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Arturo solarte rodríguez


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


Magistrado Ponente:



ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de julio de dos mil once (2011).-



(Discutido y aprobado en Sala de 25 de julio de 2011)

Ref.: 1100102030002011-01465-00




Decide la Corte sobre la acción de tutela promovida por el señor JORGE EDUARDO OYUELA ACOSTA contra la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.




ANTECEDENTES
1. JORGE EDUARDO OYUELA ACOSTA solicita protección de naturaleza constitucional por cuanto considera que la autoridad judicial acusada resolvió la segunda instancia del proceso ordinario de resolución de contrato que la señora MARÍA INÉS GANTIVA instauró contra él y la señora YOMAIRA BOCANEGRA PÁEZ, incurriendo en un proceder que le vulnera el derecho fundamental al debido proceso.
2. Luego de hacer referencia a las particularidades que rodearon la celebración del contrato de compraventa contenido en la escritura pública No. 3489 del 22 de noviembre de 2006 de la Notaría Cuarta de Ibagué, indica que el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad resolvió la controversia suscitada mediante sentencia que declaró “resuelto el contrato inicial, dejando sin eficacia jurídica [aquél instrumento. Ordenó] a su vez la restitución de los dineros recibidos por la demandante (…) [y mediante fallo adicional] negó las pretensiones de la demanda de reconvención” (fls. 56 al 58, cdno. 1).
Afirma seguidamente que el Tribunal acusado resolvió la apelación interpuesta contra esas decisiones en el sentido de revocar “la totalidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia [y] confirmar el numeral 1º [de la decisión complementaria] que negó la pretensiones de la demanda de reconvención [puesto que] declaró probado el incumplimiento del contrato planteado por la demandada en reconvención” (fl. 58).
Precisa que esa decisión se adoptó “sin estudiar o determinar sobre los dineros que entregué a la vendedora en la suma de $18.000.000 a título de arras y ahora no tengo como cobrarlos o recuperarlos, una vez que en los términos de ambas demandas nos dejan sin una acción de reclamo”, aparte de que se soslayó que “en últimas debió ser condenada al pago de las costas procesales (…) la señora MARÍA INÉS GANTIVA” (fl. 63).
2. Pide que se brinde la protección constitucional impetrada y que se ordene al Tribunal demandado dictar sentencia en la que le ordene “a la parte actora devolver los dineros entregados como parte de pago, correspondiente a la suma de $18.000.000 a título de arras (…) y el pago de las costas procesales y agencias en derecho [a cargo] de la señora MARÍA INÉS GANTIVA” (fl. 56).
3. Se admitió a trámite la queja presentada y se ordenaron las notificaciones necesarias a los funcionarios acusados, así como a los intervinientes en el memorado trámite.

CONSIDERACIONES
1. Es pertinente recordar, en primer término, que la acción de tutela es un mecanismo procesal establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, el cual, en todo caso, no puede constituirse en una vía sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma Carta y el ordenamiento jurídico, en general, consagran para la salvaguarda de la mencionada clase de prerrogativas.
De igual forma, ha de tenerse presente que en línea de principio la solicitud de amparo no procede respecto de providencias judiciales, salvo que se esté en frente del evento excepcional y extremo, que de tiempo atrás se ha considerado puede tornar viable la acción de tutela frente a decisiones de los jueces, esto es “cuando se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador” (sent. del 16 de julio de 1999, exp. 6621).
2. En el asunto sometido a consideración de la Corte se observa que la acción constitucional presentada por el señor JORGE EDUARDO OYUELA ACOSTA no se acompasa con los lineamientos que, por vía de excepción, tornan viable el mecanismo impetrado, respecto de providencias o actuaciones judiciales, puesto que sus fundamentos fácticos se relacionan con una discusión de carácter patrimonial, ajena al escenario propio de los derechos fundamentales, en cuanto que lo pretendido por el interesado se orienta a reabrir el debate natural que las autoridades jurisdiccionales competentes clausuraron con los fallos emitidos como cierre de las instancias previstas en el artículo 31 de la Carta Política. En el escrito respectivo se efectúan censuras por aspectos de carácter estrictamente legal, cuando es patente que los funcionarios acusados actuaron orientados por los preceptos que disciplinan la fase propia de la segunda instancia a que se sometió el ordinario de resolución de contrato entablado por la señora MARÍA INÉS GANTIVA, sin que en esa labor se observe una actitud subjetiva o caprichosa capaz de edificar una inconfundible vía de hecho, único supuesto que, según se señaló, le permite obrar al Juez de tutela en tratándose de actuaciones o providencias judiciales.
Téngase en cuenta que el Tribunal, luego de examinar los supuestos que deben cumplirse para el éxito de las súplicas incoadas, concluyó, por una parte, que si “es evidente que la promesa de contrato suscrita por las partes el 17 de noviembre de 2006, desapareció de la vida jurídica, toda vez que se celebró la compraventa prometida, la cual está contenida en la escritura pública No. 3489 del 22 de noviembre del mismo año, (…) la resolución pretendida en la demanda principal respecto de [tal] contrato de promesa no puede alcanzar prosperidad”, y, por la otra, que siendo la “finalidad de la demanda de reconvención, a diferencia de [aquélla] que se declare la resolución del contrato de compraventa”, tampoco podía acogerse esa puntual súplica, dado que, en síntesis, aunque “el precio indicado en la escritura pública difiere del realmente concertado, lo cierto es que ambos reconocen que parte del precio, puntualmente la suma de $12.000.000, respaldados con una letra de cambio, [debía ser] cancelada el 24 de noviembre de 2006, lo que no aconteció, como expresamente lo reconoce el señor Jorge Eduardo Oyuela al contestar la novena pegunta del interrogatorio por él absuelto, (…)” por lo que, concluyó el Tribunal, los compradores “se hallan en mora de cumplir los compromisos que surgieron para ellos [del citado] contrato, mucho antes del día que el inmueble fue sacado del comercio (sic) por la medida de embargo (…) circunstancia que determina la prosperidad de la excepción denominada “INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” (fls. 34 al 42).
De lo anteriormente expuesto se infiere que la decisión examinada surgió de las apuntadas reflexiones, relacionadas con el criterio que objetivamente guió al Tribunal para el señalado fin, derivado, se repite, de darle mérito o alcance demostrativo a los elementos de persuasión practicados, en particular, a la confesión realizada por el demandado, no del capricho o de la simple voluntad de los funcionarios acusados, y como esas consideraciones tampoco resultan claramente opuestas a los dictados de ordenamiento jurídico, se impone, para poner a salvo principios que estructuran la actividad judicial -autonomía e independencia-, sentenciar la improsperidad del mecanismo impetrado.
Es decir, al margen de que la Corte comparta o ratifique en el terreno legal lo sentenciado por la autoridad judicial accionada, lo cierto es que se está frente a una actividad que no puede calificarse como arbitraria o antojadiza, por lo cual las decisiones así adoptadas son refractarias a la herramienta constitucional impetrada, que sólo opera cuando hay una evidente separación del funcionario judicial respecto del ordenamiento jurídico aplicable, toda vez que, por regla general, “el Juez Constitucional no puede entrar a descalificar la gestión del juzgador, ni a imponerle una determinada hermenéutica, máxime si la que ha hecho no resulta contraria a la razón, es decir si no está demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocería normas de orden público ... y entraría a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al ultimo para definir el conflicto de intereses” (sentencia del 11 de enero de 2005, exp. 1451).
4. Con apoyo en las razones de orden constitucional que preceden, se deniega lo pretendido en el libelo de tutela presentado.

DECISION

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.


Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

Ausencia justificada


RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

WILLIAM NAMÉN VARGAS

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ



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