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Arturo solarte rodríguez


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


Magistrado Ponente:



ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012).-



(discutido y aprobado en Sala de 22 de agosto de 2012)

Ref.: 1100102030002012-01788-00




Decide la Corte la acción de tutela promovida por los señores YHOM HAROLD ZAPATA SUAZA, GERMÁN HERNANDO BURBANO RECALDE, LIDIA AMPARO ORDÓÑEZ AUPAZ, JOHANNA PAOLA LÓPEZ ORDÓNEZ, WILSON ARBEY LÓPEZ ORDÓNEZ, ROBERTO ORDÓÑEZ CERÓN y ALEIDA ORTEGA ORDÓÑEZ contra la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.




ANTECEDENTES
1. Los citados accionantes, por conducto de apoderado especial, presentan demanda de tutela contra los funcionarios judiciales arriba mencionados, con el objeto de reclamar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
2. Para sustentar el amparo constitucional impetrado, los señores YHOM HAROLD ZAPATA SUAZA, GERMÁN HERNANDO BURBANO RECALDE, LIDIA AMPARO ORDÓÑEZ AUPAZ, JOHANNA PAOLA LÓPEZ ORDÓNEZ, WILSON ARBEY LÓPEZ ORDÓNEZ, ROBERTO ORDÓÑEZ CERÓN y ALEIDA ORTEGA ORDÓÑEZ, tras señalar que “QBE SEGUROS S.A. expidió la póliza integral de Transporte Terrestre de Pasajeros No. 104142000873 con el anexo 104310017750 a la empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera COOTRANSMAYO (…) con el fin de amparar a los pasajeros transportados en el vehículo automotor de placas SDL-880”, y afirmar que el “22 de julio de 2008 la menor MANUELA ZAPATA BUITRÓN y los señores ANA LUCÍA RECALDE GARZÓN, MAURO HOMERO LÓPEZ y DANNY ANDRÉS ORDÓÑEZ ORTEGA, fallecieron en accidente de tránsito mientras se trasportaban como pasajeros del vehículo asegurado”, manifiestan que presentaron la correspondiente reclamación por el hecho objeto del amparo arriba referido y la compañía aseguradora “GUARDÓ SILENCIO” (fls. 32 y 33, cdno. 1).
Afirman seguidamente que, en virtud de lo anterior, promovieron la pertinente demanda ejecutiva y librado el mandamiento de pago solicitado, la sociedad QBE SEGUROS S.A. formuló excepciones de fondo.
Los promotores de la acción de tutela a continuación señalan que concluido el trámite, el funcionario del conocimiento ordenó “seguir adelante con la ejecución”, pero el Tribunal acusado decidió “REVOCAR la sentencia de primera instancia, absolviendo a la aseguradora demanda y condenado en costas a los ejecutantes” (fl. 34).
Advierten que con la indicada decisión de segundo grado se les vulneraron los derechos invocados, toda vez que, en síntesis, se desconoció “LA NATURALEZA, ORIGEN Y FINALIDAD DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA Y SUS NORMAS LEGALES RECTORAS” al exigir “LA DECLARACIÓN PREVIA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO COMO PRESUPUESTO PARA EL COBRO DEL SEGURO Y DESCONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN DIRECTA QUE LE ASISTE AL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACIÓN”, con lo que el Tribunal desconoció “EL MÉRITO EJECUTIVO DE LA PÓLIZA DE SEGURO QUE DIO ORIGEN AL PROCESO EJECUTIVO Y DE LAS NORMAS LEGALES APLICABLES AL CASO” (fls. 41, 46 y 50).
3. Solicitan, por tanto, que se les brinde la protección de los derechos fundamentales invocados, y que se ordene “la cesación de los efectos jurídicos de la sentencia proferida en segunda instancia el día 22 de mayo de 2012 por la Sala de Decisión Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá” para que dicte “nuevamente la sentencia correspondiente” (fl. 60).
4. Admitida a trámite la queja presentada, se ordenaron las notificaciones necesarias a los funcionarios acusados, así como a los demás interesados.

CONSIDERACIONES
1. Recuerda la Sala que la acción de tutela es un mecanismo particular creado por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que respecto de ellos pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o, excepcionalmente, de los particulares.
Es menester tener presente, igualmente, que el ordenamiento jurídico colombiano ha estructurado un sistema de administración de justicia, en el que se le asigna a los jueces ordinarios, con el debido acatamiento de las normas procesales pertinentes, la función constitucional de resolver los conflictos que surjan entre los miembros de la comunidad, procedimientos que encuentran soporte en principios tutelares, como el debido proceso, el derecho de defensa o la cosa juzgada, entre otros, circunstancia que impone concluir que, por regla general, la acción de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues de lo contrario se rompería el orden establecido y se debilitaría, indebidamente, la seguridad jurídica que debe imperar. No obstante, si el funcionario competente incurre en un proceder arbitrario, caprichoso o absurdo, desconectado, por tanto, del ordenamiento aplicable, en tales circunstancias el juez constitucional está habilitado para actuar impartiendo las determinaciones que corresponda, con el fin de restaurar o proteger las prerrogativas básicas injustamente vulneradas o amenazadas.
2. Descendiendo al caso concreto, la Corte advierte que la acción de tutela interpuesta por el apoderado especial de los señores YHOM HAROLD ZAPATA SUAZA, GERMÁN HERNANDO BURBANO RECALDE, LIDIA AMPARO ORDÓÑEZ AUPAZ, JOHANNA PAOLA LÓPEZ ORDÓNEZ, WILSON ARBEY LÓPEZ ORDÓNEZ, ROBERTO ORDÓÑEZ CERÓN y ALEIDA ORTEGA ORDÓÑEZ contra la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, no se puede resolver favorablemente, habida cuenta que lo manifestado por el promotor de la indicada acción de tutela como soporte fáctico de la misma, se relaciona con una temática de raigambre legal que escapa al escenario constitucional incoado, toda vez que examinadas las reflexiones incorporadas en el fallo de 22 de mayo de 2012, se infiere que, al margen del criterio legal que en esa puntual materia tenga la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios acusados no incurrieron en una conducta o en un comportamiento que pueda calificarse como irrazonable, caprichoso o claramente opuesto a la normatividad legal que disciplina la temática sometida a su consideración, que permita sostener que en el presente asunto se está, entonces, ante la hipótesis que usualmente se ha denominado como vía de hecho judicial.
La anterior afirmación encuentra origen en que la Sala de Decisión revocó la orden de seguir adelante la ejecución, porque, en compendio, si “la presente ejecución tiene fundamento en la muerte ocurrida de los pasajeros ahora representados por su causahabiencia, no ha de ser ignorado que para su ejercicio se requiere sine qua non contar con la existencia de la obligación que a cargo de la aseguradora y por cuenta del seguro mencionado que señale a los ejecutantes como sus titulares. Ab inicio, -y aun en el caso previsto en el #3 del artículo 1.053 del C. Co.- particularmente la póliza base de la ejecución ningún derecho da a los ejecutantes para pedirle a la aseguradora el pago de la indemnización que consideran derivada de la muertes de sus causantes, como quiera que, por vía de principio, tratándose de un seguro constituido con la finalidad de amparar a su tomadora -Cooperativa de Transportadores del Putumayo- contra la consecuencia de la realización de los riesgos inherentes a su actividad transportadora, se requiere primeramente deducírsele la obligación que por causa del accidente ocurrido al bus de placas SDL-880 el 22 de julio de 2007 cuando transitaba por la vía Pasto-Mocoa hubiera adquirido para con los ejecutantes, concretamente por el fallecimiento de las mencionadas personas, porque la obligación que se pretende hacer efectiva (…) tiene venero en el concepto mencionado por los artículos 34 de la Ley 57 de 1887 y 1494 del Código Civil”. Sentenció el Tribunal que el “infausto suceso a que se refiere la demanda ejecutiva como fuente del derecho a cobrar (…) por sí solo no respalda el ejercicio de esta acción; y con menos razón si se impone tener en cuenta que la cobranza se sustenta en una eventualidad de responsabilidad civil que convierte en deudora a la transportadora, más no a la aseguradora, frente a los ejecutantes; y que la efectividad del seguro se da solamente ante la demostración de ser su tomadora y asegurada [la citada Cooperativa], la responsable del deceso de los mencionados causantes” (fls. 20 al 30).
Sobre las precedentes consideraciones, en las que se apoyaron los funcionarios accionados para adoptar la determinación objeto de censura, se observa que, aun cuando la Sala pudiera no compartir en sus totalidad tales reflexiones, lo cierto es que en esa labor no se advierte que los funcionarios acusados hubieran obrado en forma arbitraria o con un discernimiento alejado de la objetividad, tampoco con manifiesto desconocimiento de la ley, supuestos imprescindibles para que el mecanismo de la tutela actúe respecto de providencias o actuaciones judiciales.
Cumple insistir, reitera la Sala, que la acción de tutela no puede considerarse como un recurso más o adicional para controvertir las providencias judiciales o buscar una nueva valoración de las pruebas recaudadas, merced a que, por las características de autonomía e independencia de que está dotada la actividad judicial, “el Juez Constitucional no puede entrar a descalificar la gestión del juzgador, ni a imponerle una determinada hermenéutica, máxime si la que ha hecho no resulta contraria a la razón, es decir si no está demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocerían normas de orden público ... y entraría a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al ultimo para definir el conflicto de intereses” (sentencia del 11 de enero de 2005, exp. 1451).
3. Como conclusión de las consideraciones realizadas, se impone denegar el amparo impetrado.


DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a través de la acción de tutela arriba referenciada.


Se ordena devolver al Jugado Doce Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá el proceso ordinario suministrado para resolver la demanda de tutela objeto de estudio.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, en caso de no existir impugnación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.


FERNANDO GIRALDO GUTIÉRRREZ

MARGARITA CABELLO BLANCO

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

JESÚS VALL DE RUTÉN RUÍZ



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