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Argemiro olaya parrado corte suprema de justicia sala de casaci


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia
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Tutela N° 27.066

ARGEMIRO OLAYA PARRADO


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado ponente:



SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 81

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil seis.


VISTOS

Sería procedente que la Sala avocara conocimiento y decidiera la acción de tutela interpuesta por el abogado ARGEMIRO OLAYA PARRADO, quien dice actuar como apoderado especial de GILBERTO CASTRO ROMERO, BÁRBARA PATACÓN DE OVALLE, LILIANA CASTRO ROMERO y JOSÉ ABRAHÁM MORENO GUTIÉRREZ, contra la FISCALÍA 28 LOCAL DE ACACÍAS (META) y contra la FISCALÍA TERCERA DE LA UNIDAD DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO, invocando la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y legalidad, si no fuera porque se echa de menos uno de los presupuestos procesales.



ANTECEDENTES:

1. El 12 de agosto de 2004, la señora LILIANA CASTRO ROMERO formuló denuncia penal ante la Unidad Investigativa de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía con sede en Acacías (Meta), contra los señores JOSÉ MANUEL HURTADO y LUZ MARINA ORTÍZ QUITÍAN.


2. Explicó la querellante que los denunciados eran los representantes de una entidad denominada FUNDAVISER, dedicada a la venta de lotes de terreno para la construcción de vivienda de interés social. LILIANA CASTRO ROMERO adquirió una de las parcelas, por la que canceló el valor total pactado, pues, esa era la condición para que se le adjudicara el bien. Sin embargo, al momento de reclamar le informaron que sobre la totalidad del terreno los vendedores adeudaban $107’000.000,oo. Por esa razón, le exigieron continuar cancelando una cuota mensual de $70.000,oo. La compradora no aceptó las nuevas condiciones y reclamó el dinero que ya había entregado, pero los representantes de FUNDAVISER se negaron a rembolsarle su inversión.
3. JOSÉ MANUEL HURTADO y LUZ MARINA ORTÍZ QUITÍAN, igualmente fueron denunciados por falsedad en documento público, porque se asegura que en la escritura pública de compraventa del lote de mayor extensión que parcelaron y enajenaron a favor de la señora CASTRO ROMERO y de otras personas, se especificó un precio que no se compadece con el valor real de la propiedad.
4. Las diligencias se le asignaron a la Fiscalía 28 Local de Acacías que ordenó la apertura de investigación contra JOSÉ MANUEL HURTADO y LUZ MARINA ORTÍZ QUITÍAN.
5. El ente investigador, mediante resolución del 21 de julio de 2005, resolvió precluir la instrucción. La decisión fue recurrida en apelación y confirmada por la Fiscalía Tercera de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio, por auto del 7 de febrero de 2006.

6. Considerando que las decisiones adoptadas por la Fiscalía en las dos instancias, desconocieron la evidencia allegada al plenario, el abogado ARGEMIRO OLAYA PARRADO, quien al parecer actuaba dentro del proceso penal en condición de apoderado especial de GILBERTO CASTRO ROMERO, BÁRBARA PATACÓN DE OVALLE, LILIANA CASTRO ROMERO y JOSÉ ABRAHÁM MORENO GUTIÉRREZ, asegura que constituyen vía de hecho y vulneran los derechos fundamentales de sus representados.


7. Ante esa situación, pretende que por esta vía se invalide la resolución de preclusión de la investigación proferida por la Fiscalía Local demandada y confirmada en segundo grado por la Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Señala el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que:

La acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.


También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
Se desprende de citado precepto que el amparo puede ser solicitado por el titular de los derechos fundamentales lesionados o puestos en peligro, de forma directa, a través de representante legal o por conducto de apoderado que, en todo caso, deberá ser abogado titulado, debidamente autorizado, por medio del correspondiente poder.
En los eventos en los cuales el titular de los derechos fundamentales esté imposibilitado para promover su propia defensa, puede actuar en su nombre un agente oficioso siempre que así se explique en la demanda y se demuestre, al menos sumariamente, que se está limitado física o mentalmente para promover su propia defensa.
En el caso bajo examen, la acción de tutela fue instaurada por el abogado ARGEMIRO OLAYA PARRADO, invocando su condición de apoderado especial de GILBERTO CASTRO ROMERO, BÁRBARA PATACÓN DE OVALLE, LILIANA CASTRO ROMERO y JOSÉ ABRAHÁM MORENO GUTIÉRREZ, a favor de quienes, al parecer, se constituyó en parte civil dentro de un proceso penal.
El accionante, sin embargo, no aportó el poder que lo autorizara para solicitar la protección de los derechos fundamentales de GILBERTO CASTRO ROMERO, BÁRBARA PATACÓN DE OVALLE, LILIANA CASTRO ROMERO y JOSÉ ABRAHÁM MORENO GUTIÉRREZ. Tampoco explicó si actuaba en condición de agente oficioso y, mucho menos, advirtió en qué consistía el impedimento de sus representados, por demás titulares de los derechos supuestamente vulnerados, para interponer, directamente o por conducto de mandatario, el excepcional recurso constitucional.

Es cierto, la acción de tutela es, en esencia, un procedimiento informal, preferente y sumario. Sin embargo, tales características no excluyen la necesidad de verificar, en su trámite, la concurrencia de mínimos presupuestos procesales, pues, para la conformación de la relación jurídica procesal deben confluir los sujetos, el objeto y la causa, elementos sin los cuales no podría el Juez pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones.


En relación con los intervinientes, es necesario que asistan, al menos, el activo y el pasivo, quienes deben ser sujetos de imputación jurídica, es decir, titulares de derechos y obligaciones, en la medida de su capacidad. En tanto ésta no se tenga o esté disminuida, podrán acudir al proceso representados por otros que previamente tengan autorización legal o convencional.
En síntesis, quien actúe en cualquier proceso, debe estar legitimado.
En este caso, no se tiene noticia de que GILBERTO CASTRO ROMERO, BÁRBARA PATACÓN DE OVALLE, LILIANA CASTRO ROMERO y JOSÉ ABRAHÁM MORENO GUTIÉRREZ, estén incapacitados para promover directamente su propia defensa, ni para autorizar a otro que se conduzca como su representante o apoderado.
ARGEMIRO OLAYA PARRADO, no está legitimado para emprender la defensa de los derechos fundamentales que invoca, porque no tiene poder de los titulares ni agencia oficiosamente sus derechos por incapacidad física o psíquica de aquellos. Porque, si bien aporta copia de unos poderes especiales conferidos por GILBERTO CASTRO ROMERO, BÁRBARA PATACÓN DE OVALLE, LILIANA CASTRO ROMERO y JOSÉ ABRAHÁM MORENO GUTIÉRREZ1, lo cierto es que apenas lo autorizan para constituirse en parte civil ante la FISCALÍA 22 o 28 LOCAL o SECCIONAL de Acacías, pero de ninguna manera lo habilitan para llevar a cabo gestiones como la que ahora ocupa la atención de esta Corporación.
Frente al tema la jurisprudencia de la Corte Constitucional de tiempo atrás ha sostenido:
La acción de tutela sólo puede ser interpuesta, en principio, para defender derechos fundamentales propios, pudiendo reclamar la protección el mismo afectado sin intervención de apoderado judicial. Sin embargo, puede incoar la acción un tercero para que se amparen derechos cuya titularidad no ostenta, cuando hay de por medio una representación legal, cuando su titular le ha extendido mandato expreso para ello o cuando el afectado no puede, por razones fácticas o jurídicas, promover su propia defensa, caso en cual opera la agencia oficiosa que debe probarse sumariamente y ponerse de manifiesto en el libelo demandatorio. Es menester que en todos estos casos de representación jurídica, el demandante acredite debidamente su calidad para actuar en nombre de otro” 2
En este orden de ideas al no cumplirse en el evento bajo estudio el presupuesto de procedibilidad consistente en la legitimación por activa, se rechazará la presente acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE:
1. RECHAZAR la acción de tutela instaurada por el doctor ARGEMIRO OLAYA PARRADO, por carecer de legitimidad para actuar.
2. Notificar el presente auto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1.991.
CÚMPLASE

MAURO SOLARTE PORTILLA


SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN


JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS


JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ


TERESA RUIZ NÚÑEZ



Secretaria

1 Folios 11 al 14

2 Corte Constitucional. Sentencia T-709/98



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