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CASACIÓN 37959

ó IVONNI ÁVILA DÍAZ

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia



Proceso nº 37959

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


Magistrado Ponente:



JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No. 139

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil doce (2012).

VISTOS


Decide la Sala acerca de la admisibilidad de los fundamentos lógicos y de adecuada argumentación de la demanda de casación

presentada por la defensora de la procesada IVONNI ÁVILA DÍAZ contra la sentencia de segundo grado de 31 de marzo de 2011 mediante la cual el Tribunal Superior de Valledupar confirmó la emitida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Chiriguaná (Cesar), por cuyo medio la condenó como autora del delito de peculado por apropiación. También fue condenado Willinton Barreto Montalvo por el mismo delito en concurso con falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

A través de cuatro contratos ficticios celebrados en el año 2004 por la administración del municipio de La Jagua de Ibérico-Cesar, con contratistas inexistentes y obras que nunca se ejecutaron, (mantenimiento y limpieza de unos lotes, instalación de sanitarios y limpieza de excretas), la tesorera IVONNI ÁVILA DÍAZ permitió que los servidores públicos Willinton Barreto Montalvo, Jefe de Servicios Públicos y José Luis Parodi Guerra, Jefe de Obras Públicas, se apropiaran de dineros públicos por valor de $33.779.550,oo.


La investigación penal que adelantó la Fiscalía General de la Nación fue calificada el 11 de diciembre de 2007 con resolución de acusación respecto de IVONNI ÁVILA DÍAZ por el delito de peculado por apropiación, y en relación con Willinton Barreto Montalvo y José Luis Parodi Guerra por el mismo ilícito en concurso con falsedad ideológica en documento publico y falsedad en documento privado.1
En firme la calificación el 17 de marzo de 2009 ante su confirmación por parte de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Valledupar, la fase del juicio la surtió el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná (Cesar), en la cual José Luis Parodi Guerra y Frede Parodi Pontón decidieron acogerse a la figura de la sentencia anticipada.
Proseguido el diligenciamiento contra los otros incriminados, una vez se surtió la audiencia pública, mediante sentencia de 26 de octubre de 2010 fueron condenados IVONNI ÁVILA DÍAZ y Willinton Barreto Montalvo por los delitos objeto de acusación, la primera a la pena de sesenta y dos meses de prisión y el segundo a setenta y ocho meses, para ambos les fue impuesta multa equivalente al valor de lo apropiado y pérdida intemporal del derecho al ejercicio de funciones públicas, sin concederles la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria.2
En virtud del recurso de apelación promovido por la defensora de IVONNI ÁVILA DÍAZ, el Tribunal Superior de Valledupar por decisión de 31 de marzo de 2011 confirmó íntegramente la sentencia, ante lo cual insiste la misma profesional a través de la impugnación extraordinaria con la respectiva demanda de casación, de cuya admisibilidad se ocupa la Sala.

DEMANDA

Bajo la premisa relacionada con que su asistida no cometió el delito, porque los verdaderos autores fueron los servidores municipales Willinton Barreto Montalvo y José Luis Parodi Guerra quienes fraguaron la defraudación del ente territorial, la defensora postula un cargo por violación indirecta de la ley sustancial ante la aplicación indebida del artículo 397 del Código Penal señalando errores de hecho por falso juicio de existencia “al omitir la valoración de medios de prueba que demuestran la inexistencia del peculado por apropiación y tergiversar el contenido material de algunos hechos indicadores tomados como premisas para la construcción de prueba indiciaria y falso raciocinio por vulneración de los principios de la lógica y las reglas de la experiencia en la apreciación de las pruebas”.

Señala que el Tribunal incurrió en un “error de derecho al adecuar la conducta al tipo penal denominado Peculado por Apropiación”, toda vez que no se demostró que la procesada se hubiera apropiado para sí o a favor de terceros de dineros públicos, pues sólo faltó al deber de cuidado al entregar los títulos valores objeto de la contratación ficticia, en cuyo caso sería un peculado culposo.
Explica que dentro de las funciones de su defendida no estaba el manejo de contratos ya que ello correspondía a otros funcionarios de la administración, y que por otro lado, no se puede dejar pasar por alto la desidia o descuido que se evidenció con el estudio técnico practicado en la Tesorería Municipal.
Por lo tanto, solicita a la Corte emitir sentencia de reemplazo al proferir “la que a derecho corresponda”.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE


La Sala ha insistido en que el libelo demandatorio ha de desarrollarse bajo unos mínimos lógicos de coherencia y claridad en la postulación y demostración de los cargos, pues no corresponde a la función constitucional y legal de la Corte desentrañar el sentido de confusas alegaciones y pretensiones del impugnante en casación.


Precisamente por lo anterior, la Corporación encuentra que en este caso la demandante no cumple con los fundamentos lógicos y de debida argumentación en la formulación del reparo.
En efecto, de la premisa relacionada con que el tipo penal llamado a regular el supuesto fáctico objeto de análisis es el de peculado culposo y no el de peculado por apropiación la defensora denuncia un yerro de juicio, y si bien conforme con la normatividad adjetiva de 2000, para esta clase de desafuero no es necesario postularlo con fundamento en la causal tercera de casación y desarrollarlo conforme a la técnica de la primera sino formularse y demostrarse por esta última3, pues no trascendería a la estructura del proceso al no vulnerarse el principio de congruencia, ni implicaría variación de la competencia, la precaria argumentación exhibida le resta al cargo la idoneidad necesaria para su admisión.
En efecto, la impugnante se limita a enunciar el error al aducir que no hay prueba demostrativa que su defendida se apropió de los caudales públicos y que sólo entregó los títulos valores (cheques) referidos a los contratos ficticios incumpliendo su deber objetivo de cuidado como Tesorera Municipal, pero sin denotar la indebida calificación jurídica del comportamiento punible atribuido, ni enfatizar en el que en su parecer resultaría plenamente aplicable al caso en estudio.
Tampoco al presentar el yerro fáctico cumple con los requerimientos de claridad y precisión en cuanto funde todas las modalidades (falso juicio de existencia, falso juicio de identidad y falso raciocinio), sin identificar los medios probatorios afectados, cuál debió haber sido su correcta apreciación, acreditando que la respectiva enmienda daría lugar a un fallo esencialmente diverso y favorable a los intereses de su representada.
Bajo esta óptica, la recurrente no señala si en virtud de haber omitido o inventado una prueba, haberla falseado en su contenido material cambiando su literalidad, o por no observar los parámetros de la apreciación racional probatoria los juzgadores atribuyeron indebidamente responsabilidad penal a IVONNI ÁVILA DÍAZ en el delito investigado, desdeñando así los criterios judiciales que evidenciaron el actuar doloso de la tesorera al entregar los cheques a quienes no figuraban como contratistas constituyéndose así en el último eslabón en la cadena de la empresa criminal que se empecinó en afectar el patrimonio municipal.
En palabras del Tribunal:
Fácil se colige, de una hermenéutica aplicada a la descripción normativa del tipo de peculado, tal como lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia, que el dolo sólo se prueba cuando se birla ex profeso toda suerte de control jurídico y material por parte de la persona revestida de función pública y encargada de custodiar dineros, elementos o cualquier forma de expresión dineraria del Estado, que tenía la obligación de cuidar en la extensión más epistemológica que pueda representar ese verbo, porque acudir a argumentos deleznables como los hace la defensa impugnante, para mostrar que si no se descubrió dinero público, después de la defraudación, en cabeza de la procesada, es porque no contribuyó al delito de peculado por apropiación, emerge precisamente por el contubernio de voluntades entre funcionarios públicos, en veces, con el auxilio de particulares para dar visos de legalidad a una contratación pública.”

(…)

En fin, aquí la censura decae ostensiblemente cuando acepta la participación activa de la procesada Ivonni Ávila Díaz en el proceso de la contratación irregular y en especial cuando le correspondió entregar unos cheques a personas diferentes de aquellos contratistas, situación que ni siquiera refuta la impugnante, pero que a su vez contrapone un argumento simplista, que pierde peso, cuando se acude a la hipótesis de que la acusada cumplió un mandato del ordenador del gasto y además, que nadie puede probar que recibió dinero de los cheques, pero olvida que se trata de una persona imputable, con experiencia en el campo administrativo, con exclusiva facultad para ser la única persona que debía firmar los cheques, lo que hace denotar una supra confianza y que a su vez le exigía un mayor esfuerzo para controlar la documentación previa a la expedición o librada de los cheques, vale decir, que se torna esta confianza en un argumento que contraviene y desnaturaliza la elemental excusa de cumplir mandatos del ordenador del gasto público –Alcalde- porque cualquier desafuero o incorrección que se avistara en las órdenes de pago y sus anexos la comprometían penalmente, si no acudió a su experiencia y la usó de contera para fines ilícitos, aquí no sirve la excusa esa tan mentada obediencia a un superior funcional, porque la Corte de antaño señaló que no sólo el ordenador del gasto comete el delito de peculado, sino entre otros, el pagador o tesorero…”.


Las mencionadas deficiencias llevan a no admitir el libelo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.
Finalmente, la Sala no observa con ocasión del trámite procesal o en el fallo impugnado violación de derechos o garantías de IVONNI ÁVILA DÍAZ como para que se hiciera necesario el ejercicio de la facultad legal oficiosa que le asiste a fin de asegurar su protección en los términos del artículo 216 del Código de Procedimiento Penal.
En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por la defensora de IVONNI ÁVILA DÍAZ, por las razones dadas en la anterior motivación.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.



JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ

AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA



Secretaria



1 Esa determinación también cobijó, como intervinientes del delito de peculado por apropiación, a los ciudadanos Jorge Fabio Zuleta Guerra, Hugo Galeano Naranjo, Alberto Jorge Anicharco Celedón, Frede Parodi Ponton.

2 Allí mismo fueron absueltos los particulares Jorge Fabio Zuleta Guerra, Hugo Galeano Naranjo y Alberto José Anicharco Celedón que habían sido catalogados como intervinientes del delito de peculado por apropiación.


3 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Providencia de 8 de junio de 2006. Radicación 21392.




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