Página principal

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 a la Sra. Presidenta


Descargar 218.33 Kb.
Página1/5
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño218.33 Kb.
  1   2   3   4   5
Buenos Aires, 2 de mayo de 2012

A la Sra. Presidenta

De la Asociación Argentina del Derecho de Trabajo

y de la Seguridad Social

Dra. Graciela González:
Azucena Beatriz Ragusa y Héctor David Rodríguez, tenemos el agrado de dirigirnos a la Sra. Presidenta de la Institución y, a través de su digno intermedio a los doctores integrantes de la Comisión Directiva, a los fines de hacerle llegar la propuesta de tarea que nos encomendara generosamente el Dr. Jorge Rodríguez Mancini relativa a la Actualización de las conclusiones de los Congresos Nacionales de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social organizados por la Institución, cuyos antecedentes obran en la misma, haciendo propicia la oportunidad para agradecer a las mencionadas autoridades la invitación cursada a dichos efectos.

Dres. Azucena Beatriz Ragusa y Héctor David Rodríguez



NOTA PRELIMINAR
La presente tarea constituye una síntesis de las Ponencias Oficiales presentadas en los Congresos Nacionales que fueran celebrados y organizados por la Institución en los últimos años, en las provincias de Córdoba, Salta y Tucumán, elaborada por los Dres. Azucena Beatriz Ragusa y Héctor David Rodríguez.

En forma similar a los documentos elaborados anteriormente referentes al tema, tratamos de analizar y sintetizar cada una de las destacadas ideas plasmadas en los profundos estudios presentados en cada oportunidad tratando, por un lado, de homogeneizar y armonizar los enfoques en los distintos temas, y a la vez respetar el pensamiento doctrinario de cada autor.

Dejamos constancia que la presentación fue confeccionada sobre la base de las ponencias oficiales presentadas y obrantes en la Asociación. En aquellos casos en los cuales el autor ha elaborado conclusiones de su ponencia, las mismas han sido respetadas en forma textual, complementando la tarea con la síntesis en aquellos casos en las cuales no constan en forma específica.

En el caso particular del Congreso celebrado en Salta en 2008 y atento la importancia y entidad de las conferencias y mesas redondas celebradas en oportunidad de homenajear al Dra. Antonio Vázquez Vialard, se han tomado en consideración, también las ponencias presentadas por dichos autores participantes de esos eventos, además de los temas específicos del congreso.

Agradecemos muy especialmente la confianza depositada por el Dr. Jorge Rodríguez Mancini por encomendarnos dicha elaboración.

CONGRESO: Decimosexto Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.


  1. LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN. ENTIDAD ORGANIZADORA: Provincia de Córdoba, 1 y 2 de junio de 2006. Asociación Argentina del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social.



  1. TEMARIO, CONFERENCIA, MESA REDONDA Y PONENTES OFICIALES:


CONFERENCIA:
“CUESTIONES ACTUALES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: EXPATRIADOS, MIGRANTES E ITINERANTES".

Expositor: Dr. César Ferrante



MESA REDONDA:
“LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS RELACIONES DEL TRABAJO (INDIVIDUALES Y COLECTIVAS)"

Expositores: Dres. Mario Elffman, Daniel Orlansky y José Daniel Machado


TEMAS ESPECÍFICOS DEL CONGRESO:
TEMA 1: “EL DERECHO PENAL DEL TRABAJO”

Expositores: Dres. Cesar Arese, Juan María Rodríguez Estévez


TEMA 2: “PROBLEMAS ACTUALES EN EL DERECHO COLECTIVO: A) LOS ACTORES SOCIALES EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA; B) LA HUELGA EN LOS SERVICIOS ESENCIALES"
Expositores: Dres. Noemí Rial, Julio Simon, Hector Garcia y José Luis Versellone

TEMA 3: “MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES JUBILATORIAS. PARTICULARIDADES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN"
Expositores: Dres. Néstor Fasciolo, Walter Arrigui y Jorge García Rapp



  1. ADVERTENCIAS Y ACLARACIONES NECESARIAS:

Las conclusiones formuladas en este trabajo se señalan a modo de extractos de los enriquecedores trabajos presentados en la oportunidad a modo de síntesis, para lo cual, se tuvo en cuenta, como en las restantes ocasiones las ponencias y exposiciones oficiales. En aquellas ocasiones en las cuales el autor mismo efectuó conclusiones de su ponencia se proponen similares y en aquellos casos en los cuales no fueron expresadas por el autor se trató de extraer las ideas principales del trabajo, desde luego dejando a cargo del lector el trabajo in extenso, que se encuentra a disposición del mismo en el sitio web de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.




  1. CONCLUSIONES DEL CONGRESO


CONFERENCIA:

“CUESTIONES ACTUALES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: EXPATRIADOS, MIGRANTES E ITINERANTES". Expositor: Dr. César Ferrante


En la oportunidad se contó con la presentación de la ponencia del Dr. César Ferrante, quien a modo de conclusión señaló que el incremento de las migraciones dentro del marco de contratos de trabajo y la necesidad de asegurar el debido respeto de los derechos laborales y previsionales de los trabajadores comprendidos, torna necesario extremar el análisis de las condiciones a las cuales se habrán de sujetar las contrataciones o ransferencias respectivas.

En particular, frente a cado caso concreto, será necesario dar respuesta a distintos aspectos entre los cuales destacamos los siguientes: a) el derecho aplicable al contrato de trabajo y, en particular, la posibilidad de pactar el mismo y la jurisdicción; b) Considerar la posibilidad de que cuando se trate de transferencias se convenga con el trabajador un régimen “ad hoc”que le asegure los beneficios que le pudieran corresponder por aplicación del principio del conglobamiento por instituciones; c) La visa que mejor se adecue a las necesidades del trabajador y su familia y a las condiciones en las cuales se realiza la transferencia; d) La cobertura del trabajador desde el punto de vista de la seguridad social, considerando la existencia o inexistencia de convenios internacionales de corresponsabilidad jubilatoria.



MESA REDONDA:
“LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS RELACIONES DEL TRABAJO (INDIVIDUALES Y COLECTIVAS)"
En el trabajo presentado por el Dr. Mario Elffman, el expositor sostiene que se debe reconocer que en la O.I.T., la lentitud y complejidad de los procesos de formación de consensos y, muy especialmente, las limitaciones ideológicas, políticas y de clase para la formación de esos consensos y de los documentos que los revelan, hace que –cuando finalmente aparecen- los documentos respectivos contengan expresiones y pretensiones de formación de categorías expresadas en un lenguaje tan sutil como eufemístico.

Sostiene que “fundamentales” han de ser todos aquellos derechos que deban ser considerados universales, superiores, indisponibles, irrenunciables, legal y socialmente incuestionables. Que, por ser tales, tendrán un tratamiento jurídico preferencial y diferencial. Cita al jurista Ferrajoli, quien enlaza derechos fundamentales con democracia constitucional contemporánea, en tanto expresión de un nuevo paradigma, tanto para el derecho como para la propia democracia.

Refiere, entonces que los derechos fundamentales son los que conciernen a los derechos humanos y a sus garantías.

Se pregunta porqué son derechos fundamentales: 1) Libertad sindical; 2) No discriminación, 3) Trabajo infantil y 4) Trabajo forzoso o esclavo? y no el derecho de inclusión social, si se trata nada más ni nada menos que de integrar en la sociedad a esa inmensa masa de personas desciudadanizadas cuya situación social es la del no trabajo.


El Dr. Daniel Orlansky se enfoca sobre la libertad de contratar y el derecho de disponer de la propiedad, y refiere que integran el derecho a la libertad, que es un atributo de toda persona.

Señala que la libertad de contratar que tiene el empleador incluye el ejercicio de un poder discrecional en lo concerniente a la integración de su personal. Hace a la esencia de su derecho de contratar el derecho de decidir discrecionalmente cómo integrara su personal y el derecho de despedir injustamente –arbitrariamente-.

Toda reglamentación de un derecho constitucional, tal como el de libertad de contratar, se encuentra sometida a la condición de su razonabilidad. Bajo ningún concepto se puede imponer una carga exorbitante, desproporcionada e inequitativa, que suprima o afecte la esencia del derecho que se pretende reglamentar.

El amparo como remedio para imponer una relación contractual con la víctima de un acto discriminatorio no es el instrumento idóneo para lograr el fin de hacer cesar el prejuicio discriminatorio del empleador.


El Dr. José Daniel Machado, en tanto, expuso sobre “Los derechos fundamentales y las relaciones individuales de trabajo”. En primer lugar se refirió a la tradición nacional sobre las condiciones de eficacia de las fuentes supralegales, afirmando que no es exagerado afirmar que, por décadas, la doctrina y la jurisprudencia argentinas han mostrado una alta desconsideración por la eficacia jurídica de las fuentes de derecho de rango supra-legal. Analiza la concepción escéptica de la Constitución y la “coartada” de las “cláusulas programáticas”. Este prejuicio, señala, consiste en clasificar las cláusulas constitucionales en “operativas” y “programáticas”.

Por otro lado, sostiene que en la medida en que se entienda que la efectividad de los derechos habrá de depender de la dinámica y de la coyuntura histórica, la secuela es que su imposición no puede ser realizada por el constituyente de una vez y para siempre, viniendo a depender del criterio contingente del legislador común.

Resta entonces, a favor de este, un amplísimo margen de discrecionalidad en cuyo ejercicio le incumbe la fijación de prioridades. O, en clave económica, la asignación de recursos escasos a demandas múltiples.

Este enfoque parece consistente con el sistema democrático, en la medida en que está dado a las mayorías el poder de gobernar y, por ende, el de definir la política preferida en cada momento. Sin embargo, se soslaya por esta vía de razonamiento que la parte dogmática de la Constitución es, precisamente, un límite puesto a las mayorías a las que su parte orgánica le reconoce aquél poder de decisión. Incluso desde una concepción “liberal” no puede negarse que la Carta Magna representa un borde negativo de esta índole.

Habla de la “coartada de la emergencia”, en que no son pocas las veces en que, para justificar el recorte de derechos sociales, el legislador invoca prerrogativas “de emergencia”. Por último, refiere que “no hay derechos absolutos” y la doctrina de la “auto-restricción” judicial. Un ejemplo en tal sentido lo provee la doctrina de la Corte relativa a la incompetencia del juez para revisar el importe del Salario Mínimo Vital.

Ahora bien, refiere que si el derecho fundamental no es “auto-explicativo” ni dice lo suficiente acerca de sus alcances, si no podemos resignarnos a que entonces deba entenderse que compete en exclusiva al legislador ordinario delimitarlos (lo que implicaría una claudicación de tipo tradicional), ni queremos habilitar la posibilidad de que cada intérprete singular se los asigne a su antojo o conveniencia, pero a la vez de todo eso insistimos en que poseen una significación propia y operativa, sólo nos queda optar por alguna de estas alternativas: 1) reconocer que esos derechos fundamentales preexisten al orden jurídico positivo, que lo constituyen y no que son constituidos por este (entiéndase: que no dependen de su reconocimiento institucional), o bien, 2) asignarles el más pleno alcance que se les pueda asignar conforme a la interpretación gramatical, como punto de partida, pero reconociendo que puede haber excepciones limitativas fundamentadas y explicadas en la colisión de su vocación expansiva con la que es propia de otros derechos fundamentales concernidos por cada caso singular.




TEMAS ESPECÍFICOS DEL CONGRESO:

TEMA 1: “EL DERECHO PENAL DEL TRABAJO”
Ponentes oficiales: Dres. Juan M. Rodríguez Estévez (“Criterios de atribución de responsabilidad penal en la empresa y su impacto en los vínculos laborales”) y César Arese (Propuestas conceptuales y positivas para un Derecho Penal del Trabajo argentino)
El Dr. Rodríguez Estévez se refirió a aquellos aspectos vinculados al accionar de las personas jurídicas que pueden ser alcanzados por el derecho penal, a fin de determinar su imputabilidad en la comisión de delitos, partiendo de la idea que esta atravesaría a la persona de existencia ideal, para entonces responsabilizar penalmente a las personas físicas que la dirigen u organizan o por el actuar de sus dependientes.
Luego, se refirió a las reglas de imputación societaria, entendiendo que "por imperio de criterios prioritariamente materiales que tienen como marco referencial la finalidad de protección de la norma, la defectuosa organización de la empresa se presenta como un indicador objetivo de responsabilidad penal ulterior del directivo materialmente responsable de dicha organización". Por ello, " el órgano directivo puede ser alcanzado por cierta responsabilidad penal si se demuestra que no ha cumplido con los deberes que le exige la adecuada o correcta selección de la persona a quien delega ciertas funciones específicas".
Por otra parte, y referido a la comisión de delitos por infracción de un deber, que es el caso típico del mal desempeño de funciones atribuido a los funcionarios públicos, podría considerarse aplicable al caso de los "directivos de empresa que actúan en el marco de una actividad organizativa, generalmente de dominio de un tercero, que, son impuestos por ley, mediante cláusulas de actuación en nombre de otro, de un deber especial; transformándose así, sus infracciones en delitos especiales propios ", ejemplo de ello serían alguna de las figuras de la Ley Penal Tributaria.
El Dr. César Arese efectuó una reseña de las diferentes normas que han tipificado como delitos, numerosas figuras específicas ligadas a la evasión de ingresos de aportes de la seguridad social o al funcionamiento del sistema previsional, así como también, otras que encuentran su fuente en el contrato individual de trabajo, tomando como ejemplo de estas últimas el acoso sexual en el trabajo, la retención indebida de aportes y el abuso de la firma en blanco.
Así también, consideró que "en lo penal contravencional, se avanzó hacia la profundización y unificación de figuras, criterios y procedimientos de represión de infracciones laborales y de la seguridad social a través de las Leyes Nos. 25.212 y 25.877."
Respecto a la definición y conceptualización del derecho penal del trabajo, analizó la doctrina nacional y comparada, para concluir que "se está ante conjunto de normas incriminatorias cuyo contenido preceptivo se refiere a las relaciones sindicales, a la tutela de los derechos de los trabajadores dependientes y a la observancia de las disposiciones de la seguridad social. Más genérica y asépticamente puede decirse que es el conjunto de normas y principios penales referidos a las relaciones individuales y colectivas de trabajo y al cumplimiento con las obligaciones y el funcionamiento de la seguridad social".
Los campos en que tales normas podrían influir de acuerdo a la enunciación efectuada serían: los delitos contra las personas con motivo del contrato individual de trabajo; la integridad sexual; la libertad personal y la propiedad del trabajador y las responsabilidades profesionales y por último, los delitos contra la libertad de trabajo y asociación, vale decir, lo relativo a la actuación colectiva de los trabajadores.
Continúa definiendo el alcance del derecho penal de la seguridad social, como comprensivo del sistema de seguridad social, ya que éste resultaría el bien jurídico tutelado; las normas penales de los regímenes sobre riesgos de trabajo y los subsistemas de salud y previsional.
Finalmente, analiza el sistema sancionatorio administrativo sosteniendo que se ha formalizado en nuestro país en base a normas contravencionales administrativas y que tuvo su punto de partida con la sanción de la Ley N° 25.212 continuando con el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYS) creado por la Ley N° 25.877. A partir de la vigencia de la Ley N° 25.212, existe un código de infracciones único a nivel nacional, previsto en los arts. 1° a 5° de esa norma, que en tanto, ese cuerpo normativo aprobó el Pacto Federal de Trabajo suscripto por los representantes de los estados provinciales, creó el Consejo Federal del Trabajo, que desde entonces viene funcionando en sede del MTEySS, además, del "Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales" que califica conductas infractoras y establece sanciones pecuniarias, constituyen normas de fondo que dicta el poder central, tal como ocurre con los códigos penal o de trabajo (art. 75 inc. 12 CN) y correspondiendo a las provincias, sólo, el dictado de las reglas procesales destinadas a procurar su cumplimiento.
En cuanto a los temas debatidos en el taller, el primer interrogante que se planteó, condujo el debate a la existencia misma del derecho penal del trabajo, como rama autónoma. En general las opiniones fueron adversas a tal consideración, entendiéndose que lo que existen son delitos cometidos en el ámbito laboral.
Ello dio lugar a que se efectuara una revisión del marco jurídico laboral y de la seguridad social, sosteniéndose que el legislador ha dotado a determinados bienes jurídicos de una tutela especial, y como consecuencia quienes por acción u omisión dolosa o culposa, violan o incumplen las normas establecidas al efecto merecen una sanción de orden penal.
Pero que a pesar de ello, no puede predicarse la existencia de una rama autónoma que merezca tal calificación.
Sin embargo, se sostuvo que la concreción de un ordenamiento jurídico de tal naturaleza, podría considerarse como un instrumento con vista a la modificación de inconductas graves que lesionan el entramado de las relaciones laborales individuales o colectivas, en tanto, no existiera otro remedio normativo, es decir se sugirió la aplicación por excepción.
Los participantes coincidieron que coexisten en la realidad de las relaciones laborales, una fuerte idea referida a que el incumplimiento es natural y se ha despojado al mismo de la idea de deber moral y de conducta. Se atribuyó tal cultura a las modificaciones del marco jurídico que flexibilizaron las distintas leyes que regularon el contrato individual, y la negociación colectiva, pocos años atrás, y la negligencia en la fiscalización de las condiciones de trabajo en igual período.
De esta discusión, se derivó un intercambio de opiniones acerca de la tipificación y graduación de sanciones por infracciones originadas en normas del trabajo y las relativas a la seguridad social. Aquí, se resaltaron como elementos adversos las modificaciones sucesivas de las normas que regulan la inspección del trabajo, la falta de recursos de nación y de las provincias para llevar a cabo tal cometido y cierta inercia, tanto, de las jurisdicciones provinciales, como la nacional para desarrollar estrategias de prevención.
Se reconoció, también, como óbice para la efectividad en la fiscalización la división de competencias por materia, particularmente la correspondiente a los recursos de la seguridad social, hoy atenuada por imperio de las previsiones contenidas en la Ley N° 25.877. Como ejemplificación de tal argumento se planteó el incremento del índice de trabajo no registrado que presenta el mercado laboral en los últimos 10 o 15 años.
Finalmente, se coincidió en que podría ahondarse el estudio de distintas líneas de investigación tendientes a la eventual proyección de propuestas concretas.´

TEMA 2: PROBLEMAS ACTUALES EN EL DERECHO COLECTIVO
Los Dres. Noemí Rial y Julio Simón abordaron el tema “Los Actores Sociales en la Negociación Colectiva”, respondiendo a tres preguntas, quien negoció, cuánto se negoció y qué se negoció en los últimos dos años.
Respecto al primero de los interrogantes señalaron algunos aspectos que por el devenir actual del proceso negocial demuestran que comenzaron a modificarse determinados criterios de la autoridad administrativa laboral dirigidos a la determinación de la representación sindical en la conformación de la unidad de negociación, así como, respecto al alcance del ámbito personal de aplicación de los convenios colectivos.
Sintéticamente, se concretan tales líneas en la revisión del ámbito de aplicación del convenio colectivo reconocido en el acto de homologación, adecuándolo a la representación que detentan las asociaciones sindicales por personería gremial, cuando hubieren negociado de acuerdo a la que invisten por estatuto, provocando con ello, el desplazamiento de otra que negoció con anterioridad para la misma franja (Asociación Gremial del Personal de Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro y la empresa Hípica Buenos Aires S.A).
Otra, se observa en la delimitación de la representación para negociar de las entidades de segundo grado, cuando la o las entidades de primer grado con personería gremial se han separado de ella, por procedimientos de secesión reconocidos y han reclamado su derecho de firmar un convenio colectivo de trabajo con su o sus empleadores en su zona geográfica y la no aplicación de aquella convención colectiva signada por la Federación de la que habían formado parte, en dicho ámbito.
El criterio sostenido por la autoridad administrativa en este caso, a pesar que las partes pretendieran que el convenio colectivo se aplicara aún en el ámbito personal y territorial correspondiente al sindicato de primer grado desfederado, fue el de excluir en el acto homologatorio dicha franja del alcance del convenio.
El último, refiere a los supuestos de superposición de personerías en el ámbito público, remarcándose la decisión del reconocimiento pleno de la coexistencia de dichas entidades con el dictado de la Disposición Nº 255/03 (MTEySS) por el Ministro de Trabajo de la Nación.
Respecto a la representación de los empleadores en la conformación de la unidad de negociación y posterior desarrollo del procedimiento, se planteó el debate que se ha dado en la doctrina a partir de la sanción de la Ley Nº 25.877 y la derogación de la Ley Nº 25.250. En este punto, se expresó que interesa determinar si efectivamente esa derogación alcanzó al artículo 2º de la norma citada, así como a su norma reglamentaria, es decir el Decreto Nº 1172/00.
El ponente, explicó que en opinión del Ministerio de Trabajo esas normas se encuentran derogadas, e ilustró con los fundamentos que permiten alcanzar tal conclusión.
No obstante, el Dr. Simón advirtió acerca de la necesidad de dictar normas que establezcan los presupuestos legales de conformación de la representación empresaria, así como, prever en ellas mecanismos de solución de los conflictos que pudieran derivarse de la representación plural del sector.
Luego, se refirió a la necesidad de prever la tramitación de las impugnaciones que pudieran plantearse contra el acto dispositivo mediante el que se constituye la comisión negociadora.

Esta observación obedece, de acuerdo a lo manifestado por el autos, a que en la actualidad la autoridad de aplicación considera a tales actos como preparatorios, llevando tal calificación al cierre de la vía recursiva de la Ley N° 19.549, lo que no impide plantear la cuestión en sede judicial. Pero esto provocaría, un exceso de actividad jurisdiccional, con la consiguiente demora en la solución del conflicto y el desarrollo de la negociación.



Por último, expuso las características y volumen de la negociación colectiva en el período 2004/05.
El Dr. José Luis Vercellone opinó, respecto del tema “Las reglas de juego y el Fomento de la Negociación”, que "pareciera que el fortalecimiento de los actores sociales en nuestro país es hoy un hecho demostrable, al menos si la comparación la realizamos con el estado de cosas existentes unos pocos años atrás".
Sin embargo, a su criterio "no se aprecia igual progreso en la evolución de otra pauta, que la OIT establece como esencial para la concertación colectiva: esto es la que hace a las reglas de juego que gobiernan y posibilitan dicha negociación, o sea las normas que dicta el Estado, para establecer las condiciones en que los actores sociales ejercerán la autonomía colectiva."
El fundamento de tal consideración resultaría al decir del ponente en que la Ley de Ordenamiento Laboral, Ley Nº 25.877, " introdujo una serie de modificaciones a las reglas de negociación colectiva ( Título II, capítulos I a IV), que tienden a acentuar, la ya excesiva centralización que históricamente reconoce ese rubro en nuestro país".
Otro de los aspectos que manifestó como condicionante de la negociación colectiva es los sujetos negociales, y especialmente el sindical exhibe en gran parte de las actividades convencionadas, un esquema vertical y centralizado, acorde al " sistema organizativo adoptado por la ley argentina, basado fundamentalmente en la existencia de un sindicato para cada actividad (de 1er. o 2do. grado) que detenta la personería gremial y monopoliza la representación de los trabajadores del sector y la aptitud para negociar colectivamente. Me adelanto a señalar que este dato de la realidad no es particularmente objetable en las actuales circunstancias, aunque dicha modalidad organizativa pueda no coincidir con el modelo ideal, y merezca objeciones a la luz de la garantía del art. 14 bis de la CN y del Convenio de Libertad Sindical de la OIT."
Concluyendo que, debería discutirse la posible modificación de Ley N° 25.877, para que a través de la negociación colectiva se logre la modernización del sistema de relaciones laborales, cuya estructura negocial responda a un marco más descentralizado territorialmente y de corte más horizontal, todo ello sin menoscabo de la protección debida a los trabajadores por aplicación de los principios de aplicación en la materia.
El Dr. Héctor García expuso su ponencia referida a los “Servicios Esenciales, Servicios Mínimos y Autorregulación: sobre garantías al derecho de huelga y límites al poder del Estado”. En primer lugar se analizó el concepto de servicios esenciales para el derecho del trabajo, advirtiendo las características que lo diferencian del alcance que se le reconoce en otras ramas del derecho.
Entendiendo que es exclusivamente el que describe el ámbito en el que el ejercicio del derecho de huelga experimenta una regulación adicional y específica de carácter restrictivo.
Continuando con la distinción entre las figuras de los servicios esenciales; los servicios públicos y la función pública, sosteniendo que la noción de servicio público puede ser utilizada, en diversos ordenamientos, como un “criterio diferenciador” o justificador de una regulación también restrictiva del ejercicio del derecho de huelga —como ocurre, por ejemplo, en Francia— o, eventualmente, de su inclusión directa dentro de la categoría de servicios esenciales —como es el caso de España.

Precisó el objeto de tutela que motiva y justifica la restricción del ejercicio de huelga en los servicios esenciales…., para luego efectuar un análisis del tratamiento que se le ha dado a este tema en la legislación comparada.

La exposición continuó con el desarrollo del procedimiento para la determinación de los servicios esenciales y la posible extensión de las restricciones al ejercicio del derecho de huelga en los denominados servicios públicos de importancia trascendental, para ello se abordaron los criterios que al efecto han desarrollado los órganos de la OIT.

Respecto a la determinación jurídica de los servicios esenciales, el expositor manifestó que “ existen al menos tres mecanismos normativos… .- Tales son la definición, la enumeración y la delegación, además de las técnicas mixtas derivadas de las posibles combinaciones entre los tres mencionados.”

Una vez definidos los extremos sobre los que se asientan las normas regulatorias del ejercicio del derecho de huelga se enumeraron y explicitaron las limitaciones y condiciones que a criterio de la OIT, pueden someterse a los trabajadores que se presten servicios en las actividades encuadradas en las calificaciones precitadas.

Para finalizar, disertó acerca del Decreto Nº 272/06 de reciente sanción, reglamentario del artículo 24 de la Ley Nº 25.877, respecto del cual realizó diversas observaciones en tanto a criterio del ponente, no se ha respetado la norma legal, por ejemplo si se consideran lagunas de las atribuciones delegadas en el artículo 2º de la norma reglamentaria.


La discusión en torno al taller, giró alrededor de varios temas entre ellos, la atribución legislativa que confiere en exclusividad el ejercicio del derecho a negociar colectivamente al sindicato con personería gremial.
El debate surgió a partir del análisis que se introdujo en la ponencia oficial de la decisión de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en los autos Leiva Horacio y otros c. Swift Armour S.A.” del 6-7-1984, y atendiendo a la modificación de la estructura sindical, que lenta pero paulatinamente se viene verificando, y que permite entrever que existen algunas organizaciones sindicales que sólo tienen simple inscripción, pero sin embargo, ostentan una mayor representación por adhesión de los trabajadores, que aquellas con personería gremial, no pudiendo negociar colectivamente por imperio de ley.

Advirtiéndose, resulta difícil la negociación como el conflicto, cuando no se cuenta con una contraparte legitimada, pudiendo llegarse aún al caso - respecto a lo cual se dieron varios ejemplos, que ante la falta de acción de las organizaciones sindicales, sean los propios delegados quienes invistan la representación del colectivo.

Por su parte, se expresó que la fragmentación a la hora de negociar es mayor en el interior del país, donde además, algunas jurisdicciones provinciales intervienen por sí en el procedimiento.

La segunda cuestión sometida a debate versó acerca de la facultad conferida por el ordenamiento jurídico al Ministerio de Trabajo de la Nación para revocar o modificar por propio imperio el acto de homologación con posterioridad a su dictado.

Al respecto, se observó que los conflictos relativos a la representación en la conformación de la unidad de negociación debieran resolverse en esa instancia, de manera tal de evitar el desarrollo de la negociación y obstaculizar la celebración del convenio colectivo. Ya que si bien la autoridad administrativa del trabajo nacional goza de atribución para efectuar el control de legalidad y oportunidad al momento de expedirse acerca de la homologación del proyecto sometido a consideración, se entendió como excesiva la deshomologación y o modificación del ámbito pretendido, más llegado a esa instancia.

Relacionándose este tema con el de conflicto y huelga, se debatió acerca de la exclusión de garantías para los representantes sindicales de las asociaciones simplemente inscriptas, impidiéndoles tal extremo, ejercer sus derechos.

Ya de lleno en el segundo tema, referido a la huelga en los servicios esenciales los participantes se interrogaron sobre la aplicación del decreto N° 272/06 en el ámbito de las provincias, y de las medidas que adoptarán las autoridades administrativas locales.

En tanto, algunas provincias tienen su propia legislación al respecto, y hasta ese momento, no se había modificado a tenor de la normativa nacional y además algunas administraciones provinciales reivindican como propia la competencias en la materia.

También, se dejó planteado el interrogante acerca de la aplicación de la norma reglamentaria en aquellos casos en que la huelga sobrepase el nivel de conflicto del sindicato y se fruto de la decisión de los trabajadores o de los delegados sindicales.

Por último, se introdujo como tema la posible modificación de la Ley N° 14786, considerando el procedimiento previsto en el Decreto N° 272/06.


  1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje