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Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 10 de abril de 2013


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Si em permeten, perquè si no és una descortesia, voldria agrair al Partit Socialista que hagi acceptat la nostra esmena.

Moltes gràcies.


Muchas gracias, señoría.

Yo coincido con la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Esta es una moción que tiene mucha relación con la de ayer y tiene mucha relación con el concepto de lealtad institucional. Podemos hacer los discursos que queramos, podemos hacer las argumentaciones que queramos, pero al final es una absoluta falta de lealtad institucional del Gobierno de la nación en relación con las comunidades autónomas. Y esto es así. Al final se pueden utilizar las argumentaciones que se quiera, pero la realidad es como es.

¿Hubo lealtad institucional cuando se impuso este nuevo tributo por parte del Estado? No, absolutamente ninguna. ¿Acaso consultó a las comunidades autónomas que tenían el impuesto? ¿Acaso les pidió su opinión? ¿Acaso se debatió con el Consejo de Política Fiscal esta propuesta que afectaba a las finanzas de las comunidades autónomas? No, absolutamente no. Se hizo rápidamente, deprisa y corriendo, y se hizo con la intención de no recaudar; se hizo con la intención de que no recaudaran unos y de no recaudar. Luego se rectificará o no, pero se hizo con esa intención. Porque ¿acaso figura alguna partida en los presupuestos del Estado por ingresos de este impuesto? No. Alguien podría decir: bueno, es que no nos dio tiempo. ¿Les da tiempo a presentar la enmienda y modificar los Presupuestos Generales del Estado, a modificar una ley que se estaba tramitando conjuntamente con los Presupuestos Generales del Estado en el mismo tempo y no modifican los Presupuestos Generales del Estado considerando más ingreso y, obviamente, más gasto en la compensación? Entonces es que no tenían ninguna intención, no querían recaudar y lo que querían es que no recaudasen tampoco las otras comunidades autónomas.

Luego subsanan ese error y vienen a decir: sí, recaudaremos y con lo que recaudemos de este impuesto compensaremos a las comunidades autónomas que merecen compensación. Y aquí hacen también una discriminación. Obviamente, como decía antes el portavoz del Grupo Mixto, esta moción es más necesaria que nunca porque no quieren compensar a todas las comunidades autónomas. Ustedes tienen voluntad de compensar a tres y excluir a dos. Por lo tanto, el primero es un problema de lealtad institucional, se lo digo de verdad. Ustedes pueden decir: no, nosotros tenemos la potestad legal de hacerlo. La potestad legal no es, como también les recordaba ayer nuestro portavoz en relación con una pregunta al presidente del Gobierno, la razón política, no es la voluntad política y ustedes en esta pretendida lealtad institucional siempre carecen de voluntad política.

Otra cuestión. Dejan fuera a Asturias y a Cataluña. Pueden utilizar todos los argumentos jurídicos que quieran, pueden utilizar todos los artilugios que crean necesarios para justificar esta decisión, pero esta decisión, como otras decisiones, hace que en Cataluña entiendan cada día menos que se haya de mantener una relación con el Estado español como se ha mantenido hasta ahora. Y esto les gustará o no escucharlo, pero es una gota más en un vaso que ya hace mucho tiempo que derrama.

Así pues, al fin y al cabo ustedes tienen la mayoría en estas cámaras y ustedes van a decidir, pero deben saber que estas decisiones también tienen otros efectos en la mentalidad, en el pensamiento y en el sentimiento de los catalanes y las catalanas. Y cuando los catalanes y las catalanas ven, una vez más, que sin ningún tipo de fundamento ni razonamiento coherente se excluye a Cataluña de una compensación en la que pensamos que tenemos razón, seguramente se está fundamentando y se está incrementando la desafección de los catalanes con respecto al Estado español.

Querría agradecer, no me permitirán la descortesía, al Grupo Socialista que haya aceptado nuestra enmienda.

Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Fuentes.


El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.

Dice la portavoz del Grupo Popular que considera innecesaria esta iniciativa porque el Gobierno, en su infinita bondad y sabiduría, está en ello. Señora portavoz, ya sabemos lo que dice la Lofca, y es que los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado y que, si es así, el Estado tiene que compensar, es decir, el Gobierno tiene que cumplir la ley.

¿Por qué tenemos que creer al señor Montoro? ¿Por qué? ¿Tenemos motivos para creerle o para no creerle? En mi opinión, tenemos más motivos para no creerle. Porque, ¿cómo vamos a creer al que juraba y perjuraba que jamás subiría el IVA? ¿Cómo vamos a creer al que llegó a decir que la amnistía fiscal era la contrapartida para no subir el IVA? Pues hubo amnistía fiscal y subida del IVA, por no hablar de las previsiones o las previsiones de ingresos de la amnistía fiscal.

Lo que pretende la enmienda es poner un plazo de dos meses −más tres que llevamos−. Si usted hubiese dicho: Planteen ustedes hasta que termine este período de sesiones, pues lo hubiésemos discutido. Pero no, ustedes no quieren. Ha dicho el ministro esto, con el criterio de veracidad que se le presupone por parte de alguno, y tenemos que aceptarlo. No; ponemos un plazo y decimos que, además de las tres comunidades autónomas que dijo el ministro, añadimos Asturias desde el principio y, aceptando la enmienda de CiU, Cataluña.

Hablemos claro. Ustedes están en contra de este impuesto desde el principio. En el año 2001, cuando se aprueba en el Parlamento de Extremadura, su grupo votó en contra. Vayan a las hemerotecas. ¿Qué dijeron de este impuesto? ¿Qué dijeron del entonces presidente, Rodríguez Ibarra, cuando puso este impuesto? Vayan a las hemerotecas. Decían barbaridades. Y su Gobierno, cuando recurre al Tribunal Constitucional, en época de Aznar, dice que ponemos en riesgo la unidad de mercado y la unidad fiscal de España. Eso es lo más suave que ustedes dijeron. Y por eso presentan el recurso. Y cuando ante el recurso les sale el tiro por la culata, presentan la enmienda aquí, una enmienda en el Senado que modifica leyes de parlamentos autonómicos, deprisa y corriendo, una enmienda en el Senado después de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Esa es la realidad, no le den ustedes más vueltas. Ustedes no han tenido más remedio que aceptar este impuesto y, cuando llega la sentencia, ¿qué hacen ustedes? Aguarlo, torpedearlo con esa enmienda, quitarle vigencia. Eso es lo que ha pasado. No me venga usted con el cuento de que si el ministro está en ello o deja de estar. El ministro tendrá que cumplir la ley, y eso no es motivo de agradecimiento, va en el sueldo o debe ir en el sueldo.

Ahora resulta que las comunidades autónomas pueden bajar o subir el tramo autonómico del IRPF, pero los bancos no, los bancos no; una comunidad autónoma puede subir o bajar el tramo autonómico del IRPF y no pasa nada, nadie se escandaliza, nadie anula eso; ahora bien, los bancos no.

Han dicho ustedes que las comunidades autónomas son unas manirrotas, unas gastosas, que van de buenas ante los ciudadanos a la hora del gasto y el pobre Gobierno central va de malo poniendo impuestos, y estas comunidades autónomas, en esa campaña de desprestigio, son unas manirrotas que nada más saben gastar. Pues ahora ponen un impuesto, y tampoco.

Por lo tanto, no le den más vueltas. Esta iniciativa es para poner plazo a lo que dice el ministro y para ampliarlo, porque el Tribunal Constitucional ha dicho en su sentencia que este impuesto es conforme a la Constitución. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y su enmienda, su actitud de hoy lo que hace es torpedear que las comunidades autónomas, las que quieran, pongan un impuesto autonómico.

Y hablan ustedes de la carta. Ya conoceremos la carta. A ver si la carta va a decir lo que dice Montoro que dice, o va a decir una cosa distinta de lo que Montoro dice que dice. Ya lo veremos.

De todas formas, la pregunta −y con esto acabo− es: ¿Están ustedes diciendo que una carta de las autoridades europeas está por encima de la sentencia del Tribunal Constitucional? Si es así, díganlo a las claras.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fuentes.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Ni una sola duda, senador Fuentes, ni una sola duda: el Gobierno va a cumplir, no porque lo dijo el señor Montoro, que también, porque el señor Montoro se preocupó de poner esa compensación a las comunidades autónomas en la ley, sino porque está en la ley, en el artículo 19 de la ley donde se aprobó este impuesto.

Señorías, compensar a las comunidades autónomas, la voluntad política, la lealtad institucional no son cosas de soflamas y cantinelas, que es lo que usted ha mostrado hoy aquí. Se escribe en las leyes, y eso es lo que hace el Gobierno del Partido Popular con esta compensación a las comunidades autónomas y con todas las demás medidas.

Se está cumpliendo rigurosamente la sentencia del Tribunal Constitucional. Es la propia sentencia la que dice que es perfectamente posible ese impuesto estatal. Y se está cumpliendo la ley de forma rigurosa. Pero se está cumpliendo algo más. Ustedes vuelven a plantear el debate del porqué de ese impuesto estatal y atribuyen una intencionalidad que no es cierta. Como dijimos en su momento −lo dijo el ministro y lo dijo el Grupo Popular−, se crea porque queremos ofrecer garantías y porque queremos eliminar riesgos, algo que para ustedes no parece tener la más mínima importancia. El hecho de que haya comunidades autónomas que tengan el impuesto autonómico y otras que no lo tengan genera riesgos de que las entidades de crédito puedan verse incentivadas a que los depósitos se constituyan en oficinas de la misma entidad pero en otra comunidad autónoma, o que las entidades se establezcan aquí o allá y tomen sus decisiones de inversión condicionadas por los beneficios fiscales de los impuestos autonómicos. La Comisión Europea, a través de esta carta de febrero de 2012, expresó su preocupación en ese sentido, en concreto, sobre las ventajas fiscales que pudieran existir en función de una comunidad u otra, y expresó la preocupación de que esos tributos pudieran vulnerar la libertad de circulación de capitales; le preocupaba el hecho de que ese impuesto se fuera extendiendo por las comunidades autónomas, supusiera una segmentación del mercado bancario, y eso obstaculizara la concesión de crédito.

Fíjense, señorías, si no es importante la recuperación del crédito en este país, aunque para ustedes parece ser una cuestión mínima, que si hay algo vital en España es que el crédito llegue a los emprendedores y a las familias para poder financiar sus proyectos de inversión. Cuando la reforma del sistema financiero avanza con paso firme −esa reforma que ustedes tampoco hicieron−, avanza cumpliendo los plazos, avanza de forma impecable y, como ha dicho el último informe de Moody’s, sin vaivenes, en una misma dirección y con unos mismos objetivos, los que se planteó el Gobierno del Partido Popular, cuando hemos conseguido una ayuda financiera para culminar esa reforma, una ayuda que también es clave, cualquier medida que ni de lejos pueda poner en riesgo la recuperación del crédito en este país hay que descartarla, señorías. Por eso, si la implantación o la extensión de esos impuestos autonómicos por todas las comunidades autónomas supone el riesgo de segmentar el mercado y de impedir la recuperación del crédito, ese riesgo hay que eliminarlo, porque cualquier paso en contra es el peor paso que podíamos dar.

Por eso, lo único cierto es que este impuesto, que nunca se descartó que siempre fuera a tener el tipo cero, se crea por el Gobierno para evitar cualquier riesgo que esa extensión de impuestos sobre depósitos de carácter autonómico pudiera tener para la recuperación del crédito, y la intención ahora de implantar un tipo no muy superior pero mayor que cero responde a la intención de que sean las entidades de crédito, y no los ciudadanos −como ustedes dijeron repetidamente−, las que financien los recursos necesarios para compensar a las comunidades autónomas.

Señorías, ustedes se han referido a la lealtad institucional. Detrás de cada decisión del Gobierno ha habido grandes dosis de lealtad institucional. Ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha dado pasos muy importantes en la dirección de la lealtad institucional en este país y para asegurar los pilares del Estado autonómico y del Estado del bienestar. ¿Hay mayor deslealtad con las comunidades autónomas, señorías, que dejar los servicios fundamentales sin pagar, a deber? Porque han sido esas medidas, esa política del Gobierno del Partido Popular la que ha permitido mecanismos como el pago a proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico, o esa nueva ampliación del pago a proveedores que recientemente se aprobaba por el Gobierno, el pasado 22 de febrero. ¿Hay mayor deslealtad que la de algunas comunidades autónomas, en particular Cataluña, que lo dejaron todo a deber? Porque han sido los mecanismos que ha puesto el Gobierno a disposición los que han permitido financiar esos servicios fundamentales…
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

…y han permitido asegurar el Estado de las autonomías y, desde luego, también el Estado del bienestar.

Gracias señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que el senador Fuentes entendía que estaba subsumida en una de las partes de la enmienda de Convergència i Unió, y los dos primeros puntos de la enmienda de Convergència i Unió, puesto que el tercero fue retirado. ¿Están sus señorías de acuerdo? (Asentimiento.)

Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 248; a favor, 85; en contra, 154, abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.
6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTEMPLAR DETERMINADOS ASPECTOS EN LA FUTURA LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

(Núm. exp. 671/000063)

AUTOR: GPEPC
El señor PRESIDENTE: Siguiente moción consecuencia de interpelación.

El señor presidente da lectura al punto 6.2.
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.) Guarden silencio. (Rumores.)

A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado tres enmiendas, una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, otra del Grupo Parlamentario Vasco y, finalmente, una tercera, del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, la senadora Sequera. (Rumores.)

La señora SEQUERA GARCÍA: Hola, bon dia.

En el darrer Ple, el Grup de l’Entesa va interpel·lar el ministre Montoro per tal de conèixer l’abast i els objectius que es pretenen aconseguir amb la reforma de l’Administració local... (Rumors.)


Hola, buenos días.

En el último Pleno, el Grupo de Entesa interpeló al ministro Montoro con el fin de conocer el alcance y los objetivos que se quieren conseguir con la reforma de la Administración local… (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, la senadora Sequera no va a continuar hasta que no guarden silencio. (Pausa.)

Cuando quiera, señoría.


La señora SEQUERA GARCÍA: Gràcies, president.

Com deia, en el darrer Ple, el Grup de l’Entesa va interpel·lar el ministre Montoro per tal de conèixer l’abast i els objectius que es pretenen aconseguir amb la reforma de l’Administració local i avançar en el sentit de la reforma que el meu grup considera necessari fer.

Atenent a la petició del ministre, presentem la següent moció per tal de constatar la nostra aportació a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, explicitant aspectes bàsics que cal que la reforma contempli, establint la base, el punt de partida, d’aquesta reforma. Cal una reforma legislativa de l’àmbit local? Sí, i compartim la iniciativa de reformar la planta local. És una demanda històrica, com també ho és l’establiment d’un finançament just. Amb aquest manifest, vull corregir la interpretació que el ministre va fer de la meva intervenció en la darrera sessió plenària. En cap moment estem dient que no es faci res.

Aquesta moció pretén contribuir a assentar les bases perquè la reforma contribueixi a enfortir i legitimar, encara més, les entitats locals, i especialment els ajuntaments. El punt de partida ha de ser el respecte, en tot el seu contingut, els preceptes que la Constitució estableix quan fa referència a les entitats locals i a l’autonomia local. I utilitzant les paraules del ministre Montoro: el sentit d’aquesta reforma pretén que s’acosti a la forma d’organitzar les seves activitats –les de les entitats locals–, tal i com avui ho fan els estats federals en l’entorn europeu i de més enllà. Hi estem totalment d’acord. Esperem que les paraules no siguin simplement paraules, i estiguin plenes de contingut, que es transformin en fets, per la qual cosa esperem que l’esperit de la Carta Europea d’Autonomia Local impregni, amb tot el seu esperit, aquesta reforma.

La Llei de Bases de Règim Local vigent avui estableix les competències mínimes que ha de prestar un ajuntament segons població, i permet una certa flexibilitat per habilitar els ajuntaments a intervenir davant la demanda de noves demandes socials, que haurien d’estar cobertes per altres administracions públiques, però que no ho estan. És el cas de les escoles bressol, les biblioteques, poliesportius, centres de dia, que en molts casos es presten per mitjà de delegacions o convenis de les administracions competents a canvi d’una dotació econòmica que no cobreix íntegrament la despesa. La societat actual contempla com a bàsics molts d’aquests serveis i, per tant, cal actualitzar la llista de serveis mínims que estableix la legislació perquè sigui un reflex de la realitat que vivim i per tal de legitimar els ajuntaments, i no tan sols en el sentit de gestionar serveis, sinó de dotar-los de potestat per planificar, programar i regular els serveis que presten. Precisament, el fet de desenvolupar activitats en virtut de convenis administratius any rere any denota que la competència hauria de ser local, amb l’atribució dels recursos necessaris.

Sense els recursos econòmics suficients el principi de l’autonomia local no deixa de ser una simple declaració formal. El percentatge de despesa pública en relació amb els serveis que presta un ajuntament és insuficient. Podem afirmar que els ajuntaments són les administracions que des de fa molt de temps ja practiquen allò de hacer más con menos.

Sí cal fer un estudi dels serveis que presten els ajuntaments, que reflecteixi la realitat, i quin finançament mínim necessiten per tal de fer front a la despesa, per tal que aquest finançament estigui garantit.

Tant pel que fa a les competències com al finançament per a prestar-les amb garanties, la reforma de l’Administració local ha de ser prou flexible per tenir la capacitat d’adaptar-se a les diferents realitats de tipologia i singularitats dels municipis que integren tot l’Estat. I en base a aquesta demanda cal reconèixer com a singulars les necessitats dels ajuntaments de les grans ciutats, com Barcelona, per la qual cosa ha de tenir un tractament diferenciat de la resta d’ajuntaments. En aquestes ciutats s’acusa encara més la necessitat d’articular els mecanismes perquè els seus corresponsables municipals puguin atendre de manera efectiva les demandes ciutadanes. Per aquest motiu, cal respectar la legislació que, de forma consensuada amb les parts interessades, existeix i que és vigent com ara la carta municipal.

En aquesta Cambra hi ha molts representats d’ajuntaments d’arreu de l’Estat, i estic segura que, deixant de banda els colors polítics, tots han de fer front a les demandes dels veïns que representen. Ara és quan hem de fer front comú per legitimar i enfortir els nostres ajuntaments com a administració que ha de donar resposta a la societat. I ara, en els moments que vivim, i per l’augment de les demandes socials que hem d’atendre, ho hem de fer de forma contundent i no deixar perdre aquesta oportunitat.

Gràcies. (Aplaudiments.)


Gracias, presidente.

Como decía, en el último Pleno, el Grupo de Entesa interpeló al ministro Montoro con el fin de conocer el alcance y los objetivos que se pretenden conseguir con la reforma de la Administración local y avanzar en el sentido de la reforma que mi grupo considera necesario realizar.

Atendiendo a la petición del ministro, presentamos la siguiente moción para constatar nuestra aportación a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, explicitando aspectos básicos que la reforma debe contemplar, estableciendo la base, el punto de partida de esta reforma. ¿Se necesita una reforma legislativa del ámbito local? Sí, y compartimos la iniciativa de reformar la planta local. Es una petición histórica, como también lo es el establecimiento de una financiación justa. Con este manifiesto quiero corregir la interpretación que el ministro realizó de mi intervención en la última sesión plenaria. En ningún momento estamos diciendo que no se haga nada.

Esta moción pretende ayudar a sentar las bases para que la reforma contribuya a fortalecer y legitimar todavía más a las entidades locales y especialmente a los ayuntamientos. El punto de partida debe ser el respeto en todo su contenido a los preceptos que la Constitución establece cuando hace referencia a las entidades locales y a la autonomía local. Y utilizo las palabras del ministro Montoro: el sentido de esta reforma pretende que se acerque a la forma de organizar sus actividades las entidades locales, tal como hoy lo realizan las entidades federales del entorno europeo y más allá. Estamos totalmente de acuerdo con ello. Esperamos que las palabras no sean simplemente palabras y estén llenas de contenido, que se transformen en hechos y que el espíritu de la Carta Europea de la Autonomía Local impregne esta reforma.

La Ley de Bases del Régimen Local vigente hoy en día establece las competencias mínimas que debe prestar un ayuntamiento según su población y permite una cierta flexibilidad para habilitar a los ayuntamientos a intervenir ante la petición de nuevos requerimientos sociales que deberían estar cubiertos por otras administraciones públicas pero que no lo están. Es el caso de las guarderías, las bibliotecas, polideportivos, centros de día, que en muchos casos se prestan por medio de delegaciones o convenios de las administraciones competentes a cambio de una dotación económica que no cubre íntegramente el gasto. La sociedad actual contempla como básicos muchos de estos servicios, por lo tanto, se debe actualizar la lista de servicios mínimos que establece la legislación para que sea un reflejo de la realidad que vivimos y con el fin de legitimar a los ayuntamientos, y no solo en el sentido de gestionar servicios, sino de dotarles de potestad para planificar, programar y regular los servicios que prestan. Precisamente el hecho de desarrollar actividades en virtud de convenios administrativos año tras año denota que la competencia debería ser local con la atribución de los recursos necesarios.
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