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Autos y vistos


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Secretaría Suprema Corte

Registrado bajo el N°222
. 116.380
- “Paredes, Jonathan Luis s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 48.736 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.

///Plata, 12 de marzo de 2014.-

AUTOS Y VISTOS:

La presente causa P.116.380, caratulada: “Paredes, Jonathan Luis s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 48.736 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,



Y CONSIDERANDO:

1. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de septiembre de 2011, declaró admisible la queja interpuesta, y rechazó por inadmisible el recurso homónimo interpuesto por la Defensora Oficial de Jonathan Luis Paredes, contra la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás que confirmó la resolución del Juzgado de Garantías N° 1 de esa ciudad en cuanto aprobó el cómputo de pena practicado respecto del nombrado (fs. 75/81 vta.).

Para resolver de esa manera, el juez Mancini -cuyo voto concitó la adhesión del juez Celesia- consideró que “[t]anto el cómputo de pena, como el resto de las decisiones en materia de libertad personal […], tienen previsto el recurso de apelación […], al igual que las incidencias suscitadas en la etapa de ejecución”, con lo que el derecho del imputado al recurso se encontraría satisfecho con aquella actuación, sin necesidad de acudir a esa instancia casatoria. Aclaró que la salvedad a ello, viene dada en aquellos supuestos en los que la Cámara de Garantías era la primera en denegar la libertad del imputado (fs. 77 vta.).

Señaló que la reforma que la ley 13.812 plasmó en el art. 450 del C.P.P. implicó que “…‘podrá deducirse (el recurso de casación) respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocatorios de los de primera instancia siempre que pongan fin a la acción, a la pena, o a una medida de seguridad o corrección, o imposibiliten que continúen; o denieguen la extinción o suspensión de la pena o el pedido de sobreseimiento en el caso de que se haya sostenido la extinción de la acción pena…l’, y que también ‘podrá deducirse […] respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal cuando deniegue la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución’” (fs. 78, cursiva en el original).

Concluyó que “…tratándose la presente de una impugnación de la Defensa interpuesta contra la resolución dictada en el marco de otra impugnación defensista, en la que la Cámara de Apelación y Garantías confirmó el auto que aprobó el cómputo de pena practicado […], al no encuadrar el supuesto en ninguna de las previsiones de los artículos 450 y 454 del C.P.P…”, propuso su rechazó por inadmisible (fs. 80 vta. in fine/81).

2. Frente a lo así decidido, el Defensor Oficial ante aquella instancia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 102/107 vta.).

En cuanto a la admisibilidad de su impugnación, sostuvo que se trata de un pronunciamiento equiparable a sentencia definitiva debido a que el gravamen que se provoca en relación con la situación de restricción de la libertad personal como del cómputo de pena, es de insuficiente reparación ulterior (fs. 102/102 vta.). Indicó que “en el supuesto de autos aparece inobservada la ley sustantiva, puesto que se han afectado los derechos constitucionales del debido proceso legal y el acceso a la justicia -art. 18 de la C.N. y 15 de la local-, habida cuenta de la negativa del ‘a quo’ a tratar una cuestión constitucional oportunamente sometida a su conocimiento…” (fs. 102 vta.). Se refirió al planteo oportuno de la cuestión federal, como así también a la existencia de relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo resuelto (fs. 103 vta.).

En torno al fondo de sus reclamos, denunció la violación a la doctrina legal de esta Corte conforme sus precedentes Ac. 96.637, Ac. 100.835, P. 110.941, P. 105.691, P. 109.270, P. 102.408, P. 102.747, Ac. 86.403, P. 112.281, P. 111.794 y P. 113.277 (fs. 104).

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ostuvo que la interpretación que del art. 450 -texto ley 13.812- del C.P.P. realizó el Tribunal intermedio, “en cuanto que esa instancia sólo interviene cuando hay que garantizar el doble conforme, es equivocada, contraria al entendimiento que tiene sobre el tema esta Suprema Corte y realiza una interpretación perversa del alcance de los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P. que se desentiende del resto de las garantías constitucionales y convencionales que rigen la materia, que no se agotan solamente en la garantía a la doble instancia, como imagina el ‘a quo’ ” (fs. 105).

Agregó que si existe una cuestión federal en juego “las instancias procesales que determina el código de procedimientos deben transitarse, sin que el doble conforme sea óbice…” (fs. cit. in fine).

Destacó que le correspondía a la casación “…fijarse y decidir si había una cuestión constitucional planteada y en caso afirmativo abrir su competencia como paso previo a que el caso sea llevado a [esta Corte] y la Corte Nacional” (fs. 106 vta./107).

En función de las consideraciones expuestas, requirió se aplique la doctrina citada y se exija al Tribunal de Casación Penal se expida nuevamente de conformidad con lo solicitado (fs. 107).

3. Tiene dicho esta Corte que el pronunciamiento que decide sobre el cómputo de pena es equiparable a sentencia definitiva dentro del régimen de los recursos extraordinarios -sea conforme el art. 357 según ley 3589 y sus modif., o en el marco del art. 482 del C.P.P., según ley 11.922 y sus modif.- desde que, integrando el proceso de ejecución de la sentencia y siendo posterior a ella, se agota en sí misma terminando la causa y haciendo imposible su continuación (conf. doctr. P.105.638 sent. de 7/X/2009; Ac. 98.789, res del 23/VIII/2006; Ac. 95.122, res del 24/VIII/2005; P. 107.880, res del 10/XI/2010; e/o.).

Respecto de los demás requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal -según ley 13.812- en cuanto establece que únicamente podrá fundarse en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal referida a ella, resulta pertinente señalar que dicha regla debe ceder -en supuestos excepcionales- si se ha puesto en tela de juicio una típica cuestión federal que comprometa de manera directa e inmediata el debido proceso, la reinserción social y el acceso a la justicia (art. 18, C.N.; conf. doct. 97.508, 29/VIII/2007 y sus citas; Ac. 89.048, 12/XII/2007; Ac. 88.037, 19/XII/2007; entre otros).

En el sub lite, a pesar de que el remedio articulado remite al análisis de cuestiones de índole procesal (a saber, el sentido que el órgano casatorio le asignó al art. 450 del C.P.P. para desestimar por inadmisible el recurso interpuesto ante esa sede (v. fs. 75/81 vta.), se ha argüido con fundamentos suficientes cuestiones federales involucradas, por lo que, en supuestos excepcionales como el de autos y teniendo en cuenta sus particularidades, corresponde que este Tribunal revise decisiones de esa naturaleza en la medida en que se encuentren inmediatamente conculcadas dichas garantías constitucionales (conf. doct. -en lo pertinente- Ac. 98.875, 21/V/2008 y sus citas; P. 107.065, res. del 21/XII/2011; P. 116.563 y P. 115.950, ambas res. del 7/III/2012; P. 116.456, res. del 4/IV/2012; entre otros precedentes).

Se aduna a lo antedicho que esta Suprema Corte constituye el Superior Tribunal de la causa a los efectos de resolver cuestiones como la traída (conf. doct. C.S.J.N. in re “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”, entre otros).

De todo ello se sigue que corresponde admitir el recurso interpuesto por el Defensor Oficial y abordar, sin más trámite, la procedencia del reclamo.

4. En tal sentido, cabe adelantar que la decisión en crisis no puede ser convalidada (art. 31 bis de la ley 5827, texto según ley 13.812).

En efecto, asiste razón al recurrente en cuanto cuestiona la inteligencia y alcance asignado en sede casatoria al art. 450 del C.P.P., que resultó ser la línea argumental que sirvió de sustento al Tribunal a quo para rechazar la vía impugnativa ensayada. La interpretación dada a dicho precepto no puede -en el caso- ser refrendada.

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l respecto ha dicho esta Corte en la causa P. 109.270, que el artículo 161 inciso 3° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que la Suprema Corte de Justicia “conoce y resuelve en grado de apelación: a) De la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimientos establezcan a esta clase de recursos…”.

Desde la sanción de las leyes 11.922 (y sus modif.), 11.982 (y sus modif.) y la modificación del art. 1° de la ley 5827 (t.o. ley 12.310), el Tribunal de Casación Penal es el “último” órgano jurisdiccional con competencia penal previo al acceso a las vías extraordinarias locales (art. 479, C.P.P.) en el que las partes pueden eventualmente encontrar reparación de los perjuicios irrogados en las instancias anteriores.

La reforma establecida por la ley 13.812 (B.O. 21/4/08) no ha modificado su carácter de tribunal intermedio, más allá de haber restringido su competencia en determinados supuestos (v. gr. respecto de la impugnación y acción de revisión de la sentencia definitiva dictada en materia correccional, ahora asignada a las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal departamentales -art. 21.4, C.P.P.-, entre otros). Por ello, salvo los casos en los que el legislador ha establecido un diagrama recursivo específico prescindiendo del tránsito por ante el órgano casatorio, y entonces esa vía ya no puede ser tenida como “última instancia” en los términos del art. 161, inc. 1° a) de la Const. Prov. cit., en los demás no es posible soslayar -por regla- su paso obligado por el Tribunal de Casación Penal a fin de habilitar la posterior intervención de esta Suprema Corte.

En lo que importa, el último párrafo del artículo 450 del C.P.P. -t.o. ley 13.812- aquí puesto en entredicho, señala entre las “resoluciones recurribles” ante el Tribunal de Casación “los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución”.

Ninguna de las diversas interpretaciones a que pudiere dar lugar esos preceptos pueden soslayar la necesaria intervención del Tribunal de Casación para atender las cuestiones federales formuladas ante su instancia -cuando alegó la violación del ne bis in idem y del principio de humanidad de las penas (v. fs. 56)- como órgano intermedio previo a esta Corte, a fin habilitar -si correspondiere- su competencia en el carácter de superior tribunal de la causa para el tratamiento de aquellos planteos si no hubieren hallado reparación ante su sede (conf. doctr. “Strada”, “Di Mascio”, antes citados).

Como lo señaló el Máximo Tribunal de la Nación en el precedente “Di Nunzio” al establecer la necesidad del paso obligado por el órgano casatorio como tribunal intermedio -en el caso, lo es previo al tránsito por esta Suprema Corte-, en supuestos como el presente, su intervención “lejos de constituir un obstáculo a las garantías del imputado en el proceso penal, importa el aseguramiento de su ejercicio pleno”. Pues, “…esta solución, además de garantizarle al imputado una instancia más de revisión, no dilata el tratamiento de la libertad [de aquél], pues la denegatoria que se impugna no tiene por qué demorar más su trámite en el tribunal intermedio que en esta Corte. Por el contrario, genera una posibilidad más de debate sobre la cuestión federal involucrada, donde la defensa puede encontrar la reparación de su agravio” (fallo cit., del 3 de mayo de 2005, cons. 16°).

Por consiguiente, en tanto el fallo impugnado transgrede los conceptos antes vertidos, al otorgar un alcance restrictivo a las hipótesis previstas en el art. 450 del C.P.P. que conllevó a que el órgano casatorio soslayara expedirse sobre las cuestiones propuestas por la defensa del procesado Paredes, corresponde casar la sentencia, indicando la devolución de los autos a la instancia anterior para que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí resuelto, oportunidad en la que necesariamente deberá expedirse -con la debida circunstanciación al caso en concreto- respecto de todas y cada una de las cuestiones federales que pudiera contener el recurso de casación, analizando al respecto su admisibilidad, suficiencia y procedencia según lo considere pertinente, de acuerdo a los criterios que rigen en asuntos de esa índole (art. 496, Cód. Procesal Penal cit.; conf. doctr. Ac. 103.202, res. del 21/V/2008; P. 116.488, res. del 4/IV/2012; entre otras).

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or ello, esta Suprema Corte,

RESUELVE:

Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor Defensor Oficial ante el Tribunal de Casación Penal, dejar sin efecto la sentencia recurrida de fs. 75/81 vta. y remitir la causa al órgano casatorio para que, por donde resulte pertinente, se dicte un nuevo fallo de conformidad con la presente (arts. 496 y conc. del C.P.P., 31 bis de la ley 5827).



Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-

Daniel Fernando Soria

Luis Esteban Genoud

Eduardo Julio Pettigiani

Eduardo Néstor de Lázzari



R. Daniel Martínez Astorino

Secretario






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