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Naciones Unidas

A/HRC/25/33



Asamblea General

Distr. general

18 de diciembre de 2013

Español

Original: inglés


Consejo de Derechos Humanos

25º período de sesiones

Temas 2 y 3 de la agenda



Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto

Comisionado y del Secretario General

Promoción y protección de todos los derechos humanos,

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,

incluido el derecho al desarrollo

Resumen de la mesa redonda sobre los derechos humanos de los hijos de personas condenadas a muerte o ejecutadas

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Resumen

Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 22/11 del Consejo de Derechos Humanos. En él se hace un resumen de la mesa redonda sobre los derechos humanos de los hijos de personas condenadas a muerte o ejecutadas, celebrada el 11 de septiembre de 2013, durante el 24º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.




Índice

Párrafos Página

I. Introducción 1–4 3

II. Declaraciones de la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos
y la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia
contra los niños 5–8 3

III. Contribuciones de los panelistas 9–13 5

IV. Resumen del debate 14–29 7

A. Observaciones generales sobre el recurso a la pena de muerte 15–17 8

B. Repercusiones de la pena de muerte en los hijos de las personas
condenadas a muerte o ejecutadas 18–20 8

C. El interés superior del niño, cuidados y asistencia 21–24 9

D. Información y acceso 25–28 9

E. Hijos de personas condenadas a muerte en el extranjero 29 10

V. Observaciones finales y recomendaciones 30–31 11

I. Introducción

1. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 22/11, el Consejo de Derechos Humanos celebró, el 11 de septiembre de 2013, durante su 24º período de sesiones, una mesa redonda sobre los derechos humanos de los hijos de personas condenadas a muerte o ejecutadas, prestando especial atención a los medios y formas de asegurar a esos niños el pleno goce de sus derechos.

2. Atendiendo a lo solicitado por el Consejo de Derechos Humanos, la mesa redonda se centró en: a) examinar las consecuencias negativas que la imposición y ejecución de la pena de muerte tenía para los derechos humanos de los hijos de personas condenadas a muerte o ejecutadas; b) promover una mejor comprensión de las normas y principios internacionales de derechos humanos referidos a los derechos de esos niños; y c) debatir sobre la protección y la asistencia que esos niños podrían necesitar para disfrutar de sus derechos humanos.

3. La mesa redonda estuvo presidida por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Remigiusz Henczel, y moderada por Bertrand de Crombrugghe, Representante Permanente de Bélgica ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Fue inaugurada por la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri. Se hizo una declaración en nombre de Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños. Los panelistas de la mesa redonda fueron: Jorge Cardona Llorens, miembro del Comité de los Derechos del Niño; Sandra Jones, Profesora asociada de la Rowan University (Estados Unidos de América), Nisreen Zerikat, del Centro Nacional para los Derechos Humanos (Jordania) y Francis Ssubi, Director Ejecutivo de Wells for Hope (Uganda).

4. El presente resumen fue elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) atendiendo a la petición formulada por el Consejo de Derechos Humanos en la resolución 22/11 de que preparase un informe, en forma de resumen, sobre las conclusiones de la mesa redonda, y que lo presentase al Consejo en su 25º período de sesiones.

II. Declaraciones de la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos y la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños

5. En su declaración inaugural, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos señaló que la evolución observada durante los últimos años en todas las regiones del mundo indicaba una tendencia creciente hacia la abolición de la pena de muerte. Muchos Estados habían reconocido que la pena de muerte menoscababa la dignidad humana, y que su abolición contribuía al mejoramiento y el desarrollo progresivo de los derechos humanos y a su disfrute pleno por todas las personas. La Alta Comisionada Adjunta también observó que varios instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos prohibían el recurso a la pena capital o alentaban a su abolición y/o imponían límites estrictos a su aplicación. En particular, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, que hasta la fecha había sido ratificado por 78 Estados y firmado por 36, prohibía ejecutar a cualesquiera personas sometidas a la jurisdicción de un Estado parte en el Protocolo. En los Estados en que la pena de muerte no había sido abolida, el derecho internacional de los derechos humanos exigía, como mínimo, el cumplimiento pleno de las restricciones establecidas en el Pacto y en la Convención sobre los Derechos del Niño. De conformidad con el artículo 6 del Pacto, el recurso a la pena de muerte debía limitarse a los "más graves delitos". Asimismo, los Estados debían velar por el estricto cumplimiento de las garantías procesales y de imparcialidad establecidas en el artículo 14 del Pacto. Tanto el artículo 6 del Pacto como el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño prohibían imponer la pena de muerte por delitos cometidos por menores de 18 años. Asimismo, el artículo 6 del Pacto prohibía ejecutar a las embarazadas. Además de estas limitaciones, los Estados que recurriesen a la pena capital también tenían que estudiar la manera de hacer frente a las consecuencias de este castigo para el conjunto de la sociedad, y en particular para las familias de las personas condenadas a muerte o ejecutadas.

6. La Alta Comisionada Adjunta observó que, en su resolución 22/11, el Consejo de Derechos Humanos se había mostrado profundamente preocupado por las consecuencias negativas que la imposición y ejecución de la pena de muerte tenían para los derechos humanos de los hijos de las personas condenadas a muerte o ejecutadas, e instó a los Estados a que proporcionasen a esos niños la protección y la asistencia que necesitaran. La Alta Comisionada Adjunta manifestó además que investigaciones recientes apuntaban a que los hijos de las personas condenadas a muerte o ejecutadas sufrían una serie de consecuencias negativas a largo y corto plazo, que incluían la vulneración de diversos derechos y obligaciones reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Se trataba en particular de la obligación de velar por que se tuviera en cuenta y se protegiera el interés superior del niño (art. 3); el derecho a no ser objeto de violencia, en particular la violencia mental (art. 19); el derecho a la protección y asistencia especiales del Estado para los niños privados de su medio familiar (art. 20) y el derecho a un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social del niño (art. 27, párr. 1).

7. La Alta Comisionada Adjunta aludió a trabajos de investigación en los que se sugería que la ejecución de un progenitor podía repercutir de diversas maneras en la salud del niño, causando por ejemplo un trauma emocional que podía dar lugar a secuelas duraderas para la salud mental del niño. También señaló que los hijos de personas condenadas a muerte podían sufrir discriminación, especialmente cuando el delito cometido se conocía públicamente, entre otras cosas a raíz de la intervención de los medios de comunicación. También había pruebas de que la pena de muerte afectaba desproporcionadamente a determinadas minorías raciales, étnicas y religiosas. Así, el niño podía sentirse discriminado por motivos de raza, religión o situación económica, además de por el estigma asociado a la condena a muerte de su padre o madre. En algunos casos, los condenados no eran informados de cuándo iban a ser ejecutados, y tampoco se informaba a sus familiares ni abogados, y los cuerpos no eran devueltos a las familias. A ese respecto, la Alta Comisionada Adjunta destacó la conclusión del Consejo de Derechos Humanos de que no informar a los familiares de cuándo iba a producirse la ejecución infringía el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y constituía un trato cruel o inhumano1. Este secretismo vulneraba también el derecho del niño a estar informado con respecto a la condena de su progenitor, en virtud del artículo 9, párrafo 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño.

8. En su declaración, la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños señaló que, hasta la fecha, los hijos de las personas condenadas a muerte habían sido invisibles en las estadísticas, además de en las políticas y los programas. En alusión a estudios realizados por Quaker United Nations Office y otras organizaciones, observó que la mayoría de esos niños procedían de familias desfavorecidas que padecían penurias considerables desde mucho antes de que el progenitor fuera condenado a muerte. La Representante Especial dijo que no podían negarse las repercusiones que esa forma de trato cruel e inhumano tenía para las familias, que adquirían una dimensión mayor en el caso de los niños. Esos niños sentían miedo y tenían una honda sensación de inseguridad, pues vivían bajo la amenaza constante de que sus progenitores, las personas a quienes más querían en el mundo, pudieran ser ejecutados en cualquier momento. La pérdida de un progenitor era irreversible, pero cuando, en lugar de ser resultado de una muerte natural, se debía a la actuación de las autoridades de un país, provocaba en el niño una confusión y un miedo particulares. Los niños, traumatizados, con escasa autoestima, avergonzados y en ocasiones con la sensación de estar estigmatizados y sufrir humillaciones, tenían grandes dificultades para explicar su situación, y se veían cada vez más tentados de negar o de ocultar lo que sentían. La Representante Especial señaló además que los Estados que imponían la pena capital tendían a facilitar poca o ninguna asistencia para el cuidado y la protección de los hijos del condenado. Al mismo tiempo, el grave estigma que pesaba sobre los condenados a muerte solía complicar la búsqueda de otros cuidadores, lo cual agravaba aún más el trauma sufrido por el niño e incrementaba el riesgo de que este se viera sin hogar y expuesto a la violencia y a ser manipulado para convertirse en delincuente. La Representante Especial declaró además que la condena a muerte o ejecución de un progenitor amenazaba un amplio abanico de derechos del niño. A este respecto puso de relieve la importancia fundamental de velar por que la situación de los hijos de personas condenadas a muerte fuera objeto de atención y medidas urgentes con el fin de apoyar a estos niños, ofreciéndoles un entorno protector y servicios y medidas de recuperación y reintegración.

III. Contribuciones de los panelistas

9. En su intervención introductoria en calidad de moderador de la mesa redonda, Bertrand de Crombrugghe señaló que las consecuencias negativas de la ejecución de un condenado para sus hijos eran motivo de preocupación. Dado que la ejecución de un progenitor era el resultado directo de la acción estatal, el Estado en cuestión tenía la responsabilidad de velar por que los hijos del ejecutado recibieran unos cuidados y una asistencia apropiados. Señaló que el Consejo de Derechos Humanos había optado por enfocar este asunto desde la perspectiva de los derechos humanos. A ese respecto, el moderador indicó que el Consejo, en su resolución 22/11, había hecho referencia a algunas disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño, instrumento de ratificación casi universal. El moderador recordó también anteriores resoluciones y debates relacionados con la cuestión, en particular la resolución 19/37 del Consejo, sobre los derechos del niño, y el día de debate general sobre los hijos de padres encarcelados celebrado por el Comité de los Derechos del Niño el 30 de septiembre de 2011.

10. Jorge Cardona Llorens habló del marco jurídico de normas y principios internacionales de derechos humanos referentes a los derechos de los hijos de los condenados a muerte. En este contexto, el Sr. Cardona Llorens examinó la aplicación del concepto del interés superior del niño. Dicho concepto tenía por finalidad asegurar tanto el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño como el desarrollo holístico del niño. En particular, observó que el artículo 3, párrafo 1, de la Convención otorgaba al niño el derecho a que se determinase cuál era su interés superior y a que este fuera una consideración primordial en todas las medidas o decisiones que le afectaran, tanto en la esfera pública como privada, lo cual incluía los tribunales. El Comité de los Derechos del Niño había establecido que el artículo 3, párrafo 1, constituía uno de los cuatro principios generales de la Convención para interpretar y llevar a la práctica todos los derechos del niño2. El Sr. Cardona Llorens también hizo alusión a la Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior fuera una consideración primordial3. Destacó que los Estados partes en la Convención, para cada decisión que afectara a un niño, tenían la obligación jurídica de determinar cuál era el interés superior de este; dicho proceso de determinación y evaluación debía ser singular, pertinente y explícito. El Sr. Cardona Llorens subrayó que cuando se condenaba a una persona con hijos, el proceso de toma de decisiones debía incluir una evaluación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión para el niño o niños en cuestión. La plena aplicación del concepto del interés superior del niño requería el desarrollo de un enfoque basado en los derechos, con la participación de todos los intervinientes, para asegurar de manera holística la integridad física, psicológica, moral y espiritual del niño y promover su dignidad como persona. El Sr. Cardona Llorens señaló también que el interés superior del niño, una vez evaluado y determinado, podía entrar en conflicto con otros intereses o derechos (los de otros niños, el público o los padres, por ejemplo). Los posibles conflictos debían resolverse caso por caso, ponderando cuidadosamente los intereses de todas las partes y buscando un equilibro adecuado. Si esta armonización no resultaba posible, las autoridades y los encargados de la toma de decisiones tendrían que analizar y ponderar los derechos de todos los interesados, teniendo presente que el derecho del niño a que su interés superior fuera una consideración primordial significaba que los intereses del niño tenían prioridad elevada y no constituían simplemente una consideración entre otras.

11. Sandra Jones, de la Rowan University, habló del dolor emocional y el trauma de los hijos de los reclusos condenados a muerte en los Estados Unidos de América. Coincidió con algunos oradores precedentes en que, desde el momento de la detención de su progenitor, estos niños se veían inmersos en una forma desesperante de dolor emocional que no tenía parangón. Señaló que los niños se sentían solos y estigmatizados a causa de la publicidad dada por unos medios de comunicación altamente sensacionalistas al caso de su padre o madre. A raíz de ello, esos niños solían aislarse de los demás niños e incluso del resto de la familia. La Sra. Jones también observó que a estos niños les resultaba doloroso y difícil mantener una auténtica relación con su padre o madre, debido a los numerosos obstáculos que imponía el sistema penitenciario, como el vidrio que los separaba durante las visitas a las zonas de máxima seguridad de la cárcel. Con respecto a los problemas escolares, la Sra. Jones subrayó que por lo general no existían sistemas de apoyo para esos niños, y con frecuencia la escuela se convertía en un lugar donde el niño defendía la reputación de su progenitor y, por extensión, la suya propia. A raíz de esas experiencias, surgidas del hecho de tener a un progenitor condenado a muerte, era habitual que los niños sufrieran diversas alteraciones médicas y psicológicas, como la depresión o el trastorno causado por el estrés postraumático. Asimismo, podían llegar a disociarse, en un intento por dejar de sentir el dolor, podían mostrar problemas de comportamiento y a menudo eran muy agresivos, pues albergaban una gran cantidad de ira. Estos niños mostraban síntomas de estar traumatizados, como eran el insomnio o el ensimismamiento, especialmente en el caso de los que habían asistido al homicidio cometido por el progenitor.

12. Nisreen Zerikat indicó que las instituciones nacionales de derechos humanos podían desempeñar un papel fundamental en la protección de los derechos humanos de los hijos de las personas condenadas a muerte, facilitando las visitas a la cárcel, vigilando las violaciones de los derechos humanos cometidas contra esos niños, recibiendo las quejas de los propios niños o de sus familiares, o manteniendo un seguimiento de los casos de presunta violación de los derechos humanos con las autoridades competentes. A este respecto, la Sra. Zerikat señaló que el Centro Nacional de Derechos Humanos de Jordania ofrecía apoyo a los presos y también prestaba servicios a sus familiares e hijos. También destacó: la importancia de que las fuerzas del orden recibieran una educación en derechos humanos, que debía incluir una formación sobre los derechos del niño; la importancia de elaborar unas directrices para la visita de niños a sus progenitores condenados a muerte que tuvieran en cuenta las necesidades del niño; y la importancia de los medios de comunicación en la protección de los derechos humanos de esos niños.

13. Al relatar las experiencias de la organización para la que trabajaba, Francis Ssubi dijo que para los niños resultaba muy traumático vivir con el miedo a la ejecución de sus progenitores. Al igual que otros panelistas, el Sr. Ssubi también señaló que los hijos de los condenados a muerte se exponían a un mayor riesgo de padecer problemas de salud mental, como tristeza, confusión psicológica, miedo, problemas de sueño, ansiedad, desórdenes alimentarios, baja autoestima y sentimiento de impotencia. Asimismo se exponían a otros riesgos, como el matrimonio precoz, el abandono escolar, los malos resultados académicos, un retraso en el crecimiento, un embarazo no deseado o la violencia extrema, incluida la violación. El Sr. Ssubi recomendó que en todo el mundo se investigara cuál era exactamente el número de niños afectados. Estas investigaciones podrían ayudar a los Estados y otros interesados a prestarles ayuda de manera eficaz. También recomendó que los Estados establecieran sistemas de justicia adaptados a los niños y elaboraran directrices para la imposición de penas que tuvieran en cuenta el interés superior de los hijos del reo, con arreglo a las exigencias de la Convención sobre los Derechos del Niño. Igualmente, recomendó a los Estados que todavía recurrían a la pena de muerte que se aseguraran de que los niños mantuvieran el contacto con el progenitor preso facilitando sus visitas y estableciendo unas condiciones y un entorno de visita adaptados a los niños. Los Estados debían crear un sistema que protegiera a los niños frente a los riesgos, los defendiera, alimentara, vistiera y acogiera y les prestara atención médica apropiada. Asimismo, el Sr. Ssubi recomendó que los Estados prestaran asesoramiento y apoyo al otro progenitor y otros cuidadores de los hijos de las personas condenadas a muerte, y que brindaran su apoyo y cooperación a las organizaciones no gubernamentales, de carácter religioso y de la sociedad civil. Por último, destacó la importancia de sensibilizar al público y de hacer participar a las escuelas en la labor de apoyo, con el fin de evitar en los niños las consecuencias negativas del encarcelamiento y la ejecución de sus progenitores.



IV. Resumen del debate

14. Intervinieron en el debate plenario las siguientes delegaciones: Angola, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Cuba (en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Irlanda, Italia, Marruecos, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán (en nombre de un grupo de Estados), Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Moldova, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia y Unión Europea. También contribuyeron al debate las delegaciones de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Penal Reform International, Verein Südwind Entwicklungspolitik, the Friends World Committee for Consultation (Cuáqueros), Defensa de Niñas y Niños Internacional, Oficina Internacional Católica de la Infancia, Amnistía Internacional y SERVAS International.



A. Observaciones generales sobre el recurso a la pena de muerte

15. Algunas delegaciones manifestaron su oposición a la pena de muerte y respaldaron firmemente la abolición universal de este castigo. Estas delegaciones consideraban que la pena de muerte era una forma inhumana de castigo que constituía una infracción grave de los derechos humanos y de la dignidad humana. Algunas delegaciones también destacaron que no había pruebas claras del efecto disuasorio de la pena de muerte y que los errores judiciales y la denegación de justicia en su aplicación eran irreversibles e irreparables. Se expresó preocupación ante la aplicación de la pena de muerte de manera arbitraria y en secreto.

16. Varias delegaciones subrayaron que los Estados que seguían aplicando la pena de muerte debían garantizar las medidas de protección establecidas en los instrumentos internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, y las salvaguardias que garantizaban los derechos del condenado a muerte (resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social). A ese respecto, algunas delegaciones también pusieron de relieve que, según el artículo 6, párrafo 2, del Pacto, los Estados que aún aplicaban la pena de muerte solo podían imponer este castigo por los delitos más graves. Algunas delegaciones observaron que el disfrute de los derechos humanos de los hijos de los condenados a muerte podía utilizarse como argumento adicional a favor de una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte.

17. A la luz de las repercusiones negativas de la pena de muerte en los niños, algunas delegaciones también exhortaron a los Estados que aún aplicaban este castigo a que introdujeran una moratoria sobre las ejecuciones, con miras a abolirlas, y a que ratificaran el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También se destacó la necesidad de establecer penas alternativas y humanas que fueran compatibles con el interés superior del niño y con el interés público.



B. Repercusiones de la pena de muerte en los hijos de las personas condenadas a muerte o ejecutadas

18. Varias delegaciones destacaron la necesidad urgente de examinar la totalidad de los efectos de la pena capital, incluidas las repercusiones sociales, económicas y psicológicas que tiene en los hijos de los condenados. Algunas delegaciones también consideraron importante estudiar otras situaciones que afectaban a los derechos del niño, como la de tener un progenitor detenido, encarcelado, encerrado en régimen de aislamiento o exiliados, deportados u objeto de una entrega o ejecución extrajudiciales.

19. Varias delegaciones observaron que los familiares, entre ellos los hijos, de los condenados a muerte eran "víctimas ocultas", pues la ley no las consideraba víctimas y raramente recibían apoyo alguno. En particular, los hijos de estas personas, pese a no haber cometido ningún delito, se veían afectados directamente por el paso de sus progenitores por el sistema de justicia penal. Coincidiendo con los panelistas y con otros oradores, algunas delegaciones observaron que, desde la detención hasta varios decenios después de la ejecución o la puesta en libertad de la persona acusada de un delito castigado con la muerte, la salud y bienestar mental de sus hijos, la situación de vida de estos y su relación con los demás podrían resultar afectadas, en ocasiones de forma devastadora. En particular, se destacó que la ejecución de un progenitor acarreaba graves consecuencias para el niño, entre otros en los terrenos social y psicológico. El proceso de duelo requería un acceso continuado a los servicios de salud. Algunas delegaciones recomendaron que los Estados prestaran apoyo a las familias para que pudieran acceder a los servicios necesarios, entre ellos los servicios médicos y de salud.

20. Algunas delegaciones también observaron que el estigma que rodeaba a la pena de muerte, y el hecho de que un número desproporcionado de hijos de condenados a muerte procediera de entornos marginalizados, podían agravar el aislamiento de los niños afectados. También se observó que era necesario estudiar cómo afectaba la pena de muerte a la actitud de los niños frente a la violencia. Resultaba paradójico que, al servirse de la pena de muerte como herramienta para luchar contra la delincuencia, los Estados pudieran estar creando nuevos delincuentes.



C. El interés superior del niño, cuidados y asistencia

21. Algunas delegaciones destacaron que en la Convención sobre los Derechos del Niño se establecía un completo conjunto de directrices sobre las obligaciones del Estado con respecto a la protección de los derechos humanos de todos los niños, incluidos los hijos de las personas condenadas a muerte o ejecutadas. Subrayaron que la responsabilidad plena de proteger los derechos humanos de esos niños recaía sobre los Estados que recurrían a la pena de muerte. En particular, estos Estados tenían la obligación de tener en cuenta el interés superior de todo niño al condenar a un progenitor.

22. Varias delegaciones resaltaron también la necesidad de ocuparse de los efectos de separar a los niños de sus progenitores, de conformidad con el artículo 9, párrafo 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en consonancia con el informe sobre el día de debate general sobre los hijos de padres encarcelados. También se observó que el Consejo de Derechos Humanos había afirmado recientemente, en su resolución 19/37 sobre los derechos del niño, que el interés superior del niño también debía ser una consideración primordial en todas las cuestiones que guardasen relación con la condena de uno o ambos padres.

23. También se subrayó que las familias y los hijos de las personas ejecutadas necesitaban un mayor apoyo emocional y material para reducir la estigmatización. Dicho apoyo era importante para evitar que esos niños cayeran en la delincuencia. Algunas delegaciones solicitaron información adicional a los integrantes de la mesa redonda sobre el tipo de asistencia y protección que, atendiendo a lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, debía ponerse a disposición de los hijos de personas condenadas a muerte o ejecutadas.

24. Algunas delegaciones destacaron además que, si la persona en cuestión era absuelta y puesta en libertad, o si su pena de muerte se conmutaba por una pena de prisión, sus hijos y familiares necesitarían apoyo, pues podían tener dificultades para adaptarse a la nueva situación.

D. Información y acceso

25. Durante el debate, varias delegaciones subrayaron los obstáculos con que tropezaban los familiares e hijos de los condenados a muerte para obtener acceso a estas personas e información sobre ellas. Se destacó que, en algunos casos, las ejecuciones se efectuaban sin avisar con antelación a los familiares sobre la fecha y la hora en que se llevarían a cabo, y que las autoridades no devolvían los restos del ejecutado a la familia. En algunas ocasiones, a pesar de que la ley lo exigía, no se brindaba a los familiares la oportunidad de realizar una última visita o de recoger el cuerpo y los efectos personales del ejecutado. A este respecto, se resaltó que el Comité de Derechos Humanos4, el Comité contra la Tortura5, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias6 y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes habían manifestado preocupación ante de la falta de transparencia con respecto a las ejecuciones7.

26. Se subrayó que los Estados también debían velar por que los familiares pudieran visitar al condenado a muerte, y por que los hijos de este recibieran información y asistencia adecuadas a su edad para ayudarles a entender la situación. Siempre se debía facilitar al niño, o la persona a su cargo, la información pertinente, en particular la fecha y la hora de la ejecución y el lugar de sepultura. Las familias tenían que ser informadas con antelación de la fecha de la ejecución, poder efectuar una última visita, y recibir información sobre el lugar de sepultura, de modo que los hijos y familiares del ejecutado pudieran completar su proceso de duelo. Varias delegaciones destacaron además que los Estados debían velar por el derecho de la familia a recibir el cuerpo del ejecutado, especialmente si la ejecución había tenido lugar en otro país.

27. Algunas delegaciones subrayaron la necesidad de respectar y proteger plenamente el derecho del niño a acceder físicamente a sus progenitores o de obtener información, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la resolución 19/37 del Consejo, así como el derecho a tener contacto físico con sus progenitores, toda vez que ello no fuera contrario al interés superior del niño. Asimismo, algunas delegaciones recomendaron que se diera a los condenados y sus hijos más posibilidades de comunicarse en persona y por escrito, y que se facilitara más información sobre la situación y el paradero del condenado.

28. Recordando la resolución 67/176 de la Asamblea General sobre una moratoria del uso de la pena de muerte, algunas delegaciones exhortaron a los Estados a facilitar toda la información pertinente sobre su uso de la pena capital8.

E. Hijos de personas condenadas a muerte en el extranjero

29. Varias delegaciones manifestaron que algunos de sus ciudadanos estaban condenados a muerte en otros países. Los hijos de los condenados que se encontraban en el mismo país que ellos podrían necesitar ayuda para regresar al país de origen, o para quedarse junto a su progenitor, en función de diversos factores, como la edad del niño y la disponibilidad de cuidadores aptos. A ese respecto, algunas delegaciones también instaron a los Estados a respetar plenamente la prestación de servicios consulares a los nacionales extranjeros condenados a muerte en el exterior.



V. Observaciones finales y recomendaciones

30. En sus observaciones finales, los integrantes de la mesa redonda subrayaron que la mejor opción sería abolir la pena de muerte. Sin embargo, cuando eso no sucediera, era importante diseñar medidas para reducir al mínimo el daño infligido a los hijos de las personas condenadas a muerte o ejecutadas. Unos 193 Estados habían ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se establecía que el interés superior del niño debía ser una consideración primordial. Al imponer una condena, todos los Estados debían velar, mediante la adopción de las medidas necesarias, por que los derechos del niño se tuvieran en consideración. Los panelistas también coincidieron con varias delegaciones en que era necesario que los órganos de tratados y el Consejo de Derechos Humanos reflexionaran más sobre cómo evaluar el interés superior del niño con arreglo a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, los panelistas también destacaron la necesidad de prestar apoyo y asesoramiento al progenitor restante, a los cuidadores y a los grupos de la sociedad civil, y de implicar a las escuelas en el asunto, pues la escuela era una institución adecuada en la que el niño podía obtener un apoyo considerable.



31. Se formularon las siguientes recomendaciones para la adopción de medidas ulteriores por el Consejo de Derechos Humanos y otras entidades de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre ellas los órganos de tratados pertinentes:

a) Convocar un seminario de expertos con expertos y profesionales de las Naciones Unidas, con el fin de investigar este asunto con más detenimiento, entre otras cosas examinando en su totalidad el marco de derechos humanos aplicable, a fin de permitir a los órganos de tratados y procedimientos especiales competentes ocuparse de las cuestiones pertinentes, y de impartir orientación a los Estados y otros órganos;

b) Impartir nuevas orientaciones sobre la forma de asistencia a que se hace referencia en los artículos 9 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular, mediante la elaboración por el Comité de los Derechos del Niño de una observación general que ahonde en este asunto;

c) Prestar la debida atención a la protección de todos los niños frente a todas las formas de violencia en el contexto de la elaboración en curso de la agenda posterior a 2015, pues ello podría contribuir al progreso social y al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

d) Efectuar nuevas investigaciones para entender tanto la magnitud del problema a que se enfrentan los afectados como las cuestiones que afectan a cada hijo de un condenado a muerte, y para determinar qué pueden hacer los Estados, las instituciones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y otros interesados para hacer frente a las dificultades con que tropiezan los hijos de las personas condenadas a muerte o ejecutadas para disfrutar plenamente de sus derechos humanos;

e) Exhortar a los Estados que todavía aplican la pena de muerte a que velen por la protección efectiva del derecho del niño a la información y a una última visita o comunicación, reconocido en la resolución 19/37 del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos del niño; a que devuelvan los efectos personales y el cuerpo del ejecutado a la familia para su entierro, sin que la familia deba pagar, o a que informen a los familiares del lugar donde se halle enterrado el cuerpo y les brinden acceso razonable a dicho lugar; a que pongan fin inmediatamente a todo secretismo en la aplicación de la pena de muerte; y a que velen por que la legislación nacional se ajuste a la normativa internacional sobre la transparencia.



1  Comunicación Nº 887/1999, Staselovich c. Belarús, dictamen aprobado el 3 de abril de 2003, Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de sesiones, Suplemento Nº 40, vol. II (A/58/40 (Vol. II)).

2  Véanse las Observaciones generales del Comité Nº 5 (2003) sobre las medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, párr. 12, y Nº 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado, párr. 2.

3  El Comité espera que los Estados interpreten el término "desarrollo" como "concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño" (Observación general Nº 5 (2003), párr. 12).

4  Véanse la comunicación Nº 886/1999, Schedko c. Belarús, dictamen aprobado el 3 de abril de 2003, y la comunicación Nº 887/1999, Staselovich c. Belarús, dictamen aprobado el 3 de abril 2003, Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de sesiones, Suplemento 40, vol. II (A/58/40 (Vol. II)); véanse también las observaciones finales del Comité sobre el Japón, CCPR/C/79/Add.102, párr. 21.

5  Véanse las observaciones finales del Comité sobre Belarús, CAT/C/BLR/CO/4, párr. 27; véanse también sus observaciones finales sobre Mongolia, CAT/C/MNG/CO/1, párr. 19.

6  Informe sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, E/CN.4/2005/7, párr. 57.

7  Informe provisional, A/67/279, párrs. 40 y 52; véase también el informe sobre la misión a Uzbekistán distribuido con la signatura E/CN.4/2003/68/Add.2, párr. 65.

8  En el párrafo 4 b) de esa resolución, se exhorta a los Estados a que "faciliten el acceso a datos pertinentes sobre el uso de la pena de muerte, en particular el número de condenados a muerte, el número de condenados en espera de ejecución y el número de ejecuciones llevadas a cabo, que podrían contribuir a debates nacionales e internacionales transparentes y bien fundamentados, en particular sobre las obligaciones de los Estados con respecto al uso de la pena de muerte".

GE.13-19034 (S) 080114 090114

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