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Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 10 de abril de 2013


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BORRADOR DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL DE 2013

Se reanuda la sesión a las nueve horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Señorías, buenos días. Vayan tomando asiento.

5. DEFENSOR DEL PUEBLO


5.1. INFORMES
5.1.1. INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO DURANTE EL AÑO 2012.

(Núm. exp. 780/000003)


El señor presidente da lectura a los puntos 5., 5.1. y 5.1.1.
El señor PRESIDENTE: Llamen a la señora defensora del pueblo. (Pausa.)

Para exponer un resumen del informe, tiene la palabra la excelentísima señora defensora del pueblo.

Señorías, tomen asiento y guarden silencio, por favor.


La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Gracias, señor presidente.

Señorías, como acaba de decir el señor presidente, comparezco ante sus señorías para informar de lo realizado, para dar cuenta del informe de la institución Defensor del Pueblo correspondiente al año 2012. Como ven sus señorías, lo hemos hecho con la mayor celeridad posible, lo más cerca del final del año 2012, porque trajimos el informe que consta en esta Cámara el 27 de febrero; por tanto, en esta ocasión hemos acelerado los trabajos para no demorar el rendir cuentas y poder tener ahora una impresión y una idea de lo que se ha hecho en la institución y también una parte o más, quizá, de una parte del sentir y de la manera de vivir de la sociedad española, porque el informe refleja lo que ha sucedido a lo largo de un periodo de tiempo en la sociedad.

En la comisión mixta, donde estaban senadoras y senadores de esta Cámara, lo presentamos el día 12 de marzo, dimos cuenta del informe que es muy detallado y que a su vez lleva aparejada una documentación muy grande. Todo ello consta en la página web correspondiente de la institución del Defensor del Pueblo desde luego para las personas que quieran tener una información detallada y estudiar incluso expedientes.

El presupuesto del 2012 ha ascendido a la cantidad de 14 500 000 euros. Esto ha supuesto una reducción del 4,5 con respecto al presupuesto del ejercicio anterior. No creo que sea necesario dar más explicación sobre la reducción, todas las administraciones estamos haciendo un esfuerzo, y la institución también tenía que hacerlo, sin perjuicio de proseguir con sus objetivos y llegar a su cumplimiento.

Voy a hacer ante sus señorías un resumen no muy largo para no fatigarles con muchos datos, ya que están todos en la documentación. En cualquier momento puedo comparecer ante sus señorías en la correspondiente comisión para ampliar datos o dar explicaciones y escuchar las opiniones que ustedes estimen convenientes. Voy a hacer, por tanto, un resumen.

Empezaré diciendo que hace cinco días hemos puesto en marcha una nueva página web con la pretensión de dar la máxima información sobre la institución: qué es, cómo funciona, qué cuentas tiene, qué contratos tiene, qué personas trabajan, cuáles son, en qué consiste el capítulo I del presupuesto, el capítulo II, que son los capítulos sobre los que nosotros tenemos información y hemos seguido las pautas que nos ha dado la institución Transparencia Internacional. Creo que es bastante completa, posiblemente tengamos que añadir o corregir algo, porque, como digo, la hemos puesto en marcha hace cinco días con el afán de cooperar en la transparencia que a todos nos preocupa en este momento y cuyo proyecto de ley se va a debatir en esta Cámara próximamente.

En 2012, como saben bien sus señorías, seguramente mejor que yo, las dificultades económicas, los problemas de muchos colectivos, el problema de muchísimas familias españolas y los ajustes que ha habido que hacer para reducir el déficit y adecuarlo a los requerimientos de la Unión Europea y conseguir el equilibrio presupuestario, todas estas cosas se han notado. La memoria refleja una situación determinada de la sociedad en un momento dado; ciertamente, todo ello se ha notado en la memoria del año 2012. El número de quejas es superior al de años anteriores. En 2011 fueron 21 400, frente a las 33 400 de 2012. Un número mucho mayor de personas se ha dirigido a esta institución pidiendo que la Administración corrija un error, le dé un plazo mayor, rectifique o porque no han logrado una expectativa o un derecho que creen tener, etcétera.

Las investigaciones de oficio que nosotros hemos iniciado han sido menos que el año anterior porque ha habido que atender más quejas y ha habido que acometer varios informes importantes, laboriosos, a los que brevemente me voy a referir. Por tanto, investigaciones acotadas a un tema concreto las hemos reducido este año por estas razones. En 2011 fueron 500 y este año se acercan a las 400. Hemos tenido que reducir la actividad porque se ha ampliado en otro campo.

Las solicitudes de recursos de inconstitucionalidad han aumentado, como saben bien sus señorías. Han sido 247 000 los ciudadanos que han solicitado recursos de inconstitucionalidad. Fundamentalmente, se trata de funcionarios que se han visto afectados por la supresión de la paga extra del pasado mes de diciembre y una gran parte de los colectivos de funcionarios se han dirigido a la institución. Esto supone un aumento muy grande respecto a años anteriores.

En relación a las administraciones no colaboradoras, es decir, que no han respondido o responden sin dar respuesta mínimamente razonada –materia que me parece interesante-, su número va disminuyendo, porque creo que las administraciones ya son conscientes de que deben responder al ciudadano, y nosotros lo que les pedimos es que respondan a lo que el ciudadano demanda, es decir, nuestra solicitud no es caprichosa ni arbitraria. En 2012 han sido veinte las administraciones no colaboradoras. Vamos viendo una disminución en su número y un mayor interés en responder, como, por otra parte, debe ser.

En relación con los recursos de inconstitucionalidad, brevemente, puesto que sobre esta materia saben ustedes mucho más que yo, muchas personas y algunos colectivos se dirigen a nosotros porque una ley no les satisface o no les gusta, van más allá, y desean que presentemos un recurso de inconstitucionalidad. En ese caso, tenemos que explicarles, argumentando de manera razonable, que esa ley puede disgustar profundamente, pero eso no significa que sea inconstitucional. Y esto nos ocurre muchas veces.

A lo largo de la historia de esta institución, que ahora cumple treinta años, se han presentado veinticinco recursos de inconstitucionalidad. Con esto quiero decir que defensores que me han precedido y sus correspondientes adjuntos han considerado que es una posibilidad que tiene esta institución, pero es el último recurso, que hay otras actuaciones, y no hay que olvidar que esta Cámara, el Congreso, el Gobierno y las comunidades autónomas también tienen capacidad para presentar esos recursos, y ha sido costumbre que cuando una de las Cámaras ha presentado un recurso –no siempre-, la institución ha dejado que sea la representación directa del pueblo la que lo presente; repito, es una práctica, no tiene por qué ser así siempre.

Como he dicho, en los treinta años de vigencia de esta institución se han presentado veinticinco recursos, de los cuales seis fueron estimados por el tribunal en su totalidad y cuatro lo fueron parcialmente, y en este momento hay tres recursos -presentados siempre por el Defensor- pendientes de sentencia del año 2010 y uno del año 2008.

Doy estos datos a sus señorías para explicarles, y así transmitir a la opinión pública y a ustedes como representantes, que en muchas ocasiones es más eficiente, resuelve mejor la institución del Defensor si una vez que ya han acudido al tribunal otros grupos acreditados se lleva a cabo una acción de mediación o de solicitud directa de rectificación, como hemos hecho en la Ley de tasas. Sé que a no todas sus señorías les satisface el resultado de la mediación que ha dado lugar a una corrección por parte del Ministerio de Justicia del proyecto de Ley de tasas y a adelantar en unos cuantos meses, casi en un año, la Ley de justicia gratuita.

Sé que no satisface a todos, pero nosotros pensamos que ha sido interesante, y lo digo porque, por ejemplo, en relación con una solicitud efectuada por un sindicato médico de Madrid para que presentáramos un recurso con ocasión de la actuación de la Comunidad de Madrid en la gestión de seis hospitales y la futura gestión de veintisiete centros de atención, tras haberla estudiado, hemos llegado a la conclusión de que no se puede decir que la forma de la gestión sea inconstitucional, si bien merece un control y una supervisión muy estricta sobre cómo llevarla a cabo, así como las concesiones, para que no haya una concentración en una o dos empresas, para que se vigilen los presupuestos y no aumenten los de aquellos hospitales que tienen un convenio y puedan disminuir o mantenerse los que no lo tienen y son gestionados enteramente de forma pública.

Estas recomendaciones y esta atención que exigimos y demandamos a la Comunidad de Madrid y que nos comprometimos a hacer es útil y eficaz, y hemos recibido una carta del presidente de este sindicato médico denominado AFEM, que nos da las gracias por el trabajo, y nos dice que cree que nuestra actuación va a ser más útil que la presentación del recurso. La hemos recibido hace dos días, y es cierto, porque va a obligar a un Gobierno determinado, a Madrid en este caso, pero podría ser cualquier otro, a una actuación muy estricta, muy precisa y con mucho control y mucha vigilancia. Así se reconoce el trabajo que se ha hecho y se le califica como de interés por parte de este sindicato médico.

Y volviendo brevemente a la Ley de tasas, ha ocurrido lo mismo; ya sé que no satisface a todos. Pero es cierto que en las tasas variables ha habido una modificación muy sustancial en relación con el proyecto de ley que se había presentado. Tanto en primera como en segunda instancia las variables han bajado un 80%, pasando de un 0,50% del valor del litigio en primera y segunda instancia, a un 0,10%. Había un máximo de tasa variable de 10 000 euros y ahora, con estas modificaciones instadas desde el Defensor, a un 0,50% del litigio. Hay un cambio sustancial y en la justicia gratuita también. La Ley de justicia gratuita se adelanta, como he dicho, y ya está en vigor en vez de esperar casi un año.

Se han suprimido las tasas para los laudos arbitrales –hay una supresión total- y tanto las multas como las sanciones de carácter administrativo, que lógicamente preocupaban por sus cuantías, se contienen y se dice que no pueden suponer más del 50% del valor de la sanción. Es decir, hay una modificación importante. Y esta es una labor que ha hecho la institución en lugar de presentar un recurso. Lo explico ante sus señorías porque a lo mejor alguno de ustedes puede dudar sobre por qué no se presentan. Pues no se presentan, primero, porque no se consideran inconstitucionales. Si se considerara inconstitucional desde luego que se presentaban, porque o no se consideran o hay grandes dudas, y ha habido ya otra instancia, otra institución que ha presentado el correspondiente recurso. Menciono todo esto como explicación en esta dación de información ante sus señorías.

Los informes y estudios que se han elaborado a lo largo del año 2012 pueden tener a mi juicio interés para sus señorías. Constan en esta Cámara y los tiene la comisión, pero por supuesto también están a disposición de todas sus señorías.

Mencionaré, en primer lugar, algo sobre lo que ustedes van a trabajar en los próximos días, me refiero a las viviendas vacías, que está muy relacionado en este momento con otros problemas de carácter social que a todos nos preocupan. Este documento de viviendas protegidas vacías se ha hecho pidiendo a las comunidades autónomas y a diez grandes municipios, como Barcelona, Santiago, Málaga, Sevilla o Madrid y otros muchos, que faciliten el número de viviendas protegidas que tienen en sus diversas categorías y su disponibilidad.

La primera conclusión que sacamos de este informe es que sería conveniente tener un registro de carácter general donde las comunidades y los ayuntamientos aportaran sus datos, porque no se pueden ustedes imaginar, señorías, la dificultad que ha supuesto durante más de un año la elaboración de este documento y sus anexos. Ha sido enormemente laborioso. ¿Por qué? Porque había administraciones que nos respondían diciendo: No lo tenemos; no podemos responder; dennos ustedes un tiempo; vamos a ver si podemos. Y luego, los datos que nos han ido proporcionando no casaban, no tenían los mismos términos, y era difícil hacerlos confluir y tener unos números totales.

Por tanto, en estas fechas, en las que salen tantos números, nuestra primera recomendación sería −repito− que existiera un registro general con esas aportaciones para que se pudiera obtener un dato interesante: cuántas viviendas hay en España con protección, vacías y también ocupadas. A nosotros la cuenta que nos sale con los datos proporcionados, después de muchas conversaciones con alcaldes, con consejeros, es que las protegidas vacías en este momento y que podrían ser utilizadas son un número superior a 10 000. No es excesivo, tiene que haber muchas más, pero, claro, nosotros hemos contabilizado diez municipios. Quedarían como mínimo otros treinta municipios medianos y grandes, pero no hemos tenido más tiempo. Repito que el número es superior a las 10 000, pero es importante, porque esas viviendas podrían ponerse, deben ponerse a disposición de familias que necesitan una vivienda y que no tienen medios para adquirirla y que mediante un alquiler, por un precio muy razonable, podrían tener una vivienda decente y digna.

En este informe damos también un baremo sobre los precios con que se podrían poner en alquiler. Primero, decimos que hay que contemplar el valor del Sareb en el mismo entorno y que sea como máximo un 3% del valor que adjudique o que establezca el Sareb. Segundo, que sea para el propietario, la promotora −cuando exista la promotora−, con un valor entre un 2 y un 4% de la amortización del promotor, y que en ningún caso alcance el 30% de la renta familiar. Esto en alquiler, a lo mejor podría llevarse además a otro tipo de viviendas que pertenezcan a otros organismos, no lo sé; sería una cosa razonable para ponerlas en el mercado de alquiler y para miles, miles de familias. Y hay alguna comunidad autónoma que ya lo tiene así. Creo recordar que es la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde esto ya está funcionando y no tienen viviendas vacías para disponer porque ya están ocupadas de manera razonable. Este ejemplo deberíamos llevarlo a otras comunidades autónomas, y el mejor lugar para explicarlo es aquí, en el Senado, por la representación que ustedes ostentan.

En relación con este plan, como la ministra de Fomento ha anunciado un plan nacional o plan estatal de vivienda, si por parte de la Administración General del Estado va a haber una aportación económica para alquiler y aquí están las viviendas susceptibles de ser alquiladas, es interesante trabajar en esta cuestión en este momento porque se dan los dos hechos: por un lado, la disponibilidad de viviendas y, por otro, una aportación económica que ha anunciado el ministerio, que creo que es interesante, siempre y cuando –sus señorías lo conocen muy bien porque muchos de ustedes están o han estado en la Administración local− los requerimientos de ese plan para obtener la ayuda o para la rehabilitación de viviendas sean ágiles y fáciles −esto lo sabemos muy bien quienes hemos sido alcaldesas o alcaldes−. Precisamente el otro día, hablando sobre esta materia con personas que han tenido responsabilidades en el campo de la vivienda, les recordaba que ha habido muchos planes de rehabilitación de viviendas. Yo ya he vivido y he escuchado unos cuantos, y creo que muy pocos han debido funcionar, muy pocos. Y recuerdo una conversación, tiempo atrás, con el alcalde de Venecia, ciudad necesitada permanentemente de rehabilitación para subsistir, que me dijo: las ayudas a la rehabilitación podrían alcanzar hasta un 70% del valor de la obra, pero ¿sabe una cosa? No lo pide nadie. ¿Por qué? Porque es imposible, es una meta imposible de alcanzar.

Que no nos suceda esto ahora. Hagamos algo muy razonable para la rehabilitación y la ocupación correcta y legal de las viviendas vacías. Eso es lo que yo me atrevo a pedir a sus señorías por el conocimiento que tienen sobre esta materia.

Otro de los estudios interesantes ha sido el de las participaciones preferentes. Creo que ya dije algo en el informe del año 2011, por tanto, no me voy a extender, pero esta es una materia que también nos preocupa mucho, que nos ha ocupado mucho. Tenemos aquí el último estudio que hemos hecho sobre las participaciones preferentes. Diré dos palabras. La Comisión Nacional del Mercado de Valores califica estos productos financieros como muy complejos. Punto número uno. Y dice −en segundo de lugar de importancia, desde mi punto de vista− que para la venta de estos productos las entidades financieras deben comprobar o verificar que el cliente reúne las condiciones de idoneidad y que el producto es el adecuado. Exige pasar dos test −utiliza el término test−: conveniencia e idoneidad, y describe qué es, a su juicio, en esta materia la conveniencia y quién es el tipo de persona idónea o no idónea para la adquisición de este producto.

Pues bien, no voy a cansar a sus señorías, pero esto no ha sido así, esto no se ha hecho así; pero viene no haciéndose así desde hace mucho tiempo. Metidos ya en faena y estudiando la cuestión, les puedo decir que esto viene desde el año 2004 o 2005, más o menos, cuando empiezan a venderse estos productos. Lo que ocurre es que la crisis hace explotar la situación mucho más recientemente. Pero ha habido una insuficiente vigilancia de la venta de estos productos; eso es lo que ha habido desde mi punto de vista. No se han supervisado bien, porque si se hubieran supervisado bien no se habrían vendido a tantas personas que no son idóneas, como dicen las propias directivas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A lo mejor tendríamos un pequeño grupo de personas, pero no tendríamos tantas personas afectadas, que han comprado unos productos a perpetuidad y, sin embargo, tienen más de 70 años, que han comprado unos productos para mantener y preservar ahí sus ahorros y ahora resulta que no los pueden sacar, porque sacarlos es complicadísimo y se tienen que dar una serie de circunstancias. Si hubiera habido una actitud de vigilancia, de supervisión, no digo que no se hubiera hecho, no, pero se hubiera reducido el problema y la solución sería menos compleja que la que hay ahora.

En resumen, ¿qué proponemos? En la última documentación, que dejo a sus señorías, proponemos un arbitraje universal, unos auditores que diagnostiquen, que determinen quiénes son las personas que de buena fe han adquirido esos productos y no eran para ellos, y que haya una compensación a medio plazo −comprendemos que no puede ser mañana−. Confío en que la comisión −que, por real decreto, hace pocas semanas se ha determinado y se va a constituir, presidida por la presidenta de la Comisión del Mercado de Valores y asistida por personas que conocen esta materia y por consumidores o consejerías de consumo de las comunidades autónomas−, la comisión, repito, pueda discernir primero y luego instar a una compensación a esas personas. A mí me parece −lo he hablado también con los adjuntos de la institución, que nos acompañan en este momento, la señora Ferrer y el señor Fernández Marugán, por lo que puedo decirlo en plural−, a nosotros nos parece que las quitas anunciadas, porque no se han concretado, para las entidades intervenidas o nacionalizadas son excesivamente altas.

Otro de los informes, el de los deudores hipotecarios, que también he traído, se refiere a una materia que ustedes van a tratar en los próximos días porque creo que está terminando la deliberación, el debate en el Congreso; por tanto, van a tenerlo. Este documento les podría arrojar alguna luz, porque está hecho a base de las quejas y los requerimientos que nos han hecho los ciudadanos en los últimos tiempos. El documento sobre deudores hipotecarios se hace –este es un resumen− a lo largo de los años 2011 y 2012 como consecuencia de las quejas habidas también tiempo atrás, y se hace un informe muy amplio, del que, como digo, he traído es un resumen.

El defensor ha venido proponiendo dos tipos de medidas para estas personas que, por circunstancias acaecidas de difícil previsión, no pueden devolver los préstamos a las entidades financieras y son lanzadas a la calle y se quedan sin vivienda. Como digo, hemos propuesto dos tipos de medidas, unas de carácter preventivo, para que esto no vuelva a suceder, por lo menos para que no suceda de esta manera: que afecte a tantas personas y de una forma tan dramática, y otras medidas paliativas. Y hacemos hincapié nuevamente en la necesidad de que la ley que sus señorías van a estudiar en las próximas fechas se fije de manera especial en la determinación o definición de la insolvencia de las personas físicas, y en qué momento concurren circunstancias a partir de las cuales se pueda calificar una situación de insolvencia sobrevenida, porque son deudores de buena fe. Este es un concepto en el que hemos insistido y volvemos a insistir, porque nos parece muy importante.

Es necesario, desde luego, que en la subasta −cuando la haya− del bien del que estamos hablando el precio se establezca de manera razonable e independiente, no por parte de la entidad financiera, que sea un precio razonable en el supuesto de que haya que acudir a la subasta. Y nos parece fundamental −creo que el proyecto ya lo contempla− que se contengan, que se limiten los abusivos intereses de demora que había y hay en este momento, que de un 3% se pase a un 33% en cuestión de tres meses por no haber podido pagar la hipoteca correspondiente. Pienso que ese es uno de los abusos a los que se refiere la sentencia del tribunal europeo; cuando habla de cláusulas abusivas, una de ellas son los intereses y demás gastos que se van acumulando.

Hacemos hincapié en la definición del concepto de deudor de buena fe y en limitar la responsabilidad patrimonial universal. Y, al final, ¿qué pedimos? Nosotros pedimos lo que en algunos estudios europeos y no europeos se denomina segunda oportunidad, es decir, evitar el lanzamiento, con todas estas cautelas, consideraciones y razonamientos; dar al juez mayor flexibilidad y mayor capacidad para evaluar la situación de esa familia y evitar el lanzamiento. Porque a nadie beneficia y es dramático para la familia.

En relación con la discutida cuestión de la dación en pago, a mí hay algo que me preocupa, y es que una familia resuelve dar la vivienda y con eso −en el supuesto de que se contemplara en la ley− uno se olvida o deja intereses, deberes, obligaciones. Muy bien. Pero ¿dónde va esa familia? Esa es la cuestión que me preocupa: dónde va esa familia, porque es la primera vivienda. Por lo tanto, la dación en pago puede ser una salida en algunas circunstancias, pero es una salida hacia la nada. No es una solución general, ni muchísimo menos, desde mi punto de vista. Yo se lo transmito a sus señorías para que lo tengan en cuenta porque, al final, alguien tendrá que hacerse cargo de esa familia: el ayuntamiento, la comunidad, Cáritas… Pero no es la solución. Demos una oportunidad a esa familia, para que esas personas puedan encontrar una vía, alargando los plazos, disminuyendo o reduciendo la deuda, encontrando un alquiler protegido, pero démosles una salida para que no lancemos a esas personas hacia la nada. Y démosles una salida, de manera que además la persona tenga interés en hacer frente a medio plazo a los compromisos que adquirió, reducidos, tasados de otra manera, pero tenga interés en encontrar un trabajo, en ahorrar para terminar de pagar lo que se le dijo que le quedaba, etcétera. Todo esto se explica en el informe, sus señorías lo van comprender perfectamente, y seguramente añadirán alguna idea más. Pero hay que encontrar una vía para evitar no solo la desesperación, sino para evitar también la calle y la nada, que es lo que tenemos que evitar, y buscar, como digo, una salida no solo a esa falta de vivienda, sino también a esa vida. Démosle una vía. Por eso hablamos de una segunda oportunidad.

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