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Audiencia Pública 18-02-2015 Nombre: Dra Miryam Josefina Peña Candia


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Audiencia Pública 18-02-2015

Nombre: Dra Miryam Josefina Peña Candia



Buenos días, señores miembros del Consejo de la Magistratura, respetados miembros del Tribunal de Honor, público presente. De acuerdo a las opciones que nos han dado elegí el rol del Poder Judicial en un Estado Social de Derecho y la percepción acerca de la administración de justicia. Confieso que mi percepción personal de la administración de justicia puede ser no tan objetiva por pertenecer a ella hace muchos años, 45 años. Por eso, me remito a los resultados de interesantes y serios estudios realizados por instituciones reconocidas, como el Banco Mundial, Transparencia Paraguay y otros cuyos informes revelan que la ciudadanía tiene una percepción muy negativa de la administración de justicia. Esos informes demuestran que en los últimos años se ha advertido una disminución significativa de la implementación del Estado de Derecho en nuestro país, cuyas manifestaciones más resaltantes y más claras son el extendido cumplimiento de la ley, la alarmante corrupción generalizada y la severa desconfianza en la administración de justicia. No me detendré por razones del tiempo a dar datos específicos de estos resultados, basta con señalar, como ejemplo, si me permiten leer por favor el ejemplo: la evaluación de la consolidación del Estado de Derecho, de un posible 10, donde 10 indica el nivel más alto, Paraguay, en el indicar independencia judicial, califica 0.91; en la variable imparcialidad judicial califica un 65; y en integridad del sistema jurídico, califica 3,33. Son factores alarmantes pues nos avisan que nos estamos alejando de la implementación efectiva del Estado de Derecho; y el Poder Judicial, con las funciones que le compete está seriamente implicado en ese deterioro, ¿por qué digo esto? Porque le Poder Judicial es el guardián de la primacía de la ley, el guardián del imperio de la ley, que es el elemento definitorio del Estado de Derecho que supone básicamente que el gobierno, en sus actuaciones debe ajustarse, debe respetar siempre la primacía de la ley, y adecuar a ella sus comportamientos. El Paraguay se constituye en Estado Social de Derecho en la Constitución de 1992, que establece que el gobierno está ejercido por los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo, y el Judicial, en un sistema de separación, coordinación y de recíproco control. Realmente el Poder Judicial tiene pocas facultades de control, sin embargo, muy importante porque se le asigna el control de la constitucionalidad de todos los actos que cumplen los poderes del Estado. En consonancia con eso, la Constitución, consagra la independencia del Poder Judicial excluyendo del ámbito jurisdiccional toda injerencia de los demás poderes o de sus miembros. Lamentablemente, esa independencia programada es una cuestión retórica. En la práctica existen factores poderosos que obstaculizan la independencia del Poder Judicial, por citar algunos, el propio sistema de designación de jueces que permite la participación directa de los otros poderes en la conformación personal del Poder Judicial, la politización extrema de la designación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como también la politización del Consejo de la Magistratura, por otra parte hoy día, no existe la plena autarquía presupuestaria consagrada en la Constitución Nacional que es un mecanismo indispensable para la independencia del Poder Judicial. Remediar estos factores negativos del sistema, escapa a la

competencia del Poder Judicial, de ahí que no sería justo achacar toda la culpa al Poder Judicial del deterioro del Estado Social de Derecho, debería compartir con los demás poderes, pero esos factores poderosos negativos que existen en el sistema, tampoco puede ser excusa para justificar una justicia ineficiente y deshonesta, la corrupción, la irresponsabilidad, la cobardía, la ineptitud, no tienen excusas. Se es buen juez y esto quiero reafirmar, con o sin presión, con o sin amenaza, con buen o poco sueldo, en gobiernos autoritarios o en gobiernos democráticos, porque la independencia del juez debe ser por sobre todo una independencia interior. El juez que tiene una libertad espiritual no se deja avasallar por influencias extrañas ya sea que provengan del gobierno, del electorado, del Congreso, de la opinión pública. Los jueces como protagonistas de la administración de justicia debemos siempre tener presente, poner en práctica día a día el derecho fundamental de la población de tener acceso a una justicia independiente, imparcial, responsable, transparente, equitativa. Definitivamente no se puede exigir al Poder Judicial acabar con todos los gérmenes que inficionan el sentido de justicia, sin embargo, en el ámbito que le compete, debe asumir su responsabilidad, empeñándose en una lucha frontal y directa en pos del mejoramiento del fortalecimiento del servicio de justicia, apelando a mecanismos potables y concretos, que pienso que pueden ser los siguientes: la reformulación y la capacitación permanente de los magistrados y funcionarios judiciales, la implementación eficaz de las normas, de los valores del Código de ética judicial, la descongestión de la carga administrativa de la Corte Suprema de Justicia, el refortalecimiento, la reestructuración de la auditoría de gestión, como también, reforzar, hacer que sea eficaz, la oficina de atención al público, de quejas y denuncias. La Corte Suprema de Justicia debería también impulsar las legislaciones pendientes como la implementación de la carrera judicial, la reglamentación del juicio oral, la institución de la figura de la casación. Estas y otras medidas paliativas, si se aplican al funcionamiento del Poder Judicial, nos llevaría a conseguir que realmente ocupe el rol que le corresponde en un Estado Social de Derecho. Muchas gracias.



Doctor Enrique Riera: Muy bien, Doctora. Muchas gracias por su presentación. Como usted sabe, solo ha recibido una denuncia por vía formal. Tenemos pregunta que dirigirle del público. Copia de esta denuncia usted ha recibido dentro del plazo. Es una denuncia repetida inclusive a otros postulantes el día de ayer, en la cual le acusan de haber conformado el Tribunal de Segunda Instancia, de la causa Ykua Bolaños, el primero de setiembre del 2008 anularon una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, luego de 7 meses de tener la causa, en abril del 2009, a pocos meses antes que se extinga la causa decidieron declararse incompetentes y devolvieron la causa al mismo tribunal que ellos habían anulado. No siendo yo abogada, dice la ciudadana, solo familiar de fallecido, traté y trato de entender qué es lo que quisieron hacer. El sentido común siempre me ha dicho que es una aberración jurídica. Sería buena una explicación.

Doctora Miryam Josefina Peña Candia: Debo incluso agradecer la oportunidad que me da esta denuncia y antes que todo, aclaro, que como persona, comprendo, entiendo el sufrimiento de las víctimas y los familiares de esta tragedia conocida por todos. Pero como jueza de Derecho, no podía más que dar una solución jurídica a la causa. Lamentablemente esa solución jurídica no trae consuelo al dolor de quien clama justicia, pero yendo a los términos concretos de la denuncia debo decir que obviamente se nota que la denunciante no es profesional de Derecho como ella misma reconoce, porque el planteamiento es confuso. He hecho un denodado esfuerzo pero no logré entenderlo tanto. De todas formas quiero compartir con ustedes la forma poco clara, confusa, sin datos suficientes como para poder responder de una forma más jurídica, pero veamos, refiero primero que la sentencia fue dictada en setiembre del 2008, pero que 7 meses después nos declaramos incompetentes del Tribunal, ¿qué explicación?, no entiendo. Todos sabemos que un tribunal no puede declararse incompetente después de haber resuelto la causa. Habla también de extinción de la causa, es de conocimiento público que la causa Ykua Bolaños no se ha extinguido, en absoluto, y si bien, nuestra resolución fue impugnada por la vía del recurso de la casación, llevamos el expediente a la Corte y no al Tribunal inferior que la denunciante dice que hemos enviado. Ahora bien, probablemente, porque en estos pocos días, no tuvimos tiempo de ir a indagar en más de 50 expedientes, miles de incidentes, apelaciones, muchos querellantes, pero hice el esfuerzo y traté de recordar algo así totalmente improcedente se presentó un tiempo después y quiero creer entonces y averiguando en secretaría me confirmaron esta sospecha, y se refiere al parecer la denunciante se refiere a un incidente de extinción de la causa presentado después de haberse dictado al sentencia en la causa principal, en el que realmente nos hemos declarado incompetentes, en este incidente posterior a la sentencia por el simple principio de la doble instancia que ya no estaba en competencia del tribunal de apelación, según el artículo 40 del Código Procesal Penal.

Doctor Enrique Riera: Muy bien, muchas gracias Doctora Miryam Peña. Como siempre damos prioridad a las consultas del Tribunal de Honor, dice lo siguiente: dentro de la posición de Derecho Internacional y obviamente la Declaración Social del Mercosur en el campo de los Derechos Humanos, ¿cuál sería la aplicación de los mismos que usted otorgaría para solucionar conflictos a todo tipo de trabajador migrante, independiente de su nacionalidad, raza, credo, religión. Cuáles serían las medidas adoptadas en nuestro país?

Doctora Miryam Josefina Peña Candia: Realmente, yo sostengo de que las normas internacionales de derechos humanos integran el bloque de constitucionalidad porque así lo permite el artículo de la Constitución Nacional que dice: que no se agota los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a los expresados explícitamente en ella, o sea, en la Constitución bien sabemos que existe las causas explícitas y las implícitas, entonces todo documento de derecho internacional en mi tesis integra el bloque constitucional, entonces se deslizaría del orden jerárquico establecido en el artículo 137 que todos sabemos, ese orden jerárquico, la ley, los tratados internacionales… en la Constitución. Sin embargo yo digo que todos los instrumentos que consagran derechos humanos, por lo que ya dije, integra el bloque de constitucionalidad, tiene jerarquía constitucional. Ahora bien, en cuanto a cómo se aplicarían esas normas en juicios concretos yo incluso abogo por la necesidad de capacitación de todos los jueces y los operadores de Derecho profesionales a interiorizarse más en Derecho Internacional de los Derechos Humanos porque es muy rico y enseña, ayuda a resolver conflictos, sobre todo los conflictos en que estén involucrados derechos de los trabajadores, los trabajadores migrantes y que en ese sentido, en el Mercosur tenemos una declaración muy importante, la socio-laboral del Mercosur, poco conocida, sin embargo yo sostengo que una declaración de Derechos Humanos y por tanto, la denominación de declaración no me es definitorio de la naturaleza del instrumento, sostengo que de acuerdo a la definición de tratado en sentido amplio por la Convención de Viena de 1969, la Declaración Socio-laboral del Mercosur es un tratado internacional de derechos humanos, entonces debería ser aplicado directamente como toda norma de derecho humano integrante del orden jurídico del Paraguay, a todo conflicto que se suscite y sobre todo en protección de los trabajadores migrantes.

Doctor Enrique Riera: Muchas gracias Doctora Miryam Peña. Pregunta del Tribunal de Honor, desde su visión de magistrada judicial, del fuero laboral, ¿qué opinión tiene sobre el actual régimen jurídico de trabajo de las mujeres y de los menores?

Doctora Miryam Josefina Peña Candia: En nuestra legislación se encuentran protegidos, justamente tienen sobreprotección, una discriminación positiva en la legislación relativa a los derechos de los menores y de las mujeres. Los menores, conocemos todas las disposiciones, que regulan especialmente, tenemos también las normas internacionales, el convenio 138 de edad mínima y el convenio 182 sobre erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Realmente esas normas internacionales, nuestra legislación, la Constitución, establecen normas de protección que jurídicamente si aplicamos están muy bien protegidos. Los menores y las mujeres, en ese aspecto social donde están desprotegidos que aún no logramos que las medidas sociales lleguen realmente a protegerlos.

Doctor Enrique Riera: Muchas gracias Doctora. Preguntas ya del público presente. Hay dos que están vinculadas, le voy a leer las dos porque merecen una respuesta integrada: ¿tiene límites el derecho a la defensa? No solo los casos de torturadores sino muchos otros no llegan al proceso por obstáculos y chicanas y abusos que quedan en la impunidad. Cuál sería la solución, dice una de ellas; y la otra dice: qué haría usted para evitar las constantes dilaciones en las resoluciones que debe dictar la Corte cuando se recurra a ellas. En ambos casos habla de la mora judicial por las razones mencionadas en las preguntas.

Doctora Miryam Josefina Peña Candia: Realmente se tiene que agotar todas las medidas posibles para combatir la mora. En ese sentido también tenemos que tener en cuenta que el vicio de la mora no es imputable a los jueces, estoy hablando como magistrada, pero hay sectores de los abogados, la propia reglamentación y sobre todo deben distinguirse dos aspectos del combate contra la mora, uno, el aspecto individual, el que atañe a los jueces, se nos tiene que exigir y debemos exigir trabajo, trabajo y más trabajo. Cómo se logra, con un control permanente, de ahí que dije que se tenía que fortalecer la Dirección de Auditoría de Gestión, pero no una auditoría esporádica, un sistema de que estemos controlados permanentemente porque eso incentiva al trabajo. No obstante, estamos los buenos jueces como yo me califico y perdón la falta de modestia, que formamos una fuerza considerable dentro del Poder Judicial que no alcanza, no nos limitamos a las 6, 7 horas de trabajo de la oficina, trabajamos tarde, noche, hasta los sábados y domingos. En el aspecto institucional, quizás no sea ninguna novedad lo que diga, la descongestión de las atribuciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia.

Doctor Enrique Riera: Muchas gracias Doctora. Como ciudadana y miembro del Estado, ¿qué medidas propugnaría para que cuanto menos disminuya, o por lo menos, a niveles tolerables el nivel de corrupción e impunidad en nuestro sufrido país?

Doctora Miryam Josefina Peña Candia: Luchar contra la corrupción es titánico, tiene diferentes aspectos pero en el caso concreto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, sería potenciar el control del trabajo y sobre mucha, la auditoría que también se dirija así a controlar no solamente el aspecto cualitativo, sino también el aspecto calificativo. Creo que también se evitaría la corrupción si tuviésemos la carrera judicial porque le método de selección, de incorporación de los magistrados ya pasaría por un colador donde sopesaría sus aspectos personales que hacen con la honestidad.

Doctor Enrique Riera: Muchas gracias Doctora. ¿Qué opinión le merece el Instituto de la Colegiación Profesional?

Doctora Miryam Josefina Peña Candia: La colegiación profesional mientras no sea obligatoria es benéfico, es una unión de profesionales para mejorar no solamente aspectos individuales, sino aspectos del gremio que tiene que ver mucho con la capacitación y la profesionalización es más esmerada y más exigente de sus socios. Toda vez que no sea obligatoria creo que la colegiación es una positiva asociación de profesionales.

Doctor Enrique Riera: Muchas gracias Doctora. Pregunta del público presente. ¿Cree que el país necesita una ley contra toda forma de discriminación, conoce la que fue redactada en la Cámara de Senadores en el año 2014?

Doctora Miryam Josefina Peña Candia: contra toda forma de discriminación…

Doctor Enrique Riera: Sí, dice textualmente ¿Cree que el país necesita una ley contra toda forma de discriminación, conoce la que fue redactada en la Cámara de Senadores en el año 2014?

Doctora Miryam Josefina Peña Candia: No estoy recordando señor.

Doctor Enrique Riera: Bueno, el Doctor Juan Ramón Bueno Jara le quiere hacer una consulta doctora.

Doctor Juan Ramón Bueno Jara: Doctora Mirym Peña, estoy encantado, primera vez que un miembro del Poder Judicial reconoce el estado en que se encuentra el Poder Judicial y creo que para todo cambio es necesario saber qué estamos… ayer le escuchaba a un camarista y más o menos estábamos en el paraíso del Poder Judicial, el mejor de todo el mundo y no es así. Conociéndola a usted porque fuimos compañeros de trabajo, es una persona seria, le preguntaría, sobre la base de lo que usted misma dijo y de su proyecto y su deseo de la cuestión esta tan discutida de la carrera judicial, si para comenzara instalar una carrera judicial que hoy no existe, deberíamos previamente cambiar a muchos factores humanos que no hacen honor a la magistratura y que muchas veces impide a pagar lo que corresponde a aquellos jueces honestos. Yo le pregunto doctora si usted estaría de acuerdo en depurar esta institución judicial antes de entrar a una carrera judicial.

Doctora Miryan Josefina Peña Candia: Yo creo que lo ideal es instalar la carrera judicial y antes deberíamos recurrir a los mecanismos existentes hoy día como el enjuiciamiento de magistrados para ir depurando realmente los factores negativos. Las personas no cumplen con sus deberes en el Poder Judicial.

Doctor Enrique Riera: Muchas gracias Doctora. La última pregunta tiene el Doctor Cristian Kriscovich a quien le cedemos el uso de la palabra.

Doctor Cristian Kriscovich: Como magistrada del fuero laboral le quería preguntar sobre su opinión respecto a la implementación de esta discusión que se vino en este tiempo sobre las seis u ocho horas, de trabajo en el Poder Judicial y al mismo tiempo, otro tema vinculado, las huelgas periódicas de nuestros funcionarios que afectan el acceso a la justicia. Cree usted que el servicio de justicia es un servicio esencial con todas las implicancias que eso conlleva en material laboral.

Doctora Miryam Josefina Peña Candia: En cuanto al horario yo creo que tenemos que ir llegando al horario de 8 horas, no de una manera violenta y actualmente todos conocemos que existe un contrato colectivo que debe respetarse en donde se establece las seis horas de trabajo pero por esto mismo de que yo ya dije, hay que trabajar, trabajar, trabajar. Creo que estaría bueno adoptarse la jornada máxima establecida en la ley pero con las compensaciones correspondientes por supuesto en cuanto a salario, comodidades indispensables que no contamos en el Poder Judicial para el trabajo de 8 horas. Creo que eso debe ir lográndose paulatinamente como, si mal no recuerdo Colombia, ante estas situaciones, establece un plazo de transición, entonces van acostumbrándose también los propios funcionarios a cambiar el orden de su vida. En cuanto a las huelgas, que es un derecho consagrado en la Constitución Nacional, derecho sagrado de todo trabajador, ya sea de orden privado o de orden público, pero sucede que en el servicio del funcionario público está siempre implícito el bienestar general, entonces, pero tampoco se le puede privar del derecho de utilizar el arma, la guerra lícita como decimos que es la huelga y debería tratarse sin embargo de evitar esa huelga periódica por medio del diálogo, la concertación, llegar a soluciones que congenien intereses de ambas partes, debe existir un diálogo constante. En cuanto a los servicios imprescindibles, está bien definida la ley de la función pública, define que son aquellos cuya interrupción pone en peligro la vida, la salud y la seguridad de la población, pero luego hace cita, casos concretos como la provisión de agua, electricidad, combustible, la educación, el transporte. Si se dan esos casos no tendríamos dudas, pero creo que esas normas tanto del Código Laboral como de la Ley de la Función Pública, tienen normas abiertas, yo interpreto porque el Código Laboral da a modo de ejemplo unas cuantas situaciones de servicio imprescindible. Sostengo entonces que en cada caso particular se debe detectar y sobre todo en otros países existen la reglamentación de los servicios imprescindibles que acá no tenemos. Entonces, el que va a recurrir a una huelga sabe que tiene que asegurar aquella base de servicio que le exige la ley, sin prohibirle el derecho sagrado de la huelga.

Doctor Enrique Riera: Muchas gracias Doctora Miryam Josefina Peña Candia por haber participado, por su presencia, por creer en este proceso. Como es tradicional le deseamos el mejor de los éxitos en este concurso y la despedimos con un caluroso aplauso.


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