ibídem, es decir, en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho, omisión u operación administrativa o de la ocupación temporal o permanente de inmueble por motivos de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
2. Caso concreto
En el presente asunto, a efectos de establecer la forma como se debe computar el término de caducidad de la acción de reparación directa es necesario señalar que, en los casos relacionados con la privación injusta de la libertad, el hecho dañoso se configura a partir del momento en que quede ejecutoriada la providencia que califica dicha medida restrictiva como ilegal o injusta3.
De acuerdo con la constancia secretarial visible a folio 46 del cuaderno uno, la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia (Caquetá), mediante la cual se absolvió al señor Adán Culma Busto frente al cargo de autor del delito de rebelión, quedó ejecutoriada el 28 de octubre de 2008, de modo que el plazo para demandar vencía, en principio, el 29 de octubre de 2010.
En efecto, el artículo 136 del C.C.A., numeral 8, dice:
“La acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de la ocupación temporal o permanente de inmueble por motivos de trabajos públicos o por cualquier otra causa”.
Sin embargo, obra en el proceso un acta de 2 de diciembre de 2010, expedida por la Procuraduría 25 Judicial II para asuntos administrativos ante el Tribunal Administrativo de Caquetá, en la que se indica que las partes convocadas solicitaron el aplazamiento de una audiencia de conciliación programada para tal día, razón por la cual se señaló nueva fecha para su celebración.
Significa lo anterior que el término de caducidad de la acción se suspendió, en la forma como se verá luego con la presentación de la solicitud de conciliación, lo cual sucedió, según constancia de 2 de febrero de 2011, que obra en el proceso, expedida por la Procuraduría Judicial 25 Judicial II, el 19 de octubre de 2010, pues el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009 prescribe:

“La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los Agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta: a) que se logre el acuerdo conciliatorio, b) se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, c) se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero”.


De conformidad con lo anterior y como quiera que, según la misma certificación antes mencionada del 2 de febrero de 2011, la audiencia de conciliación se realizó en esta última fecha y también ese día se expidió la constancia respectiva, en el presente asunto el término de la caducidad se extendió hasta el vencimiento de los tres meses que siguieron a la presentación de la solicitud de conciliación, como quiera que esto ocurrió primero.

En efecto, el hecho dañoso por cuya reparación se demanda ocurrió el 28 de octubre de 2008, de manera que, como ya se dijo, la caducidad de la acción operaba el 29 de octubre de 2010; no obstante, como el 19 de octubre de 2010 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial4, a partir de ese día se suspendió el término de caducidad, de modo que, al reanudarse el cómputo del mismo debían contarse los 11 días calendario5 que faltaban.
Ahora, el 2 de febrero de 2011 se expidió la constancia según la cual ese mismo día se declaró fallida la etapa conciliatoria y ocurre que, para esta fecha, ya había vencido “el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud” de conciliación, previsto en la letra c) del artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, atrás transcrito, pues, como aquélla se presentó el 19 de octubre de 2010, el término de caducidad se reanudó, conforme a esa misma norma y al no haberse dado entonces aún ninguno de los supuestos de sus letras a) y b), el 20 de enero de 2011 y, así las cosas, los interesados tenían hasta el 30 de enero de 2011 -computándose los 11 días restantes- para presentar la demanda; sin embargo, como esta última fecha coincidía con un día feriado, el plazo para instaurar la demanda se corría hasta el primer día hábil siguiente, esto es, hasta el 31 de enero de 20116.
En consecuencia y como quiera que la demanda se presentó el 2 de febrero de 2011, es claro que para ese momento la acción ya había caducado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFÍRMASE el auto de 2 de mayo de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad de la acción.
SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.


CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

HERNÁN ANDRADE RINCÓN MAURICIO FAJARDO GÓMEZ



1 Aiden Palencia Epía -actuando en nombre propio y en representación de los menores María Alejandra, Mileidy, Ana María, Diana Marcela, José Libardo, Jaider, Daniela, José Adán y Juan David Culma Palencia-.

2 Entre otros, auto de 26 de marzo de 2007, radicación 33372, actor: Carlos Fabián Quilindo.

3 “En ese contexto, en los eventos en que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, lo cierto es que el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la ilegalidad o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente; lo anterior, dado que es a partir del momento en que se califica dicha limitación como injusta o ilegal que la persona detenida tiene pleno conocimiento del daño que se le ha ocasionado y, por consiguiente, puede acudir al aparato jurisdiccional en procura de que dicho detrimento sea resarcido. Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad -y por ende, declaró la ilegalidad de la medida- no haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias(auto de 19 de julio de 2007, radicación 33.918, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero).

4 De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, el término de caducidad se suspende el día de la presentación de la solicitud de conciliación, no como lo interpreta erradamente el recurrente, quien sostiene que es a partir del envío de la solicitud a las demandadas y a la Procuraduría, es decir, el 15 de octubre de 2010.

5 Se indica que esos días deberán computarse como calendario y no como días hábiles, en la medida en que corresponden al plazo restante para el vencimiento del término de caducidad de la acción, el cual se cuenta como calendario.

6 Al respecto, el artículo 62 de la Ley 4 de 1913, establece: “En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.


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