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Bogotá D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013)


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

Magistrada Ponente

STL1924-2013

Radicación No. 32554

Acta No. 17


Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013).

Resuelve la Corte la acción de tutela interpuesta a través de apoderado judicial por IRMA DIVA CABEZAS GONZÁLEZ contra la SALA LABORAL DE DESCONGESTIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ y el JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad.




ANTECEDENTES
La accionante aspira la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la asociación sindical, al debido proceso y al principio de seguridad jurídica.

Señaló, en síntesis, que a través de sentencia dictada el 4 de marzo de 2003 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ordenó al Departamento de Cundinamarca reintegrarla al cargo que desempeñaba al momento del despido, junto con el pago de $47.091.10, con los aumentos legales, desde el 17 de marzo de 2001 y hasta la fecha en que aquel se verificara; que la Asamblea Departamental de Cundinamarca resolvió, a través de Resolución No. 406 de julio de 2003, no cumplir la orden, para lo cual arguyó que no existe planta de personal, pese a que existen “unos cuerpos de asesorías y apoyos”.


Agregó que ante tal incumplimiento, inició un proceso ejecutivo a fin de “hacer valer los derechos que le fueron reconocidos”, trámite que le correspondió conocer al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, el cual no accedió a las pretensiones y declaró fundada la excepción de pago propuesta por la ejecutada con fundamento en que le fueron cancelados los salarios causados hasta el día en se “profirió la resolución de no reintegro”; tal decisión la confirmó el juez colegiado accionado, en proveído del 14 de diciembre de 2012 al momento de resolver el recurso de apelación que interpuso.
Adujo que en las decisiones adoptadas, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en una “vía de hecho”, puesto que dieron por acreditado la existencia de la imposibilidad de reintegro, además que desconocieron que en eventos similares “tanto el Juzgado Laboral como el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá” han condenado a la entidad al pago de los perjuicios morales y materiales “por el no reintegro al cargo ordenado mediante providencia judicial”, lo que vulneró su derecho a la igualdad.
Como consecuencia, solicitó que se “revoque todas las sentencias” que se profirieron dentro del proceso ejecutivo que adelantó en contra del Departamento de Cundinamarca y, en su lugar, se “ordene el pago de la indemnización por haber negado el Derecho de Reintegro”.
Mediante auto del 22 de mayo del año en curso, se admitió la acción de tutela y se dispuso vincular a las partes e intervinientes dentro del proceso ejecutivo que la motivó. Dentro del término de traslado no se recibió respuesta alguna en relación con los hechos que motivaron la interposición de esta acción de tutela.

CONSIDERACIONES

Para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, amenazados o vulnerados por acción u omisión de una autoridad pública, el constituyente estableció en el artículo 86 de la Constitución Política la vía preferente de la tutela, que le permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida el acto amenazante o lo suspenda.


Atendiendo los principios de la cosa juzgada y de autonomía judicial esta Sala ha mantenido el criterio de la improcedencia de la tutela contra providencias o sentencias judiciales, salvo que con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales.
La garantía para las partes puede verse reflejada en el ejercicio autónomo, coherente y razonado que el juzgador realiza para resolver determinado asunto, y cuando aquel exterioriza, de manera diáfana, coherente, avalado por normas legales no puede argüirse que existió quebrantamiento, sino simplemente se evidencia que ejerció su labor judicial y que sus consideraciones reflejan tal circunstancia.
En punto a lo que es objeto de discusión constitucional esta Sala ha insistido en que no es posible dispensar el amparo cuando, entre otros, la providencia judicial acoge un criterio hermenéutico válido, de varios posibles, y aquel es soportado bajo un razonamiento que no puede tildarse de arbitrario, pues la diferencia en la posición adoptada, per se, no implica la vulneración del debido proceso.
Finalmente, en torno a la vulneración al derecho a la igualdad que pregona la accionante, al aducir que el mismo Tribunal, frente a similares situaciones fácticas a las relacionadas y dentro de los procesos ejecutivos instaurados por Héctor Torres Guevara y José Ignacio Vergara Ibáñez contra la misma entidad accionada, en providencias del 14 de febrero de 2007 declaró no probada la excepción de pago respecto de la obligación de reintegro, y en la del 23 de junio de 2011 ordenó seguir adelante con la ejecución por los perjuicios compensatorios, no encuentra la Sala la vulneración endilgada, toda vez que sobre el particular, en una acción de tutela donde también se pretendía la protección del derecho a la igualdad, bajo supuestos similares a los aquí alegados, se manifestó:

Tampoco considera la Sala que sea viable el amparo reclamado bajo el argumento de haberse desconocido el derecho a la igualdad frente a decisiones previamente adoptadas por la judicatura en acotación, pues es palmario que, salvo el magistrado que el asunto aquí analizado fungió como ponente, no estuvo integrada la Sala en el asunto que se presenta como patrón de comparación por los mismos integrantes, de ahí que no pueda predicarse válidamente cercenamiento de tal derecho, pudiendo existir disparidad de criterios entre una y otra, lo cual no solo es válido, sino permitido en atención a los principios de independencia y autónoma judicial”. (Rad. 23796. 14/09/2010).


De lo anterior se concluye que teniendo en cuenta que en el presente asunto las salas de decisión que conocieron de los procesos señalados por la peticionaria están integradas por diferentes magistrados, no se vulnera el derecho a la igualdad cuando entre ellas existe diversidad de criterio, pues son precisamente la independencia y autonomía judicial los principios rectores que orientan la actividad judicial, además de no advertirse capricho o arbitrariedad en ellas.
Conforme a lo anterior, se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO.- NEGAR la tutela impetrada por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia.
SEGUNDO.- NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO.- Si no fuere impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO



LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE



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