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Autor: Jesús Galindo López [*]


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NUMERO: 32

FECHA: Noviembre-Diciembre 1989

TITULO DE LA REVISTA: El Proceso Reprivatizador

INDICE ANALITICO: Contienda Electoral

AUTOR: Jesús Galindo López [*]


TITULO: Michoacán: La Impostura del Despotismo

ABSTRACT:


Parece inobjetable que la intención del gobierno es desmoralizar al movimiento de masas y, a partir de ahí, proponerse la recuperación priísta así sea de un estado devastado. Por eso las singularidades de las tareas que tiene frente a sí el cardenismo en Michoacán: convencer a sus seguidores de que es posible, a través del PRD, pelear el gobierno y desmontar las bases de un legítimo escepticismo ciudadano ante las elecciones. Igualmente por eso la tarea no deja de ser titánica pues se trata de que la explicable inhibición de su electorado potencial no alcance niveles tales que el abstencionismo facilite la labor del partido oficial.
TEXTO:
A partir del reconocimiento del triunfo del candidato panista a la gubernatura de Baja California, Ernesto Ruffo, los contrastes en la actitud priísta asumida en Michoacán parecen notables. Diversos analistas han acentuado una u otra razón para explicar esa postura. Nadie pretende enturbiar lo que ha sido, incuestionablemente, una victoria del pueblo bajacaliforniano y de un partido, el PAN, contra el autoritarismo gubernamental.
Con la definición gubernamental sobre el resultado de las dos elecciones tan disímbolas en ambos casos el régimen practica un cálculo político cuyo objetivo es desarticular, cuando no aplastar, el cardenismo moderno. [1] Será porque éste mueve las bases tradicionales del sistema, quizá porque a largo plazo el panismo representa, en su variable económica, un proyecto más compatible con el actual gobierno en contrapartida con el cardenismo, pues éste, siendo como es, un movimiento plebeyo, tiende a reciclar una protesta Cuyos perfiles políticos históricamente se orientan hacia la izquierda.
Con el resultado de las elecciones michoacanas el futuro de una transición democrática parece opacarse. [2] En Michoacán, como en Baja California, se abría la posibilidad de diseñar un nuevo escenario político en el país en el que, por ejemplo, el Congreso local michoacano estuviera controlado por la oposición de centro izquierda y la gubernatura y el Congreso local bajacaliforniano en manos de fuerzas políticamente orientadas por una derecha considerada en muchos círculos como democrática.
No ha sido así, por lo menos en Michoacán. Los órganos electorales encargados de entregar las constancias de mayoría han sido categóricos: 12 diputaciones para el partido de Estado, el PRI, y apenas 6 para el PRD.
La apuesta priísta en Michoacán
¿Cuáles eran las condiciones para apostar a la recuperación priísta en Michoacán? El abanico de posibilidades manejadas por el partido oficial, sus ideólogos, sus innumerables asesores, que en Michoacán formaron legiones, se cifraban -como agudamente resumió el investigador del Colegio de Michoacán, Jorge Zepeda Patterson- [3] en una serie de variantes que a juicio del gobierno incidirían en una derrota cardenista en el estado: la escasa atracción que sobre el electorado ejercen las elecciones para renovar el Congreso local; Cuauhtémoc no era candidato; la descomposición del FDN en sus partes originales; una ofensiva ideológica sin precedentes por parte de las fuerzas anticomunistas; la inyección de recursos a candidaturas que, como la de Arturo Martínez Nateras, pudieran aparentar una suerte de pluralismo dirigido y controlado por el gobierno; el escaso tiempo con que contaba el PRD para propagandizar su logotipo; entre los principales.
Paralelamente, los comisionados del PRI en la entidad no eran, de ningún modo, garantía alguna de que el proceso electoral se caracterizaría precisamente por su limpieza: José Guadarrama, célebre en los anales de la corrupción; Jorge Medina Viedas que, como casi todos los recién conversos a la religión del poder, hace gala de un fanatismo desconocido incluso por su propia cofradía, y Augusto Gómez Villanueva, personaje concordante con la estrategia gubernamental proyectada para Michoacán.
Alguien clasificó las prácticas fraudulentas subrayando el corte moderno para diferenciarlo del fraude tradicional. El primero, el moderno, implica establecer un operativo antes de la elección propiamente dicha. Si la inexistencia de un sistema competitivo de partidos hace casi imposible que la lid electoral se plantee en términos de equidad, en Michoacán las pruebas fueron abundantes. La federación fluyó cuantiosos recursos públicos apoyando las candidaturas de su partido y prometió obras millonarias. Arbitrariamente designó funcionarios electorales en todos los niveles cuyas simpatías, nada espontáneas, estaban de lado del partido del gobierno. Retrasó el registro del PRD y puso en juego, finalmente, su control del organismo encargado de realizar las tareas de empadronamiento para rasurar el padrón electoral excluyendo a probables y nada fantasmas simpatizantes del cardenismo. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, se cerraron a brindar espacios informativos para el PRD.
En medio de un expectante clima electoral algunos dedujeron cuentas alegres anticipadamente y vaticinaron que sus respectivos y minoritarios partidos en la entidad sacarían provecho de la confusión. Decía un distinguido panista, Bernardo Bátiz: "Si no hay operaciones ilegales en el voto o en su cómputo, una composición de lugar es posible: el PAN gana en las ciudades: Morelia, Zamora, Uruapan, Zitácuaro". [5]
El resultado fue que el escaso electorado que acudió a las urnas se mostró perspicaz y no se confundió: la polarización política fue PRD versus PRI, con lo que el sueño de un escenario de composición del Congreso local en el que partidos minoritarios jugaran factores de equilibrio, se esfumaron. Lo patético fue el porcentaje, oficial y extraoficial, alcanzado por el PARM, que en el pasado cosechó la mayoría de votos cardenistas en el estado, y la debacle del PFCRN a quien el pronóstico ya mencionado le otorgaba un generoso 9.1% de la votación estatal.
La turbulencia de las cifras
Los resultados electorales oficiales no reflejan lo que efectivamente sucedió el 2 de julio. Numerosos testimonios de la prensa nacional e internacional señalan que cuando los novísimos métodos para instrumentar el fraude no rinden los frutos esperados entonces se imponen las técnicas arcaicas, más vulgares, es cierto, pero más efectivas: robo de urnas, expulsión de representantes en casillas claves, presentación de actas de escrutinio de casillas que jamás fueron instaladas, anulación en serie de casillas donde la votación para el PRD era importante, etc.
Uno piensa en lo irritante que, a veces, resultan los estudios de los exégetas del poder para explicar la refuncionalización del sistema político en Michoacán cuando la realidad es pueril, sucia e inequívoca: allí, en el acta de escrutinio, donde había dos dígitos sencillamente se le agrega uno más con la consiguiente alteración de la cifra. Allá, el cómputo de una casilla que jamás se instaló. El poder sin máscaras, límpido, sin afeites ni palabras brillantes. El poder como sinonimia de impunidad.
Ironía por partida doble: se acepta con toda naturalidad que un partido opositor demuestre que triunfó en una elección y, en cambio, opera una benigna complacencia para que el gobierno demuestre, como es su función, que su partido efectivamente obtuvo el mayor número de votos. La otra: al principal dirigente del PRD, Cárdenas, se le acusa de pre-moderno, cuando toda su orientación ha sido, justamente, modernizar el proceso electoral exigiendo la erradicación de métodos pre-modernos en la lucha electoral.
Llegamos así a lo que en las elecciones mexicanas siempre ha sido considerada una zona turbulenta, la de las cifras electorales.
El cuadro que acompaña este artículo sobre algunos de los distritos impugnados han sido elaborados sobre la base de los datos oficiales publicados por los Comités Distritales Electorales y los que puso a disposición del público el Centro de Cómputo del PRD. [6] De la misma manera son producto de cotejo de las actas de la sesión del cómputo del Comité Distrital con los resultados de las actas de escrutinio en poder del PRD.
Por lo mismo no han sido consideradas aquí una serie de irregularidades que pudieron ser decisivas para el desenlace del proceso y que el PRD denunció puntualmente a través de distintos medios -recursos de protesta, testimonios ante notarios públicos, denuncias ante el ministerio público, etc.
Cuando se ha tenido acceso a las actas del Comité Distrital, como fue el caso de los distritos de La Piedad, Tacámbaro y Huetamo este análisis se limita a brindar los resultados por municipios -que también son ilustrativos- provenientes de ambas fuentes.
La intención ha sido conformar una suerte de tipología del fraude en los Comités Distritales, que básicamente se expresó en tres grandes rubros: casillas anuladas, alteración de las actas de escrutinio y computación de casillas que no fueron instaladas.
Como se recordará el Comité Ejecutivo Nacional del PRD [7] propuso al presidente del CEN del PRI, Luis Donaldo Colosio, una confrontación pública de las actas con que contaban cada uno de los dos partidos y sugirió un mecanismo: designación de dos observadores que atestiguaran la confrontación de las actas y el nombramiento de tres peritos que resolvieran sobre la autenticidad de aquéllas. Naturalmente, el PRI no aceptó.
Actitudes y secuelas
Michoacán puso a prueba coherencias e intenciones. Así, llama la atención el caso del PAN. Este partido mantuvo una actitud ambigua, por lo menos, primero exigiendo las pruebas del fraude y de la victoria del PRD -las actas-, después, cuando se las entregaron, evaluando según sus peculiares criterios el resultado electoral concluyendo que tanto el PRI como el PRD habían viciado la elección.
En honor a la verdad hubo panistas de sobria inteligencia que en los hechos tomaron una actitud personal diferente a la de su partido. Rogelio Sada, por ejemplo, formó parte del Tribunal Independiente de Ciudadanos (TIC) y avaló las conclusiones que otorgaban el triunfo al PRD en 14 de los 18 distritos electorales.
Bernardo Bátiz escribió que "ante autoridades así (la gubernamental) no hay posibilidades de prueba, ni de protesta, ni cauces legales; no es justo exigir pruebas cuando el juez es el abogado de una de las partes". [8]
La Corriente Crítica del PRI, a su vez rechazó los resultados oficiales que daban la victoria a su partido en la mayoría de los distritos. Rodolfo González Guevara, su dirigente más importante, también formó parte del TIC y avaló sus conclusiones. Una de sus plumas más brillantes, Federico Reyes Heroles, llamó al gobierno a respetar la legalidad del proceso. [9] Pero, todavía más, su Coordinadora Nacional condenó oficialmente las prácticas fraudulentas, cuestionó al gobierno sobre las "auténticas intenciones del régimen" y se pronunció contra el ejercicio de una "democracia selectiva". [10]
La torpeza en el manejo de la política gubernamental en Michoacán pronto se manifestó. En realidad, muchos se han preguntado si valió la pena pagar, ya, el costo político de una impostura tan burda. Por ejemplo, la decisión política de respetar el voto en Baja California no impidió, sin embargo, que el régimen de Salinas fuera acusado de medir con parámetros distintos a los dos principales partidos opositores.
El costo político es tangible: la movilización de los seguidores del PRD no cejó, tuvo la virtud de enfrentar políticamente el problema y, por lo mismo, le dio un vuelco a la opinión pública demostrando, cosa más irrelevante en un país como el nuestro, que había ganado, al menos la mayoría de los votos el día de la elección.
La formación del TIC fue ampliamente aprovechada por el cardenismo pues puso a disposición de hombres y mujeres de gran prestigio y solvencia moral sus actas de escrutinio evidenciando su intención de limpiar la elección y, sobre todo, descorrió el velo que envuelve la trama electoral volviéndolo un asunto público sobre el que corresponde pronunciarse, en primer lugar, a la sociedad civil. La exigencia de la confrontación pública de las actas fue un punto determinante como salida política al conflicto. Aunado a esto la movilización tuvo un carácter prominente, la manifestación en Morelia fue la más concurrida en toda la historia de la ciudad.
Muchos han insistido en el carácter casi personal con que responde el gobierno de Salinas al reto planteado por el cardenismo en Michoacán. En esta afirmación puede haber mucho de verdad, pero para un régimen como el mexicano, que ha demostrado una extraordinaria sagacidad y pragmatismo, tal explicación parece insuficiente. El hecho es que Cárdenas disputa herencias manifiestas y concita reflexiones en el propio partido oficial cuyas vías de canalización y viables desmembramientos casi naturalmente irían a engrosar las filas del PRD.
Parece inobjetable que la intención del gobierno es desmoralizar al movimiento de masas y, a partir de ahí, proponerse la recuperación priísta así sea de un estado devastado. Por eso las singularidades de las tareas que tiene frente a sí el cardenismo en Michoacán: convencer a sus seguidores de que es posible, a través del PRD, pelear el gobierno y desmontar las bases de un legítimo escepticismo ciudadano ante las elecciones. Igualmente por eso la tarea no deja de ser titánica pues se trata de que la explicable inhibición de su electorado potencial no alcance niveles tales que el abstencionismo facilite la labor del partido oficial. Traer a colación el ejemplo de Chihuahua no es descabellado, y no lo es porque describe nítidamente el círculo vicioso en que se mueve la oposición: "gran expectativa ciudadana en el proceso electoral, fraude sin precedentes, desmoralización del electorado y vuelta a la supremacía priísta". [11]
Por lo pronto, es una realidad que, al momento de escribir estas líneas, los dirigentes perredistas en Michoacán encontrarán mayores dificultades para convencer a sus simpatizantes de la necesidad, en caso de plantearse, de desalojar las alcaldías y explicar el nuevo sesgo que le darán a su lucha política, esto en el muy probable caso de que la posición del gobierno no varíe un sólo milímetro.
Pero, por otro lado, es verdad que las elecciones municipales, a efectuarse el próximo diciembre y en el marco de un enfrentamiento virulento, son más atractivas ya que en ellas la confrontación de las fuerzas políticas locales es mucho más cercana. El cardenismo tiene a su favor -a diferencia del caso Chihuahua 1986- la continuidad de los tiempos electorales.
Sea cual sea la evolución del conflicto michoacano un hecho es cierto: es difícil extirpar el fenómeno cardenista en Michoacán. El régimen se equivoca si pretende destruir a un movimiento que ha resistido por décadas las intermitentes ofensivas que se han emprendido en contra suya; un movimiento, en síntesis, que ha logrado sobrevivir a más de una modernización instrumentada desde el poder porque sus raíces se nutren de la historia misma de ese pueblo.
Los dilemas del cardenismo
Con el resultado electoral michoacano el gobierno escaló el conflicto con el cardenismo, y al hacerlo puso en relieve la fuerza y las debilidades de éste.
En un futuro muy cercano, casi presente, los dilemas del cardenismo, larvados desde la fundación del PRD, estarán definiéndose. Ellos tienen que ver, seguramente, con las estrategias que, cada vez más acuciantemente, exigirán claridad para definir rumbos, apuntalar perspectivas, proyectos de nación y de gobierno.
Tiene que ver, también, con las distintas versiones sobre el partido y que polemizarán, en disputa creciente, sobre los métodos para que su deseable estructuración organizativa no se confunda con la institucionalización de burocracias particulares, a menos que se imponga una concepción tributaria de la teoría de Robert Michels, según la cual es inevitable el surgimiento de las oligarquías en el seno de los partidos.
Sin emitir ningún juicio político y calificándolo de antemano como un sano debate, surge la pregunta de si algunos dirigentes del PRD no estarán interrogándose si acaso la posición intransigente de Cárdenas respecto al gobierno de Salinas no estará llevando al PRD por la ruta de lo irreductible y a un camino sin retorno con el sistema. Un realista pregonaría que no hay éxitos concretos, esto es, por ejemplo, el PRD con su línea de comportamiento no logró modificar la decisión política en Michoacán y, en cambio, el PAN aparece, a los 50 años de su nacimiento, como el interlocutor respetable que gobernará una entidad.
Negociar o mantener una posición inflexible ante el régimen de Salinas podrían definir los términos de un debate en ciernes. El gran problema es qué se va a negociar: ¿votos?, ¿posiciones políticas? A ciencia cierta lo único que podría negociarse es la legitimidad política del gobierno actual y en no concederla Cárdenas ha apostado gran parte de su capital político.
Además, con sobrada razón, se podría afirmar que la postura gubernamental deja poco margen para una salida negociada pues el régimen no ha mostrado ningún indicio que señale un cambio en su estrategia hacia el cardenismo.
En realidad esto presupone discutir el problema de la legitimidad del gobierno que es, a la vez, un asunto político pero también ético. Dos dirigentes del PRD con orígenes políticos y teóricos tan encontrados como Samuel del Villar y Adolfo Gilly, han arribado a la misma conclusión: el primero, del Villar, sosteniendo "la efectividad del sufragio popular como único fundamento para constituir el poder público" [12] y el segundo, Gilly, proponiendo el voto universal, secreto y directo "como única fuente de legitimidad del gobernante" [13] imposible de sustituir por otra.
Este debate está íntimamente relacionado con lo que cada quien entiende por transición democrática que, en el contexto mexicano, es discutir sobre el respeto al sufragio, órganos electorales imparciales y alternancia en el poder. Si el común denominador para llegar a la transición está sobredeterminado por el marco constitucional, todo indica que el gobierno no está dispuesto a discutir seriamente una transición, al modo de la España de 1976 o la Polonia de 1989, pues actúa hacia el cardenismo como si el 6 de julio jamás hubiera existido.
Es aquí donde entronca la discusión en curso sobre la reforma electoral. Algunos dirigentes del PRD afirmaron en el pasado que su participación en ese proceso estaba condicionada al respeto al voto en Michoacán. No se respetó. El fraude existió y fue, además, ostentoso. La discusión, entonces, se revierte al interior del PRD y todo ello en un marco en que, legalmente, la reforma electoral no puede realizarse sin el concurso del gobierno.
Desde la óptica de algunos dirigentes del PRD es imposible llegar a pactar un acuerdo con el partido del gobierno en tanto que, sin mediar el respeto al voto como expresión de voluntad política, cualquier reforma es letra muerta.
Una hipotética alianza entre el PRI y el PAN puede parecer posible como una tentativa para aislar al PRD, pero está condicionada por lo que el PRI pueda conceder en materia electoral. Un acuerdo PRI y PAN, y el PFCRN, tendría costos altísimos para el partido blanquiazul.
Previendo esto, Cárdenas hizo un llamado a formar un frente mucho más amplio que trascienda el asunto electoral e incida organizadamente sobre el efecto social de la política gubernamental.
Otra de las posibilidades para redimensionar al cardenismo está en embonarse con movimientos sociales y convenirlo en promotor del cambio desde abajo, evitando la dicotomía que aprisiona rígidamente al movimiento en sus expresiones social o electoral, armonizándolos en un todo complejo para que sea un partido alternativo en ambos planos. [14]
Pero los verdaderos debates del cardenismo apenas están esbozándose. Se refieren, asimismo, a la precisión de perfiles políticos -no necesariamente ideológicos- que supere la tentación, siempre presente en la política mexicana, del corporativismo partidario que a la postre identifique arbitrariamente los intereses de partido con los de las organizaciones sociales que, como se sabe, no siempre Son coincidentes. No ceder a esos atavismos de la cultura política nacional implicará, en primer termino, hacer realidad la existencia en México de un partido de ciudadanos.
No es que el PRD requiera de una homogenización ideológica pues en mucho lo atractivo del acuerdo que originó su nacimiento está dado por la riqueza de su diversidad. Tiene, en todo caso, que estar a tono con los tiempos actuales, tiempos de cambios profundos en la cultura política de la sociedad mexicana.
Son otros y variados los temas que el PRD, su dirección, sus cuadros, tendrán que afrontar. Por mencionar algunos: la modernización que propone el PRD para reorganizar la economía del país. No se trata de que el PRD carezca de ideas generales para un proyecto de esta naturaleza ni que individuos en lo particular tengan sus puntos de vista más o menos acabados. Lo que sí preocupa es que, en tanto partido no ha ido más allá de remitirse a una modernización que no menoscabe los derechos de los trabajadores como idea matriz, por lo que da la impresión de que aún existe un vacío programático. También sería interesante analizar en detalle la propuesta sobre el rol que jugará la industria paraestatal y cómo se superaría positivamente el viejo y gastado camino de concebirlos como fuente de corrupción, burocratismo, ineficiencia y voto corporativo. Claro, la respuesta a estas cuestiones no será lineal ni producto únicamente de cabezas inteligentes. Se requiere de un movimiento nacional organizado, preparado para los eventuales e imprevistos giros de la situación política.
En ese sentido, una de las garantías para que ese debate sea fructífero es que el PRD continúe siendo un partido abierto a la confrontación de las ideas y que se operen en él mismo las transformaciones que propone para la sociedad.
Finalmente, algunos de estos dilemas tienen que ver con las expectativas que algunos dirigentes tenían acerca del desgaste del régimen salinista, al que le pronosticaban un final más o menos cercano. Tal vez se impongan las adecuaciones necesarias para prepararse a la lucha más a largo plazo y en condiciones tales que los liderazgos opositores -el caso Ruffo- tienden a ampliarse.
Distrito I: Morelia Norte[H-]
Distrito VII: Tacámbaro[H-]
Distrito IV: La Piedad[H-]
Distrito IX: Apatzingán[H-]
Distrito XIV: Los Reyes[H-]
Distrito XV: Maravatío[H-]
Distrito XVI: Coalcoman[H-]
Distrito XVIII: Huetamo[H-]

CITAS:
[*] Sociólogo. Egresado de la FCPyS de la UNAM.


[1] A mi juicio el cardenismo moderno en su expresión partidaria, el PRD, es a la vez continuidad y negación del otro cardenismo, el llamado histórico. La continuidad me parece obvia y se remite a las herencias del legado de la revolución mexicana. No me parece menos obvia su negación y se refiere a su rechazo a la corporativización que como propuesta política incide directamente en el desmantelamiento del partido de Estado.
[2] Las posibilidades de entrar de lleno a una transición pactada con el gobierno estaban cifradas en el respeto a los resultados electorales en Baja California y Michoacán, porque estos bien podrían considerarse como una "prueba de buena voluntad" del régimen para discutir seriamente la transición.
[3] Zepeda Patterson, Jorge, "Michoacán: escenarios de guerra", La Jornada, 27 de junio de 1989.
[5] Bátiz, Bernardo, "Confusión en Michoacán", La Jornada, 28 de junio de 1989.
[6] Quiero agradecer a Mario Zepeda y a su equipo la inestimable ayuda que me brindaron con los datos de su Centro de Cómputo. Enseguida agrego que revisados y cotejados, en algunos casos arrojan diferencias insignificantes con los cuadros que aquí se presentan.
[7] Carta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD al Presidente del CEN del PRI, 26 de julio de 1989.
[8] Bátiz, Bernardo, "Pruebas del fraude", La Jornada, 19 de julio de 1989.
[9] Reyes Heroles, Federico,"La triste posibilidad", La Jornada, 2 de julio de 1989; "En el umbral", La Jornada, 5 de julio de 1989.
[10] "Todavía es tiempo", desplegado de la Corriente Crítica del PRI, La Jornada, 20 de julio de 1989.
[11] Galindo López, Jesús, "Los paradigmas de la abstención", El Financiero, 21 de agosto de 1989.
[12] Del Villar, Samuel, La reforma electoral, Michoacán, el PRD y el PAN, agosto de 1989, mimeo.
[13] Gilly, Adolfo, "Legitimidad", La Jornada, 18 de agosto de 1988.
[14] Castañeda, Jorge G., "El cardenismo social", La Jornada, 28 de agosto de 1989.


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