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Bogotá D. C., junio cuatro (04) de dos mil quince (2015)


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO



Magistrado Ponente

STP7137-2015



Radicación No 79685

Aprobado Acta No. 199

Bogotá D.C., junio cuatro (04) de dos mil quince (2015).
VISTOS:
Decide la Sala la impugnación interpuesta por JOSÉ JOSÉ DE LOS RÍOS CABRALES contra la sentencia proferida el 2 de marzo de 2015, por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia -Caquetá, mediante la cual negó el amparo de su derecho fundamentales al debido proceso, presuntamente vulnerados por los Juzgados Primero Penal del Circuito y Tercero Penal Municipal de la referida sede judicial.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:


  1. De las copias que hacen parte del trámite constitucional, se pudo establecer que el 2 de septiembre de 2014, por reparto le fue asignado al Juzgado Segundo Penal Municipal de Florencia, del cual es titular el señor JOSÉ JOSÉ DE LOS RIOS CABRALES, solicitud de audiencia preliminar de formulación de imputación dentro del proceso seguido, por la Fiscalía 1º Delegada ante el Tribunal Superior de Florencia, a JESÚS ORLANDO PARRA, bajo el radicado 180016000552201202171, por su presunta participación en los delitos de prevaricato y falsedad.




  1. Manifiesta el accionante, que del mismo proceso, el 25 de septiembre de 2014 le fue asignada la solicitud de audiencia de imposición de medida de aseguramiento, la que debía haberse adelantado el 7 de noviembre de esa misma anualidad, sino fuera porque un día antes de esa fecha, esto es el 6 de noviembre, recibió un oficio en el que se le informó que el referido delegado del ente acusador adelantaba investigación penal en su contra por el delito de prevaricato por omisión.




  1. Que en razón a tales circunstancias decidió declararse impedido, invocando el numeral 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004; manifestación que fue estudiada por la Juez Tercera Penal municipal de Florencia, quien a través de auto del 13 de enero de 2015 lo rechazó, y una vez remitido el mismo al superior funcional, le correspondió conocerlo al Juzgado Primero Penal del Circuito de esa Localidad, el cual lo declaró infundado.




  1. Mediante escrito adiado 13 de febrero de 2015, el juez DE LOS RIOS CABRARLES, presentó acción de tutela contra los Juzgados Primero Penal del Circuito y Tercero Penal Municipal, los dos de Florencia – Caquetá, a través del cual solicita se declare la nulidad de las decisiones adoptadas por las mencionadas autoridades judiciales y, en consecuencia, se ordene declarar fundado el impedimento por él manifestado, toda vez que se le ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.

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TRÁMITE DE LA ACCIÓN:
1. Una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Florencia admitió la demanda de tutela, ordenó comunicar lo pertinente a las autoridades judiciales accionadas, con el fin de que ejercieran su derecho de contradicción.
2. Mediante oficio adiado 19 de febrero del año en curso, el Juez Primero Penal del Circuito de Florencia, afirmó que consideró infundada la causal invocada, por cuanto el supuesto de hecho previsto en la norma procesal (art.56 del C.P.P) contempla que se debe “tratar de la contraparte de un proceso… es decir que se constituye tal calidad una vez sea realizada la audiencia de formulación de imputación y no dentro de la indagación”; y, seguidamente, solicita se declare improcedente la presente acción constitucional.
Por su parte, la Juez Tercero Penal Municipal, afirmó que resolvió de manera negativa la manifestación de impedimento de su homólogo, «toda vez que considera que la persona es oficialmente vinculada al proceso cuando se le formula imputación y hasta el momento solo se le ha abierto investigación preliminar a JESÚS ORLANDO PARRA…resultando infundada la causal invocada».
El fiscal Delegado ante el Tribunal de Florencia, vinculado oficiosamente a la acción de amparo subjudice, afirmó que es infundada la causal de impedimento argüida por el Juez Segundo Penal Municipal, por lo cual solicita denegar la presente demanda de amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:
Mediante providencia del 2 de marzo del año en curso, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Florencia resolvió negar el amparo deprecado, al no advertir agravio o vulneración del debido proceso, tras considerar que:
El Dr. Ríos Cabrales creyó estar inmerso en alguna de las causales de impedimento enlistadas en la Ley 906 de 2004, por lo que imprimió el trámite que la misma codicidad establece, ritualidad que en ningún momento fue erosionada por las dos operadoras jurídicas que conocieron del asunto, lo que lleva a esta Sala a concluir que no está vulnerando el debido proceso, y menos aun cuando el juez no es parte del proceso mismo, sino su director.”
IMPUGNACIÓN:
Inconforme con el fallo del Tribunal, el accionante lo recurrió con argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial de tutela, insistiendo en que “se encuentra en una encrucijada”, toda vez que tiene en curso una investigación penal en su contra que pone entre dicho su imparcialidad para presidir las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en el proceso penal que se adelanta a JESÚS ORLANDO PARRA, bajo el radicado 180016000552201202171.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:


  1. Ha sido criterio reiterado de esta Sala que la acción de tutela puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulte vulnerado cuando en el curso del proceso el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la decisión es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas vías de hecho, bajo la condición de que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para abogar por la vigencia de sus derechos constitucionales o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.

2. Hecho el reconocimiento de que la acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales y únicamente cuando la decisión del juez implica la vulneración grave del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia constitucional también ha resaltado la necesidad de que las deficiencias procesales se resuelvan en el contexto natural de los procesos judiciales regulares porque todos ellos están adecuadamente dotados de mecanismos que permiten a las partes e intervinientes reclamar en su interior los errores que allí puedan producirse.


3. Es indiscutible que la solicitud de protección constitucional presentada por JOSÉ JOSÉ DE LOS RÍOS CABRALES está dirigida a socavar la firmeza de las decisiones proferidas por el Juez Primero Penal del Circuito de Florencia y de la Juez Tercero Penal Municipal de la misma localidad.
4. El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, preceptiva que determina:
«Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio
El debido proceso queda entonces definido como aquél que se desenvuelve de acuerdo con las leyes preexistentes al acto, ante juez o tribunal competente y con observancia plena de las formas propias de cada juicio, involucrando los derechos a la defensa técnica y material durante la investigación y el juicio, al trámite sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen, a la presunción de inocencia, a impugnar la sentencia y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
5. Así, el debido proceso obedece a una sucesión ordenada y preclusiva de actos, que no son solamente pasos de simple trámite sino verdaderos actos procesales, metodológicamente concatenados en orden a la obtención de su precisa finalidad, y por lo tanto, obedece a unas reglas preestablecidas, las cuales de ninguna manera al arbitrio habrán de reemplazarse puesto que se han promulgado precisamente para limitar la actividad del juez y para preservar las garantías constitucionales que permitan un orden social justo.
6. La excepcionalidad del amparo constitucional cuando se cuestionan decisiones judiciales.
6.1. El propósito de la tutela es la protección inmediata de derechos fundamentales frente a su amenaza o vulneración por la acción u omisión de una autoridad pública o de particulares, en los estrictos casos señalados en la ley. El Constituyente dispuso que su procedencia está atada a que dentro del ordenamiento jurídico no exista otro medio de defensa, salvo que se esté ante un perjuicio irremediable, evento en el cual procede como mecanismo transitorio.
6.2. Cuando lo cuestionado es una providencia judicial, es preciso analizar tanto la presencia del otro mecanismo de defensa y su idoneidad, como las causales de procedibilidad de la acción. Ello porque, con el fin de respetar la autonomía judicial, no desconocer la intangibilidad de la cosa juzgada ni el principio de seguridad jurídica, el amparo constitucional tiene carácter excepcional.
En efecto, la tutela no fue instituida como instancia adicional ni para sustituir a los jueces ordinarios o para deslegitimar sus decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. Sólo ante actuaciones abiertamente arbitrarias, groseras o caprichosas, que, por contera, afecten en forma grave un derecho fundamental, resulta admisible la intervención del juez constitucional.
La jurisprudencia de esta Sala de Casación, acogiendo directrices trazadas por la Corte Constitucional (C.C. C-590/05 y T-950/06), ha admitido la viabilidad de la tutela cuando se compruebe que la decisión reprochada adolece de algún defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, un error inducido, o carece por completo de motivación, desconoce el precedente o viola directamente la Constitución; y siempre que se confirmen los requisitos genéricos de procedibilidad que habilitan su interposición, esto es:
i) Que el asunto discutido resulte de relevancia constitucional y afecte derechos fundamentales; ii) que el interesado haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que se esté ante un perjuicio iusfundamental irremediable; iv) que la demanda se presente dentro de un término razonable, oportuno y justo (principio de inmediatez); v) que se trate de una irregularidad procesal, y la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; vi) que se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados, y esa violación haya sido alegada dentro del proceso, siempre que hubiese sido posible; y vii) que no se trate de sentencias de tutela.
7. Revisada la información que hace parte de este trámite constitucional, evidente es que la solicitud de amparo sub-examine resulta improcedente, toda vez que las decisiones proferidas por los Juzgados Primero Penal del Circuito y Tercero Penal Municipal, los dos de Florencia – Caquetá, a más de emitirse por las autoridades competentes, se profirieron con fundamento en lo dispuesto en el artículo 56 la Ley 906 de 2004, normatividad que rige la materia objeto de estudio, de ahí que no pueda predicarse la existencia de una vía de hecho, única posibilidad para que prospere la tutela contra decisiones y actuaciones de carácter judicial.
8. En este punto precisa la Sala que el hecho de que las referidas autoridades judiciales hayan negado las pretensiones del accionante, per se no significa que su actuación socave sus derechos fundamentales o que vulnere el ordenamiento jurídico y amerite la intervención del juez de tutela.
Es decir, como en otras ocasiones ha afirmado esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios competentes y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad, y sin tal violación, la acción de tutela se torna improcedente.
9. Así pues, es evidente que el accionante, en esencia, pretende a través de este instrumento censurar las actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes por fuera de los canales dispuestos por el legislador, lo cual torna improcedente el amparo solicitado porque el Constituyente no le otorgó a la acción de tutela el carácter de tercera instancia o de mecanismo alternativo o paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial.
10. En tales condiciones, se concluye que no existe agravio o amenaza a los derechos fundamentales a que hace referencia el demandante, motivo por el cual la acción de tutela incoada resulta improcedente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión Penal de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
1. CONFIRMAR el fallo impugnado, de conformidad con la motivación que antecede.
2. REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA



Secretaria


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