Página principal

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 a la Sra. Presidenta


Descargar 218.33 Kb.
Página2/5
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño218.33 Kb.
1   2   3   4   5
TEMA 3: “MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES JUBILATORIAS. PARTICULARIDADES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN"
Aquí expusieron los Dres. Néstor Fasciolo, Walter Arrigui y Jorge García Rapp.

El Dr. Jorge García Rapp lo hizo con su ponencia sobre “Jubilaciones y pensiones móviles. 82% móvil. y algunas precisiones terminológicas”.

En primer térmno se refirió a “La litigiosidad del sistema previsional”, con las causas que la originan, identificándose a tres: a) La determinación del haber inicial; b) Topes máximos en los haberes, y c) Movilidad de las prestaciones otorgadas.

Explicó que en la situación actual, las solicitudes de reajuste que se deducían estaban centradas en el cuestionamiento a la determinación del haber inicial en virtud de leyes anteriores. El 80% de los juicios por reajustes, promovidos con anterioridad a la salida de la convertibilidad se fundamentan en un “error en el haber inicial.”

Por otro lado, un número importante de casos están basados en lo que la justicia denominó “el manipuleo de los índices”.

A partir del año 2002, resurge la problemática de la movilidad de los haberes previsionales, acompañando los índices inflacionarios que comenzaban a aparecer.

Por último, a partir de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Sanchez”, que reemplaza los criterios sostenidos hasta ese momento por el Superior Tribunal en el caso “Chocobar”, resurge un creciente aumento del número de las demandas promovidas.
En relación con la movilidad de las prestaciones, comparó la situación con el régimen de las leyes 18.037 y 18.038, con la que surge a partir de la movilidad entre el 1° de abril de 1991 y el 31 de marzo de 1995
Llevada esta cuestión a sede judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que, corresponder declarar la invalidez constitucional de la norma examinada y a los efectos de preservar satisfactoriamente la garantía de orden superior vulnerada, ordenar que por el período transcurrido desde el 1º de abril de 1991 hasta el 31 de marzo de 1995, deberá ser aplicada, por cada año, una movilidad del 3,28% por ser esta variación de igual extensión cuantitativa que las experimentada por el AMPO.
Por lo demás, refiere la situación a partir de la reforma introducida en el artículo 32, por la ley 24.463.

Efectúa algunas precisiones terminológicas frente a los términos: “solidaridad”, “equidad”, “Igualdad”, “movilidad” y “proporcionalidad”.


Concluye su ponencia afirmando que el régimen de reparto y la solidaridad intergeneracional sirven de sustento para el cumplimiento de unos de los fines de la seguridad social, la redistribución.
Además, el reparto, como método de financiamiento, resulta de difícil conciliación con el concepto de proporcionalidad, más aún cuando este concepto no se encuentra asociado al de razonabilidad, y se sostiene que cualquiera sea el guarismo entre el haber de la pasividad y el de actividad, sería pasible de ser considerado existente el vicio constitucional.
En nuestro país, el presente contexto, en el cual las prestaciones mínimas que abona el sistema público son las que han tenido revalorización frente a la inflación desde la salida de la convertibilidad, la solución deberá provenir del poder Legislativo, por expreso mandato constitucional.


  1. CONGRESO: Decimoséptimo Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.




  1. LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN. ENTIDAD ORGANIZADORA: Provincia de Salta, 9, 10 y 11 de octubre de 2008. Asociación Argentina del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. Este Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social fue realizado en homenaje al Dr. Antonio Vázquez Vialard.




  1. TEMARIO, CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS Y PONENTES OFICIALES:

CONFERENCIAS:


  1. “PERSPECTIVAS DEL DERECHO DEL TRABAJO”

Expositora Dra. Noemí Rial.

  1. “DIALOGO, CONCERTACIÓN SOCIAL”

Expositores Dres. Arturo Bronstein y Oscar Ermida Uriarte.
MESAS REDONDAS:


  1. “TRABAJO INFANTIL”

Expositores: Dres. Marta Novick, Nora Giménez, Gerardo Corres y Carlos Liveriara.


  1. “MOVILIDAD DEL HABER PREVISIONAL”

Expositores: Graciela Cipolletta, Daniel Rodríguez Novo y Alfredo Conte Grand.


  1. “RIESGOS DEL TRABAJO”.

Expositores: Dres. Carlos Martín Rodríguez, Mario Fera, Ricardo Gilietta y Julio Caballero.
TEMAS ESPECÍFICOS DEL CONGRESO:

TEMA 1: VISIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL DEL EMPLEO PÚBLICO.
Ponentes oficiales: Dres. David Duarte y Jorge J. Sappia
TEMA 2: ENCUADRAMIENTO CONVENCIONAL Y SINDICAL.
Ponentes oficiales: Dres. José D. Machado y Julio C. Simón



  1. ADVERTENCIAS Y ACLARACIONES NECESARIAS:

Con carácter previo cabe señalar que el presente congreso se ha caracterizado por la extensa profusión de temas y eventos académicos más allá de los temas mismos señalados para el evento, motivo por el cual a diferencia de otros congresos y dada la importancia de las Conferencias y Mesas Redondas señaladas, se hace mención también de las conclusiones y de las presentaciones, en virtud de que en esas ocasiones los expositores presentaron ponencia escrita.

Las conclusiones formuladas en este trabajo se señalan a modo de extractos de los enriquecedores trabajos presentados en la oportunidad a modo de síntesis, para lo cual, se tuvo en cuenta, como en las restantes ocasiones las ponencias y exposiciones oficiales. En aquellas ocasiones en las cuales el autor mismo efectuó conclusiones de su ponencia se proponen similares y en aquellos casos en los cuales no fueron expresadas por el autor se trató de extraer las ideas principales del trabajo, desde luego dejando a cargo del lector el trabajo in extenso, que se encuentra a disposición del mismo en el CD correspondiente.


  1. CONCLUSIONES DEL CONGRESO



CONFERENCIAS:


  1. “PERSPECTIVAS DEL DERECHO DEL TRABAJO”

Expositora Dra. Noemí Rial.

  1. “DIALOGO, CONCERTACIÓN SOCIAL”

Expositores Dres. Arturo Bronstein y Oscar Ermida Uriarte.

En la oportunidad se contó con la presentación de la ponencia del Dr. Oscar Ermida Uriarte, que disertó acerca del diálogo social, conforme al documento presentado el autor expresa que la Declaración Sociolaboral del Mercosur incorporó el fortalecimiento del tripartidismo y del diálogo social que se destaca en el escenario laboral a partir de los años ochenta. Destaca que la expresión “diálogo social” constituye un concepto de alguna manera indefinido y abierto, se verifica cierto grado de consenso en torno a la concepción de que se trata de una idea que comprende diversidad de relaciones entre sindicatos, empresarios y poderes públicos. Incluye, pues todas las formas de relación entre los actores distintas al conflicto abierto. Distingue varias clasificaciones, objetivos y métodos referentes al concepto, una referente a las instituciones de negociación y consulta y participación en el diálogo social, otra dirigida al enfoque del diálogo social que comprende al Mercosur y los protocolos reglamentarios; una tercera relacionada con las formas orgánicas e inorgánicas del dialogo social que, en alguna medida se podría fusionar o confundir con la anteriormente mencionada; otra clasificación se refiere a la dimensión temporal del diálogo social, que tiende a ser vista como una señal de madurez y consenso; y una quinta clasificación referente al grado de centralización del dialogo social (nacional e internacional) y a los grados del diálogo social ya sean formales o informales. El objetivo es visto lato sensu como una tendencia positiva a la participación en el sistema de relaciones laborales, el método, ha de ser necesario, y no traducir una actitud meramente litúrgica o dilatoria.

Se destaca como presupuestos del diálogo social la libertad sindical y la promoción de la autonomía colectiva, así como la efectiva participación de los actores sociales.

A modo de ejemplo destaca el autor varios Convenios de la OIT, recomendaciones y programas de la Unión Europea, así como instrumentos provenientes del Mercosur, del Foro Consultativo Económico Social previsto en el protocolo de Europreto y la tarea llevada a cabo en el subgrupo de trabajo número diez y a la comisión sociolaboral del Mercosur.

A modo de conclusión el autor destaca que el concepto de diálogo social tiene hoy una dimensión política que lo convierte en componente de la democracia pluralista y en instrumento básico del nuevo contrato social que a veces se propone como alternativa a una segmentación o exclusión social incompatible con el régimen democrático.

Dentro del sistema de relaciones laborales, el diálogo social incluye todas las relaciones que se dan entre los actores, diversas del conflicto. Incluye así, la información y consulta, la negociación colectiva, la concertación, la participación bi y tripartita, así como los medios voluntarios y participativos de solución de conflictos del trabajo.

La existencia de actores sociales fuertes y representativos es un presupuesto o requisito esencial para el desarrollo de un diálogo social medianamente fluído y fecundo. Por esa razón, habida cuenta de la debilidad sindical y de las dudas sobre la representatividad de algunas organizaciones de empleadores y sorbe el peso y autonomía de los órganos gubernamentales con competencias sociales, el fortalecimiento de los interlocutores parece ser, por lo menos en los países latinoamericanos, una medida previa indispensable de cualquier política de promoción del diálogo social.

En la OIT como en la Unión Europea, el diálogo social es un verdadero principio inspirador y ha alcanzado, asimismo, un apreciable desarrollo práctico. La presencia del diálogo social en el Mercosur es más incipiente pero sin apreciable. Es de destacar su consagración, como uno de los derechos y principios laborales fundamentales, en el art.13 de la Declaración Sociolaboral del Mercosur. También debe valorarse la práctica del diálogo tripartito desarrollado en el seno del Subgrupo de trabajo 10 del Mercosur – que paradojalmente nació de espaldas a toda la preocupación social-, ha repercutido favorablemente en el diálogo social nacional en cada uno de los países miembros.

En efecto, los países del Mercosur parecerían ostentar – aunque tal vez no solamente por aquella razón – un mayor grado de desarrollo relativo – rectius: un menor grado de subdesarrollo relativo – del diálogo social que el que se puede apreciar en otros países latinoamericanos.

MESAS REDONDAS:


  1. “TRABAJO INFANTIL”

Expositores: Dres. Marta Novick, Nora Giménez, Gerardo Corres y Carlos Livellara.

En el trabajo presentado por el Dr. Livellara se hizo mención de que el trabajo infantil constituye una amenaza para el desarrollo integral de los niños y niñas, obstaculizando su correcta inserción laboral (sistema educativo, tiempo libre, contención familiar, etc.) impidiendo el normal desarrollo de su niñez y adolescencia. Esto conlleva una futura exclusión social y el riesgo de repetir la experiencia de vida en sus hijos e hijas.

Esta situación de profundiza cuando el trabajo es realizado en situaciones de riesgo, como pueden ser la recolección y clasificación de basura, tanto en pozos como en la vía pública, la construcción o la venta callejera entre otros.

Por ello, considera el autor que la eliminación del trabajo infantil es un proyecto a largo plazo que se debe realizar con el aporte de diversos sectores. Señala diversos logros alcanzados al respecto en los últimos años.



  • En primer lugar debe señalarse como positivo, al respecto, la importancia que se la va dando al tema, tanto a nivel internacional como en nuestro país.

Así hay consenso, sobretodo a partir de las disposiciones de los Convenios Nº138 y 182 en considerar que el trabajo infantil que debe abolirse es el que corresponde a algunas de estas categorías: I) Un trabajo realizado por un niño que no alcance la edad mínima especificada para el tipo de trabajo de que se trate, según lo determine la legislación nacional, de acuerdo con normas internacionales aceptadas, y que, por consiguiente, impida la educación y el pleno desarrollo del menor. 2) El trabajo considerado peligroso, que es el que pone en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza. 3)Las formas incuestionablemente perores de trabajo infantil, que internacionalmente se define como esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas, y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, prostitución, pornografía y actividades ilícitas.

  • En cuanto al marco normativo dado por nuestro país, con relación al trabajo infantil y la protección de la infancia, conforme los hemos señalado, comprende normas constitucionales, tratados internacionales ratificados legislativamente, y otras normas entre ellas, la reciente ley 26.930 de prohibición de trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, que ha sido recibida positivamente por los diversos sectores.

  • También es significativo a nivel nacional, los estudios y estadísticas que se están realizando ya que una verdadera política de erradicación del trabajo infantil requiere en primera instancia, conocerá la real dimensión y las características del problema. Esto es, cuántos y dónde se encuentran, cuáles son los trabajos de las niñas, cómo influye el trabajo en su escolarización, cuánto ganan, etc. Los niños/as y adolescentes que trabajan.

  • La Argentina ha desplegado importantes esfuerzos por contener y eliminar este fenómeno, los cuales son apoyados por la OIT a través de su Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). En este contexto, se han desarrollado avances en la coordinación interinstitucional a fin de integrar políticas y programas que permitan incidir en la prevención y eliminación del trabajo infantil, se han ratificado los convenios de la OIT y se han generado propuestas para su mejor adecuación con la legislación nacional. Asimismo se ha elevado significativamente el nivel de conocimiento del problema y la sensibilidad de toda la sociedad para combatirlo. También se ejecutan programas que atienden a la población afectada y que mediante una estrategia de atención integral ha permitido prevenir y retirar del trabajo a niños y niñas involucrados en el trabajo de ladrilleras, basureros, agricultura, etc.

Sin embargo, además de los problemas estructurales que subsisten (pobreza, marginación, etc.) uno de los graves factores que impiden erradicar el trabajo infantil está en la práctica cultural que se da en diversos sectores, en los cuales los padres consideran que sus hijos deban trabajar, de diversas maneras para ayudar al sustento del grupo familiar, cuestión que priorizan en desmedro de su normal desarrollo y en muchos casos, les impide acudir al colegio a aprender lo más elemental: a leer y escribir. Ello lleva a la impostergable necesidad de implementar programas y políticas activas tendientes a lograr un cambio cultural en esos sectores mediante diversos estímulos que les haga ver la importancia de no someter a los niños y adolescentes anticipadamente a la fatiga del trabajo. Al respecto, se presenta la posibilidad de aplicar acciones que se han desarrollado en otros países. Actualmente se cuenta con gran experiencia a nivel internacional, en materia de intervenciones efectivas para la erradicación del trabajo infantil, en especial de la OIT, que deben servir de base para las medidas a implementar en nuestro país. Los programas sociales de subsidios, fomento de empleo, de formación ocupacional, de becas escolares, entre otros, podrán incluir especialmente aquellas familias con niños y niñas trabajadores, y el requisito del acceso a ellos en tanto se asegure que el niño es retirado del trabajo y asiste a un centro escolar. Esa práctica se lleva a cabo con éxito en varios países.

Por último, debe tomarse conciencia colectiva que la eliminación del trabajo infantil es un proyecto común a largo plazo, que nos compromete a todos, por cuanto de su éxito dependerá nuestro futuro como país. La sensibilización y la movilización social en todos los niveles son componentes cruciales de cualquier esfuerzo afectivo para eliminar el trabajo infantil. La lucha contra el trabajo infantil, en primer lugar, una cuestión de cambio de actitudes y la gente debe convencerse no solamente de que el trabajo infantil debería eliminarse, sino también de que puede ser eliminado.





  1. “MOVILIDAD DEL HABER PREVISIONAL”

Expositores: Dres. Graciela Cipolletta, Daniel Rodríguez Novo y Alfredo Conte Grand.

En relación con las ponencias presentadas para este tópico, la Dra. Cipolletta destacó que el objeto principal de la seguridad social consiste en la cobertura de las contingencias sociales que permitan al trabajador una subsistencia digna, satisfacción de contingencia que está relacionado con la crisis del estado de bienestar que describe. La fórmula constitucional que contiene el art.14 bis de la Constitución Nacional referente al establecimiento de jubilaciones y pensiones móviles se relaciona con el sistema de recursos disponibles que abre un nuevo capítulo en el rol del estado como custodio y protector de los recursos del estado. Se menciona que la lectura del fallo “Chocobar” permite afirmar que la Corte establece una clara dependencia de los derechos de la seguridad social de la economía, y se alude también a la circunstancia de que en el fallo “Badaro” se evaluó la disponibilidad de recursos en relación con los cambios operados a partir de la crisis del 2001.

Se parte de la base de la determinación del haber inicial, que la autora distingue de la figura de la movilidad misma. Distingue bajo distinta jurisprudencia y conceptos las características del haber inicial con la movilidad misma y respecto de esta última sintetiza y analiza la doctrina de los fallos “Bisso Victorio”, aunadas y relacionadas con el fallo “Sánchez” y con los criterios que surgen de la jurisprudencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social, para concluir que la movilidad, tal como se encuentra hoy la legislación, seguirá la suerte que han tenido otros instituídos del Art. 14 bis, como la participación en las ganancias, la administración de los sistemas de seguridad social por los interesados o el acceso a la vivienda digna.

No obstante, debe señalarse que la actitud de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Badaro”, al sustituir al legislador, aunque mas no sea por un breve lapso, abre un precedente para el futuro sumamente importante. Ello por cuanto el mañana carece, para la mayoría de los afiliados activos, de sustitución proporcional alguna y si el legislador no se decide a un cambio integral del sistema, es probable que el último intérprete de la Constitución será quién de seguir este precedente, otorgará, de un modo u otro, el instituto negado en los textos legales, pero aún escrito en el art.14 bis de la CN.


Por su parte, el Dr. Rodríguez Novo desarrolló las doctrinas que emanan de los principales fallos dictados en cuanto al tema por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; en una apretada síntesis ha considerado que la mayor litigiosidad previsional comprende, en general, tres aspectos englobados en: la determinación del haber inicial, los topes máximos de los haberes y la movilidad de las prestaciones otorgadas y resume la casi inabarcable cantidad de causas relativas al tema. Hace expresa referencia a la doctrina de los fallos “Itzcovich” “Ponzo” “Chocobar” (en relación con éste último alude a la fijación del AMPO y su reemplazo por el MOPRE). “Sánchez” “Andino” y “Badaro”.

Destaca el autor que de la doctrina de la CSJN surge que el Tribunal debe efectuar una cuidadosa evaluación de alcance general y armónico debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples necesidades que está destinado a satisfacer; que la misión más delicada del Poder Judicial es administrar justicia sin suplir decisiones que corresponden a otros poderes y que tienen asignadas atribuciones para efectuar correcciones necesarias que correspondiere adoptar en relación con la movilidad del ajuste.

A modo de conclusión se destaca que como nos enseñaba el Dr. Vázquez Vialard, la finalidad de la política social ha sido, desde el comienzo, la eliminación de las situaciones de desigualdad. Uno de los medios utilizados para ello fue lograr que la solidaridad se encarne en la vida de relación entre los hombres, que cada uno sepa que en cierta manera también es responsable por los otros que con él integran la comunidad. Tanto el derecho del trabajo como la seguridad social, que son capítulos de la política social, tienden a asegurar en el aspecto jurídico el cumplimiento de condiciones que permitan en los hechos la vigencia de este principio.

En el tema compartido muchos de los reclamos se iniciaron por los decretos 2196886 y 648/87 (más de 20 años) Hoy todavía la Corte está resolviendo causas de la ley 18.037.

Una sociedad se nuestra justa en la medida en que responde a las necesidades de todos sus miembros y su grado de civilización se mide por la protección prestada a los miembros más débiles del entramado social.

Si bien es cierto que las personas todavía en la vejez producen fruto, la tercera edad es una época de la vida en que la persona es particularmente vulnerable. Por eso, la afirmación de la dignidad de la persona anciana, para ser creíble y efectiva, deberá manifestarse en mecanismos de movilidad de las prestaciones reales, que respeten la naturaleza jurídica de la prestación y que no requiera de procesos interminables para su reconocimiento.

Esperamos un día concretar esta tareas y, al mirar lo caminado, decir que nos pusimos de pié ante las canas y honorarios el rostro del anciano.


  1. “RIESGOS DEL TRABAJO”

Expositores: Dres. Carlos Marín Rodríguez, Mario Fera, Ricardo Gilietta y Julio Caballero.
Las ponencias de los Dres. Mario Fera y Ricardo Agustín Gilietta que obran en la Institución dan cuenta de los principales aspectos de la ley de riesgos del trabajo.

Con relación al tema el Dr. Mario Fera distinguió ocho cuestiones abordadas en doctrinas de distintos fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: a) Competencia; b) Renta Periódica; c) Reclamo Civil; d) Responsabilidad de la Aseguradora; e) Concurrencia de reclamos civiles con la percepción de prestaciones de la LRT; f) Marco de Contingencias Cubiertas; g) Legitimación para reclamar; h) Cuantía de las reparaciones.

Destaca que del análisis de las doctrinas mencionadas puede destacarse:

a)La Corte Suprema entendió que la competencia de las cuestiones de riesgos del trabajo corresponden a la justicia laboral. A partir de la doctrina del fallo “Castillo” quedó abierto el camino para que la justicia local intervenga en las cuestiones suscitadas por la aplicación de la ley 24.557. A partir de la causa “Venialgo” se consideran relevantes las características del régimen de la ley 24.557, excluyentes de toda idea que justificase la federalización de la jurisdicción.

b) Si bien la doctrina del caso “Milone” se refiere a una cuestión ya modificada en otros casos la Corte extendió su criterio acerca de la inconstitucionalidad de la renta periódica al supuesto de muerte del trabajador, al advertir que la percepción de una renta periódica por parte de los damnificados no se demostraba idónea para satisfacer las “necesidades actuales”, presentes e inmediatas de la actora, originado una evidente desprotección y desnaturalización que conlleva a la desintegración del resarcimiento al perder este su significación económica. En el fallo “Milone” se destacó que el medio de reparación elegido puede conducir a resultados opuestos al buscado, que no se satisfacen los requerimientos de asegurar una condición de labor equitativa, que el sistema asienta el principio de no regresión en materia de derechos fundamentales, que el principio de renta periódica expuesto como estaba implicaba un tratamiento discriminatorio para los damnificados víctimas de incapacidades más severas respecto de aquello que sufrieran una minusvalía de rango inferior y que en suma la reparación dineraria mediante renta periódica resultaba reprochable en tanto se apartaba del objeto reparador que perseguía.

c) Mediante distintos fallos que fueron sucediéndose desde “Aquino”, el máximo Tribunal decidió, en resumen, la declaración de inconstitucionalidad del punto 1 del art.39 de la LRT en cuanto impedía en la mayoría de los casos el acceso del damnificado al reclamo por la vía del derecho civil.

d) El delicado tema de los alcances de la responsabilidad de la aseguradora implicó un proceso jurisprudencial caracterizado en un principio por la exclusión de la responsabilidad establecida en el fallo “Cura”, posteriormente se admitió vía aplicación del art.280 del CPCCN la responsabilidad de la aseguradora con sustento en el art.1074 del Código Civil en el fallo “Rivero”; y observa el autor que a la fecha de la celebración del congreso la Corte habría establecido la directriz de aplicar la responsabilidad respecto de la aseguradora en causas fundadas en el derecho civil y en casos fundados en la LRT por aplicación de su art.4 y del art.1074 del Código Civil.

e) A través del fallo “Llosco” y la riqueza de sus votos, en relación con las opiniones emitidas en el fallo “Aquino” se concluye que no debe privarse al trabajador de perseguir el cobro de una justa reparación. La percepción de sumas de dinero dentro del sistema de la LRT se ha considerado como provisoria y sujeta a posterior revisión a la luz de los principios generales sobre responsabilidad que derivan de la constitución, dejando a partir de lo casuístico la determinación acerca de la amplitud del derecho involucrado y a la evaluación en cada caso particular de la revisión y de la apreciación que con mayor o menor estrictez pueda juzgarse como “doctrina de los actos propios”.

f) Con relación a las enfermedades no previstas y al establecimiento de un listado cerrado de enfermedades o numerus clausus, luego de analizarse los votos emitidos en varias causas se concluye que no puede impedirse el reclamo de indemnización por parte de quien ha sido víctima de una contingencia laboral ya que la cobertura emana del art.19 de la CN y por lo tanto se debe la reparación en los casos en que el damnificado circunscribió su reclamo a lo otorgado en el régimen de la LRT, demostrada la contingencia, aún cuando no se trate de las expresamente previstas por el legislador.

g) Se destaca con diversos argumentos la falta de razonabilidad, y por lo tanto la validez del originario art.18 punto 2 de la Ley 24.557 en cuanto excluyó a los padres del trabajador soltero (en ausencia de otros derechohabientes reconocidos por la norma) en cuanto resulta lesivo al derecho de protección integral de la familia, a la cobertura integral de las contingencias sociales, al tratamiento desigual de familiares, a la situación de desamparo en que se colocaba a los padres excluidos y, en resumen a la retrogradación de derechos consagrados en derechos fundamentales, destacándose la modificación de tal sistema a través del Dto 1268/2000 legitimándose a los padres en calidad de beneficiarios.

h) El mentado tema del valor de la vida humana y su incorrecta apreciación tan solo sobre la base de argumentos exclusivamente materiales y el principio de restitutio in integrun, es abordado en relación con la utilización habitual de fórmulas que si bien no obstan su valor como método orientativo nos obliga a su adaptación al caso según las diversas circunstancias que lo caractericen.

Por su parte el Dr. Giletta distinguió en sus dos presentaciones, distinguió por un lado reflexiones relativas a las enfermedades y accidentes del trabajo, desde un punto de vista genérico e histórico, comprensivo de la totalidad de la legislación argentina desde sus origines hasta el presente con expresa mención de las cuestiones, que a su entender implican un retroceso en el sistema mismo de protección de los accidentes del trabajo tales como, a) sustracción de la jurisdicción ordinaría; b) imposición de un trámite administrativo con funciones cuasi jurisdiccionales puesta en cabeza de profesionales médicos; c) delegaciones del poder ejecutivo nacional en cuanto a la determinación de enfermedad accidente indemnizable o no con impedimento del principio de progresividad; d) eximición de toda obligación indemnizatoria, salvo dolo, a los empleadores asegurados; e) supresión del art.75 de la LCT en relación con las condiciones de seguridad; f) privación del derecho de disponer libremente del monto indemnizatorio, bajo el establecimiento de pago bajo la forma de renta periódica; y g) imposibilidad del reclamo con pago de reclamación integral.

En cuanto al aspecto específico de la ley de riesgos del trabajo, al menos a la fecha de presentación de la ponencia el autor menciona críticas específicas en cuanto a la relación entre aseguradoras y empresas afiliadas, las prestaciones en especie, las acciones reparatorias surgidas del marco jurídico, los alcances del resarcimiento y el enmarañado sistema involucrado en la competencia jurisdiccional.

1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje