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C. juez de distrito en turno en materia administrativa


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C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA


EN EL ESTADO DE JALISCO.

P R E S E N T E.

RODOLFO EDUARDO RAMOS RUIZ, VIDAL GONZÁLEZ DURÁN VALENCIA, JORGE CHÁVEZ GALVÁN, CAYETANO CASILLAS Y CASILLAS, NARCISO P. LOMELÍ ENRÍQUEZ, GENARO ÁLVAREZ LÓPEZ, JORGE EDUARDO GUTIÉRREZ MOYA, ADRIÁN TALAMANTES LOBATO, JUAN CARLOS VÁZQUEZ MARTÍN, JORGE ROBLES FARIAS, JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA, CARLOS FERNÁNDEZ AGRAZ, SERGIO MANUEL BEAS PÉREZ, ALBERTO GARCÍA RUVALCABA, MIGUEL IGNACIO SÁNCHEZ REYNOSO, HÉCTOR BASULTO BAROCIO, LUÍS CORNEJO GÓMEZ, MIGUEL HEDED MALDONADO, SILVIA BLANCA SILVA BARRAGÁN Y GUILLERMO RIVAS BARBA, mexicanos por nacimiento, mayores de edad, abogados y notarios públicos, Consejeros del Consejo de Notarios del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, con domicilio oficial en esta ciudad en calle General San Martín número 227, Sector Juárez, domicilio éste que señalamos para recibir notificaciones, y autorizando para oírlas en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, indistintamente a los señores Licenciados Héctor Basulto Barocio, Eduardo Ramos Menchaca, Ramiro Ruiz Casillas y Eduardo Hernández Pérez; como mejor proceda, comparecemos a exponer:

En nuestra referida calidad de Consejeros integrantes del Consejo de Notarios del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, éste, por mandato de la Ley, como apoderado general judicial, con toda clase de facultades generales, incluyendo las especiales que requieran mención, poder o cláusula especial conforme a la Ley, del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, en nombre y en representación de éste, por sí y como órgano de representación y defensa de los legítimos intereses de los Notarios del Estado de Jalisco, por medio del presente promovemos DEMANDA DE AMPARO, en contra de los actos que reclamamos de las autoridades señaladas como responsables.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, expresamos:



I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO Y DE QUIEN PROMUEVE EN SU NOMBRE:

I.1. NOMBRE DEL QUEJOSO : COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE JALISCO, por sí y como órgano de representación y defensa de los legítimos intereses de los Notarios del Estado de Jalisco.

I.2. NOMBRE DE QUIEN PROMUEVE EN SU NOMBRE : CONSEJO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE JALISCO, integrado por los suscritos, quienes según el orden con que nos enunciamos en el párrafo primero desempeñamos los siguientes cargos : Presidente, Vicepresidente Ejecutivo, Vicepresidente Región Primera, Vicepresidente Región Segunda, Vicepresidente Región Tercera, Vicepresidente Región Cuarta, Vicepresidente Región Quinta, Secretario, Tesorero, Primer Vocal, Segundo Vocal y cada uno de los nueve últimos el de Vocal.

I.3. DOMICILIO DEL QUEJOSO Y DE QUIEN PROMUEVE EN SU NOMBRE: Calle General San Martín número 227, Sector Juárez, Guadalajara, Jalisco.



II. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO: Ignoramos exista.

III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

III.1. EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.

III.2. EL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO.

III.3. EL CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

III.4. EL CIUDADANO DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO”.

IV. ACTOS QUE SE RECLAMAN:

IV.1. Del Honorable CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, la emisión del Decreto Número 22135/LVIII/07, circunscrito a su CAPITULO II Del impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, artículo 8º., fracción IV, párrafo final que textualmente dice: “….., así como aquellos relativos a la transmisión de propiedad inmobiliaria, por la protocolización de éstos, se pagarán, por cada uno: $100.00.-……”.

IV.2. Del Ciudadano GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, la promulgación y orden de impresión, publicación y divulgación del Decreto Número 22135/LVIII/07, circunscrito a su CAPITULO II Del impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, artículo 8º., fracción IV, párrafo final que textualmente dice: “….., así como aquellos relativos a la transmisión de propiedad inmobiliaria, por la protocolización de éstos, se pagarán, por cada uno: $100.00.-……”.

IV.3. Del Ciudadano SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, el refrendo y publicación del Decreto Número 22135/LVIII/07, circunscritos a su CAPITULO II Del impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, artículo 8º., fracción IV, párrafo final que textualmente dice: “….., así como aquellos relativos a la transmisión de propiedad inmobiliaria, por la protocolización de éstos, se pagarán, por cada uno: $100.00.-……”.

IV.4. Del Ciudadano Director del Periódico Oficial El Estado de Jalisco, la publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco, el 20 de diciembre del 2007, Número 6, Sección III, Tomo CCCLIX, del Decreto Número 22135/LVIII/07, circunscrito a su CAPITULO II Del impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, artículo 8º., fracción IV, párrafo final que textualmente dice: “….., así como aquellos relativos a la transmisión de propiedad inmobiliaria, por la protocolización de éstos, se pagarán, por cada uno: $100.00.-……”.

Se reclama asimismo cualquier acto o actos de aplicación al COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE JALISCO, AL CONSEJO DE NOTARIOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE JALISCO y a los NOTARIOS DEL ESTADO DE JALISCO, de la norma contenida en el propio Decreto Número 22135/LVIII/07, en su CAPITULO II Del impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, artículo 8º., fracción IV, párrafo final que textualmente dice: “….., así como aquellos relativos a la transmisión de propiedad inmobiliaria, por la protocolización de éstos, se pagarán, por cada uno: $100.00.-…….”.



IV.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifestamos los hechos que nos constan y que constituyen antecedentes de los actos reclamados:

El jueves 20 de diciembre del 2007, se publicó en el periódico oficial El Estado de Jalisco, el Decreto Número 22135/LVIII/07 del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, que contiene la “LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO”, para el año 2008, misma que entró en vigor el día 1º. de enero del año 2008.



FECHA EN QUE FUERON DEL CONOCIMIENTO DEL QUEJOSO LOS ACTOS RECLAMADOS: El día 20 de diciembre del 2008, mediante la publicación del referido Decreto Número 22135/LVIII/07 del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

VI. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE CONTIENEN LAS GARANTÍAS VIOLADAS: Artículos 1o., párrafo primero año 2008,DE JALISCOde Certificaciones, Tomo XXI Vigde su firma. DOY FE.

rior reconocimiento y ratioficaciectoslegales; , 5º., 14, 16, 31, fracción IV, 115, fracción IV, inciso a) y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



VII. CONCEPTOS DE VIOLACION:

Haciendo nuestros los razonamientos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ser trascendente para los efectos de este amparo, a manera de preámbulo, es pertinente transcribir de la sentencia dictada por dicha Sala, que resolvió la contradicción de tesis número 24/2003-SS que constituye por consiguiente jurisprudencia obligatoria para ese H. Juzgado de Amparo, lo siguiente:



“……… Ahora bien, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ……, estima pertinente y razonable, ampliar el concepto de procedencia del juicio de amparo a favor de los Notarios Públicos respecto de los criterios predominantes con anterioridad. Dicha ampliación se presenta bajo dos aspectos; considerando al notario como persona física y considerándolo en ejercicio de su función.

En cuanto al primer aspecto, se parte de que al ejercer esa facultad originalmente estatal consistente en dar fe, el Notario actúa de manera similar a un órgano, por lo que, debe distinguirse entre el titular (persona física) y el órgano (Notario).


Sobre el particular, Gabino Fraga (Derecho Administrativo, Porrúa, Sexta Edición, México, 1955) distingue:

“La amplitud de la función administrativa impone la necesidad de crear diversas esferas de competencia que reciben la designación de órganos administrativos. --- El Estado como persona moral requiere, por otra parte, la existencia de personas físicas que manifiestan su voluntad, y esas personas físicas se relacionan directamente con los órganos administrativos, constituyéndose titulares de ellos y asumiendo el ejercicio de las facultades que se encuentran dentro de la esfera de competencia de cada uno de los órganos.—Un examen cuidadoso demuestra que no es posible ni debido confundir el órgano con su titular, porque siendo este último una persona física, tiene, junto con la necesidad de satisfacer sus intereses particulares, una actividad que se realiza en interés del estado y solamente desde este último punto de vista se le puede considerar con la categoría de titular, como desempeñando las funciones que al órgano corresponden. – Además, el órgano constituye una unidad abstracta de carácter permanente, a pesar de los cambios que haya en los individuos que son titulares de él. – Entre el estado y sus órganos no puede existir ninguna relación de carácter jurídico, pues para ello sería necesario que los dos términos de la relación gozarán de una personalidad jurídica, lo cual no ocurre con los órganos que no constituyen sino una parte de la personalidad jurídica del Estado, que no son sino esferas de competencia cuyo conjunto forma la competencia misma del Estado. ‘ Si se ha negado a los órganos una personalidad jurídica propia, y si no son sino zonas de la persona del Estado, es natural que entre el Estado y cada uno de sus órganos no pueda existir ninguna relación jurídica, porque no se puede concebir relación alguna entre el todo y una de sus partes ‘ (Donati, Dir.. Amp., pág. 77).-- Sin embargo se admite que pueden existir relaciones jurídicas de los órganos entre sí, y precisamente todo el régimen relativo a la organización administrativa regula esa clase de relaciones. – Para poderlas explicar es necesario pensar que las relaciones que los órganos de un todo guardan entre sí pueden tener interés jurídico en cuanto se afecten derechos de personas extrañas a la Administración. De tal manera que en este caso si surge una verdadera relación jurídica, puesto que siempre hay, por una parte, el Estado actuando por su órganos y, por la otra, los particulares que entran en relación con esos órganos.—Así, un conflicto con motivo de la competencia de dos órganos, no surge entre ellos en una forma abstracta, sino cuando hay otro interés en la delimitación de competencia entre ellos.—Del mismo modo, las relaciones entre los órganos en la forma que impone la jerarquía administrativa, cuya finalidad es la de unificar la acción del Poder Administrativo, reviste también carácter jurídico, porque los particulares que tratan con la Administración no deben de estar sometidos a múltiples poderes autónomos, sino sólo a los que el régimen constitucional establece y que son, como ya sabemos, organizados en una forma unitaria.--- …. 150. Hemos dicho anteriormente que la administración pública, considerada como uno de los aspectos de la personalidad del estado, requiere personas físicas que formen y exterioricen la voluntad de éste.—También hemos indicado que es necesario distinguir entre el órgano y su titular, pues mientras que el primero representa una unidad abstracta, una esfera de competencia, el titular representa una persona concreta que puede ir variando sin que se afecte la continuidad del órgano y que tiene, además de la voluntad que, dentro de la esfera de competencia del órgano que representa la del Estado, una voluntad dirigida a la satisfacción de sus intereses personales”.

Aunque …….. el Notario Público …………….. no forma parte de la estructura de la administración pública, le son aplicables a su condición, por similitud, las características distintivas del órgano y titular, puesto que como persona física desempeña una función pública; esto es, a semejanza de los titulares de los órganos estatales, el Notario tiene derechos personales que le pueden ser afectados aún en ejercicio de sus funciones delegadas por el Estado….,

Con base en las anteriores consideraciones cabe, por tanto, superar dichos criterios estableciendo la regla general de que resulta procedente el juicio de amparo promovido por un Notario Público cuando reclama actos autoritarios que afecten sus garantías individuales.

Desde otro punto de vista, esto es, cuando los actos de autoridad lesionan propiamente el ejercicio de la función pública que desempeña, el Notario Público también tiene legitimación para promover el amparo.

En efecto, ya se dijo que el Notario Público desempeña una función que también es pública y que aunque, la lleva a cabo de manera autónoma, no actúa discrecionalmente, sino con estricto apego a un sistema normativo legal y reglamentario que constituye, propiamente, su estatuto, y esto que obliga al Notario Público, le sirve al mismo tiempo de protección y defensa jurídica frente a los actos de autoridad que en su ordenación o ejecución violen o sobrepasen esos mismos ordenamientos, con lo que, además, se resguarda la garantía de trabajo y la legalidad de la función.

De ahí se infiere que si un acto de autoridad se expide al margen o con violación de tal sistema jurídico que rige la actuación del Notario, éste tiene a su alcance el juicio de amparo.-……………..

Así, conforme a lo explicado, debe prevalecer el criterio adoptado por esta Segunda Sala, el que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, debe regir con carácter jurisprudencial, en los siguientes términos:

NOTARIOS PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO (Y LEGISLADORES AFINES). CASOS EN LOS QUE PUEDEN PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 1º. de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, los Notarios son profesionales del derecho que desempeñan una función pública, consistente en dar fe de actos, negocios o hechos jurídicos a los que deban y quieran dar autenticidad. Por ello, dichas personas, si bien no son funcionarios públicos en cuanto no forman parte de la estructura orgánica de la administración pública, si ejercen una función pública, la que realizan bajo su responsabilidad de manera autónoma, pero no discrecional, ya que están sujetos a diversas normas jurídicas a las que deben circunscribir su actuar, mismas que conforman su estatuto. Para determinar cuando pueden promover amparo, a semejanza del derecho administrativo, debe distinguirse entre el titular del órgano persona física, y el órgano mismo. Así, los Notarios de esa entidad federativa, además de poder promover juicio de amparo en su carácter de gobernados como cualquier individuo contra actos autoritarios que afecten sus ganarías constitucionales (persona, familia, patrimonio, libertad o seguridad jurídica), también tienen legitimación para promover en juicio de garantías en contra de actos de autoridad que violen o sobrepasen lo establecido en ese sistema normativo legal y reglamentario que rige su función, que al mismo tiempo que obliga a los Notarios, les sirve de defensa y protección jurídica, en tanto resguarda su garantía de trabajo y la legalidad de su actuación.-….”.

PRIMERO. La Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el año 2008, Decreto Número 22135/LVIII/07 del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco y promulgado por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con la sanción del Secretario General de Gobierno del propio Estado, en su CAPITULO II Del impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, artículo 8º., fracción IV, párrafo final, que se impugna a través de este Juicio de Amparo, dispone:

CAPITULO II


Del impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales


Artículo 8º. Este impuesto se causará y pagará sobre el valor consignado en la operación, de acuerdo con las siguientes tarifas:………………………..

IV. En los demás contratos, actos o instrumentos notariales de índole no contractual o sin valor pecuniario, así como aquellos relativos a la transmisión de propiedad inmobiliaria, por la protocolización de éstos, se pagarán, por cada uno: $100.00.-……”.

El artículo y fracción antes transcritos son anticonstitucionales porque contravienen y vulneran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su numeral 115, fracción IV, inciso a), clara, categórica y terminantemente establece que es facultad exclusiva de los municipios recaudar los tributos que provienen de la traslación de la propiedad raíz, es decir, de la propiedad inmobiliaria.

Cuando se habla de exclusividad se implica que aún el Honorable Congreso del Estado de Jalisco carece de facultades para imponer cargas tributarias a ese objeto de imposición, o sea, a la transmisión de la propiedad inmobiliaria, a favor de otra entidad pública que no sean los municipios, como ocurre en el caso en comento, en que tal tributo se establece a favor del Erario Estatal y no del Erario Municipal, así sea, como se hace en la Ley que se combate, con la expresión “por la protocolización de éstos”, es decir, de “…. contratos, actos o instrumentos notariales de índole no contractual o sin valor pecuniario, relativos a la transmisión de propiedad inmobiliaria,……”, ya que conforme al derecho positivo del Estado de Jalisco, el negocio jurídico (comprendiendo en esta clasificación tanto al acto, como al convenio y al contrato) traslativo de propiedad inmobiliaria, no se protocoliza, sino que, obligadamente se formaliza en escritura pública o, por excepción, en escritura privada, debiendo en su caso ésta, para poder registrarse en el Registro Público de la Propiedad, contener la certificación notarial de certificación de autenticidad de firmas y de ratificación de contenido.

Así lo establece el Código Civil del Estado de Jalisco, que dispone:

En su artículo 15:

“La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas:…………………..

V. Los bienes inmuebles ubicados en el Estado de Jalisco ………, se regirán por las disposiciones de este Código.-………..”.

En su artículo 1265:



“El contrato puede ser invalidado:……..

IV. Por defectos en la forma prevista por la Ley.”.

En su artículo 1307:



“Cuando la ley exija determinada forma de un contrato, mientras que éste no revista la misma forma, no será válido, salvo disposición en contrario;.......”.

En su Capítulo VIII, De las ventas por autoridad, artículo 1439:



Les serán aplicables de manera supletoria a las disposiciones de este capítulo, las relativas a la compra venta, considerándose éstas de manera análoga”.

En su artículo 1907:



“El contrato de compraventa no requiere de formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre inmueble”.

En su artículo 1908:



“Toda compraventa de inmuebles deberá constar en escritura pública, salvo aquellas en que se otorguen por o con intervención de organismos públicos destinados a la promoción de vivienda popular, o de regularización territorial, y así se prevea en las leyes orgánicas de los mismos”.

En su TITULO TERCERO De la permuta, artículo 1913:



Con excepción de lo relativo al precio, son aplicables a este contrato las reglas de la compraventa, en cuanto no se opongan a los artículos anteriores”.

En su artículo 1929:



“La donación de bienes raíces se hará en la misma forma que para su venta exige la ley”.

En su artículo 1930:



“La aceptación de las donaciones se hará en la misma forma en que éstas deban hacerse; pero no surtirá efecto si no se hiciere en vida del donante”.

En su artículo 2380:



“El contrato de renta vitalicia debe hacerse por escrito, y en escritura pública, cuando los bienes cuya propiedad se transfiere deban enajenarse con esa formalidad”.

En su artículo 2634:



“La transacción debe formalizarse:....................

I. Cuando se refiera a una controversia presente o para prevenir una controversia futura y se trate de derechos personales o reales o ambos a la vez, mediante ocurso presentado y ratificado ante la autoridad judicial que sea competente para conocer del negocio o en escritura pública ante notario”.

En su artículo 927:



“La escritura de partición debe contener:

I. El nombre y apellido de todos los herederos y legatarios;

  1. II. Los nombres, medidas y linderos de los predios adjudicados, con expresión de la parte que cada heredero adjudicatario tenga obligación de devolver si el precio de la cosa excede al de su porción, o de recibir si falta;

  2. La garantía especial que para la devolución del exceso constituya el heredero en el caso de la fracción que precede;

  3. La enumeración de los muebles o cantidades repartidas;

  4. Noticia de la entrega de los títulos de las propiedades adjudicadas o repartidas;

  5. Expresión de las cantidades que algún heredero quede reconociendo a otro y de la garantía que haya constituido

  6. La firma de todos los interesados”.

En su artículo 932:

La adjudicación de bienes hereditarios se otorgará con las formalidades que por su cuantía la ley exige para su venta. El notario ante el que se otorgue la escritura será designado por el albacea”.

Por otra parte, protocolizar significa una actuación notarial consistente en el asentamiento en el Libro del Protocolo del acta de protocolización, en que se hace constar ésta, es decir, la agregación o incorporación del documento protocolizado al Apéndice o Libro de Documentos, para darle certidumbre respecto de su existencia o fecha, o bien para cumplir con el mandato expreso de la Ley, verbigracia, lo ordenado por el artículo 89 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, que ordena que los notarios extiendan en su protocolo todos los actos que autoricen, con excepción, entre otros, de las actas de certificación de hechos, protesto de títulos de crédito, notificaciones, interpelaciones y las demás actuaciones similares que se practiquen fuera de la oficina notarial, casos éstos que hará constar en acta levantada fuera de protocolo y en pliegos sueltos, que firmados por las personas que hayan intervenido o con la constancia de que no pudieron o no quisieron firmar, deberá protocolizar dentro de los tres días hábiles siguientes al de la actuación. Esos casos no implican transmisión de propiedad inmobiliaria o formalización de ella.

SEGUNDO. Ahora bien, desde otro punto de vista, si lo que se pretende gravar por la norma legal que se combate es el uso de folios del protocolo, de manera independiente a el acto que en ellos se haga constar; y, se sostuviera que “protocolizar”, no es solo incorporar al protocolo documentos y realizar el acta en que se haga constar esa circunstancia, sino que “protocolizar” también es asentar en los folios del protocolo todas las escrituras y actas que se otorguen ante la fe del Notario, caben las siguientes consideraciones:

I. Es erróneo el que se pretenda gravar el uso de folios de protocolo, confundiendo esa actividad mecánica con la naturaleza jurídica del actuar notarial; así mismo se confunde el concepto “asentar escrituras” con el de “protocolizar” documentos, por que al efecto:

La definición de protocolo contenida en el numeral 61 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, es al tenor siguiente:

Protocolo es el conjunto de folios ordenados numérica y cronológicamente, en los que el notario, observando los requisitos establecidos en la presente ley, asienta las escrituras y actas que se otorguen ante su fe. También forman parte del protocolo los libros de documentos, los índices, las actas de apertura y cierre de cada tomo, así como sus soportes informáticos.”

De lo anterior se deriva que el protocolo es en esencia el conjunto de elementos materiales que conforman las herramientas de trabajo que el notario tiene conforme a la ley, para el desempeño de su actividad delegada por el Estado a través del Titular del Poder Ejecutivo.

De esos elementos, en particular, destacan los folios ahí regulados, en los que se asientan las escrituras y actas; por lo que se hace imprescindible desentrañar el sentido de esa expresión “asentar”, que conforme a la Real Academia de la Lengua Española, tiene 20 acepciones, para ser aplicada según la óptica que corresponda, por lo que en un enfoque jurídico y de instrumentación de actos de ese orden son aplicables los puntos 9, 10, 11 y 14, en que se define el concepto “asentar” de la siguiente forma:



“asentar.

(De sentar).[…]

9. tr. Afirmar, dar por cierto un hecho.

10. tr. Ajustar o hacer un convenio o tratado.

11. tr. Anotar o poner por escrito algo, para que conste.

14. intr. sentar ( cuadrar, convenir)”.

De lo anterior se infiere que pasar a folios de protocolo escrituras o actas implica la acción “asentar”, es decir, de poner por escrito lo necesario, para hacer constar hechos, actos o negocios jurídicos, o sea, dar forma a la voluntad de quien a su ruego se ejerce la función notarial, por que como se observa del texto del artículo 83 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, que define el concepto de escritura pública, ésta“es el instrumento que el notario asienta en el protocolo para hacer constar hechos, actos o negocios jurídicos que autoriza con su firma y sello”

II. Siguiendo la localización de la acción de “instrumentar escrituras” o pasarlas a folios para establecer su diferenciación con la acción de “protocolizar”, es de observar que esa definición (del artículo 83) también alude al concepto “asentar”, que a su vez es sinónimo de “extender”, que es también utilizado por la ley invocada, para los mismos fines, como se observa de los artículos 89 y 99 del mismo ordenamiento. El primero de ellos, en su párrafo inicial, dice: “Los notarios deberán extender en su protocolo todos los actos que autoricen, con las excepciones siguientes”; y, el segundo de ellos, en su parte inicial, dice: “Después de extendido el instrumento, si las partes quieren hacer alguna adición o variación, podrán hacerlo antes de que firme el notario […]”. Siguiendo el mismo lineamiento debemos observar que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene 11 acepciones, para ser aplicada según la óptica que corresponda, por lo que en un enfoque jurídico y de instrumentación de actos de ese orden son aplicables los puntos 5, y 8, en que se define el concepto “extender” de la siguiente forma:



“extender.

(Del lat. extendĕre).[…]

5. tr. Poner por escrito y en la forma acostumbrada una escritura, un auto, un despacho, etc.

8. prnl. Hacer por escrito o de palabra la narración o explicación de algo, dilatada y copiosamente”.

De lo anterior se arriba a la conclusión de que, instrumentar escrituras o actas en folios del protocolo es la acción de “asentar” o “extender” en los folios, es decir de plasmar en ellos, por escrito en uso del idioma español (ver artículo 84 de la Ley), el conjunto de ideas y reflexiones que den forma a la interpretación de la voluntad exteriorizada por el o los usuarios del servicio de la fe pública.

Segundo. Por lo que refiere al concepto “Protocolizar”, conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define de la siguiente forma:



protocolizar.

1. tr. Incorporar al protocolo una escritura matriz u otro documento que requiera esta formalidad”.

Por demás, es relevante señalar que esa actividad no se debe de confundir con la de instrumentar escrituras o con el uso de folios de protocolo, por que se deja en el olvido esa misma definición, que hace ineludible desentrañar el sentido y alcance del concepto “incorporar” en este caso al protocolo que ya existe, y siguiendo la misma tónica debemos observar que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene 4 acepciones, para ser aplicada según la óptica que corresponda, por lo que en un enfoque jurídico y de instrumentación de actos de ese orden son aplicables los puntos 1 y 3 que definen el concepto “incorporar” de la siguiente forma:

incorporar.

(Del lat. incorporāre).

1. tr. Agregar, unir algo a otra cosa para que haga un todo con ella.[…]

3. prnl. Agregarse a otras personas para formar un cuerpo”.

De lo anterior se infiere que la acción de “protocolizar”, es “incorporar”, que a su vez es agregar o unir al protocolo (que ya existe y se conforma de con lo que establece el numeral 61 de la Ley en comento) documentos, y por separado realizar el acta en que se haga constar esa circunstancia, para dar certidumbre respecto de su existencia, fecha, autenticidad, o para elevar a la categoría o forma que la ley sustantiva regule un acto jurídico de que se trate; y, esa actividad no debe de ser confundida con la acción de “asentar” o “extender” actas o escrituras en los folios del protocolo, por que esa actividad ha quedado definida en líneas anteriores.

III. Son múltiples los casos en que la Ley del Notariado del Estado de Jalisco de forma contundente implica o infiere en su texto la diferencia entre asentar o extender una escritura (o uso de los folios del protocolo) y el de realizar una protocolización (es decir el de incorporar o unir al protocolo documentos), por simples ejemplos se señalan los siguientes:

III.1. Artículo 39 fracción V, que hace una diferenciación entre la autorización de actos jurídicos traslativos de la propiedad y la acción de protocolizar el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, que en lo conducente dice:

“Artículo 39. Se prohíbe al notario: […] V. Autorizar actos jurídicos en que se enajenan o se constituyan gravámenes sobre bienes inmuebles, sin insertar y protocolizar el certificado a que se refiere el artículo 87 de esta ley y con las salvedades que en el mismo se establecen, o autorizar actos jurídicos en contravención a lo que establecen los artículo 84 párrafo IV y 87 de esta ley; […]”.

III.2. El artículo 42, que en su párrafo segundo que alude a “los instrumentos públicos asentados en el protocolo y sus documentos”, derivando de ello que los instrumentos son una cosa y los documentos protocolizados son otra.

III.3. El numeral 67 fracción II, de la ley invocada, que de forma clara se observa que entiende el concepto “instrumento y escritura” como sinónimos y que ambos son algo distinto a al concepto “protocolización” de documentos, por que en lo conducente dice:

“Artículo 67. Todo instrumento se iniciará en el folio nuevo y consecutivo en su orden que le corresponda, y en ningún caso se iniciará en el anverso del inmediato anterior.

Los folios se utilizarán en forma progresiva por ambos lados.

Toda escritura será numerada progresivamente, iniciando su impresión con el número que le corresponda, abajo del membrete del folio.

En todo instrumento el notario deberá asentar al calce, o en hoja anexa al libro de documentos generales, las siguientes notas:

I. Las relativas a los avisos dados y al pago de créditos fiscales, con la expresión de la fecha de su presentación, el monto de los impuestos cubiertos y la fecha en que se asentó la nota;

II. De las constancias de protocolización de documentos relacionadas con la escritura, si no se hubiese dejado constancia de ello en el texto de la misma; […]”

III.4. El artículo 89 que alude a que el extender en el protocolo todos los actos que autoricen, es deber de los notarios, con las salvedades que sus fracciones mencionan, pero en particular la fracción IV en sus dos párrafos, patentiza que existe una diferencia entre lo que es la escritura y lo que significa protocolizar, en cuanto regula en lo conducente como sigue:

“Artículo 89. Los notarios deberán extender en su protocolo todos los actos que autoricen, con las excepciones siguientes:

I.- Los testamentos cerrados. […]

II. La certificación de autenticidad de firmas […]

III. La certificación de documentos, […]

IV. Las actas de certificación de hechos, protesto de títulos de crédito, notificaciones, interpelaciones y las demás actuaciones similares que se practiquen fuera de la oficina notarial, el notario las hará constar en acta levantada fuera de protocolo y en pliegos sueltos, expresando lugar, hora, día, mes y año en que se realice la actuación notarial, debiendo ser firmada por las personas que hayan intervenido, y si éstas no quieren o pueden hacerlo, así lo hará constar, sin que ello afecte la validez de la actuación.

La protocolización del acta referida deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al de la actuación, expresando en la escritura la naturaleza del acto, las personas que intervinieron y las demás circunstancias que lo identifiquen.”

III.5. En el Capítulo IV del Titulo Segundo de la citada ley, relativo a los avisos y duplicados, marca una patente diferencia entre lo que es un instrumento público y lo que es una protocolización en sus artículos 102 y 103; por el primero de esos numerales refiere a los instrumentos públicos en general y el segundo alude de forma especifica a las protocolizaciones, dichos dispositivos en su texto dicen:



“Artículo 102. De todo instrumento público se formará un duplicado por separado que será firmado por los comparecientes y autorizado por el notario, el cual será un ejemplar idéntico al instrumento público de que se trate, en donde invariablemente deberá aparecer el número de folio a fin de que pueda ser identificado, mismo que se remitirá al Archivo de Instrumentos Públicos.

Artículo 103. Tratándose de protocolizaciones, junto con el duplicado del acto, se anexará copia certificada de los documentos protocolizados que hubiesen ingresado al Libro de Documentos y que no se hayan insertado en el instrumento”.

III.6. Así mismo de forma contundente, el artículo 107 de ese ordenamiento establece de forma clara que la escritura (que se pasa a folios) es algo distinto que la protocolización (que es incorporar documentos al protocolo), por que en su texto dice:



Artículo 107. El notario deberá dar aviso al director del archivo de instrumentos públicos, tanto de la actuación notarial fuera de protocolo, como de la protocolización respectiva, en la misma forma en que se prevé para las escrituras.”

III.7. El artículo 128 párrafo cuarto de la ley invocada, relativa a la expedición de testimonios, establece también una distinción clara, entere los instrumentos en general y las protocolizaciones, en cuanto señala en lo conducente que:



“Artículo 128. El testimonio es el documento que contiene la trascripción fiel y literal del instrumento asentado en el protocolo, de las firmas, del sello estampado y de las notas que obren en el mismo.

Constituye además el único instrumento legítimo que acredita el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para que un acto pasado ante notario pueda entrar a la circulación jurídica.

Cada una de las hojas que lo integren deberá llevar al margen superior derecho preimpreso, realzado o estampado el sello de autorizar y además rubricarse. Para la impresión del testimonio deberá aplicarse en lo conducente lo previsto en el artículo 64 de esta ley.

Tratándose de protocolizaciones, en los testimonios que se expidan deberá transcribirse, en su caso, el acta y el documento protocolizado.[…]”

III.8. El artículo 136 de la ley en comento establece que:

Artículo 136. Los honorarios previstos en el arancel comprenden los gastos incurridos con motivo de la organización y funcionamiento de la prestación del servicio.

No se deberá cobrar cantidad alguna adicional a lo establecido en el arancel. Lo anterior sin perjuicio del cobro de los créditos fiscales que graven los actos jurídicos autorizados, el costo de documentos, constancias, certificaciones, publicaciones, avalúos, derechos registrales, permisos recabados por el notario por cuenta y orden del solicitante y que sean indispensables para el otorgamiento del instrumento, lo anterior sin perjuicio del pago de las obligaciones fiscales que del acto se desprendan.”

De ese dispositivo se desprende que solo los actos jurídicos autorizados (contenido) son materia de créditos fiscales y en ningún apartado o Ley otra alguna se especifica que el uso de los folios de protocolo (continente) sea objeto de tributación, contimás que la autorización del Libro por la autoridad administrativa correspondiente (Director del Archivo de Instrumentos Públicos) genera un derecho, siempre ya cubierto al usarse el folio que lo integra.

La Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, en su artículo 13, fracción II, al disponer que es objeto del Impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales “La protocolización de documentos ante notario público”, es lógico y obvio que emplea el término protocolización en su acepción de “incorporar”, es decir, de agregar o unir al protocolo (que ya existe y se conforma con lo que establece el numeral 61 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco) documentos, y por separado realizar el acta en que se haga constar esa circunstancia, para dar certidumbre respecto de su existencia, fecha, autenticidad, o para elevar a la categoría o forma que la ley sustantiva regule un acto jurídico de que se trate, o sea, que acertadamente no grava ningún negocio jurídico traslativo de propiedad inmobiliaria formalizado ante Notario, o si se quiere, ningún contrato o acto o instrumento asentado o extendido en el Protocolo del Notario en que se formalice transmisión de propiedad inmobiliaria.

Entonces, si con la fracción IV del artículo 8º. de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, se pretende gravar los contratos, actos o instrumentos notariales de índole no contractual o sin valor pecuniario relativos a la transmisión de propiedad inmobiliaria, por su protocolización, bien, se está, como se afirma en el primer concepto de violación, ante su anticonstitucionalidad, al no incorporarse (protocolizarse), sino formalizarse, el acto, contrato o instrumento traslativo de propiedad inmobiliaria en el Estado de Jalisco, o bien, ante su ilegalidad, por no encontrarse establecido el supuesto objeto del impuesto a que se refiere la Ley de Ingresos que se impugna, en la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, o sea, en una Ley tanto en sentido formal como en sentido material, como lo exigen las normas tributarias; y, pretender establecerse en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, que tiene solo el carácter de Ley formal (ya que es de consabido derecho que las leyes de ingresos no son más que simples catálogos de cuentas) y, consecuentemente, al no estar establecido en ley formal y material el objeto del impuesto, éste no existe.



TERCERO. La transmisión de la propiedad inmobiliaria, como objeto de imposición, tiene por otra parte, una contemplación especifica, tanto en el artículo 115 Constitucional, como en la Ley de Hacienda Municipal y en las leyes de ingresos de los municipios de toda la República; y, en el caso del Estado de Jalisco, además de en la Constitución General de la República, Articulo 115, se contempla en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que sobre este particular, en su artículo 112, establece que es objeto del Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales, el traslado del dominio, de la propiedad o de los derechos de copropiedad sobre bienes inmuebles, por cualquier hecho, acto o contrato; y que se entiende que existe traslado de dominio o de derechos de propiedad o de copropiedad de bienes inmuebles, todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades; así como en la Ley de Ingresos de los diversos Municipios del Estado, en las que se fija la tasa impositiva; por lo que, al establecer la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco en su artículo 8º., fracción IV, un tributo a favor del Erario Estatal por la transmisión de la propiedad inmobiliaria, se está ante el caso de una doble tributación; y, también por ello deviene a ser anticonstitucional, porque contraviene y vulnera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su numeral 31, fracción IV, dispone que la obligación de contribuir para los gastos públicos debe ser de manera proporcional y equitativa; máxime que es de razonar también que, el texto del párrafo último del artículo 13 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, que establece: “Este impuesto se causará, siempre y cuando el objeto no esté gravado por otro impuesto previsto en esta ley”, debe ser analizado de forma sistemática y no de forma gramatical, por que la Ley en el Estado de Jalisco significa la legislación en conjunto, por que toda ella deriva o tiene como fuente el H. Congreso del Estado de Jalisco, y tanto la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, como la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, son ordenamientos que emanan de dicho Cuerpo Colegiado y en este sistema jurídico que prevalece, nada puede considerarse aislado y todo forma parte de un conjunto normativo, por que al final “sistema”, es un todo unitario compuesto de dos o mas subsistemas y el sistema jurídico es la totalidad normativa y cada ordenamiento es en esa óptica un subsistema del conjunto total que le integra y pretender imponer otra carga tributaria a un mismo objeto implica una doble tributación, lo que es antijurídico e injusto; y, contimás que la propia Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el año 2008, en su artículo 21, fracción VI, establece: “Por los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno que a continuación se indican, se causarán los derechos de acuerdo a la siguiente tarifa:………VI. Por la autorización de libros de protocolo ordinario o abierto especial y de registro de certificaciones, por cada uno $285.00.-…”.

CUARTO. Por último, es trascendente hacer notar que, además de la falta de exposición de la reforma al artículo 8º., fracción IV, que constituye la norma reclamada, ésta tampoco fue objeto de discusión alguna, ni al presentarse la minuta de dictamen en primera lectura, ni en segunda lectura.

Por consiguiente, la norma impugnada carece de motivación y fundamentación y, para que ello se corrobore basta, por una parte, la simple lectura tanto del Dictamen concerniente al Decreto Número 22135/LVIII/07, circunscrito a su artículo 8º., fracción IV, párrafo final que textualmente dice: “….., así como aquellos relativos a la transmisión de propiedad inmobiliaria, por la protocolización de éstos, se pagarán, por cada uno: $100.00.-……”.; como de las actas de las respectivas sesiones de la Legislatura en que se presentó la correspondiente minuta para su primera lectura y para su segunda lectura; y, por otra parte, el considerar:

A. Que la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alcanza en su obligatoriedad a todas las autoridades del país, incluyendo al Poder Legislativo.

B. Que en virtud de lo preceptuado por el artículo 128 de la Carta Magna, todos los servidores públicos están obligados a respetarla.

C. Que la voluntad popular manifestada en la Constitución General de la República les otorgó a los Estados la soberanía en todo lo concerniente a su régimen interior, pero supeditados a los lineamientos de la Ley Fundamental, tal y como quedó señalado en su artículo 40.

D. Que también se precisó que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, con sujeción a los lineamientos que prevé el artículo 116 de nuestra Carta Magna.

E. Que en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local establece la organización política y jurídica, y al efecto prevé que el Poder Legislativo expedirá su Ley Orgánica, según lo dispone el artículo 35, fracción XXXI.

F. Que es obligación de los diputados al Congreso del Estado observar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, toda vez que en su calidad de servidores públicos protestaron cumplir todas las leyes emanadas de la Constitución General de la República y de la propia Constitución de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 108 de esta última.

G. Que conforme a la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Jalisco, que establece las normas aplicables al proceso legislativo para la formación de leyes, los dictámenes que elaboran las comisiones legislativas encargadas del estudio de las iniciativas turnadas, constituyen un material indispensable dentro del proceso legislativo de formación de leyes. Su contenido comprende una valoración integral de la iniciativa en cuestión, ya sea proponiendo su aprobación o rechazo. En cualquier caso, es consubstancial al mismo dictamen una exposición clara y precisa del negocio de que se trate y su discusión por la Asamblea, toda vez que de lo uno y de lo otro se vale la Asamblea para confirmar, con su aprobación, el sentido del dictamen, o no. La exposición incorporada al dictamen debe ser cuando menos jurídica, es decir, debe integrarse, entre otros elementos, con los razonamientos jurídicos que llevan a la Comisión de estudio a concluir en una propuesta positiva o negativa, con relación al sentido de la iniciativa.

Una exposición que dé amplio soporte a una modificación legal debe abarcar una explicación de los fenómenos sociales que se pretenden afectar, una proyección de los efectos de la norma propuesta y, por supuesto, la justificación jurídica. Es en virtud a la justificación jurídica por lo que el legislador encarnado en las comisiones de estudio establece el valor jurídico que se pretende tutelar con la norma propuesta, se revisa la armonía de la norma con el marco jurídico integral; y finalmente se esclarecen situaciones que pudieren dar lugar a problemas de interpretación al momento de su aplicación.

Por ello, la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Jalisco estableció en su artículo 94 que:

“ .... Los dictámenes deberán contener una exposición clara y precisa del negocio a que se refieren y concluir sometiendo a la consideración del Congreso, el proyecto de ley, decreto o acuerdo económico, según corresponda ...”.

En el caso que nos ocupa, la única acepción jurídica del adjetivo “preciso”, es la que se liga a vocablos tales como “necesario” e “imprescindible”. Es decir, la ley conmina a las comisiones de estudio a elaborar dictámenes que contengan una exposición clara y con todos los elementos necesarios o imprescindibles para la comprensión del negocio de que se trate; y, si dicho asunto se trata de la creación, derogación o modificación de una norma, lo mínimo que debe contener dicho dictamen es la justificación jurídica de la propuesta; y, esto es así, en virtud de que de las lecturas del dictamen es como la Asamblea toma conocimiento del negocio, y de esta manera estará en condiciones de emitir, cada diputado, un voto, cuando menos informado de los alcances de su acción legislativa.

H. Que en la especie, el Dictamen del Decreto Número 22135/LVIII/07, circunscrito a su artículo 8º., fracción IV, párrafo final que textualmente dice: “….., así como aquellos relativos a la transmisión de propiedad inmobiliaria, por la protocolización de éstos, se pagarán, por cada uno: $100.00.-……”. viola el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Jalisco, toda vez que respecto de todas y cada una de las normas contenidas en los preceptos legales del propio Decreto citados anteriormente, no expresa con claridad y precisión el sentido y ni tan siquiera el porque de su propuesta, misma que, por otra parte y a mayor abundamiento, nunca fue discutida por la Legislatura, ni en el seno de la Comisión, ni en el seno de la Asamblea.

I. Que si la exposición que pide la ley se incorpore a los dictámenes que emiten las Comisiones Legislativas y su discusión en el seno de éstas, tiene como objeto fundar y motivar la propuesta, luego la Comisión de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos, no fundó, ni motivó, el dictamen que dió origen a las normas que se impugnan; y, éstas por ello y por su falta de discusión en la Asamblea, carecen de toda fundamentación y motivación jurídicas.

J. Que por lo anterior, al infringirse lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, así como lo preceptuado en los artículos 35 fracción XXXI y el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Local, al momento en que se aprobaron las normas cuya invalidez por inconstitucionalidad e ilegalidad se reclama, es incuestionable que se viola lo ordenado por los artículos 16, 40, 116 y 128 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia que sea procedente declarar la invalidez, anticonstitucionalidad e ilegalidad de las normas impugnadas.

Resulta procedente el concepto de invalidez invocado, en virtud de que se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Jalisco y los numerales 35 fracción XXXI y el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Local, disposiciones vinculadas de modo fundamental con las normas reclamadas, que, al ser fundadas, invalidan las normas impugnadas del Decreto Número 22135/LVIII/07, circunscrito a su artículo 8º., fracción IV, párrafo final que textualmente dice: “….., así como aquellos relativos a la transmisión de propiedad inmobiliaria, por la protocolización de éstos, se pagarán, por cada uno: $100.00.-……”.

Así pues, por lo expuesto en el preámbulo e individual y conjuntamente en los cuatro conceptos de violación precedentes, se concluye que la autoridad responsable al pretender con el acto reclamado imponer un gravamen a un objeto que se grava de forma exclusiva por otra entidad jurídica (el municipio), o establecer una carga tributaria a un objeto no contemplado por el orden jurídico (el uso de folios de protocolo), implica violentar no sólo los derechos mas esenciales del ciudadano, sino que tal acto de autoridad se expide al margen o con violación del sistema jurídico que rige la actuación del Notario, lesionando propiamente el ejercicio de la función pública que desempeña, por la lesión que, a su vez, se infiere al sistema normativo legal y reglamentario que constituye, propiamente, el estatuto del Notario Público, que le sirve al mismo tiempo de protección y defensa jurídica frente a los actos de autoridad reclamados que en su ordenación y/o ejecución en conjunto violan y sobrepasan esos mismos ordenamientos, con lo que, además, se violenta la garantía de trabajo y la legalidad de la función del Notario Público; por lo que éste y el quejoso, por sí y como órgano de representación y defensa de los legítimos intereses de los Notarios del Estado de Jalisco, tienen a su alcance el juicio de amparo.

Cabe traer a colación, tan sólo a guisa de ejemplo, que respecto del impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, la Ley de Hacienda Municipal, en su artículo 14, párrafo segundo, dispone que los fedatarios públicos, registradores y las autoridades competentes no registrarán o darán tramite a actos o contratos en que intervengan o documentos que se les presenten, hasta que sea pagado el impuesto que se cause; y que la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, por su parte, en su artículo 128, párrafo séptimo, ordena que no podrá expedirse el testimonio sin que se hayan pagado las prestaciones fiscales que se hubiesen causado, las que se enterarán a través del propio notario.

Por todo lo expuesto, resultan en la especie violados por las responsables los artículos 1o., párrafo primero año 2008,DE JALISCOde Certificaciones, Tomo XXI Vigde su firma. DOY FE.

rior reconocimiento y ratioficaciectoslegales; , 5º., 14, 16, 31, fracción IV, 115, fracción IV, inciso a) y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás preceptos legales y principios de derecho citados en este ocurso ; y, en tal tesitura, se impone que ese H. Juez de Amparo declare fundados y operantes, los conceptos de violación antes vertidos y conceda al quejoso la protección y amparo de la Justicia de la Unión en contra de los actos reclamados de las Autoridades señaladas como responsables.



VIII. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO: Con fundamento en los artículos 122 y 124 de la Ley de Amparo y por tratarse de una Ley autoaplicativa que con su sola aprobación, emisión, promulgación y publicación ocasiona la violación no sólo los derechos mas esenciales del ciudadano, sino que tal acto de autoridad se expide al margen o con violación del sistema jurídico que rige la actuación del Notario, lesionando propiamente el ejercicio de la función pública que desempeña, por la lesión que, a su vez, se infiere al sistema normativo legal y reglamentario que constituye, propiamente, el estatuto del Notario Público, que le sirve al mismo tiempo de protección y defensa jurídica frente a los actos de autoridad reclamados que en su ordenación y/o ejecución en conjunto violan y sobrepasan esos mismos ordenamientos, con lo que, además, se violenta la garantía de trabajo y la legalidad de la función del Notario Público, solicitamos desde luego, se conceda la suspensión provisional y en su caso la definitiva de los actos reclamados en cuanto a la aplicación o ejecución de las normas que impugnamos, ya que con tal medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público; y si, en cambio, los daños y perjuicios que se causarían con la ejecución de los actos reclamados, son de difícil reparación, sin que se esté en el caso de otorgar garantía por no existir tercer perjudicado.

Esta petición encuentra soporte en la Tesis siguiente :



“Quinta Epoca.

Instancia : Pleno

Fuente : Apéndice de 1995

Tomo : Tomo III, Parte SCJN

Tesis : 601

Página : 436

LEYES, SUSPENSIÓN CONTRA LAS, PROCEDE EN CASOS QUE AFECTE INDIRECTAMENTE AL ORDEN PÚBLICO. El objeto de las leyes es mantener la coexistencia de los derechos de los particulares entre sí y en sus relaciones con el Poder Público y en tal concepto, el cumplimiento de las leyes interesa al orden social. No todas afectan directamente al orden público, y cuando solo de manera indirecta lo afectan, los efectos de las leyes pueden suspenderse sin perjuicio para la sociedad o el Estado.

Quinta Epoca :

Incidente en revisión 291/18. Gavito Vda. de Amaviscar Encarnación. 18 de abril de 1918. Mayoría de nueve votos.

Incidente en revisión 296/18. Julio Ferrer S en C. 18 de abril de 1918. Mayoría de nueve votos.

Incidente en revisión 381/18. Duarte Enrique. 18 de abril de 1918. Mayoría de nueve votos.

Amparo en revisión 644/18. Díaz Rubín Angel, hijo de. 18 de abril de 1918. Mayoría de nueve votos.

Tomo II, pág. 1192 Valentín Alonso y Cía. 18 de abril de 1918. Mayoría de nueve votos.

NOTA :

En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, la tesis aparece publicada con el rubro de : “LEYES, SUSPENSIÓN CONTRA LAS”.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. 4o., 5o. 13, 14, 16, 22, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o. fracción I, 2o., 3o., 4o., 22, fracción I, 114, fracción I, 116, 122 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, a Usted C. Juez, atentamente,



P E D I M O S :

PRIMERO. Tenernos por presentados en los términos de este escrito reconociéndonos el carácter de Consejeros Propietarios integrantes del Consejo de Notarios del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, y a éste, por mandato de la Ley, el de apoderado general judicial, con toda clase de facultades generales, incluyendo las especiales que requieran mención, poder o cláusula especial, conforme a la Ley, del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco.

SEGUNDO. Se tenga al COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE JALISCO, promoviendo, por sí y como órgano de representación y defensa de los legítimos intereses de los Notarios del Estado de Jalisco, el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables; y, por autorizados en los términos del Artículo 27 de la Ley de Amparo, para oír notificaciones y como domicilio para recibir éstas, a los profesionistas y al lugar que se precisan en el párrafo primero de este escrito.

TERCERO. Se admita la presente demanda de amparo en contra de los actos reclamados, de las autoridades señaladas como Responsables.

CUARTO. Desde luego se conceda al quejoso la suspensión provisional y, en su oportunidad, la definitiva, de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables; previa tramitación del Incidente correspondiente, para cuyo efecto acompañamos las copias simples de Ley.

QUINTO. Seguido que sea el juicio por todos sus trámites, se dicte sentencia declarando que la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso contra los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables.

Guadalajara, Jalisco, a 19 diecinueve de enero del año 2008 dos mil ocho.







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