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Artículo I se aprobó el acta de la sesión celebrada el 18 de enero último, N° 02-2010. Los Magistrados Suplentes León Díaz y Gómez Cortes se abstuvieron de votar por no haber asistido a esa sesión artículo II


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N° 04-2010

Sesión ordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del primero de febrero del dos mil diez, con la asistencia inicial de los Magistrados Mora, Presidente; Rivas, Solís, González, Escoto, Aguirre, Villanueva, Varela, Vega, Camacho, Ramírez, Arroyo, Pereira, Chinchilla, Calzada, Armijo, Castillo y los Suplentes José Rodolfo León Díaz y María Elena Gómez Cortés; el primero en sustitución de la Magistrada León, a quien se concedió permiso con goce de salario para otras actividades del cargo y la segunda ocupando la plaza vacante de la Sala Tercera.



ARTÍCULO I

Se aprobó el acta de la sesión celebrada el 18 de enero último, N° 02-2010.

Los Magistrados Suplentes León Díaz y Gómez Cortes se abstuvieron de votar por no haber asistido a esa sesión.

ARTÍCULO II

ENTRA EL MAGISTRADO JINESTA.

El Tribunal de la Inspección Judicial, mediante resolución Nº 1102 de las diez horas y veinte minutos del veintitrés de noviembre del dos mil nueve, de conformidad con lo que establece el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispuso remitir a conocimiento de esta Corte, el expediente Nº 09-000663-031-IJ que corresponde a la queja contra el licenciado Manuel Briceño López, Juez Civil, Trabajo y Familia de Aguirre y Parrita.

La Comisión de Relaciones Laborales, en resolución Nº 61-2009 de las nueve horas del diecisiete de diciembre del 2009, recomienda el archivo de la queja.

Las diligencias se remitieron a estudio del Magistrado Aguirre, quien en nota de 14 de enero último, rinde el siguiente informe:



ANTECEDENTES


  1. A las 14:30 horas del 4 de mayo de 2009 se celebró en el Juzgado de Violencia Doméstica de Aguirre y Parrita una audiencia en el expediente número 09-110227-425-1-VD por violencia doméstica, de Juana María Espinoza Urbina contra José Pérez Sánchez, presidida por el juez Manuel Briceño López (folio 17).




  1. En la indicada audiencia la señora Espinoza ratificó los hechos expuestos en la denuncia y solicitó mantener las medidas de protección. También las partes acordaron que el señor Pérez le adeuda a doña Juana María la suma de un millón cien mil colones; que el jueves 7 de mayo siguiente el citado señor le enviaría con su hijo a doña Juana María la suma de cien mil colones y ésta le extendería un recibo; y que el cuarto jueves de cada mes pagaría ochenta mil colones hasta cancelar la cantidad mencionada Para el supuesto de incumplimiento, se indicó que la respectiva resolución constituiría título ejecutivo. Por otro lado, pactaron que el hijo del señor Pérez Sánchez recogería la ropa de éste en la casa de la presunta agredida. En ese mismo momento la denunciante manifestó su deseo de que se mantuvieran las medidas de protección “y que le han sido muy útiles” (folio 17).




  1. Por resolución número 116-09 de las 13:00 horas del 25 de mayo de 2009, el señor juez Briceño López homologó el acuerdo. Para ello consideró: “1.-) Al momento de la solicitud de las medidas, este Despacho resolvió ordenar al presunto agresor no perturbar, intimidar, amenazar o agredir en cualquier modalidad ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial o verbalmente a la presunta agredida; además se le prohibió al presunto agresor el acceso al domicilio permanente, temporal, lugar de trabajo y lugar de estudio del presunto agredido y se ordenó emitir oficio a la Policía de Proximidad para que le brindara protección y auxilio a dicho señor. Las anteriores medidas fueron dadas de forma provisional./ II.-) Los denunciante en la comparecencia llegaron a un acuerdo extrajudicial y siendo que el suscrito juzgador no evidenció agresión física y que las partes se encuentran anuente a una conciliación se homologa la conciliación en los siguientes términos. El señor Pérez le debe una deuda a la denunciante por la suma de un millón de colones. El señor Pérez se compromete a que el día jueves siete de mayo de dos mil nueve, mandará con su hijo la suma de cien mil colones a la señora Espinoza Urbina y ésta le extenderá un recibo (sic). II) El cuarto jueves de cada mes, el denunciada Pérez Sánchez pagará el cuarto jueves de cada mes, la suma de ochenta mil colones, hasta cancelar la suma de un millón de colones que le estaría debiendo. Acuerdan que si el señor Pérez Sánchez no cancela lo adeudado esta resolución será título ejecutivo debiendo tramitarse en el respectivo proceso monitorio, por el monto que se le adeude a esa fecha (sic). III) Por último acuerdan que el hijo del señor Pérez Sánchez irá a traer la ropa del señor a la casa de la presunta agredida. Considerando ajustada a derecho se homologa el acuerdo conciliatorio.” (folios 19 y 20).




  1. La Inspección Judicial inició de oficio el presente proceso disciplinario contra el juez Briceño López, a quien se le hizo traslado de cargos por resolución de las 8:50 horas del 11 de agosto de 2009. Se le achacó haber incurrido en error grave e injustificado en el trámite y resolución de dicho expediente, al permitir que las partes llegaran a un acuerdo conciliatorio y homologarlo, a pesar de la ratificación de la denuncia y la solicitud de mantener las medidas de protección, contraviniendo así las circulares emitidas por Corte Plena (60-99 y 10-2000 (por un evidente error material se indicó que las circulares correspondían a los años 09 y 2000), según las cuales es prohibido efectuar audiencias de conciliación en materia de violencia doméstica, de conformidad con las Reglas Prácticas para facilitar la aplicación efectiva de la Ley contra la violencia doméstica, aprobadas en la sesión de Corte Plena número 32 del 5 de agosto de 1999 (artículo XII) (folios 7 y 8).

5. El señor Briceño López solicitó desestimar la causa disciplinaria por no habérsele causado ningún perjuicio a las partes ni a la administración de justicia “… la cual por el contrario se ha visto beneficiada al evitar la interposición de nuevos procesos judiciales”. En ese orden de ideas, manifestó que en la respectiva audiencia, al escuchar al presunto agresor determinó claramente que no se configuraba ningún ciclo de violencia doméstica, “pues el origen del problema que suscitó el proceso judicial lo era el no pago por parte de don José de una obligación monetaria que le adeudaba a doña Juana María”, es decir, un asunto de naturaleza económica. Dijo conocer la existencia de las indicadas circulares, pero, como su deber es buscar la justicia y la equidad, considerando que se encontraba en un juzgado mixto y con el afán de no hacer más gravosa la relación entre las partes, a petición expresa de ambas, procedió a conciliar el asunto. Seguidamente expresó que la conciliación era procedente, se evitaron nuevos procesos judiciales, las partes quedaron satisfechas y se logró la paz social, al punto que en autos consta el pago de la primera mensualidad pactada. No ofreció prueba alguna (folios 16 y 17).

6. El proceso disciplinario siguió su trámite y el Tribunal de la Inspección Judicial ordenó elevarlo a conocimiento de Corte Plena, conforme lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dio un término para hacer alegaciones ante este otro órgano y le informó el derecho de solicitar el envío del expediente a la Comisión de Relaciones Laborales (resolución número 1102-2009 de las 10:20 horas del 23 de noviembre de 2009 en folios 24 a 26).
7. En la audiencia conferida el señor Briceño solicitó la intervención de la Comisión de Relaciones Laborales y ofreció como prueba el expediente en donde se tramitó el proceso de violencia doméstica así como recibir el testimonio de la señora Juana María Espinoza Urbina (folios 30 a 31).
8. La Comisión de Relaciones Laborales recomendó declarar sin lugar la queja y ordenar el archivo del expediente, previa la admisión y práctica del testimonio ofrecido por el señor Briceño (resolución número 61-2009 de las 9:00 horas del 17 de diciembre de 2009 visible a folios 38 a 45).
COMPETENCIA
El artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone: “Será rechazada de plano toda queja que se refiera exclusivamente a problemas de interpretación de normas jurídicas./ Sin embargo, en casos de retardo o errores graves e injustificados en la administración de justicia, el Tribunal de la Inspección Judicial, sin más trámite deberá poner el hecho en conocimiento de la Corte Plena, para que ésta, una vez hecha la investigación del caso, resuelva sobre la permanencia, suspensión o separación del funcionario
RECOMENDACIÓN
La Ley contra la violencia doméstica no contiene ninguna regulación expresa sobre la conciliación en esa materia y de ese modo tampoco expresa que sea una forma atípica para finalizar el procedimiento. Por otro lado, el artículo 155, del Código de la Niñez y la Adolescencia, prohíbe expresamente la conciliación en materia de violencia doméstica. Las Reglas prácticas para facilitar la aplicación efectiva de aquella ley, aprobadas en la sesión de Corte Plena número 32 del 5 de agosto de 1999 dan cuenta de esa situación (artículo XII) y señalan que la finalidad de la diligencia (comparecencia según aquella ley), está claramente definida en la normativa y por esa razón, no resultan aplicables, en forma supletoria, normas procesales, que pueden resultar incompatibles.
Mediante la circular número 60-99 del 7 de setiembre de 1999 se pusieron en conocimiento dichas reglas a todas las autoridades del país y por circular número 10- 2000 del 24 de marzo de 2000 se reiteró la prohibición de efectuar audiencias de conciliación en materia de violencia doméstica.

El señor juez durante el proceso disciplinario manifestó no tener duda alguna acerca de que en materia de violencia doméstica no se puede conciliar, pues, sobre el particular, en el escrito de folios 30 y 31 indicó. “… a pesar de que no soy experto en la materia, no ignoro y estoy claro que la Violencia Doméstica no es conciliable”.


En el caso concreto, don Manuel no convocó a una audiencia de conciliación, pero en la audiencia prevista en la Ley contra la violencia doméstica permitió que las partes conciliaran una deuda patrimonial existente entre ambas, auque en lo referente al tema de la violencia la presunta agredida dejó manifestado en ese momento que las medidas le habían sido muy útiles y solicitó de manera expresa que se mantuvieran. No obstante, dicho juez, estimando que no evidenció agresión física y que las partes se encontraban anuentes a la conciliación, en su resolución (de las 13 horas del 25 de mayo de 2009) homologó el acuerdo conciliatorio sin decir nada en relación con la petición de la señora Espinoza de que se mantuvieran las medidas, con lo cual y en esa forma se entendió concluido el proceso, dejando a dicha señora sin la tutela demandada.

Es inexcusable que al homologar dicho acuerdo, el señor juez considerara que procedía en los indicados términos por no haber evidenciado agresión física y atendiendo exclusivamente a la conciliación del adeudo patrimonial. En primer término, según se reflejó en los resultandos de dicha resolución, la denunciante dio cuenta de que la persona denunciada se había puesto más agresiva porque ella trabaja y compra las cosas suyas y las de sus hijos, por lo que la “trata mal”. Es evidente que los malos tratos no necesariamente deben evidenciar una agresión física, como lo expresó el juzgador al sustentar la homologación. Como de acuerdo con la ley que estaba llamado a aplicar, específicamente sobre los distintos tipos de violencia a los que se refiere el artículo 2 de dicha normativa, el tema de la violencia no se limita al aspecto físico, es inadmisible que procediera a la homologación del acuerdo, con efectos sobre los fines del proceso, dejando por ello mismo de otorgar la protección que expresamente se le solicitó.

Al contestar el traslado de cargos, el señor Briceño justificó lo resuelto argumentando que no se estaba en presencia de ningún ciclo de violencia doméstica. Sin embargo, lo que se deduce del expediente es que procedió a homologar la conciliación y como consecuencia de a ello a dejar de la protección.
Considero que el don Manuel Briceño López incurrió en un error grave e injustificado en los términos del citado artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto como consecuencia de una conciliación dentro de un proceso de violencia intrafamiliar dejó de dar la protección demandada. Ese proceder denota es un claro desconocimiento de la materia de violencia doméstica y de sus fines, sin que pueda considerarse que lo sucedido se enmarca dentro del ámbito de la interpretación judicial, pues existe una disposición clara que lo impide y al respecto se han emitido circulares para recordar a las autoridades judiciales el impedimento legal.
En consecuencia, cabe imponer una sanción, la que en aplicación del principio de razonabilidad, debe ser proporcional a la falta cometida. En ese orden de ideas recomiendo imponer al señor Briceño una sanción menor ya sea de advertencia o amonestación escrita (artículo 195, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Advierto que el señor Briceño solicitó a esta Corte se reciba declaración a la señora Juana María Espinoza Urbina. Considero que el ofrecimiento es extemporáneo, razón por la cual no es procedente ordenar su recepción.”

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Se concede el uso de la palabra al Magistrado Aguirre, quien manifiesta: “Esta es una queja que se inició de oficio contra el licenciado Manuel Briceño López, quien fungió unos pocos días como Juez del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Aguirre y Parrita.

El 4 de mayo de 2009 se celebró en el Juzgado de Violencia Doméstica de Aguirre y Parrita una audiencia en el expediente por violencia intrafamiliar, por una denuncia que había presentado Juana María Espinoza Urbina contra su compañero José Pérez Sánchez.

Durante la audiencia el licenciado Briceño López permitió que se hiciera una conciliación y, además, la interesada ratificó los hechos que había denunciado, pero durante la discusión salió que también existía un diferendo de tipo económico, en el sentido de que el señor le debía un millón cien mil colones a doña Juana María y en ese acto arreglaron el asunto. Él aceptó pagarle el dinero adeudado en pagos que ahí se fijaron, pero la señora en el mismo acto le solicitó al Juez que mantuviera las medidas de protección que le había solicitado. El licenciado Briceño López por resolución del 25 de mayo de 2009, aprobó el acuerdo y para ello consideró que al momento de verificarse la audiencia lo que había era, según su parecer, un diferendo de tipo económico y en consecuencia homologó este acuerdo y sin decir nada en absoluto sobre las medidas de seguridad que se habían pedido. El Tribunal de la Inspección Judicial constató en una revisión sobre el asunto que la ley expresamente prohíbe que se hagan o que se solucionen estos procesos por la vía de la conciliación, pues había homologado un acuerdo económico y según se deduce de lo que él plantea prácticamente consideró que ese era el meollo del problema y concluyó ahí el asunto sin resolver nada sobre las medidas de protección.

El licenciado Briceño López solicitó desestimar esta causa disciplinaria, porque a su juicio no se causó ningún perjuicio sino todo lo contrario, se benefició a la señora Espinoza Urbina en la medida en que se le dotó de un instrumento que le permite incluso hasta cobrar judicialmente el adeudo, si es que el señor no cumple voluntariamente y según se deduce del expediente, ya el señor comenzó a cumplir.

La Ley de la Violencia Doméstica no contiene ninguna regulación expresa sobre la conciliación, pero sí existe una norma en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el artículo 155 que prohíbe la conciliación en materia de violencia doméstica. Por otro lado se han emitido una serie de reglas prácticas, en el sentido de que no se permita este tipo de soluciones en cuanto al proceso de medidas de protección se refiere y hay varias circulares que se han publicado al respecto. Aquí tenemos dos cosas: Una que este juez ignoró esas medidas que se han dispuesto y sin decir doy por concluido el proceso, lo concluyó homologando un acuerdo, porque a su parecer lo que había entre las partes era un diferendo económico. Por otro lado, yo veo que lo que él acepto, fue dentro de estas diligencias una conciliación de un diferendo económico y me parece que al entender que con eso se solucionaba el problema, dejó en desprotección a la señora porque no acordó ninguna medida. No obstante que ella expresamente al final del acta dijo: “le solicito, señor juez, que mantenga las medidas de protección que he solicitado”, además durante la diligencia ha dicho que las medidas que le dio han sido de importancia. A mí juicio hay un error en que incurrió él que podría atenuarse por el hecho de que es un juez interino, no es que se le nombró en un juzgado de violencia doméstica sin ninguna experiencia, él trabaja en un juzgado civil, no está elegible para ninguna de las áreas y por supuesto que yo tengo entendido que ni siquiera exámenes ha presentado para la materia de violencia doméstica, pero de todas maneras sí hay un error que me parece grave el haber entendido que con la solución del problema económico se acababa también el proceso de violencia intrafamiliar. Por eso recomiendo que se le imponga una sanción disciplinaria en atención a la falta cometida de advertencia o amonestación escrita, la advertencia es la menor y después sigue en segundo lugar la amonestación escrita, puede ser una o la otra.”

La Magistrada Camacho, expresa: “Es para pedirle una aclaración al Magistrado Aguirre con respecto a la falta en concreto. Me preocupa el tema de la violencia intrafamiliar, si se puede o no conciliar en cuanto a los asuntos en donde se estima que hay violencia. Es un tema que no es pacífico ni en la doctrina ni dentro de esta misma Corte. Hay ciertas directrices en el sentido de que no se puede conciliar, pero no en los asuntos como asunto en tal, sino cuando realmente se determine que hay violencia intrafamiliar. Hay casos que son solicitudes de medidas de protección en donde el Juez o la Jueza de violencia pueden determinar que no está en presencia de un caso de violencia intrafamiliar y así lo hacen ver a las mismas partes y entonces en esos casos se toman acuerdos. En ese sentido me preocuparía que estamos aquí sancionando por un tema de criterio y no sé hasta qué punto está el tema de la independencia de juez en juego.”

Aclara el Magistrado Aguirre: “En realidad él alega que interpretó que lo que había en realidad era un problema económico y no de violencia doméstica. Para mí el problema está en no haber resuelto sobre el asunto de la violencia doméstica, sobre todo que se le estaba pidiendo que mantuviera las medidas y se limitó a resolver el tema económico que se había planteado durante la audiencia, por supuesto que siempre estaríamos aquí en un tema interpretativo en la medida en que se dio dentro del contexto de un proceso de violencia un conflicto económico. No está negado, digamos que no haya por las partes violencia, inclusive al celebrarse la audiencia o el acuerdo, se dice que un hijo del señor pasará a recoger las pertenencias que le quedan en la casa, lo cual da a entender que hay un conflicto, porque sino él podría pasar a recogerlo. Estimo que el problema fundamental es que él haya dejado de resolver el tema de la violencia doméstica y por supuesto en cuanto a que en un proceso de violencia doméstica no se pueda solucionar por la vía de la conciliación, pues en la ley, como les decía de violencia intrafamiliar no hay ninguna norma que lo prohíba. Sin embargo, sí hay doctrina en ese sentido y desde luego el artículo 159 del Código de la Niñez y Adolescencia expresamente dice que no se puede conciliar en esos procesos.”

El Presidente, Magistrado Mora, refiere: “Magistrado Aguirre, entiendo que él también señala que la actora en el caso quedó satisfecha y no planteó ningún recurso posterior.”

El Magistrado Aguirre, le explica al Presidente, Magistrado Mora: “Efectivamente la actora no dijo nada y en el expediente el licenciado Briceño López la ofreció como testigo pero extemporáneamente. Ella no ha declarado aquí, pero tampoco ha dicho lo contrario, no se ha manifestado en contra del juez. Esto les digo por cuanto este proceso se inició de oficio, en una de esas revisiones que hacen en el Tribunal de la Inspección Judicial apareció que en ese expediente había una conciliación y el Tribunal de la Inspección tiene muy claro que hay directrices de que no se debe conciliar y que existe una norma legal que dice que es prohibido conciliar.”

Continúa la Magistrada Camacho: “No quiero parecer insistente, pero es que el tema sí es bastante delicado, incluso lástima que el día de hoy no esté la Magistrada León, porque en el tema del RAC incluso, se ha planteado la posibilidad de que los jueces y juezas de violencia que estiman que en el caso concreto no existe violencia y que el acuerdo puede favorecer a la persona que solicitó las medidas, sea en este caso la mujer, por ejemplo, que es en la mayoría de los procesos, que en esos casos se le permita conciliar porque no va a ser posible que una persona que no sufra en principio de violencia sí pueda conciliar y a la mujer agredida se le revictimice una vez más impidiéndole que concilie. Entonces que si el juez establece que en determinado momento en concreto el acuerdo que se toma le favorece, es ventajoso y en ese sentido en la tutela incluso de una persona desvalida él toma la decisión de lograr el acuerdo que se permita hacerlo así, siempre y cuando cada jueza y cada juez valore en cada caso concreto, si se podrá o no conciliar. Me parece que si esto se está discutiendo y si bien es cierto, existen circulares en el sentido de que no se puede conciliar en asuntos de violencia, se debe entender que es cuando el juez o la jueza determina que está la persona agredida mediante el problema de la invalidez aprendida, que es un tema que obviamente le generará un vicio en el consentimiento y eso no le permite conciliar, pero que no sea una regla general e incluso la Comisión de Familia abocada un poco al análisis de este tema, consideró en la mayoría de sus integrantes que debería el juez valorar cada caso concreto sin que se le pueda prohibir de entrada a la víctima poder conciliar. Muchas veces se logran acuerdos más beneficiosos en esa conciliación que ir a discutir a un proceso posterior, entonces yo creo que es un tema de interpretación y me parece un poco delicado en esta interpretación es generar una sanción, porque no es un tema que está claramente determinado como prohibido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y con todo respeto, aquí yo difiero un poco de la recomendación que establece no se puede conciliar en asuntos de personas menores de edad, cuando se trate de derechos indisponibles. Es lo cierto que el tema de alimentos permite la conciliación y la madre en representación de los hijos concilia el aspecto patrimonial muchas veces, siempre y cuando el juez considere que el acuerdo le favorezca y un caso de estos es el ejemplo típico del divorcio por mutuo acuerdo. De manera que no es un tema tan claro y yo en ese sentido con todo respeto me apartaría de la recomendación del informe.”



Interviene la Magistrada Villanueva: “El planteamiento de la conciliación en violencia doméstica no ha sido pacífico, porque la solución del problema se ha enfrentado con una tendencia fuerte con la conciliación, que de por sí es útil para muchos casos. La intención de las normas que prohíben es que para conciliar hay que tener igualdad de condición y que cuando hay violencia hay una sujeción de una de las personas involucradas en el conflicto y no se da esa circunstancia. Sin embargo, creo que en el caso concreto yo había comentado algo con el Magistrado Aguirre. Encuentro muy respetable la posición de la Magistrada Camacho y ha sido motivo de mucha discusión. Mi posición es un diferente en el sentido de analizar cada caso concreto pero teniendo muy presente la desigualdad que comenté. Sin embargo, creo que eso no tiene trascendencia en el asunto, porque el caso es sencillo y de fondo, es un expediente que encuentran los inspectores del Tribunal de la Inspección Judicial que solo tiene dos folios y considero que la Magistrada Suplente María Elena Gómez Cortés, nos podría aclarar mucho el punto, porque ella ha sido quien monitorea y ha presidido la Comisión de Seguimiento de las dos leyes que hay en esta temática. El Tribunal de la Inspección Judicial cuando llega al despacho lo que encuentra es un expediente que, según la carátula es por violencia doméstica. ¿Qué quiere decir esto?, la denunciante solamente solicita la aplicación de medidas de protección, no puede haber nada más en ese asunto. Yo voy a que me apliquen medidas para proteger mi vida y mi integridad y el juez o jueza o me las da o no me las da. Si bien es cierto no hay una solicitud por escrito de la denunciante, aparece un acta que dice lo siguiente: “… se da lectura a la solicitud planteada por la presunta víctima, y concedida la palabra la solicitante, Declara: En cuanto a los hechos de la denuncia la ratifico y solicito que las medidas de protección se mantengan. Agrego que las medidas me han sido muy útiles. El presunto Agresor, José Pérez Sánchez indica que el se encuentra separado y que el problema viene de una deuda que tiene con la citada señora y que el problema viene de una deuda que tiene con la citada señora, que ambos quieren seguir separados. El señor Pérez Sánchez, le debe a la señora JUANA MARÍA ESPINOZA URBINA, la suma de UN MILLÓN CIEN MIL COLOLES, el citado señor el día jueves siete de mayo, mandará con su hijo la suma de cien mil colones a la señora Espinoza Urbina, y ésta le extenderá un recibo. Después pagará el cuarto jueves de cada mes la suma de ochenta mil colones, hasta cancelar el millón de colones. Acuerdan que si el señor Pérez Sánchez, no le cancela ese adeudo, esta resolución será título ejecutivo debiendo tramitar en el respectivo proceso monitorio, por el monto que se le adeude a la fecha. Por último acuerdan que el hijo del señor Pérez Sánchez irá a traer la ropa del citado señor a la casa de la presunta agredida.” Sucede algo muy importante: “… Manifiesta la señora Espinoza Urbina que desea que se mantengan las medidas y que le han sido muy útiles.”. Entonces el denunciado viene y lo único que hace es presentar un recibo de que cumplió el primer pago y hay una resolución del señor Juez de Primera Instancia que dice: Juzgado de Violencia Doméstica de Aguirre y Parrita, medidas de protección solicitadas por Juana María Espinoza Urbina, quien es mayor, de nacionalidad nicaragüense, vecina de Damas de Quepos, de treinta siete años de edad, contra José Pérez, quien es mayor de nacionaldad nicaragüense, vecino del cuadrante viejo de Damas. Dice el primer punto, solicitó medidas de protección en contra de su compañero por cuanto indica que hace seis años vive junto con él y, hace cuatro tiene problemas los cuales han ido en aumento y que se ha puesto más agresivo, porque ella trabaja y compra sus cosas y las de sus hijos y la trata mal. El segundo dice, el día señalado para comparecencias se hizo presente tanto la señora como el señor Pérez.

Veamos los motivos, dice: “I.) Al momento de la solicitud de las medidas este despacho resolvió ordenar al presunto agresor no perturbar, intimidar, amenazar o agredir en cualquier modalidad, ya sea física, sicológica, sexual, patrimonial o verbalmente a la presunta agredida; además se le prohibió al presunto agresor el acceso al domicilio permanente, temporal, lugar de trabajo y lugar de estudio del presunto agredido y se ordenó emitir oficio a la policía de proximidad para que le brindara protección y auxilio a dicho señor. Las anteriores medidas fueron dadas de forma provisional.



II.)Los denunciantes en la comparecencia llegaron a un acuerdo extra judicial y siendo que el suscrito juzgador no evidenció agresión física, o sea no evidenció agresión física y que las partes se encuentran anuentes a una conciliación se homologa la conciliación en los siguientes términos…” Entonces hubo un acuerdo efectivamente patrimonial y en el punto III.) dice: “Por último acuerdan que el hijo del señor Pérez Sánchez irá a traer la ropa del señor a la casa de la presunta agredida. Considerando ajustar a derecho se homologa el acuerdo conciliatorio.

POR TANTO:

Con base a lo anteriormente expuesto, se HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes.”

Esto es todo lo que hay en el expediente, ahí termina y se archiva éste. Yo digo que la cuestión económica era una parte, la señora puso a caminar el Sistema de Administración de Justicia no por el problema económico, ella fue por la vida, para que la dejaran de molestar y dijo me han sido muy útiles las medidas y solicito que continúen éstas. Veo que un juez que sólo resuelve arreglar el problema económico y quita las medidas, no entendió para qué fue la señora. En mí opinión él no sabe a qué fue la señora. Que además de protegerle la vida arreglen el problema económico está muy bien, pero para que arreglen el problema económico no le dan la protección que la ley dice que le deben de dar. Estimo que hay un desconocimiento muy grande del juez, de ¿para qué estaba ahí?, y ¿cuál es su función? Yo no entraría analizar el acuerdo económico que podría ser discutible, pero lo cierto del caso es que ella al principio dijo me son muy útiles las medidas y al final indicó solicito que se continúen con las medidas, y el juez únicamente ve el arreglo económico y dejó de ver lo otro. Creo que por lo menos hay que darle una llamada de atención para que él entienda porqué se pone a trabajar una ley contra la violencia, el fin era ese, lo veo para mí así, talvez pueden entrar muchas circunstancias atenuantes como son las de que el juez no tiene una preparación y no la tiene, no está elegible, ha laborado en materia civil. Lo que yo encontraría muy peligroso es avalar que se hagan acuerdos económicos y no se dé la protección, todavía dejémoslo como discutible que pueden darse acuerdos económicos, pero que no le quitemos la protección que es la finalidad última que tiene la ley.”

Prosigue la Magistrada Camacho: “En ese sentido totalmente de acuerdo con la postura de la Magistrada Villanueva. Entendiendo que jamás se puede dejar la desprotección física, emocional o espiritual por una protección económica, que en definitiva es el acuerdo a que ellos llegaron. Mi posición es en el sentido de que se vaya a sancionar o se vaya a hacer una llamada de atención por el hecho de conciliar o no en un proceso en donde se determina que la parte puede conciliar, porque en ese momento está en condiciones para tomar decisiones de ese carácter, como en este caso patrimonial. No obstante, estoy de acuerdo en que las medidas de protección son de primer orden, el juez no puede dudar en caso de que determine que haya peligro y que efectivamente estamos en procesos de violencia. Creo que, como dije al principio, es una cuestión de criterio el hecho si puede o no conciliar la víctima y reiterar que si se le impide la conciliación se le está revictimizando más, siempre y cuando el juez considere que está en capacidad en ese momento de tomar acuerdo y no está debilitada emocionalmente para llegar a alguna toma o postura de carácter económico.”

Manifiesta la Suplente Gómez Cortés: “Este es un tema que ha sido objeto de consideración y de mucho estudio, por el seguimiento que hemos dado a esta ley en algunos despachos judiciales y, además, por los cursos de capacitación que en ese sentido se han venido desarrollando desde la Escuela Judicial. La directriz se viene dando en el sentido de que, por la naturaleza misma del ciclo de violencia no es posible para una víctima conciliar. Si bien se pueden tener diferentes posiciones al respecto, pero por lo menos a nivel de recomendación en los cursos de la Escuela Judicial, esa ha sido la posición. Desde la Comisión que me corresponde coordinar también ha sido esa la posición salvo en aquellos casos en que se reclamen daños de carácter patrimonial, en ese sentido los jueces de violencia mayormente han venido realizando algún tiempo de arreglo. En este caso estimo que son dos cosas distintas. Una el resarcimiento patrimonial que se acordó pero que esencialmente aquí lo delicado es la situación de no haber mantenido las medidas de protección, pese a que la misma parte ofendida lo solicitó expresamente en la misma audiencia y que dicha que se dio la oportunidad porque ha sido un problema que se ha evidenciado en los juzgados de violencia, precisamente los nombramientos de personas que en su vida han tenido un expediente de esta naturaleza y que llegan a los juzgados y se dan situaciones que con alguna regularidad tienen como consecuencia situaciones más graves en cuanto a la salud y a la integridad física de las víctimas. Me parece y soy del criterio, y así voy a externar mí voto, la forma como lo propone el Magistrado Aguirre.”

La Magistrada Varela indica: “La propuesta de sanción me parece que es acorde a la circunstancia y situación fáctica que se dio, por varias razones. En primer lugar el objeto del proceso era buscar una protección, pero efectivamente él por creer que solucionaba la causa del problema dejó de lado lo más importante. Estimo que en el tema de conciliación, como lo ha señalado la Magistrada Camacho, hay posiciones encontradas. Podríamos decir con gran certeza que es natural que una persona que esté siendo objeto de violencia doméstica, cuando se enfrenta a una posibilidad de negociación probablemente acepte hasta lo que no corresponde, por eso el cuidado que hay que tener en ese tipo de procesos para proponer la conciliación, pues no debe servir para que la víctima trate de alejar el problema porque habría un vicio, en alguna medida, en el consentimiento. Por eso hay que tener mucho cuidado en esos casos. Creo que la sanción que se le debe de imponer al señor juez es procedente, porque perdió de vista el objetivo principal del proceso, la gestión que la misma persona solicitó en el momento de la diligencia, sea la medida cautelar.”

Consulta el Magistrado González: “Me surge una duda de orden procesal y es las causales por las que fue el intimado en el procedimiento. Me interesaría saber si se intimó por A y ahora pretenderíamos sancionarlo por B, es lo único que también me preocupa.”

El Magistrado Aguirre expresa: “Leo la resolución del Tribunal de la Inspección Judicial, referente al traslado de cargos, que dice: “...De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 párrafo segundo y 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se concede el plazo de cinco días contado a partir el día siguiente al de la notificación o comunicación de esta resolución, al licenciado Manuel Briceño López, Juez del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Aguirre y Parrita, para que informe respecto a los siguientes cargos donde se le atribuye error grave e injustificado en el trámite y resolución del expediente número 09-110227-425-VD que es proceso de violencia doméstica de Juana María Espinoza Urbina contra José Pérez Sánchez . Concretamente, que en el citado expediente de violencia doméstica en la comparecencia celebrada a las 14:30 horas del 4 de mayo del 2009, usted permitió que las partes llegaran a un acuerdo conciliatorio consistente en que como el señor Pérez Sánchez le adeuda a la señora Espinoza Urbina la suma de un millón de colones, se compromete a cancelarle el día jueves siete de mayo del dos mil nueve la suma de cien mil colones y el cuarto jueves de cada mes le cancelará la suma de ochenta mil colones hasta pagar la deuda, acuerdan también que si el señor Sánchez no cancela lo adeudado esta resolución será título ejecutivo debiendo tramitarse en el respectivo proceso monitorio, por el monto que se le adeude a la fecha. Este acuerdo fue homologado por usted en resolución de primera instancia número 116-09 de las 13:00 horas del 25 de mayo del 2009, en el que da finalizado proceso. Lo anterior, a pesar de que la parte denunciante ratifica la denuncia y solicita que se mantengan las medidas de protección, contraviniendo usted en la condición de Juzgador, las circulares 60-09 y 10-2000 de la Corte Plena que establecen la prohibición de efectuar audiencias de conciliación en materia de violencia doméstica de conformidad con las Reglas prácticas para facilitar la aplicación efectiva de la Ley contra la Violencia Doméstica, aprobadas por Corte Plena en sesión número 32-99 celebrada el 5 de agosto de 1999, artículo XII, que en lo que interesa dice: “... XII. El artículo 12 de la Ley contra la Violencia Doméstica no establece la comparecencia para que las partes se concilien. Esta legislación, tampoco señala que la conciliación sea una forma atípica de finalizar el procedimiento. La finalidad de la diligencia, está claramente definida en la normativa y por esa razón, no resultan aplicables, en forma supletoria, normas procesales, que puedan resultar incompatibles.

Además el artículo 155, del Código de la Niñez y la Adolescencia, prohíbe la conciliación en materia de violencia doméstica...”.

Agrega el Presidente, Magistrado Mora: “Cuando estudié este expediente también tuve las mismas dudas de la Magistrada Camacho, porque ahora el Magistrado Aguirre me aclaró que al parecer sí hubo una convocatoria de parte del Juzgado para que se celebrara esta audiencia de conciliación, pero yo no la había visto ni le di la importancia que tenía. Me pareció que de alguna forma llegaron las partes, discutieron y que eso conllevó a que el Juez se formara una idea de que el tema no se trataba de unas medidas de protección, sino que lo que había interés entre las partes era de que se pagaran esos dineros y llegaron a un acuerdo. Recuerdo que el juez en algún momento dice “pero hubo satisfacción de todas las parte”, tanto que no se recurrió y yo voy a ofrecer de testigo a la señora Espinoza Urbina para que diga lo que siente en relación con el resultado de la diligencia, claro que la señora no declaró y yo he tomado en cuenta esas circunstancias y en el caso tenía mucha duda y sigo teniendo mucha duda.”

Expone el Magistrado González: “Yo quisiera hacer dos preguntas puntuales. En un expediente de violencia doméstica es flagrantemente antijurídico -calificaría yo- para aspectos de sanción que se concilie en lo patrimonial. Dos, es sancionable a un funcionario judicial por la infracción a una circular, esa es la tipicidad de la falta de acuerdo con las reglas en materia sancionatoria incluso ha dispuesto Sala Constitucional. Quisiera escuchar opinión sobre este tema. Si lo pregunto así es porque tengo la duda y quiero escuchar a los especialista en este tema.”

La Magistrada Suplente Gómez Cortés responde: “Conforme a la Ley Contra la Violencia Doméstica no tiene prevista audiencia de conciliación. El espíritu de la norma cuando fue creada por el legislador, fue precisamente ser una ley de carácter cautelar, no se definen situaciones de fondo, si hay un divorcio o un matrimonio o lo que fuera, simplemente el Juez ante una situación de agresión u otra de las dieciocho medidas de protección que están previstas en la ley, llega una víctima y la solicita. Se ha señalado que por ese carácter cautelar debe imponerse la medida y posteriormente se convoca a las partes a una audiencia, a efecto de que presente la prueba. Toda la doctrina y también la jurisprudencia que se ha venido dando en los últimos años, ha sido de apoyar a las víctimas porque incluso, una acción de inconstitucionalidad, empezando la ley al señalar que se violentaba el debido proceso y se creaba indefensión a la persona agresora que se le imponía la medida cautelar prima facie, sin haberse convocado esa audiencia, la Sala Constitucional señaló que esto no violentaba el debido proceso en razón del carácter eminentemente cautelar de la medida. De manera que se ha reiterado en el sentido de que la ley no establece ninguna audiencia de conciliación, establece audiencia para recibir prueba, pero no de conciliación, entonces más bien, lo que se ha tratado de implementar a nivel institucional es eliminar la mentalidad del juez de que se pueda conciliar, porque una víctima que ha tenido una historia de agresión por espacio de un año, pues imagínense en qué condiciones de paridad o de equilibrio puede estar ante otra parte procesal y dónde generalmente el 80% de las personas víctimas de violencia que acuden a nuestros juzgados según las estadísticas del Departamento de Planificación, son amas de casa que oscilan de los dieciochos a los veinticinco años. En esa medida qué situación de paridad puede existir, por lo menos hemos insistido en la necesidad o en hacerle ver a los jueces que dentro de los criterios que se puedan tener, eliminar la posibilidad de la conciliación en razón de esa situación les –reitero- se ha generado en algunas ocasiones, situaciones de consideración que incluso han pasado ya al ámbito penal del agresor por lesiones e incluso muerte en situaciones de éstas. Hemos sido muy vigilantes y creo que es una situación que ha debido analizarse desde el punto de vista de la posición institucional en cuanto al tema de las víctimas, porque si nos apegamos nada más al marco de la ley sin ver desde el punto de vista institucional, hacia dónde se enrumba esta institución en cuanto a este tema. Creo que en esto pues hemos dado pasos importantes en los últimos diez años, pero para contestarle al Magistrado González, en el sentido de que en la ley no está prevista una audiencia de conciliación, si se hace es porque el juez dispone hacerlo, pero no está prevista, lo que está prevista es una audiencia de recepción de prueba de las partes.”

Interviene el Magistrado Castillo: “Yo tengo una duda y es si una vez concluida la audiencia, no la llamemos conciliación, lo que dice la víctima en el sentido de que ella desea que se mantengan las medidas cautelares, eso vincula al juez, porque podría ser que de la recepción de la prueba o de los elementos que ha tenido el juez, llegue a la consideración de que son innecesarias mantener las medidas cautelares. Quiero saber un poco por dónde se ha decantado la jurisprudencia o la experiencia de los tribunales de violencia doméstica.”

Responde la Magistrada Villanueva: “Creo que la Magistrada Gómez Cortés ha recogido en mucho toda la experiencia institucional y es especialista en el tema, entonces algunas cosas se las dejo a ella. Quiero contarles que la Comisión de Monitoreo y Seguimiento de la Ley de Penalización de la Violencia Doméstica contra la Mujer que coordina doña María Elena, ha realizado un trabajo muy grande y cómo ha costado, porque culturalmente hay una gran resistencia y cosas que ahora nos pueden parecer simples no han sido así. Figúrense ustedes que Pérez Zeledón era un lugar donde el Juzgado de Familia que conocía violencia, no tenía ningún circulante y eso era como extraño. En una oportunidad hubo una muerte de una mujer y esa mujer había ido al Juzgado de Pérez Zeledón, eso originó que se hiciera una investigación, porque había evidencia de que la señora había ido al citado despacho, pero resulta que ese Juzgado con una posición del juez todo lo conciliaba, entonces la señora había ido, pero era por conciliación y el Juez decía, pero si yo fui a todos los cursos, yo he ido a todos los cursos de violencia, pero en su mentalidad era que había que arreglar a las partes. Hay que comprender el fenómeno de la violencia doméstica y el trabajo de la Comisión ha sido ese, ir quitando ciertos elementos culturales que distorsionan en mucho eso de que el acuerdo ya soluciona y que mantener también la unidad de la familia que es importantísima, pero yo soy de la idea de que no hay familia donde no hay respeto y hay violencia. Entonces hay que luchar un poco con esa mentalidad que la tenemos nosotros como personas socializadas y ha costado vidas esta idea de la conciliación, porque descubrimos en esa oportunidad que ese Juzgado de Pérez Zeledón vino la muerte de la señora que había ido al despacho pero había sido sometida a una conciliación.

Han existido posiciones diferentes en si se dicta o no las medidas, es una valoración que hacen aún sin prueba. El Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José, en sus inicios estableció el mantenimiento de las medidas como norma general y eso hizo revertir todos los números, porque es usual en esta problemática que usted en la crisis va el tribunal, pone a trabajar es sistema de administración de Justicia, pero cuando usted tiene que llevar testigos, ir otra vez al Juzgado y enfrentarse otro problema generalmente sin abogados, porque las víctimas no tienen abogado, pues entonces aburre y lo que sucedía era que abandonaban los procesos y las estadísticas nos revelaron que las solicitudes de medidas de protección en más de un 60% o 70% no llegaban a nada. Pero el Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José aún sin la comparecencia de la víctima, tomó la medida de mantener las medidas, siempre es una potestad discrecional, pero las recomendaciones y en esto será doña María Elena la que puede ampliarles, han sido mantener incluso las medidas si no va la víctima, incluso si no se llega a realizar esta diligencia. En este caso asistieron las dos partes y el juez podía apreciar y teniendo en cuenta la finalidad de la ley y las directrices, para mí tenía elementos claros para saber cuál era su función también.”

La Magistrada Varela refiere: “Yo entiendo la preocupación que externa el Magistrado González y quisiera nada más agregar que además de la finalidad que tiene esta ley, es claro que busca una tutela efectiva de un bien principal, la integridad física y emocional de una persona, y que ese debe ser el norte que tiene que tener quien juzga en esa materia. El problema consiste en la orientación que le da al caso, lo que es muy entendible, porque se trata de un juez con formación civilista, que todo lo ve como un tema patrimonial entre las partes, por lo que se fue por esa vía y no dijo nada en la resolución sobre lo pedido incluso en la audiencia, donde la señora pidió mantener las medidas de protección otorgadas. En la información con la que se cuenta, ella dice “me han sido muy útiles”, se refiere a las medidas, y el juez no fue diligente en preguntarle al menos en qué le han servido las medidas, al menos no consigna nada al respecto. Estamos ante un caso donde se resuelve como si fuera un tema civil, se olvida del objeto del proceso, no nos dice nada de ¿por qué la señora está insistiendo en que le den las medidas?, de esa forma deja sin tutela efectiva a la posible víctima. Recordemos que ante estos procesos, el juez o jueza respectiva tiene que ser cauto, ante una eventualidad de que subsista un peligro, con independencia de que se pueda concretar un daño. Yo no objeto del todo que se pueda conciliar algunos temas económicos cuando quede claro que ese fue el motivo del conflicto, pero que no se pierda de vista el objeto principal del proceso donde se piden medidas cautelares. Si no, para qué leyes de ese tipo. Sabemos que los conflictos familiares muchas veces tienen una base económica, pero por Dios, no debemos olvidar que el objeto de la ley es otro y estimo que en este caso se dejó de lado pues el juez fue absolutamente negligente, totalmente perdió el norte del proceso, no consignó siquiera del por qué no ameritaba mantener las medidas, ni le preguntó a la señora (al menos no consta), ¿por qué ella consideraba que debían de mantener las medidas de protección?, esclaro que esto no ocurrió porque intentó primero la conciliación y ahí se acabó el tema. Estimo que el juez tenía que haber hecho dos cosas: resolver algo que podría ser causa del conflicto, sin dejar de lado el tema de las medidas de protección o al menos justificar el motivo por el cual se levantaban. Aquí hay un descuido, diría yo, inexcusable y por eso hay que mandar un mensaje claro, para que se tenga ese cuidado y prudencia en todos estos tipos de casos.”

Señala el Magistrado Armijo: “Quiero preguntar ¿cómo se inició esta causa?, si fue de oficio, las personas presentaron una queja o en qué términos. Creo que la parte que es rescatable y que deberíamos volver a analizar es el tema que el Magistrado Arroyo planteó hace unas cuantas sesiones y es la necesidad de volver a replantearnos la forma en que elegimos los jueces, porque no es posible, por ejemplo, de que una especialidad diametralmente opuesta o no muy similar estén fungiendo como jueces de una especialidad, ahora lo están sufriendo en violencia doméstica, pero es un tema que hemos sufrido en relación a penal juvenil, donde jueces de familia, son llamados a juzgar en materia penal y lo que se ve desde la óptica de la doctrina penal, son situaciones francamente desafortunadas. Este es un problema institucional que debemos prestarle atención, porque lo cierto es que los usuarios se vienen quejando reiteradamente de la forma en que se presta el servicio de justicia y, quizás, la forma en que hemos estado eligiendo a los jueces no es la más apropiada. Deberíamos volver a reflexionar sobre lo que decía el Magistrado Arroyo, y las recomendaciones que estaba dando, para que los jueces en las diferentes áreas especializadas tengan que ingresar por el eslabón más bajo y luego ir aumentado hasta llegar a los puestos más altos dentro de su propia especialidad, a fin de tener personas realmente capacitadas y especializadas en el tema. Esto me lleva un poco a lo que han venido hablando de si el problema es del juez o institucional. Si ésta equivocación en los términos que se está manejando es única y exclusivamente imputable al juez o es imputable a nosotros que lo elegimos como juez.”

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