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Boris nisimblat corte suprema de justicia sala de casaci


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia




TUTELA 19834 PRIMERA INSTANCIA

BORIS NISIMBLAT


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

DR. EDGAR LOMBANA TRUJILLO

Aprobado Acta No. 017

Bogotá D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil cinco (2005).



VISTOS

Decide la Sala, en primera instancia, la tutela interpuesta por el procesado BORIS NISIMBLAT, contra la Fiscalía Cuarenta y Cuatro Seccional de San Andrés (Isla) y contra la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena (funcionario de segunda instancia), en garantía de su derecho fundamental al debido proceso, que afirma vulnerado como consecuencia de vías de hecho que atribuye a dichas autoridades, en desarrollo de un proceso penal donde fue acusado por el delito de falsa denuncia contra persona determinada.



ANTECEDENTES


De la demanda de tutela, sus anexos, y de otros documentos allegados al expediente se infieren los siguientes hechos:


1. El señor BORIS NISIMBLAT denunció a José Manuel Gnecco Valencia, por los presuntos delitos de homicidio en la modalidad de tentativa, daño en bien ajeno y extorsión.
El 12 de julio de 2000, la Fiscalía Cuarenta y Seis Seccional de San Andrés (Isla) profirió resolución inhibitoria, por no encontrar mérito para disponer apertura de instrucción, y ordenó el archivo del asunto.
2. Con base en tal resultado, José Manuel Gnecco Valencia instauró denuncia contra BORIS NISIMBLAT por el presunto delito de falsa denuncia contra persona determinada.
3. Adelantada la fase instructiva, al calificar el mérito del sumario, el 7 de mayo de 2004 la Fiscalía Cuarenta y Cuatro Seccional de San Andrés (Isla) profirió resolución acusatoria contra BORIS NISIMBLAT por el delito de falsa denuncia contra persona determinada.
4. El procesado interpuso el recurso de apelación. No obstante, por estimar que la sustentación fue extemporánea, la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena –actuando como funcionario de segunda instancia- con resolución del 5 de agosto de 2004,se inhibió de pronunciarse de fondo sobre la impugnación.
5. En la actualidad adelanta la fase de la causa el Juzgado Único Penal del Circuito de San Andrés (Isla), y a la fecha de radicación de la presente tutela se encontraba en traslados para el alistamiento de la audiencia preparatoria.

LA DEMANDA

En medio del trámite anterior, el ciudadano BORIS NISIMBLAT interpone la presente acción de tutela contra la Fiscalía Cuarenta y Cuatro Seccional de San Andrés (Isla) y contra la Fiscalía Cuarta Delegada ante al Tribunal Superior de Cartagena.


Asegura que el Fiscal instructor no practicó pruebas, salvo la indagatoria y una inspección judicial; y después que el expediente permaneciera varios años inactivo, decidió cerrar la investigación y dictar en su contra una resolución acusatoria carente de fundamento jurídico, pese a que la conducta es atípica, porque él sólo cumplió con el deber de denunciar; situación que no fue corregida por el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.
Aspira a que el Juez constitucional declare la nulidad de lo actuado a partir del cierre de la investigación, para que se rehagan las actuaciones con plena garantía del debido proceso, el derecho a la defensa y la práctica de pruebas.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN


1. De conformidad con el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, en el auto admisorio de la demanda se ordenó surtir traslado a las autoridades accionadas, para que ejercieran el derecho de contradicción, y se solicitó información sobre el estado actual del proceso.


2. En su respuesta, la Fiscal Cuarto Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena se opone a las pretensiones del actor, de una parte, porque ninguna acción u omisión ilegítima endilga al funcionario de segunda instancia; y, de otra, porque se trata de un asunto penal que debe esclarecerse al interior del trámite judicial, donde cuenta con pluralidad de medios y recursos, y no a través de la acción de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE


1. La petición de amparo constitucional fue presentada en vigencia del Decreto 1382 de 2000, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela, y como se dirige también contra una Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena, del cual es superior funcional la Sala de Casación Penal, la competencia para definirla en primera instancia está atribuida a esta colegiatura, por disposición del artículo 1° ibídem.


2. La Sala de Casación Penal ha sostenido de manera insistente que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo para atacar, impugnar o censurar las decisiones expedidas dentro de un proceso judicial; criterio que debe reiterar en el presente asunto, donde la demanda cuestiona extraprocesalmente las reflexiones jurídicas plasmadas en la resolución de acusación proferida contra BORIS NISIMBLAT, el 7 de mayo de 2004, por la Fiscalía Cuarenta y Cuatro Seccional de San Andrés (Isla).
3.También se ha reiterado que excepcionalmente la acción de tutela puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulta vulnerado, cuando en el trámite procesal el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la decisión es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas vías de hecho, bajo la condición que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para abogar por la vigencia de sus derechos fundamentales, o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Constatada la existencia de mecanismos jurídicos idóneos para hacer valer los derechos que se estiman transgredidos, como todos los que establece el proceso penal, entre ellos los recursos de reposición y apelación, a los cuales ha tenido y tiene acceso el implicado BORIS NISIMBLAT en el juicio que apenas empieza, la tutela por él interpuesta resulta improcedente.
Ciertamente, además de evidenciarse el ejercicio sin obstáculo del derecho de postulación, es indiscutible que todavía cuenta con varios mecanismos judiciales idóneos para abogar por la vigencia de sus derechos, entre ellos, la solicitud de pruebas y el planteamiento de nulidades en la audiencia preparatoria, la exposición de sus argumentos en la vista pública; la impugnación de las providencias que lo afecten, y, si es de su interés y a ello hubiere lugar, podrá impugnar la sentencia que ponga fin a la primera instancia.
Esta realidad descarta completamente la acción de amparo consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, como instrumento para alcanzar tal cometido.
4. El accionante plantea un problema de hermenéutica y de valoración probatoria; discrepa de las conclusiones que obtuvo la Fiscalía de segunda instancia al inhibirse de desatar la apelación por estimarla extemporánea; y entonces, luego de que sus aspiraciones no fueron colmadas en el ejercicio de los mecanismos procesales apropiados, vale decir, a través de los recursos ordinarios dentro del proceso penal, continúa con la intención de que su criterio prevalezca, esta vez mediante la acción de tutela, la cual, pese a los ingentes esfuerzos por demostrar lo contrario, no tiene posibilidades de prosperar.
La Corte Suprema de Justicia ha venido sosteniendo en jurisprudencia uniforme, que armoniza con el pensamiento de la Corte Constitucional, que los conflictos que surgen en torno a la interpretación de normas de carácter legal o reglamentario, son, en principio, asuntos de orden legal que compete resolver a los jueces ordinarios y escapan, por consiguiente, de la competencia del juez de tutela. (Sentencia T-553 de 1997, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
5. Se precisa recordar que la acción de tutela deviene impropia cuando en el decurso de un trámite procesal, ordinario o especial, se alega el presunto quebranto de algún derecho fundamental, cuyo restablecimiento es imperioso buscar al interior del mismo proceso mediante los mecanismos allí dispuestos, mas no por la vía de la acción de tutela que, por su naturaleza residual y subsidiaria, no es constitutiva de una instancia adicional y menos puede utilizarse a manera de instrumento paralelo o alternativo desquiciador de los procedimientos ordinarios.
6. Se percibe sin dificultad que otorgando artificiosamente a la tutela un carácter de instancia adicional, el señor BORIS NISIMBLAT somete el asunto discutible al interior del proceso penal, a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, con la esperanza de que su criterio prevalezca, como si la tutela constituyera otro recurso para propiciar una nueva controversia probatoria.
Resulta así alterada la esencia de la acción de amparo constitucional, pese a que se ha insistido en los estrados judiciales de todos los niveles, que no se trata de un mecanismo adicional ni alternativo para censurar el raciocinio jurídico, ni el trámite impartido al asunto, ni la convicción a la que pudiesen arribar los funcionarios competentes después de analizar la normatividad aplicable al asunto y el acopio probatorio a la luz de los postulados de la sana crítica.
7. Si se admitiera que el Juez de tutela verifique la juridicidad de los trámites, o los supuestos desaciertos en la apreciación de las pruebas o en la interpretación de las normas jurídicas por los funcionarios judiciales, no solo se desconocerían los principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios, de independencia y sujeción exclusiva a la ley, previstos en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, sino además los del juez natural, y las formas propias del juicio penal contenidos en el artículo 29 Superior.
8. Una vez más recuerda la Corte que la acción pública no constituye un mecanismo adicional ni alternativo a los consagrados en la legislación ordinaria; por el contrario, se trata de un instrumento residual, preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales ante su menoscabo actual o una amenaza inminente por la acción u omisión antijurídica de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos previstos en la ley; y en este orden de ideas, procede cuando el afectado no dispone de otro medio eficaz de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, conjunto de hipótesis que en el caso que se examina no convergen.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE



1. NEGAR por improcedente el amparo constitucional demandado por el ciudadano BORIS NISIMBLAT.
2. Notifíquese de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo, si no fuere impugnado.
Cópiese y cúmplase


MARINA PULIDO DE BARÓN

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ HERMAN GALÁN CASTELLANOS


ALFREDO GÓMEZ QUINTERO EDGAR LOMBANA TRUJILLO


ÁLVARO O. PÉREZ PINZÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA


TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria







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