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Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 10 de abril de 2013


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Otra de las recomendaciones de interés efectuada −voy a hacer un breve resumen−, sobre la que hemos logrado una respuesta afirmativa −voy a empezar por una última que acabamos de ver a través de informaciones en los últimos días−, ha sido la identificación de la policía. Creo que de esto hablé también aquí, ante sus señorías, el año pasado. Nos parecía que la policía antidisturbios debía poder ser identificada en sus actuaciones. El ministerio nos ha dicho que sí, y ya están actuando −o lo harán cuando sea menester− en la calle con una identificación, como se venía haciendo también en alguna comunidad autónoma. Creo que la ertzantza lo hacía también, y ya se va a hacer en todas las actuaciones policiales. Le hemos pedido al Ministerio del Interior −porque nunca nos paramos en las peticiones− que vaya todavía un poco más allá y que establezca un breve código de actuación para las Fuerzas de Seguridad del Estado, fundamentalmente la policía, cuando actúe en la calle. Solicitamos que exista un código de conducta y de manera de proceder que pueda ser conocido por sus señorías y por los ciudadanos cuando lo deseen, que obligue a una actuación determinada de una manera determinada. Pero la primera parte, la identificación, como digo, está conseguida.

Y aproximadamente hace veinte días hemos hecho una recomendación que creo que también puede ser de interés y aceptada con respecto al pago a proveedores. Ustedes saben muy bien que hay comunidades y ayuntamientos que no están pagando a proveedores, a los que se les pagó en una primera instancia, el año pasado o hace año y medio. Pero ahora no han alcanzado los fondos o los presupuestos. Nosotros le hemos dicho a los ministerios correspondientes: Sanidad, Empleo, y especialmente Hacienda: Como van ustedes a tener −así lo ha anunciado el ministro− un Fondo de Liquidación Autonómico y una partida de pago a proveedores disponible, que va a ser transferida a las comunidades autónomas, nos parece muy bien esa medida, pero digan ustedes a las comunidades y los ayuntamientos que pongan en primer lugar los gastos sociales para hacer frente a las deudas en esa materia. Eso nos parece fundamental, y las razones no se las tengo que explicar a sus señorías. Y es que hay centros de atención a menores o de atención a mayores que nos han escrito diciendo: si en el plazo de quince de días no recibimos la cantidad que se nos adeuda, cerraremos. Esa es una situación verdaderamente dramática. Por eso, nos hemos dirigido al ministro de Hacienda y le hemos dicho: Nos parece estupendo, si ustedes incluso pueden más, mejor, pero díganles que atiendan esos gastos, porque las consecuencias de la no liquidación de esos gastos o esas deudas son enormes. Acabamos de ver en el programa −así lo denomina el Ministerio de Hacienda− sobre el modo o manera de proceder en cuanto a esas liquidaciones que se da prioridad a los gastos en materia de educación, sanidad y servicios sociales, con atención especial −dice la norma del Ministerio de Hacienda− a los servicios públicos fundamentales en estas materias, y ayudas directas a familias e instituciones sin fines de lucro en relación con la Ley de dependencia. Me alegro mucho, me parece que puede ser una buena medida.

Otra recomendación que también hicimos al Ministerio de Justicia y que ha sido aceptada está en relación con la atención a las víctimas del terrorismo. Le pedimos al ministerio –creo que ya di cuenta, pero ahora puedo decir que además la petición se ha resuelto de manera favorable− que a las víctimas y familiares de víctimas de terrorismo se les proporcionara un instrumento fácil y sencillo para que pudieran saber el procedimiento que les afecta y la situación penitenciaria de las personas por las que se han visto dañados enorme y gravemente y que han sido los autores de los delitos por los que están sufriendo; que las familias puedan saber en qué situación penitenciaria están esas personas y además cuándo se va a celebrar el juicio que a ellas les preocupa. Y es que habíamos diagnosticado que hay personas que viven en núcleos pequeños, o que están alejadas, o que tienen poca información, o de mucha edad que no se enteraban de que se iba a celebrar el juicio o si se había celebrado ya, y era un juicio que les afectaba muy directamente y no habían tenido la información precisa. Pues bien, he comprobado en una asociación de víctimas que la recomendación que hacíamos ya está, y que las víctimas o los familiares, identificándose adecuadamente, pueden conocer su causa, la situación que les preocupa, desde su domicilio. Me parece que es un avance, dado que eso es lo que podemos hacer en relación con las víctimas: apoyarlas en su vida, en su sentir y en su penar diario.

Nos gustaría que el estatuto de las víctimas prosperara y que llegara aquí pronto para su debate. Esta medida ya ha sido adoptada, pero no disponemos de mucha información sobre en qué situación está el estatuto, y sería bueno y conveniente para todas las víctimas.

En relación con esta cuestión, he de informar a sus señorías de que me he dirigido al comisario europeo de Derechos Humanos para hablarle de mi preocupación y posición sobre la ejecución de condenas de delitos de terrorismo y otros actos o acciones muy graves, sobre lo que se va a pronunciar la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos quizá en las próximas semanas o los próximos meses. Insisto en que le he mostrado mi preocupación y cuál es la posición del Defensor, que es la misma que la del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional.

Para terminar, señorías, me voy a referir al gran epígrafe de las quejas, que, como he explicado, y su nombre indica, son un lamento o una recriminación hacia una entidad o institución por una actuación determinada. Me parece interesante dar cuenta de que, como ha habido reducción de prestaciones sociales y sanitarias, hay muchas, muchísimas quejas. También las ha habido en relación con las listas de espera de viviendas protegidas. En materia de educación, ha habido muchas quejas sobre las no sustituciones o rápidas sustituciones de profesores que se tienen que dar de baja por cualquier circunstancia. Y, como he dicho, desde luego ha habido enormes quejas de los funcionarios, afectados por la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre.

Sigue habiendo retrasos en la Administración de Justicia −estamos muy atentos a esta materia−; sigue habiendo grandes retrasos, y lamentos por parte de los ciudadanos. Y todavía hay retrasos en las autorizaciones de residencia −que, a nuestro juicio, deben concederse cuando se reúnen las condiciones− para personas no españolas que solicitan la residencia en España. Los trámites son larguísimos y, en nuestra opinión, también los tiempos son excesivamente largos.

Muchas quejas versan sobre problemas de las grandes ciudades: contaminación acústica y ruidos de toda índole. Como ya dije aquí el año pasado, hay urbanizaciones sin terminar, con el perjuicio para los vecinos que ya están allí, que han adquirido una casa o un piso y la urbanización se queda a medias. En este sentido, hemos hecho varias recomendaciones a la Federación Española de Municipios y Provincias sobre cómo se podría actuar y cuáles serían los gastos o inversiones preferenciales para atender mínimamente a esos vecinos. Son, por tanto, viviendas vacías o bloques semivacíos. Estos son algunos de los problemas en esta materia.

Señorías, acabo; no quiero entretenerles más y que tengan que mantener la atención sobre estas cuestiones, porque conozco su orden del día.

De modo que, para finalizar, les recuerdo que estamos a su entera disposición para aclarar, ampliar y explicar lo que deseen, y para oír también sus comentarios, sus críticas y sus sugerencias. Estamos absolutamente a su disposición, tanto a la de los miembros de la comisión como a la de todos los miembros de esta Cámara. A nosotros nos interesa mucho contar con la opinión del Senado, por las experiencias que ustedes tienen y por sus atribuciones parlamentarias. Estamos encantados de escucharles y de recibir a los portavoces de la comisión para que nos transmitan sus deseos. Y, si un día, señor presidente, una representación, bien de la comisión, o bien del Pleno o de la Mesa, pudiera venir a la institución para que les expliquemos lo que hacemos, cuáles son los procedimientos, quiénes son los responsables de las áreas y cómo tratamos los asuntos, para nosotros sería muy interesante y sería un honor recibirles.

Nuestra intención es la de ser una institución útil, una institución al servicio de todos los ciudadanos, con la voluntad −como imperativo kantiano− de estar al servicio de todos; nuestra voluntad, por encima de todo, como muestra de servicio a todos ciudadanos, cooperando e instando a las administraciones, a todas las administraciones; ante ellas, no frente a ellas. Leía el otro día un artículo interesante −que seguramente habrán visto algunos de ustedes− de la catedrática de Ética doña Adela Cortina, que hablaba de la cooperación. Ella lo refería a Europa, a cómo Europa debía haber sido un proyecto de cooperación, y no un proyecto de individualidades, se referida a las naciones. Pues en nuestro campo también es pertinente la cooperación; la cooperación del Defensor del Pueblo con las administraciones; la cooperación entre las administraciones. Ella decía −y yo lo hago mío− que la cooperación, el valor de la cooperación es lo que ha hecho avanzar a la especie humana, es lo que ha hecho avanzar a la humanidad. Decía ella, citando a un sociólogo americano, cuyo nombre en este momento no recuerdo: no habrán visto ustedes nunca a dos chimpancés transportar juntos el tronco de un árbol, nunca; sin embargo, sí hemos visto a miembros de la especie humana transportar cosas conjuntamente, cooperar, y así ha sido como ha avanzado la sociedad. Pues este es nuestro afán: cooperar y, desde luego, servir; servir a todos los ciudadanos y, por supuesto, también a sus señorías, cuando así lo estimen conveniente.

Gracias, señor presidente, y gracias por su atención. (Fuertes y prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora defensora del pueblo, por su informe correspondiente a la gestión realizada por la institución a lo largo del año 2012.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias, por tiempo de quince minutos.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Gracias, señora defensora del pueblo, por su exposición. Mi máximo reconocimiento a la institución, aunque solo sea a partir de su propia denominación. Denominación que adquiere un especial significado en unos momentos como estos, en que gran parte de la sociedad se siente indefensa. Lo que no deja de ser también expresión de nuestro fracaso; del fracaso de la representación institucional, que no es capaz de dar −cada uno en su responsabilidad, no todos somos iguales ni todos tenemos la misma responsabilidad− respuesta adecuada a las necesidades del pueblo. Reconocimiento, pues, al trabajo de la institución que se extiende al que desarrollan los defensores del pueblo en las diferentes comunidades autónomas; ahora que, en muchos casos, son puestos en cuestión por esa estrategia suicida, por ese austericidio que pone en cuestión la necesidad y la existencia de la figura de los homólogos del Defensor del Pueblo en las comunidades autónomas. En algunas de ellas se está planteando ya su desaparición. Yo, como asturiano, lamento que en mi comunidad autónoma, en Asturias, se haya iniciado el proceso que puede dar lugar a la desaparición del la Procurador General, la institución homóloga del Defensor del Pueblo en Asturias. Decisión que en ningún caso comparto personalmente ni comparte la fuerza política que represento.

El informe que nos ha presentado la señora defensora del pueblo es el informe de la crisis. El informe de la crisis, y de las políticas que el Gobierno y los Gobiernos de las comunidades autónomas están poniendo en práctica para afrontarla. Es decir, es el informe de las consecuencias de esas políticas. Por eso el número de expedientes se ha incrementado en el 2012 en un tercio en relación con el 2011. Por eso en el 2012 hubo 100 veces más solicitudes de recursos de inconstitucionalidad y de amparo que en el 2011. La señora defensora del pueblo destacaba, y yo reconozco que es legítimo para establecer un refuerzo de su tarea, aquellos supuestos en los que los informes que ha elaborado han encontrado acogida favorable en las administraciones. Yo me felicito porque, aunque sea de manera insuficiente, se haya producido una rebaja de las tasas judiciales. Como muy bien sabe la defensora del pueblo, eso no ha satisfecho ni a las fuerzas políticas presentes en este Senado ni a los profesionales del derecho, que han cuestionado la rebaja como insuficiente y han cuestionado su orientación. También me felicito porque el Ministerio del Interior vaya a hacer caso de su requerimiento para que los agentes de la autoridad que intervengan fundamentalmente en actuaciones que guardan relación con el derecho de manifestación estén perfectamente identificados.

Pero a mí me parece que lo más importante de este informe es la fotografía que nos ofrece de la coyuntura social, de las preocupaciones de los ciudadanos que se expresan a través de las quejas y a través de las conclusiones del propio informe. Conclusiones que, como representantes institucionales, tenemos la obligación de convertir en conclusiones políticas. Sobre entidades financieras y las recomendaciones, en primer lugar. No basta con decir −basta para el informe de la defensora del pueblo, seguramente, no basta para los senadores− que las actuaciones de las entidades financieras han sido absolutamente censurables. Yo creo que han sido escandalosas yo creo que han sido cuasidelictivas; yo creo que han configurado y expresado un sistema financiero corrupto. Se habla mucho, y con razón, de la corrupción política y de los corruptores empresariales que la acompañan; pero no se destaca que las prácticas bancarias que han afectado a centenares de miles de ciudadanos de este país han sido también corruptas, puesto que han vulnerado la ley. Y no lo digo yo, lo dice, de forma más suave, el informe de la defensora del pueblo; lo dijo el presidente de una de las entidades financieras más importantes de este país en la asamblea general de accionistas, refiriéndose, eso sí, a la competencia “que había desarrollado prácticas irregulares”; lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que habla de cláusulas abusivas; lo ha dicho el Tribunal Supremo, declarando nula la cláusula suelo de los créditos hipotecarios; lo están diciendo los juzgados y audiencias provinciales, en relación con los swap, los clip, y otros inventos de extorsión de las entidades financieras; lo están diciendo los tribunales en relación con las preferentes y con las subordinadas. Y no se trata de acciones puntuales de determinada entidad financiera; son estrategias empresariales desarrolladas por la mayoría de las entidades financieras de este país, ante la complacencia del Banco de España, ante la complacencia del Consejo Nacional del Mercado de Valores, que no actuaron frente a ellas.

Apuntaba la señora defensora del pueblo, como salida, el arbitraje. Sinceramente, pienso que aquí hay una clara responsabilidad patrimonial del Estado. El Estado tiene culpa in vigilando, puesto que no utilizó los recursos de los que disponía para cumplir con las obligaciones de control del sistema financiero. Por lo tanto, el arbitraje es seguramente a estas alturas, con todo lo que sabemos, con lo que están diciendo los tribunales, una medida absolutamente insuficiente e injusta con quienes de buena fe acudieron a su banco, a su caja de ahorros de toda la vida, y se encontraron con que unos gestores que les aconsejaron, no por iniciativa propia, sino cumpliendo los esquemas que condicionaban por los resultados su propia remuneración −el sistema piramidal corrupto de arriba abajo−, inversiones, cuando lo que pedían ellos eran depósitos plazo fijo. No son inversores que tuvieran una información insuficiente o incorrecta; eran ahorradores que acudían con sus depósitos a unas entidades financieras que les habían ofrecido confianza hasta entonces.

A lo largo de los últimos años la gran preocupación de las administraciones públicas, del Gobierno, del Parlamento, en relación con el sistema financiero, ha sido su estabilidad financiero, salvar el sistema financiero. Para ello, antes y después, cerraron los ojos ante las prácticas de ese sistema financiero, que hacían víctimas, insisto, a cientos de miles de españoles. La prioridad fue salvar el sistema financiero, y ahora, para no aumentar los riesgos de ese sistema financiero salvado gracias a ingentes cantidades de recursos públicos, se pretende dar la espalda a quienes padecen los perjuicios y las consecuencias de su funcionamiento irregular. No se trata solo de un comportamiento poco ético, se trata de un comportamiento ilegal y cuasi delictivo.

Los expedientes, las reclamaciones y los informes de la defensora del pueblo expresan con absoluta claridad cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos. La mayoría de ellos no se refieren solo a un número elevado de funcionarios que reclaman contra la privación de la paga extraordinaria, sino que se refieren a cuestiones relativas a la vivienda, lógicamente, y la señora defensora del pueblo decía que la dación en pago no es la solución al problema. Pero es una alternativa. Es una alternativa que tienen que tener los ciudadanos que se ven en esa situación, y que merece medidas complementarias que permitan acceder a una vivienda. Sin dación en pago, el ciudadano seguirá manteniendo, con vivienda o sin vivienda, una situación de endeudamiento para toda su vida, mientras no afronte las consecuencias que se derivan de los incumplimientos de amortización de los créditos solicitados. Quienes tienen la mayoría en este Senado y en el Congreso no van a seguir el consejo de la señora defensora del pueblo de tener en cuenta que, al menos en algunos casos, pueda existir la dación en pago. Como no se han tomado en consideración los requerimientos e informes de la señora defensora del pueblo en la mayoría de las cuestiones que guardan relación con los ajustes y recortes en educación, en sanidad o en servicios sociales; ni su invitación a que se dé una solución a la afiliación a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en la atención a la dependencia; ni en cuanto a la exclusión de la atención sanitaria para determinados colectivos, o en cuanto a la repercusión del coste del transporte sanitario; ni en cuanto a las reclamaciones individuales que, en todas estas materias, como refleja el informe de la señora defensora del pueblo, son rechazadas porque conllevarían incremento del gasto público. La preocupación sigue siendo esa: las consecuencias de la constitucionalización de que la prioridad es acabar con el déficit y con el endeudamiento, y no satisfacer las necesidades sociales de ciudadanos y ciudadanas.

Ha dedicado mucho tiempo la defensora del pueblo, y con ello concluyo, a justificar o a argumentar por qué no presentó ningún recurso de inconstitucionalidad. Yo puedo entender que, cuando otras instituciones han presentado recurso de inconstitucionalidad, la institución del Defensor del Pueblo no considere imprescindible su presentación; eso sí, tras comprobar en qué argumentos y sobre qué fundamentos se basan esos recursos de inconstitucionalidad; porque la institución del Defensor del Pueblo puede tener otros motivos, puede tener otros argumentos, puede tener otros fundamentos. Entiendo, incluso, que se pueda preferir, en términos coloquiales, la vía civil, la búsqueda del acuerdo y del entendimiento con las administraciones, la transacción, la búsqueda de la solución amistosa, antes de acudir al Tribunal Constitucional, como hacen también los ciudadanos cuando tienen oportunidad. Pero a la vista de que el informe refleja que los problemas más importantes, los más sangrantes, los que tienen una repercusión más directa en las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país, como consecuencia de las políticas que se están aplicando, no han tenido respuesta adecuada, me queda la duda de si no había un amplio margen todavía para haber presentado −una vez comprobado que la vía civil no había funcionado, que la transacción o la solución amistosa no había sido posible− alguno de esos recursos de inconstitucionalidad planteados por tantos ciudadanos, planteados por tantas instituciones sociales y organizaciones cívicas.

Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, maiburu jauna; egun on senatori jaun andreok. Voy a intentar no consumir los quince minutos, porque el día de hoy va a ser bastante largo.

Primero, antes de nada, quiero dar las gracias a la señora Becerril, porque ha presentado el informe en el tiempo en que se le pidió en esta Cámara; lo ha hecho casi como un reloj suizo; un poquito más tarde en el Senado, pero realmente la entrada en Cortes tuvo lugar en el Congreso. Quizá algunos asuntos de los que voy a hablar tenía que haberlos tratado en la comisión, pero hasta los vascos tenemos a veces dificultades para estar en dos sitios a la vez, y no pude acudir a esa sesión; así que voy a hacer algunas puntualizaciones ahora, sobre todo desde el punto de vista estadístico. En algunos casos, en los cuadros que se presentan se comparan los dos años, el actual y el anterior. Le sugiero, que hagan, si pueden, no series estadísticas en cada uno de los cuadros, pero sí comparaciones, bien con una media o con una mediana, dependiendo de lo que sus expertos estadísticos digan, de las series estadísticas que tiene el Defensor del Pueblo, que creo que son muy largas e importantes. Esto sería interesante.

Algunas cosas nos han sorprendido, o no; o no, porque, al final, su informe refleja, como bien ha dicho el senador Iglesias, lo que está sucediendo en el país. No obstante, quiero comentar algunas cifras concretas. Especialmente, el gran aumento de las quejas agrupadas, más que el de las quejas individuales; 9000 más que el año pasado. Y, sobre todo, el de las solicitudes de recursos de inconstitucionalidad y amparo, que pasan de 2214 a 246 585. La cifra nos tiene que llamar obligatoriamente la atención. En contraste −usted ha explicado por qué, pero yo le daré mi opinión−, se ha producido una disminución de las investigaciones de oficio, que se reducen en un 27%. Ha explicado por qué, y lo entiendo; pero creo que es muy importante que la institución mantenga un especial celo en las investigaciones de oficio. No todo lo que puede ser perjudicial para los ciudadanos llega a través de los propios ciudadanos, y la institución tiene que hacer ahí un esfuerzo especial. Luego volveré a hablar de este tema.

También vemos en algunas tablas grandes discrepancias entre el 2011 y el 2012 en las quejas recibidas de los comisionados parlamentarios autonómicos; un nombre curioso, me ha llamado la atención. En el caso de la comunidad valenciana, por ejemplo, que pasa de 825 en 2011 a 241 en 2012, se deberá, probablemente, a una razón concreta, a un accidente concreto que ocurrió en ese momento. Por lo tanto, si puede ser, nos gustaría que en el futuro nos aclarara en el mismo informe por qué se producen estos desvíos tan escandalosos en algunos casos; que son excepcionales, pero que están ahí. Porque puede ser que tenga que ver también con lo que el senador Iglesias muy hábilmente ha llamado austericidio. En este caso, ha habido varios intentos, también lo hubo en la Comunidad Foral de Navarra, aunque, gracias a Dios, no salió; ya digo que puede que sea por las mismas razones. Lo mismo ocurre en el caso de los recursos que presentan ante el Constitucional esos comisionados autonómicos.

En cuanto a las quejas individuales admitidas, vemos que la inmensa mayoría, el 56%, corresponden a quejas sobre la Administración General del Estado. Y, de todas las que se han considerado, de las que han concluido, el 38% han dado como resultado que la Administración General del Estado ha tenido una actuación correcta. A mí me llama la atención que sobre la Administración local, en los casos concluidos, la declaración de actuación correcta asciende al 49%. Quiero hacerlo constar, porque muchas veces se pone en duda la capacidad y la calidad de la Administración local, pero estamos viendo que la Administración local tiene una cantidad de actuaciones correctas muy superior incluso a las de la Administración General del Estado. Entre las quejas colectivas, la que se lleva la palma es la Administración General del Estado, creo que por la situación del país, que ya hemos comentado. Y, en cuanto a las actuaciones de oficio, la administración a la que más investigaciones de oficio se le han hecho es la Administración autonómica; en número: un 39% del total de las que se han hecho; a la Administración central un 28% y a la local un 19%. Casualmente, la Administración autonómica ha tenido solamente el 17% de las quejas individuales y, en cambio, un 38% de las investigaciones de oficio. Es algo que seguro que tiene su explicación, pero me sorprende; me sorprende que la administración que más quejas individuales tiene no sea la que más investigaciones de oficio tiene. Para mí, esto es algo, cuando menos, curioso. Estoy seguro de que habrá alguna razón, y me gustaría conocerla. Ya me la explicará cuando tengamos oportunidad.

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