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Única No. 24.606

ARNALDO J. ROJAS T.

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia




Proceso No 24606

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta No.52

Bogotá D. C., seis (6) de marzo de dos mil ocho (2008).

VISTOS

Realizada la audiencia de juzgamiento y descartada la presencia de causales que invaliden total o parcialmente lo actuado, procede la Sala a dictar el fallo que en derecho corresponda en la causa seguida contra el ex Gobernador del Guainía, ARNALDO JOSÉ ROJAS TOMEDES.



ANTECEDENTES

1. Síntesis de los hechos y actuación procesal:

1.1. Se acusa a ARNALDO JOSÉ ROJAS TOMEDES de cometer los delitos de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y peculado por apropiación, por suscribir con JULIO CESAR GÓMEZ, JOSÉ REINALDO GARZÓN HERRERA y JAIME CALDERÓN GONZÁLEZ los contratos 014, 015 y 023 de 1998, para remodelar el colegio LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO de Inírida, celebrados realmente, entre otros, con los Diputados de la Asamblea Departamental GILDARDO SÁENZ y JOSÉ BUSTAMANTE FERNÁNDEZ; y hallar sobre costos en los dos últimos por valores equivalentes a $41.047.800 y $5.219.727, respectivamente.


1.2. Con resolución del 19 de septiembre de 2003, el Despacho del Fiscal General de la Nación dispuso abrir formal investigación en contra de ARNALDO JOSÉ ROJAS TOMEDES; el 17 de mayo de 2005, le impuso detención preventiva y suspendió su ejecución por estar privado de la libertad en virtud de otra investigación; el 15 de junio de 2005, clausuró la instrucción y el 4 de agosto del mismo año, dictó resolución de acusación en su contra.

2. Sinopsis de la resolución de acusación,

El Despacho del Fiscal General de la Nación acusó a ROJAS TOMEDES como presunto autor responsable de los delitos de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación y peculado por apropiación, al tenor de los artículos 144 y 133 del Código Penal de 1980, con el agravante genérico del numeral 11 del artículo 66 ibídem. Precluyó la instrucción por el delito de cohecho.



2.1. Del punible de contrato con violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Atendiendo al contenido del artículo 144 del decreto 100 de 1980, manifestó, que el supuesto de hecho debe ser complementado con las normas de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados y según el literal “a” del artículo 8 de la ley 80 de 1993, están impedidos para participar en licitaciones o concursos y celebrar contratos con entidades estatales, las personas inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes.


El artículo 127 superior prohíbe a los servidores públicos celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos. El canon 299 ibídem defiere en la ley la facultad de fijar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados, sin poder ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda.
Como para la época de los hechos no existía ley que reglamentara su régimen, estimó aplicable el correspondiente a los congresistas previsto en el artículo 180-2 de la Carta, el cual les prohíbe gestionar a nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona contrato alguno.
Dice que por su violación no sólo responde el servidor público en situación de inhabilidad o incompatibilidad, sino, además, quien por razón de sus funciones a sabiendas de la inhabilidad o incompatibilidad que posee el contratista celebra el acuerdo de voluntades, así sea por interpuesta persona. Estima que el delito se consuma con la sola gestión del servidor público conociendo la presencia de la inhabilidad o la incompatibilidad.
Régimen que fue violado en la celebración de los contratos 014, 015 y 023 de 1998 para la remodelación del colegio LUÍS CARLOS GALÁN de Inírida, por cuanto signados por JULIO CESAR GÓMEZ, JOSÉ REINALDO GARZÓN HERRERA y JAIME CALDERÓN GONZÁLEZ, realmente fueron celebrados, entre otros, por los diputados GILDARDO SÁENZ y HARRY JOSÉ BUSTAMANTE FERNÁNDEZ.

Conclusión fundamentada en el testimonio de JOSÉ REINALDO GARZÓN HERRERA, al negar ser contratista del departamento y aceptar haber firmado el contrato 015 por petición de GILDARDO SÁENZ a cambio de dinero, de quien dice delegó a su colega HARRY BUSTAMANTE para el trámite de las propuestas, llevándoselas para su firma.

Además, haber entrado en contacto con EGIDIO CORDOBA MARTÍNEZ, como consecuencia del convenio, enterándose que por instrucciones del gobernador ROJAS TOMEDES el contrato debía ser para GILDARDO SÁENZ, HARRY BUSTAMANTE, SALOMÓN BARRERA y EGIDIO CÓRDOBA.
Refirió los detalles del retiro de los cheques de pago y la participación de estas personas en la contratación, conocer el agotamiento del dinero para la terminación de la obra, y recibir los comentarios de HARRY BUSTAMANTE y EGIDIO CÓRDOBA MARTÍNEZ de estar adelantando gestiones para justificar los contratos adicionales.

Rechazó la calidad de oídas otorgada por la defensa a este testimonio, teniéndolo por contraste, como protagonista esencial de los contratos.

En relación con el contrato 014 de 1998, sostuvo la Fiscalía, fue suscrito por JULIO CESAR GÓMEZ GALVIS, persona de quien se ignoran mayores detalles, pero que según EGIDIO CÓRDOBA MARTÍNEZ es cuñado de HARRY BUSTAMANTE.

Acerca del contrato No. 023 de 1998, sostiene, fue signado por JAIME CALDERON GONZÁLEZ, participando únicamente en la ejecución de las obras, contratado por EGIDIO CÓRDOBA MARTÍNEZ.

EGIDIO CÓRDOBA MARTÍNEZ, fue vinculado por SALOMÓN BERRERA para dirigir y coordinar las obras, quien acepta haber designado a JAIME CALDERÓN GONZÁLEZ como maestro de obras, pese a figurar como contratista.

No obstante ser tres los contratos celebrados con distintas personas, fueron manejados como una sola obra, refiriendo los obreros no haber tenido ningún vínculo laboral con los contratistas, entendiéndose siempre con CÓRDOBA MARTÍNEZ. Este aparece recibiendo los dineros girados por la administración como pago de los contratos.

Con base en lo anterior concluye la Fiscalía, que los contratistas no fueron más que unos “testaferros” contractuales de los diputados GILDARDO SÁENZ y HARRY JOSÉ BUSTAMANTE FERNÁNDEZ, quienes estaban inhabilitados para contratar con el Estado.
Para acreditar el actuar doloso del procesado, ofreció los siguientes argumentos:

Si bien no se imputó al procesado el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos sustanciales por haber sido condenado por la Corte, el proceso contractual constituyó una farsa para darle apariencia de legalidad al convenio.

Fue fraccionado el objeto contractual para eludir el trámite de licitación, se omitieron los estudios o diseños de las obras y las ofertas surgieron de la nada. Se violaron los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad de la contratación pública.
Proceder con el que se buscaba favorecer los intereses de los diputados.

Sabiendo la condición de diputados de GILDARDO SÁENZ y HARRY JOSÉ BUSTAMANTE, el procesado conocía la inhabilidad que los cubría para contratar con el departamento, por esa razón acudieron al “testaferrato contractual”.


El interventor CARLOS ENRIQUE CAMPOS PINEDA, reconoció haber visitado el colegio conjuntamente con el Secretario de Educación SALVADOR RUIZ, el gobernador y los interesados en cotizar EGIDIO CÓRDOBA, SALOMÓN BARRERA y JAIME CALDERÓN. Si el gobernador asistió debía conocer quiénes eran los verdaderos contratistas.

ROJAS TOMEDES fue quien seleccionó a los contratistas y acudió con los verdaderos interesados a visitar las obras, con el propósito de establecer mecanismos que permitieran la celebración de los contratos adicionales.

No fue ajeno al trámite, celebración y ejecución de los convenios, resultando determinante en todas las etapas seguramente para favorecer los intereses de los diputados y de las personas que estaban detrás de los contratos.
Con apoyo en estos argumentos, dio por demostrada la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

2. Peculado por apropiación.

Frente al supuesto de hecho del artículo 133 del Código Penal de 1980 y sus modificaciones legales, asevera, que la celebración de los contratos con violación de los requisitos legales esenciales y la transgresión del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tenían como propósito permitir que terceros se apropiaran de bienes de la administración.


Si bien las obras fueron ejecutadas, se advirtió la existencia de significativos sobre costos. Así, el dictamen estableció “una diferencia por precios del contrato No. 015 de 1998 por un valor de $41.047.800,oo…. Para la época del contrato, lo que equivale al 68,62% sobre el valor total de la obra contratada”.
“Para el contrato No. 023 de 1998 ….. una diferencia por precios por un valor de $5.219.727 (cinco millones doscientos diecinueve mil setecientos veintisiete pesos m/c), para la época del contrato, lo que equivale al 13.89% sobre el valor total de la obra contratada”.
Los dos contratos fueron adicionados no por conveniencia ni por necesidad de acometer nuevas obras o ampliar las inicialmente contratadas, sino para terminarlas debido al agotamiento de los recursos económicos. Las obras fueron recibidas sin medir las cantidades ejecutadas.

La conducta estaba dirigida a que terceros se apoderaran de dineros públicos y ROJAS TOMEDES sabía de la especial protección que debía dispensarles, como administrador que era del erario público.

Rechaza un supuesto comportamiento culposo, argumentando que desde el inicio la contratación estaba orientada a beneficiar los intereses de los diputados y permitirles, conjuntamente con otros, apoderarse de los recursos públicos.
Dio por evidenciado este punible.

Con auto del 4 de octubre de 2005, el Despacho del Fiscal General de la Nación, no repuso la resolución de acusación propuesta por la defensa, afincado en las siguientes razones:


No accedió a decretar la supuesta nulidad por violación del debido proceso y al principio de investigación integral.
Como la instrucción se inició con base en las copias ordenadas en otra actuación, no existía razón válida para repetir las pruebas trasladadas.

El artículo 239 de la ley 600 de 2000 autoriza el traslado de pruebas válidamente practicadas en otra actuación administrativa o judicial, debiendo ser apreciadas acorde con los postulados de la sana crítica.


La actuación no está constituida sólo por la prueba practicada por la Contraloría, como lo señala la defensa, por obrar además los testimonios de ADÁN CALDERÓN BERMÚDEZ, AQUILINO SERNA, VICENTE CHILA CHILA, GERMÁN DARÍO PIÑEROS, JOHN FREDY GIRALDO, ORIOLA BERMÚDEZ PATIÑO, JOSÉ GIRALDO GONZÁLEZ, CÉSAR JULIO GÓMEZ NOGUERA, HARRY JOSÉ BUSTAMANTE FERNÁNDEZ, EGIDIO CÓRDOBA MARTÍNEZ y CARLOS ENRIQUE CAMPOS, con los cuales se pretendía establecer la verdad histórica, desechando de esa manera la supuesta violación del principio de investigación integral.
Admite, como lo hizo el auto que negó la reposición del cierre de investigación, la presencia de tropiezos en la averiguación por no ser posible la práctica de algunas pruebas, sin que por ello se atentara contra la investigación integral.

En relación con las pruebas por practicar dejó en claro que se podían recaudar en la etapa de juzgamiento.

Concluyó, que las decisiones adoptadas están fundadas en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación, en procura de alcanzar la verdad histórica de lo sucedido respetando los derechos del procesado.
En relación con el supuesto actuar culposo del procesado y la restricción de los elementos de juicio a las versiones rendidas en la Contraloría por JOSÉ REINALDO GARZÓN HERRERA y CARLOS ENRIQUE CAMPOS PINEDA, si bien fueron importantes, otros elementos de juicio le llevaron a inferir la probable responsabilidad del aforado.
En el delito de peculado, asegura, tuvo en cuenta el dictamen pericial practicado por el C.T.I. que determinó significativos sobre costos en las obras. Prueba que no fue objetada por la defensa, ni pedida su aclaración o adición.

Sin justificación alguna se adicionaron dos contratos adquiriendo relevancia lo dicho por GARZÓN HERRERA atinente a que por virtud del agotamiento de los recursos económicos sin terminar la ejecución de las obras, se ideó la forma de realizar los contratos adicionales.


Insiste en que todo el acervo probatorio apunta a demostrar que los señores JULIO CESAR GÓMEZ GALVIS, JOSÉ REINALDO GARZÓN HERRERA y JAIME CALDERÓN GONZÁLEZ, no fueron los reales contratistas sino los diputados. Y que el proceso contractual no fue más que una farsa para darle apariencia de legalidad, así: se fraccionó el objeto del contrato, no existen estudios o diseños de las obras por ejecutar, se arrasaron los principios que gobiernan la contratación pública, es decir, estuvo dirigido a favorecer los intereses de los verdaderos contratistas, inhabilitados.
Estima que el proceder doloso del acusado lo revela no sólo su participación en la suscripción de los contratos sino, además, su intervención en la selección de los contratistas y firmar los contratos pese a la presencia de las irregularidades advertidas, adicionando posteriormente dos de ellos sin justificación. Tomarse el trabajo de visitar la obra acompañado de personas que actuaban en connivencia con los diputados y no de los contratistas.
Conociendo el deber de fidelidad y tutela para con el patrimonio público, propició su apoderamiento por parte de terceros, en razón al significativo sobre costo de las obras.

Afectación que surgió como consecuencia de que los recursos fueran apropiados por los verdaderos contratistas sin ejecutar las obras, acudiéndose a contratos adicionales para conseguir otros dineros, resultando tan dramática la situación que la obra insólitamente fue recibida a satisfacción sin ser objeto de medición en sus cantidades y calidad.


De acuerdo con lo anterior, reitera, están reunidos los requisitos del artículo 397 de la ley 600 de 2000, para proferir resolución de acusación, por lo tanto, negó la declaratoria de nulidad y reponer la resolución de acusación.
3. Realizada la audiencia preparatoria se ordenaron y practicaron antes del debate público, las siguientes pruebas:
3.1. Se allegaron las indagatorias rendidas en el proceso seguido contra ellos de GILDARDO SÁENZ y HARRY BUSTAMANTE, quienes en lo sustancial niegan total participación en los contratos, rechazando las acusaciones hechas en su contra por GARZÓN HERRERA.
En declaración GILDARDO SÁENZ, dejó en claro que con el procesado eran antagónicos políticos y negó nuevamente cualquier participación en los contratos.
3.2. En declaración JOSÉ REINALDO GARZÓN HERRERA, manifiesta que fue GILDARDO SÁENZ quien hizo los trámites de la adición de los contratos.
Insiste en que el convenio fue adjudicado a GILDARDO SÁENZ, enterándose posteriormente que HARRY BUSTAMANTE tenía algo que ver en él.
Escuchó a SALOMÓN y a EGIDIO decir que los contratos eran para los cuatro.
GILDARDO SÁENZ hizo las diligencias de los contratos y después lo llegaron a pagar las pólizas.
Ignora qué incidencia tuvo el procesado en los contratos.
No se ratificó bajo juramento de lo dicho en la versión libre en la Contraloría por no recordar lo que allí dijo, por no ser su deseo mentir.
Sin embargo, aclaró que el contrato lo firmó en la gobernación, lugar al cual asistió con HARRY.

3.3. REBECA GARCÍA, niega haber visto al acusado en el colegio averiguando o supervisando las obras, pero si a SALVADOR RUÍZ ESPINEL, EGIDIO CÓRDOBA, SALOMON BARRERA y JAIME CALDERÓN y a otros personajes inspeccionando las obras. CALDERÓN era el maestro de las obras.


El acusado y los diputados, afirma, eran de distinta corriente política.
3.4. Un técnico del C.T.I., cuantificó los posibles daños y perjuicios ocasionados con los delitos.
3.5. La Contraloría General de la República, no encontró proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra del procesado por los contratos investigados.
3.6. Se incorporó fotocopia de la sentencia dictada por la Sala el 9 de febrero de 2005 en contra de ARNALDO JOSÉ ROJAS TOMÉDES, mediante la cual lo condenó por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo sucesivo, en relación con los convenios aquí investigados.

4. SINTESIS DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO.

4.1. El 11 de febrero del corriente año, se llevó a cabo el debate público. Siguiendo el orden legal fue interrogado el procesado sobre los hechos y todo aquello que pudiera rebelar su personalidad.


Adujo no haberse enterado que entre los verdaderos contratistas se encontraban GILDARDO SÁENZ y HARRY BUSTAMANTE, porque por la falta de tiempo le faltó preguntar, revisar y vigilar más que los procedimiento se cumplieran y tal vez desplazarse a la Secretaría de Educación. Si a veces no se puede beneficiar a los amigos políticos, afirma, mucho menos a los enemigos como eran los aludidos diputados.
En relación con el peculado por apropiación atribuido, descarta haberse beneficiado con los sobre costos y enterarse de los trabajos adicionales.

Niega haber intervenido en el trámite de los contratos el cual se siguió en la Secretaría de Educación Departamental, reconociendo eso sí haberlos firmado.


Precisó que el Secretario de Educación de ese entonces, SALVADOR RUÍZ ESPINEL, aspiró también a la gobernación del Guainía y obtuvo la tercera votación.
Califica la relación con los diputados de la Asamblea Departamental como mala.
Desecha el apoyo de cualquiera de los reales contratistas en la contienda electoral, debido a que su votación fue totalmente de los indígenas.
Señaló a varias personas que nombró como funcionarios de la gobernación pese a no haberlo apoyado en la campaña política.

Por razón de las irregularidades contractuales atribuidas por la Fiscalía, no tiene conocimiento que se haya proferido fallo en su contra por los diversos órganos de control.


Reconoció no haber reintegrado ningún valor en razón a los sobre costos en los contratos.
No recuerda las circunstancias en que firmó los contratos 014 y 015 de 1998.

Como no asistió a las obras ignora quien estuvo o no trabajando y cómo se adelantó la obra.


4.1. Fueron escuchados los testimonios del interventor CARLOS ENRIQUE CAMPOS y del Secretario de Educación Departamental, SALVADOR RUÍZ ESPINEL, de cuyo contenido se extractan las siguientes manifestaciones de relevancia para esta decisión:
4.1.1. El primer testigo, niega haber recibido algún dinero con ocasión de la suscripción de los contratos, menos de manos de HARRY BUSTAMANTE, para firmar el recibido de las obras.
Pese a negar haber recomendado los contratos adicionales, admite haber oficiado informando los ítems, las cantidades y los valores de los trabajos restantes.
El gobernador nunca iba a visitar las obras con él.

EGIDIO CÓRDOBA MARTÍNEZ, dice, cumplió una labor administrativa en la ejecución de las obras, como la compra de materiales y la supervisión de los trabajos. El resto de personal era obrero.


No ubica a SALOMÓN BARRERA en las obras ejecutadas.

Descarta la presencia del gobernador en la visita realizada al colegio por el Secretario de Educación y los interesados en ampliar la estructura del colegio EGIDIO CÓRDOBA, SALOMÓN BARRERA, JAIME CALDERÓN y otros, atribuyendo a alguna confusión o error de los que elaboraron el acta de versión en la Contraloría, que escribiesen que el acusado estuvo presente.

No conversó ni fue abordado por los diputados, por razón de las obras.
4.1.2. SALVADOR RUÍZ ESPINEL, describe el trámite observado en la gobernación para la celebración de un contrato de obras. A la Secretaría de Educación llegaban las cotizaciones, las cuales eran evaluadas por su oficina de contratación y pasaban a la de presupuesto, de allí retornaban a contratación para la elaboración del borrador de contrato, luego pasaba al Secretario quien lo firmaba y enviaba a la oficina jurídica de la gobernación para su estudio. El convenio podía ser firmado por el gobernador sin su rúbrica.
Determinó los parámetros que debían ser atendidos para la celebración de los contratos de obras, por la Secretaría de Educación del Guainía.
Precisa que el gobernador era autónomo, no existía delegación en ningún secretario de despacho, todo era manejado por la oficina jurídica de la gobernación. Ignora si el procesado tuvo participación o injerencia en la celebración de los convenios investigados.
Niega que la cotización del contrato 015 estuviese signada por él o por el gobernador titular, con lo que pretende acreditar que los documentos de los contratos llegaban a la oficina de contratación de la Secretaría de Educación y de allí pasaban a la de presupuesto. Reitera que las necesidades de los establecimientos educativos eran valoradas por esa misma secretaría y presentadas a la gobernación, allí se tenía conocimiento del presupuesto de todas las secretarías de modo que la oficina jurídica era el eje central que manejaba todos los aspectos de la contratación.
Niega haber visitado conjuntamente con el gobernador y los interesados en cotizar la ampliación del colegio. Acepta como una de sus funciones visitar a los colegios, pero, reitera, nunca lo hizo con ROJAS TOMEDES.

Desconoce quién seleccionó los contratistas en los convenios investigados.


Refiere haber aspirado a ser elegido gobernador del Guainía, en contra de las aspiraciones de ROJAS TOMEDES. Aclara que los diputados también fueron antagonistas políticos del acusado.

Él revisaba que todos los contratos contaran con las tres cotizaciones, labor que también desempeñaba el jefe de la oficina de presupuesto, quien devolvía los contratos que no cumplieran ese requisito. Supone que las cotizaciones eran recibidas por la gobernación en razón a que de allí eran enviadas a la oficina de contratación de la Secretaría de Educación.



4.2. Intervención del Fiscal Delegado ante la Corte.

En cuanto a la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, considera acreditado que para la época de los hechos los contratistas GILDARDO SÁENZ ANDRADE y JOSÉ BUSTAMANTE FERNÁNDEZ eran diputados a la Asamblea del Guainía, quienes de acuerdo con los artículos 8 de la ley 80 de 1993 y 127, 180-2 y 299 de la Constitución Política, estaban inhabilitados para contratar con entidades del Estado.


Le otorga plena credibilidad a las aseveraciones de JOSÉ REINALDO GARZÓN HERRERA en la Contraloría y en el juicio, pese a la retracción de CARLOS ENRIQUE CAMPOS PINEDA en la audiencia, de haber visto al procesado en las obras acompañado de SALVADOR RUÍZ ESPINEL y los interesados en cotizar la remodelación del colegio, EGIDIO CÓRDOBA, SALOMÓN BARRERA, JAIME CALDERÓN, a las manifestaciones de REBECA GARCIA CASTRO de desechar su presencia en el colegio preguntando o supervisando las obras, y a que el acusado califique de ilógico que pretendiera favorecer a dos enemigos políticos, como eran los diputados; apoyado en los siguientes soportes fácticos:
GARZÓN HERRERA puso en conocimiento una situación de apariencia contractual en la cual resultaba penalmente comprometido, y según una regla de la experiencia, una persona no declara en falso en relación con otra a menos que ello le reporte un beneficio, y cuando declaró no sólo señaló al gobernador, a GILDARDO SÁENZ y a HARRY JOSÉ BUSTAMANTE, sino que además se auto incriminó admitiendo recibir una compensación por tramitar y firmar el contrato No. 015.
CESAR GÓMEZ GALVIS, quien figura como contratista en el convenio 014, resultó ser cuñado de HARRY JOSÉ BUSTAMANTE, según lo afirmó EGIDIO CÓRDOBA y aceptó el diputado, de modo que la simulación no se dio sólo en el contrato No. 015, ni fue inventada por GARZÓN HERRERA, sino que además se evidenció en el No. 014.

JAIME CALDERÓN GONZÁLEZ, aparente contratista en el convenio 023, realmente intervino como maestro de obra en la refacción del colegio. Calidad última corroborada por EGIDIO CÓRDOBA y las declaraciones de las personas que realizaron los trabajos, quienes, por demás, manifestaron que los pagos los hacía CÓRDOBA MARTÍNEZ. Pruebas que corroboran el dicho de JOSÉ REINALDO GARZÓN HERRERA.


Los tres contratos fueron ejecutados materialmente como una sola obra. Así, el único coordinador fue EGIDIO CÓRDOBA MARTÍNEZ, el maestro de obra JAIME CALDERÓN GONZÁLEZ, los demás eran trabajadores. Circunstancia indicativa que el contrato fue adjudicado a las cuatro personas en mención.

La falta de planeación, el fraccionamiento de la contratación, la omisión de los procedimientos básicos de la contratación directa fueron tan protuberantes que era imposible que fuesen ignorados por ROJAS TOMEDES. Esta particularidad fue definida por la Corte en la sentencia condenatoria como un indicador más de que GARZÓN HERRERA, no está mintiendo.


Es inadmisible que el proceso de contratación fuese dirigido por el Secretario de Educación, SALVADOR RUÍZ ESPINEL, pues se demostró en el mismo fallo que el gobernador participó en la selección de los contratistas estampando su firma incluso en las cotizaciones. Estima contrario al discurrir normal de la administración pública que un Secretario de Educación Departamental seleccione a los contratistas sin el consentimiento del gobernador. Sólo un funcionario con las facultades del gobernador podía manipular la contratación en los términos que se hizo.
Para desvirtuar el argumento relativo a que no es lógico que el acusado quisiera favorecer a sus opositores políticos con la contratación, aduce la máxima de la experiencia relativa a que es posible alagar y estimular a los opositores políticos con nombramientos o con contratación para amainar la oposición o para neutralizarla, relacionando varios funcionarios nombrados por el acusado en la administración departamental, pertenecientes a grupos políticos diferentes al suyo.

Acepta como veraz la declaración rendida por CARLOS ENRIQUE CAMPOS PINEDA en la Contraloría y desecha su retractación en la audiencia, en cuanto a que el gobernador estuvo con SALVADOR RUIZ ESPINEL y los interesados en cotizar en el colegio, por considerar increíbles las supuestas coacciones ejercidas sobre él por ese órgano de control y por no encontrar prueba que desmienta su primera participación.


Considera que el elemento subjetivo del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por el cual fue condenado el procesado, atinente al propósito de obtener para sí, para el contratista o para un tercero un beneficio, no está incluido en los presupuestos del punible de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, porque de concretarse ese propósito en la trasgresión de otras normas y ocasionar una nueva lesión al bien jurídico de la administración pública, éste delito también se tipifica. Además, por ser la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades un punible de prohibiciones en tanto que el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales de condiciones, lo que permite su imputación y acusación por separado.
Pide sea excluida la agravante imputada en la resolución de acusación del numeral 11 del artículo 66 del Código Penal de 1980, correspondiente a la del artículo 58 del nuevo Código Penal, alusiva a la posición distinguida ostentada por el procesado en la sociedad, por su cargo, oficio o ministerio, para ser consecuente con la jurisprudencia de la Corte y no vulnerar el principio de non bis in ídem.
En cuanto al peculado por apropiación se remite a los argumentos expuestos por la Fiscalía en la resolución de acusación y en la que negó su reposición, aclarando que de acuerdo con el dictamen del CTI en el contrato 015 se presentaron sobre costos por $41.047.800 y en el contrato 023 por $5.219.727. Para desechar el argumento defensivo de no existir puntos de referencia, precisa que para ello se tomaron otros contratos celebrados por la administración departamental en la misma Secretaría de Educación en 1998 y respecto del mismo objeto de remodelación, esta vez no del colegio sino de escuelas rurales referidos a cubiertas de asbesto, instalación de eternit, es decir, contratos de objeto similar. A partir de esa comparación el perito dedujo los sobre costos que fueron a parar a las arcas de los terceros mencionados como beneficiados con la contratación.

Por las razones anteriores, pide a la Sala condene al acusado por los dos delitos.


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