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Artículo I documento 395-2013


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N° 03-2013

Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del veintiuno de enero del dos mil trece, con la asistencia inicial de los Magistrados Mora, Presidente; Rivas, Escoto, Aguirre, Camacho, Ramírez, Arroyo, Pereira, Arias, Castillo, Rueda y los Suplentes Marcela Allón Zúñiga, José Paulino Hernández Gutiérrez, Aracelly Pacheco Salazar y Teresita Rodríguez Arroyo, sustituyendo por su orden, a las Magistradas Varela, Calzada y a los Magistrados Armijo y Jinesta por vacaciones.



ARTÍCULO I

Documento 395-2013

         Se aprobó el acta de la sesión celebrada el 17 de diciembre de 2012, N° 44-2012.

         Durante la aprobación de esa acta, interviene el Presidente, Magistrado Mora, quien expresa: "En el artículo XXVI del acta que estamos aprobando, se conoció sobre la competencia del Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de San José, pero casualmente lo veíamos para hacer la excepción de Puriscal y Turrubares y no se hizo, por lo que habría que agregarlo ahí.

Se acordó: Aprobar la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, por ende, adicionar el acuerdo tomado en la sesión celebrada el 17 de diciembre de 2012, artículo XXVI, para que se lea de la siguiente manera: Tomar nota del acuerdo adoptado por la Comisión Nacional de Flagrancias, y en consecuencia, aclarar los citados acuerdos, en el sentido de que las competencias jurisdiccionales del Tribunal de Flagrancias del Primer Circuito Judicial de San José, es la misma de los Tribunales Ordinarios del  Primer y Tercer Circuito Judicial de San José, la cual también comprendería las localidades de San Sebastián, Escazú y Santa Ana (con excepción de los cantones de Turrubares y Puriscal). El Tribunal del Segundo Circuito Judicial tiene la misma competencia de los Tribunales Ordinarios del Segundo Circuito Judicial y del Tribunal de Juicio de Desamparados.  

El Departamento de Planificación y la Secretaría General de la Corte tomarán nota para lo de su cargo.”

Los Magistrados Escoto, Castillo, Rueda y los Suplentes Allón Zúñiga, Hernández Gutiérrez y Pacheco Salazar se abstuvieron de votar por no haber asistido a esa sesión.

         También se aprueban las separatas de la sesión Nº 02-2013 celebrada el 14 de enero en curso, artículos III y IV.

         Las Magistradas Suplentes Pacheco Salazar y Rodríguez Arroyo se  abstuvieron de votar por no haber asistido a esa sesión.



ARTÍCULO II

Documento 648-2013

En la sesión N° 34-12 del 1° de octubre de 2012, artículo XXX, se concedió permiso con goce de salario del 25 al 31 de enero del año en curso, al Presidente, Magistrado Mora para asistir a la “Conference of Chief Justices” (CCJ), a realizarse en San Juan, Puerto Rico, además la señora Vicepresidenta le concedió como vacación el día 1° de febrero próximo.

         Expresa el Presidente, Magistrado Mora: “Debo informar a la Corte que la Magistrada  Villanueva sufre de un problema de salud, y fue incapacitada por esta semana. Este viernes junto con el Magistrado Rivas, participaremos en la Conference of Chief Justices (CCJ), a realizarse en San Juan, Puerto Rico, siempre hemos recurrido al Magistrado Ramírez para que haga la suplencia de la Presidencia cuando la Magistrada  Villanueva y yo no estamos. Les parece que procedamos de la misma manera.”

Sin objeción de las señoras Magistradas y los señores Magistrados presentes, se acordó: Acoger la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, y en consecuencia, de conformidad con las disposiciones del artículo 32, inciso 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, designar al Magistrado Ramírez como Presidente en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia por el 25 de enero en curso, dado los motivos indicados. De ser prorrogada la incapacidad de la Magistrada Villanueva y en tanto el Magistrado Mora se encuentre atendiendo la mencionada actividad, se prorrogará la designación del Magistrado Ramírez. Se declara acuerdo firme.



ARTÍCULO III

ENTRA EL MAGISTRADO VEGA.

Documento 439-2013

En sesión N° 02-2013 celebrada el 14 de enero en curso, artículo VII, se conoció el oficio N° 013-CD/EJ-2012 de 13 de diciembre del año recién pasado, suscrito por el doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en el que se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en sesión N° 05-12 celebrada el 30 de noviembre de 2012, artículo I, que literalmente dice:



“Se sometió a la consideración de las y de los ingrantes de este Consejo, la siguiente propuesta para la conformación del Consejo Editorial de la Escuela Judicial:
Propuesta de conformación del Consejo Editorial de la Escuela Judicial
Antecedentes
Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Publicaciones en sesión número01-2012, de fecha 27 de setiembre 2012, artículo III, se presenta la siguiente propuesta para conformar un Consejo Editorial encargado de revisar y aprobar por el fondo los contenidos de los artículos de las revistas de la Escuela Judicial, así como de todas las publicaciones que elabore este órgano de capacitación judicial.
1. Perfil de los integrantes del Consejo Editorial de la Escuela Judicial
Se sugiere una integración pequeña de cinco miembros plenos y una asesora o asesor con la finalidad de diseñar un órgano representativo y eficiente. A continuación, la exposición del perfil de cada una de las personas que lo conformarían.
1- La presidencia del Consejo Editorial estará a cargo del Director o Directora de la Escuela Judicial.
2- Una persona integrante del Consejo Directivo de la Escuela Judicial.
3- Dos jueces o juezas con al menos diez años de servicio judicial, así como experiencia en docencia o investigación.
4- Una persona docente universitaria de reconocida trayectoria.
5-En calidad de asesora y ejecutora de los acuerdos del Consejo Editorial, participará la jefatura del Área de Servicios Técnicos de la Escuela Judicial.
2. Recomendación de las funciones básicas del Consejo Editorial de la Escuela Judicial

Las funciones que se sugiere que realice este órgano son las siguientes:


-Revisar la calidad del contenido de todas las obras que publique la Escuela Judicial.
-Aprobar o improbar los contenidos propuestos para su respectiva publicación.
-Supervisar la calidad de la presentación de las publicaciones, la imagen gráfica, entre otros.
-Recomendar medios para la difusión de las obras publicadas por la Escuela Judicial.
-Recomendar las regulaciones necesarias para salvaguardar los derechos morales de los autores y patrimoniales de la Escuela Judicial en las publicaciones que ésta última realice.
-Apoyar, en el marco de la rectoría de la Escuela Judicial sobre las Unidades de Capacitación del Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial y Gestión Humana, la labor que desarrollen los consejos editoriales que estas unidades lleguen a conformar.
- Otras labores que se le asignen.
3. Nombramiento de las personas integrantes del Consejo Editorial
El Consejo Directivo de la Escuela Judicial nombrará a las personas integrantes del Consejo Editorial por un período de dos años, por mayoría absoluta. Se exceptúan de esta regla a las personas que ocupen la dirección de la Escuela Judicial y la jefatura del Área de Servicios Técnicos, pues en ambos casos, su nombramiento opera de pleno derecho.
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Se señaló lo siguiente: “La observación que se tiene desde la Defensa Pública estriba en que la exigencia de que los jueces o las juezas que conformen este órgano deban tener experiencia en docencia y en investigación, podría convertirse en un requisito excluyente si se analiza desde la perspectiva de género, ya que para ello hay que tomar en consideración las limitaciones que en ocasiones tienen las mujeres para superar las segundas y terceras jornadas laborales.


Por otro lado, se considera importante que en cualquier caso se salvaguarde la posibilidad de que cada Unidad de Capacitación pueda tomar sus propias determinaciones en cuanto a la publicación de textos de interés institucional dentro de su marco de acción”.
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SE ACUERDA: Aprobar la “Propuesta de conformación del Consejo Editorial de la Escuela Judicial”. Comuníquese a la Corte Plena para su aprobación. ACUERDO FIRME.”

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En esa oportunidad se dispuso lo siguiente:

“Sometido el asunto a votación, por mayoría de quince votos, se acordó: Aprobar la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, en consecuencia: 1.) La Presidencia del Consejo Editorial de la Escuela Judicial estará a cargo del Director o Directora de esa Escuela y, además, formará parte de dicho Consejo una persona integrante del Consejo Directivo de la Escuela Judicial. 2.) En el punto 3 de la recomendación que hace el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, respecto al perfil de los integrantes del Consejo Editorial de esa Escuela, modificar el término jueces o juezas por servidores y servidoras. Así votaron las Magistradas y los Magistrados Mora, Rivas, Solís, León, González, Escoto, Aguirre, Villanueva, Vega, Camacho, Pereira, Arias, Rueda, Castillo y la Suplente Allón Zúñiga.

Los Magistrados Ramírez, Chinchilla y el Suplente Hernández Gutiérrez emitieron su voto por mantener el término “jueces o juezas”.

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Acto seguido expresa el Presidente, Magistrado Mora: “Vamos a pronunciarnos sobre si mantenemos o eliminamos la frase “experiencia en docencia o investigación”

Recibida la votación correspondiente, por unanimidad, se dispuso: “Mantener la frase “experiencia en docencia o investigación” contenida en el punto 3.

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Continúa el Presidente, Magistrado Mora: “El punto 4 dice: “Una persona docente universitaria de reconocida trayectoria”. Lo que propongo es que sea un servidor de reconocida trayectoria en docencia universitaria. Otra posibilidad sería eliminar este párrafo y en el punto 3 en lugar de dos servidores o servidoras indicar tres”.

Interviene el Magistrado Rueda: “Me parece que el punto 4 tal y como lo recomienda el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, deja abierta la posibilidad de que alguien fuera del Poder Judicial, ejerza esta especie de interacción, algo así como un espacio de participación ciudadana en procesos internos del Poder Judicial, que pudiera dar la perspectiva no solamente interna, sino también manifestar necesidades u observaciones desde el otro lado del mostrador, es decir, desde afuera. Me imagino que algo parecido a los Consejos u otros órganos que tiene el Poder Judicial en que se integra una persona, ya sea que es representante de los abogados o que viene desde fuera de la institución. Desconozco si la voluntad de esta Corte es eliminar esa puerta, que en estos momentos tiene personas fuera del Poder Judicial, evidentemente relacionadas con la docencia universitaria, que puedan opinar sobre una materia en la que pareciera que no deja de ser conveniente su participación, porque entiendo por una persona docente universitaria, alguien muy involucrado en la docencia y que no es funcionario o funcionaria del Poder Judicial”.

Señala el Presidente, Magistrado Mora: “Vamos a tomar el voto en este sentido. Votar 1 sería eliminar el punto cuatro, sabiendo que aumentamos, en lugar de dos a tres servidores y servidoras. Votar 2 sería mantener el párrafo tal y como está”.

Prosigue el Magistrado Rueda: “Debemos ser concientes de que si eliminamos el punto 4, estaríamos descartando la posibilidad de que una persona externa al Poder Judicial pueda ser miembro del Consejo Editorial”.

Indica el Presidente, Magistrado Mora: “Efectivamente quedaría eliminada esa posibilidad”.

Interviene el Magistrado Chinchilla: “Yo daría otra opción, que en lugar de una persona docente, sea un juez o jueza con reconocida trayectoria universitaria”.

Continúa el Presidente, Magistrado Mora: “Entonces las opciones de votación quedarían de la siguiente manera. Votar 1 sería por mantener el punto 4 tal y como está. Votar 2 sería por eliminarlo, pero aumentando a tres los servidores o servidoras y votar 3 sería la propuesta del Magistrado Chinchilla para que sea un juez o jueza de reconocida trayectoria universitaria”.

En la segunda votación, por mayoría de diez votos, se acordó: Mantener el texto del punto 4 tal y como está. En ese sentido votaron las Magistradas y los Magistrados Rivas, Solís, León, Aguirre, Vega, Camacho, Rueda, Castillo y los Suplentes Allón Zúñiga y Hernández Gutiérrez.

Las Magistradas y los Magistrados Mora, González, Escoto, Villanueva, Ramírez, Chinchilla y Arias emitieron su voto por aprobar la propuesta del Magistrada Chinchilla, para que sea un juez o jueza de reconocida trayectoria universitaria.

La Magistrada Pereira votó por eliminar el punto 4 y aumentar a 3 el número de servidores y servidoras.

En la primera votación se produjo un empate las Magistradas y los Magistrados Solís, León, Aguirre, Vega, Camacho, Rueda, Castillo y los Suplentes Allón Zúñiga y Hernández Gutiérrez votaron por mantener el punto 4 tal y como está.

Las Magistradas y los Magistrados Mora, Escoto, González, Villanueva, Ramírez, Chinchilla y Arias emitieron su voto por aprobar la propuesta del Magistrada Chinchilla.

La Magistrada Pereira y el Magistrado Rivas votaron por eliminar el punto 4 y aumentar a 3 el número de servidores y servidoras.

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El Presidente, Magistrado Mora, sometió a consideración el punto 5. No existiendo ninguna objeción se aprobó en la forma propuesta por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial.

Interviene el Magistrado Chinchilla: “Una consulta: ¿Tendremos que erogar algún dinero para contratar a la persona docente universitaria?”

Responde el Presidente, Magistrado Mora: “Cuando se haga el nombramiento, pues se le hará la propuesta correspondiente”.

Continúa el Magistrado Chinchilla: “Sugiero que en el punto 4 se haga un addendum o aclaración que diga: “el nombramiento de la persona docente universitaria será ad honorem”, para que quede claro, pues de lo contrario podría exigir que se le pague”.

El Presidente, Magistrado Mora, sometió a consideración la propuesta del Magistrado Chinchilla y sin objeción alguna se aprobó en los términos indicados.”


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En correo electrónico recibido el 16 de enero en curso, la máster Adriana Orocú Chavarría, en su condición de Presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), manifestó:                   

  “Reciba un atento y cordial saludo.   En nombre de la Asociación Costarricense de la Judicatura, ACOJUD, le remito la presente solicitud de reconsideración del acuerdo tomado por Corte Plena -el cual transcribo abajo-  referido a la integración del Consejo Editorial  de la Escuela Judicial.
Aunque la Revista de la Escuela Judicial no ha tenido una periodicidad y peso como el que se esperaba al momento de su creación, lo cierto es que los principales colaboradores en docencia  de la  Escuela son los jueces y juezas comprometidos con la réplica del conocimiento para el mejoramiento de la administración de justicia y del servicio que brinda el Poder Judicial y es por ello, que definitivamente la Judicatura debe tener una representación específica en su Consejo Editorial.
En otro orden y dada la integración del Consejo y visto el acuerdo de Corte, es obvio que la mitad del Consejo Editorial estaría compuesto por personal de la Escuela Judicial (El Director o Directora, un representante del Consejo Directivo, y la Jefatura de Servicios Técnicos), pero está claro que al ser un órgano colegiado lo lógico es que se contara con un número impar de sus miembros y no,  como aparece ahora, constituido por 6 personas, por lo que nuestra solicitud es que se reforme el reglamento  para aumentar el número a tres servidores judiciales, pero que “al menos dos deben ser jueces o juezas elegidos de una terna propuesta por la ACOJUD” (es decir se aumentaría el total de los miembros a 7, número impar)”
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Expresa el Presidente, Magistrado Mora: “La ACOJUD estima que la judicatura debe tener representación en el Consejo Editorial de la Escuela Judicial, por lo que solicitan aumentar el número a 3 de servidores judiciales, pero que al menos 2 deben ser jueces o juezas, elegidos de una terna propuesta por la ACOJUD, es decir, aumentar a 7 el número de los Integrantes de dicho Consejo (número impar)”.

Interviene el Magistrado Rueda: “Tengo una duda. La propuesta de la ACOJUD, varía sustantivamente el acuerdo de la Corte, no solamente en cuanto a la cantidad de servidores, pues nosotros dijimos que fueran 2 servidores o servidoras para incluir a la Defensa y al Ministerio Público y así se aprobó. Ellos solicitan que se aumente a tres el número de servidores judiciales, para que haya un número impar y que se retorne a lo que se cambió, es decir, que al menos dos de esos tres deben ser jueces o juezas”.

Prosigue el Presidente, Magistrado Mora: “Lo que podríamos hacer es dividir la votación en dos. Primero pronunciarnos si se aumenta el número de los integrantes a 7, es decir, un integrante más. Me parece que sería conveniente para tener un número impar. Vamos a tomar el voto de si se aprueba la propuesta de la ACOJUD de aumentar el número de los integrantes del Consejo Editorial de la Escuela Judicial a 7 o no se aprueba y se mantiene en 6”.

Recibida la votación correspondiente, por mayoría de quince votos, se acordó: Aprobar la propuesta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), en el sentido de aumentar a 7 el número de los integrantes del Consejo Editorial de la Escuela Judicial. Así votaron las Magistradas y los Magistrados Mora, Escoto, Aguirre, Vega, Camacho, Ramírez, Arroyo, Pereira, Arias, Castillo, Rueda y los Suplentes Allón Zúñiga, Hernández Gutiérrez, Pacheco Salazar y Rodríguez Arroyo.

El Magistrado Rivas emitió su voto por denegar la propuesta de la ACOJUD.



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Continúa el Presidente, Magistrado Mora: “Ahora vamos a votar si ese que aumentamos un juez o jueza, o si de los que dijimos antes como servidores y servidoras se tratarían también de jueces o juezas, o si de esos tres al menos dos deben ser jueces o juezas”.

Consulta el Magistrado Arroyo: “La intención de que quede representado el Ministerio Público y la Defensa Pública ¿se garantiza en cualquier caso?”

Responde el Presidente, Magistrado Mora: “Lo que aprobamos fue modificar el término “jueces o juezas” por “servidores y servidoras”, y dijimos que de ahí se tomaría en cuenta a defensores y fiscales, pero si cambiamos eso sería en detrimento de una representación de uno de los dos. Si ese que aumentamos fuera un juez o jueza, entonces siempre podríamos tener un fiscal y un defensor”.

Manifiesta la Magistrada Arias: “No necesariamente tiene que ser en detrimento de uno u otro, porque en todo caso existen centros de formación especializados tanto en la Defensa Pública como en el Ministerio Público. Lo que nosotros aprobamos fue la posibilidad de participación de otros profesionales, no necesariamente del Ministerio Público y de la Defensa Pública, sobre todo considerando esto que señalé, que ellos tiene sus propios centros de capacitación con planillas completas de directores también para capacitación, lo que sí es cierto es que aumentaría un juez o una jueza”.

Prosigue el Presidente, Magistrado Mora: “Pero no estaríamos excluyendo a defensores y fiscales ahí en servidores. La ACOJUD lo que nos pide es que sean 2 jueces o juezas, si fueran 2 jueces o juezas sería en detrimento de los otros servidores. Vamos a resolver si es 1 o son 2 jueces o juezas. Si fueran dos jueces o juezas sabemos que sería en detrimento de los servidores y servidoras que habíamos aprobado 2. Las opciones de votación serían 1. Aumentar un juez o jueza. 2. Aumentar dos jueces o juezas y 3. Aumentar un servidor o servidora, en este último caso pasaría a 3 el número de servidores y servidoras”.

Sometido el asunto a votación, por mayoría de nueve votos, se dispuso: Aprobar la propuesta de la ACOJUD, en el sentido de que al menos 2 de los integrantes del Consejo Editorial de la Escuela Judicial deber ser jueces o juezas, elegidos de una terna propuesta por la ACOJUD, en consecuencia, se reduce a 1 el número de los otros servidores y servidoras. Así votaron las Magistradas y los Magistrados Rivas, Camacho, Ramírez, Arroyo, Pereira, Arias y los Suplentes Hernández Gutiérrez, Pacheco Salazar y Rodríguez Arroyo.

Los Magistrados Mora, Aguirre, Vega, Castillo y Rueda emitieron su voto porque fuera un juez o jueza.

La Magistrada Escoto votó porque fuera 3 el número de servidores y servidoras.

ARTÍCULO IV

Documento 404-2013

En sesión N° 43-12 celebrada el 10 de diciembre de 2012, artículo II, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En sesión Nº 25-12 celebrada el 23 de julio de este año, artículo VI, se tomó el acuerdo que literalmente:
“En sesión Nº 20-12 celebrada el 4 de junio último, artículo VII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:
"En sesión Nº 11-12 celebrada el 19 de marzo del año en curso, artículo IV, con vista en la queja planteada por la licenciada Ligia Teresita Salazar Vargas sobre los hechos ocurridos en un proceso civil, se acordó comunicar a doña Ligia que por tratarse de un asunto disciplinario y de acuerdo a lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde al Tribunal de la Inspección Judicial la instrucción de la queja, por lo que se ordenó remitir las diligencias a ese Tribunal, para el trámite que estime pertinente.
En sesión N° 15-12 del 30 de abril de este año, artículo IV, se tomó el acuerdo que en lo que interesa dice:
"[…]
La licenciada Ligia Teresita Salazar Vargas, en nota de 19 de abril en curso, indicó:
"…solicito en término revisión del artículo IV de la Sesión de Corte Plena N° 11-12 de 19 de marzo último, con base en lo siguiente:
A. "En él se ordena pasar el asunto planteado en memorial de 24/febrero/2012 ante el Tribunal de la Inspección Judicial para el trámite que estime pertinente. Más ocurre que en ese mismo memorial (punto 7) se informa de la queja presentada por los mismos hechos ante dicho Tribunal, que no mereció atención alguna, pues se limitó a acoger el informe de una subalterna que sin dar razones manifestó que el caso se refería a problema de interpretación de normas jurídicas, pese a que fue planteado por graves e injustificados errores en la administración de justicia.
B. En los puntos 2, (apartes a. a. e.) y 4 del mismo memorial se detallan esos graves e injustificados errores que se detectan sin mayor esfuerzo y que desembocaron en la expoliación de una propiedad de alto precio de mi representada por algunos malhechores.
C. Deben tomarse en cuenta algunos otros puntos de ese memorial: el ilícito se consumó haciéndose uso de los servicios de tribunales que funcionan en el propio edificio de tribunales, lo que demuestra la osadía de los autores del crimen y los cuales incurrieron en los serios errores que se han expuesto. Por otra parte, la causa penal ha permanecido inactiva, pues cuatro años después de formulada la denuncia los autores del ilícito ni siquiera han sido indagados, todo lo cual se detalla en el punto 6 del memorial citado.

Entonces, si quienes intervinieron en el trámite del proceso civil, causa penal y asunto disciplinario han sido inoperantes según lo demuestro, la Corte está en la obligación y tiene la competencia necesaria para examinar el caso y darse cuenta de lo ocurrido en un hecho tan grave como el narrado.


Por lo expuesto me permito plantear el mencionado recurso de revisión y que en su lugar se proceda según lo solicito."

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En adición a la comunicación anterior, la licenciada Salazar Vargas, en libelo de 20 de este mes, agregó:
"…Yo, LIGIA TERESITA SALAZAR VARGAS, de calidades conocidas en diligencias donde se solicitó la revisión del artículo IV de la sesión de Corte Plena Nº 11-12 de 19 de marzo último, dictado con vista del memorial de esta parte de 24 de febrero anterior (documento 2138, 2355-2012) me permito reiterar las siguientes razones aducidas en la solicitud de revisión:
1- A mi representada (Finca Dragón Púrpura S.A.) se le expolió una finca de elevado precio ubicada en San Antonio de Escazú, mediante un proceso ordinario ante el Juzgado 3° Civil de Mayor Cuantía de San José (N° 07-314-182-CI) donde como única prueba se aportaron dos documentos falsos según dictamen del OIJ. Nada, absolutamente nada, se le notificó en ese juicio al representante de la demandada ni a su agente residente, único autorizado para recibir notificaciones. De habérseles notificado se detecta el crimen. El asunto se tramitó de manera acelerada, negligente, incurriéndosele en los graves e injustificados errores en la administración de justicia que se enumeran en el punto 2 del memorial mencionado.
2- Por cuanto a la demandada se le dejó en ese proceso en total del estado de indefensión. Se promovió un incidente de nulidad absoluta de lo actuado, articulación donde también se cometieron ese tipo de errores, tanto por parte del Juzgado como de la sección 1° del Tribunal 2° Civil de San José, los que se enumeran en el aparte 4° de ese memorial entre ellos que al incidente se le varió de nombre y por ende de naturaleza, se atribuyó a la demandada extremos que no mencionó, los que se analizan, pero omitió referirse a los que se adujeron.
3- Cuatro años después de formulada la denuncia penal por tales hechos, los que intervinieron en el proceso civil con documentos falsos, no han sido indagados. Al representante de la demandada se le previno casi tres años después de hacer la denuncia, que se presentara a la Unidad Especializada en Fraudes del Ministerio Público, presentarse a manifestar si tenía interés en la continuación de la misma para que se hiciera la denuncia a la mayor brevedad, bajo penal desestimación y archivo por el fiscal. En el punto 5 del memorial se detalla lo referente a la denuncia penal.
Ante la serie de irregularidades que se indican, recurrió a la Inspección Judicial-donde esa Corte dispone enviar el asunto-por los graves e injustificados errores en que se incurrió en el trámite del incidente (punto 7. del memorial), pero ese despacho se limitó a pedir un informe a una subalterna que sin razones expresó que el caso se refería a la interpretación de normas jurídicas-lo que no es exacto-y ordenó su archivo.
De todo lo expuesto se deduce que a la firma que represento se le despojó ilícitamente de un valioso inmueble, haciéndose uso de los servicios de un Juzgado de Mayor Cuantía de San José, que actuó en forma negligente; que los diversos reclamos de la parte afectada no han sido atendidos ni fundamentados por el Juzgado, la Sección Primera del Tribunal Segundo Civil, la Inspección Judicial, y la Unidad Especializada en Fraudes del Ministerio Público. Por ello no es procedente remitir el citado memorial al Tribunal de la Inspección Judicial que ya conoció del caso. Procede entonces acoger la revisión solicitada y que la Corte se avoque a pronunciarse sobre el caso, previo examen de los expedientes que se han citado."

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Expresa el Presidente, Magistrado Mora: "En su oportunidad la licenciada Ligia Teresita Salazar Vargas como apoderada generalísima de la Finca Dragón Púrpura Sociedad Anónima, planteó una queja en contra del Juzgado Tercero Civil de Mayor Cuantía de San José y también contra el Tribunal que había conocido en apelación del ordinario tramitado en ese Juzgado, expediente número 07-314-182-CI, de Jorge Masís Rodríguez contra Quinta Dragón Púrpura. Esta Corte estimó que el tema tenía que enviarse al Tribunal de la Inspección Judicial, para que se hiciera el trámite correspondiente.  Ella nos dice ahora que ese Tribunal ya había hecho una investigación donde señaló que no había actividad alguna sancionable, pero que ella insiste en que se dieron errores graves e injustificados en la administración de justicia y eso está previsto en la Ley como hecho de conocimiento de esta Corte;  también indica que la causa penal se encuentra suficientemente atrasada y que ha permanecido inactiva por más de cuatro años, lo cual conlleva un grave retardo en la administración de justicia. Me parece que lo correspondiente es remitir la queja en lo que respecta a la lentitud de la tramitación de la causa penal a la Jefatura del Ministerio Público, para que disponga lo que corresponda e informe a esta Corte en un plazo de diez días. En cuanto a los errores graves e injustificados que se dice en la queja se cometieron, aclararle a la licenciada Salazar Vargas que esta Corte lo que dispuso es que el Tribunal de la Inspección Judicial, hacer la investigación del caso, que en definitiva como lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 199 deberá ser conocida por esta Corte".
Conforme lo propone el Presidente, Magistrado Mora, se acordó: 1.) Trasladar la queja presentada por la licenciada Ligia Teresita Salazar Vargas, en lo que respecta a la lentitud de la tramitación de la causa penal a la Jefatura del Ministerio Público, para que disponga lo que corresponda e informe a esta Corte, en el plazo de diez días hábiles, contado a partir de la notificación de este acuerdo. 2.) En cuanto a los posibles errores graves e injustificados que se dice en la queja se cometieron, debe el Tribunal de la Inspección Judicial, como ya lo dispuso esta Corte en la sesión N° 11-12 del 19 de marzo del año en curso, artículo IV, hacer la investigación del caso."
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El licenciado Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal General de la República, en oficio N° FGR-N° 312-2012 de 21 de mayo último, dirigido al Presidente, Magistrado Mora, expresó:
"Reciba un cordial saludo de mi parte y a su vez, acuso de recibo el oficio 4446-12 de la Secretara de la Corte Suprema de Justicia, remitido por Usted a la Fiscalía General de la República, mediante el cual se solicita informe según acuerdo de Corte Plena sesión 15-12 del 30 de abril del 2012 artículo IV.
Para  tales efectos, es importante hacer de su conocimiento que analizados los informes enviados por la Fiscalía Adjunta de Fraudes en la causa 08-000719-0647-PE se tiene lo siguiente:
La denuncia de la causa fue interpuesta el 04 de febrero de 2008, y de la lectura de la misma se desprende posible comisión de un ilícito mediante el cual se suplantó la identidad del ofendido Robert Howard Sprague dentro de un proceso civil en donde falsamente se indicó que el mismo se allanaba a una demanda interpuesta en su contra y a partir de esto el juez civil, creyendo que se trataba de una situación válida, dispuso de la finca de San José inscrita bajo el número de folio real 223753-000 a favor del encartado German Torres Salazar, quien era la persona que promovía el proceso en contra del ofendido.
Llevado a cabo la valoración inicial de la sumaria, la fiscala directora del caso ha efectuado todas las diligencias pertinentes y que resultan necesarias para esclarecer de manera oportuna la mecánica de los hechos, así como a los posibles imputados.
Incluso del cuadro que se expone de seguido, se puede observar que las partes se han mantenido pendientes del proceso y han utilizado diversas herramientas legales para dar fin al mismo, entre los que se destacan prontos despachos y hasta un recurso de amparo, los cuales fueron contestados oportunamente y se rindieron los informes correspondientes.


SOLICITUD

PETENTE

FECHA RESPUESTA

Pronto despacho

Parte ofendida

15 de mayo  de 2012

Solicitud Lic. Roberto Flores Monestel (Extinción acción penal por muerte de ofendido)

Lic. Roberto Flores Monestel

13 de abril de 2012

Recurso amparo

Roberto Flores Monstel

19 de abril de 2012

Recurso amparo

Ligia Salazar Vargas

14 de febrero de 2011

Solicitud fijación de plazo

Defensor de imputado German Torres Salazar

06 de octubre de 2011

Pronto despacho

Parte ofendida

19 de octubre de 2010

Pronto despacho

Parte Ofendida

26 de octubre de 2010

Actualmente, para la resolución definitiva de la causa queda pendiente la comparecencia de uno de los imputados, quien a pesar de los esfuerzos efectuados por la Fiscalía Adjunta no ha sido posible localizar, por lo que está pendiente su presentación.


Asimismo, se encuentra pendiente el resultado de la pericia grafoscópica efectuada a otro imputado, por lo que una vez finalizadas las diligencias el fiscal deberá resolver conforme a derecho corresponda.
De tal manera, no considera la Fiscalía General de la República, que en la causa exista una dilación para ser resuelta, sino que por el contrario las diligencias solicitadas son necesarias, tal y como se ha venido afirmando desde el inicio del libelo y son resultado del deber de objetividad que el Ministerio Público  debe velar en sus actuaciones."
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Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: "Me parece que lo que tenemos que hacer es tomar nota del informe que nos da don Jorge Chavarría y ponerlo en conocimiento de la parte quejosa."
Se acordó: Aprobar la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, por ende, tomar nota del informe rendido por el licenciado Jorge Chavarría Guzmán y hacerlo de conocimiento de la licenciada Ligia Teresita Salazar Vargas."
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La licenciada Ligia Teresita Salazar Vargas, en su expresado carácter, en nota de 17 de julio en curso, manifestó:
"Yo, LIGIA TERESITA SALAZAR VARGAS, de calidades conocidas en diligencias donde se dictó el Acuerdo VII de la sesión de Corte Plena N° 20-12 de 4 de junio último, que ordena tomar nota del informe rendido por el Lic. Jorge Chavarría Guzmán y hacerlo de conocimiento, me apersono a impugnar tal informe por estimar que no es exacto en una serie de aspectos según concreto:
1. El sólo hecho de que el proceso penal que en él se menciona -en el cual se investiga la comisión de un grave fraude procesal perpetrado haciéndose uso de los servicios de un Juzgado del edificio d tribunales y donde sólo se ha recibido un testimonio pues el resto de la prueba es pericial a solicitar en el OIJ - lleve en tramitación CUATRO AÑOS Y CINCO MESES por sí demuestra dilación en los procedimientos e incluso negligencia en el tramite.
2. No es exacto el contenido del informe en cuanto cita los esfuerzos de la Fiscalía Adjunta para localizar a uno de los imputados, sea a German Torres Salazar. Este individuo, con antecedentes policiales, ha solicitado copias de la causa y hecho gestiones en ella. De e1 se han dado direcciones y el esfuerzo del instructor consistió en la ingenuidad de solicitar su dirección a oficinas estatales que brindan servicios p1úblicos para citarlo, pese a que anda de fuga. Por supuesto que eso no dio resultado alguno no obstante el tiempo empleado en eso. No menciona el señor Fiscal General al otro imputado - Jorge Masís Rodríguez - de más de ochenta años también con antecedentes policiales que no ha sido presentado a declarar.
3. El informe habla de diligencias necesarias practicadas y no puede considerarse como tal la cédula de citación de 16/Noviembre/2010 enviada al representante de la ofendida - Quinta Dragón Púrpura - de que debía presentarse a la Unidad Especializada en Fraudes el 22 de ese mes a una entrevista con el fiscal de la causa a efecto de QUE MANIFIESTE SU INTERES DE QUE LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA CONTINÚE. DEBERÁ ESTABLECER A LA MAYOR BREVEDAD LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A SU DESESTIMACIÓN Y ARCHIVO POR PARTE DEL FISCAL. Nótese la contradicción: en el informe del Fiscal General se indica que las partes se han mantenido pendientes del proceso penal y en este se previene al denunciante indicar su interés de que la tramitación de la causa continúe. Asimismo se le insta a establecer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, de lo contrario se procederá a su desestimación y archivo por el Fiscal, lo que resulta incomprensible si se considera que la denuncia se había formulado tres años antes.
4. En el informe se habla de ausencia de dilaciones en el trámite. Menciono solo algunas: ---En el inicio de la instrucción se dieron atrasos pidiendo informes a la Municipalidad de San José, de la propiedad, pese a que ésta estaba ubicada en Escazú --- Se solicitó un plazo para concluir la instrucción, simple trámite que consumió más de siete meses (24/febrero/2011 a setiembre del mismo año) --- Un abogado ajeno al proceso se apersonó al mismo formulando un reclamo sobre la propiedad allí citada por un dinero que según él le adeudaba el imputado Torres Salazar y mencionando un hecho falso con el que según él caducaba la causa: que el representante la ofendida había fallecido. Véase que el objeto de la causa no es para cobrar sumas de dinero y que la supuesta muerte del denunciante en nada afectaba su trámite máxime que el personero de la ofendida otorgó poderes. Pese a lo absurdo de la gestión la Unidad instructora le dio trámite según resolución de 7/febrero/2012. --- Al proceso se informó de otro abogado que la única testigo recibida y otro imputado lo comprometían seriamente en el ilícito. El instructor ordenó en segunda gestión recibirle declaración, pero más de un mes después no lo habían citado en su oficina a 300 metros de los tribunales.
5. En la causa penal citada en el informe, por su gran volumen, se inició un segundo tomo. Pero si se examina tal proceso puede notarse sin esfuerzo que la casi totalidad de los folios de ella son fotocopias repetidas de los originales, sin trascendencia alguna.
6. En el informe del señor Fiscal General éste se permite afirmar que en el proceso civil donde se cometió el fraude procesal el señor Juez creyó que se trataba de una situación válida, desconociendo que en ese juicio se han denunciado ante la propia Corte, Consejo Superior del Poder Judicial, Inspección Judicial y otros, la existencia en ese asunto de errores graves e injustificados, en total ocho, cuatro en el principal y tres en el incidente de nulidad absoluta de todo lo actuado. Ninguno de los Despachos citados ha analizado esas graves anomalías.
Por todo lo expuesto impugno el informe del Fiscal General que se hace de mi conocimiento, pues no sólo procede tomar nota del mismo sino constatar con vista de los expedientes originales si se ajusta o no a la realidad de lo ocurrido."

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Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: "Considero que este tema no corresponde ser conocido por la Corte Plena. Me parece que tendríamos que trasladarlo a la Fiscalía General de la República, para que analice y disponga la investigación correspondiente a los hechos que la quejosa enlista y de ser ciertos pueden conllevar a una responsabilidad disciplinaria de los servidores que los hubieren causado. El régimen disciplinario del Ministerio Público lo tiene a su encargo la Fiscalía General, o es materia propia del Tribunal de la Inspección Judicial. La gestionante podría recurrir a uno u otro."


Conforme lo propone el Presidente, Magistrado Mora, se acordó: Trasladar la gestión anterior a la Fiscalía General de la República, para que la analice y disponga la investigación de los hechos que enlista la licenciada Ligia Teresita Salazar Vargas que, de ser cierto, pueden conllevar responsabilidad disciplinaria a los servidores que los hubieren causado.”

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