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Aracely ahumada lozano y o


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TUTELA PRIMERA INSTANCIA No. 48316

ARACELY AHUMADA LOZANO Y O.


República de Colombia




Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Magistrado Ponente:



JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

Aprobado acta N° 171

Bogotá D. C., mayo veintisiete (27) de dos mil diez (2010).



V I S T O S

Decide la Sala en primera instancia, la tutela que promueven a través de apoderado los ciudadanos ARACELY AHUMADA LOZANO, JESÚS ENRIQUE GARCÍA ROMERO, DENIS MARÍA CASTRO ARRIETA, OLIDER JOSÉ RAMOS SOTELO, PABLO EMIRO ARRIETA GONZÁLEZ, AYDA ESTHER BARRIOS POLO, AIDA LUZ MÉNDEZ BALDOVINO, YASMIDES BARRIOSNUEVO MORALES, DIGNA ROSA ROBLES TORRES, PEDRO BARRANCO CASTRO, EDITH MARINA CAMARGO LARA, SISIANA ALTAMAR GOENAGA, EGDAR MESA BLANCO, EMILIANO FRANCISCO PÉREZ SARMIENTO, NAYDIS ELENA OLIVIERA MEDINA, EMILSE EDITH HERNÁNDEZ BALLESTEROS, TOMASA ISABEL BARRIO DEL RIO, YALENIS ISABEL RAMOS HOYOS, JAIME GARCÍA HERRERA, DIANA ALEIDYS RAMOS ROBLES, EVARISTO ENRIQUE LARA GUTIÉRREZ, BETTY DEL CARMEN PALACIO ROJAS, ANA RAFAELA JIMÉNEZ ORTÍZ, OLIDER OMAR RAMOS ROBLES, LISBETH DEL ROSARIO VILLA ORTÍZ, MILETH ANTONIO PAYARES ANGARITA, JORGE EZEQUIEL PERTUZ ALTAMAR, ZULEIMA ESTHER BARRIOS GARCÍA, VIVIANA LEYBA RAMÍREZ, GERARDO ANTONIO GUILLÉN SANDOVAL, MARLENE ESTHER FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, YASMINE ESTHER MENDOZA ARELLANA, MARIO AUGUSTO BARRIOS GONZÁLEZ, LUIS RAFAEL GIL SALGADO, RUTH MARÍA GARCÍA ESPINOZA, NORELIS ESTHER ARROYO YEPEZ, LILYS JOSEFINA GONZÁLEZ LORA, YENNIS ESTHER BARRETO CARO, GILDARDO MANJARREZ ANTURY, CARMEN MERCEDES MERCADIO BOSSIO, EDILSA ESTHER DEL RÍO VIZCANO, NANCY MARGARITA OVIEDO SEVERICHE, ADRIANA CONCEPCIÓN ORTÍZ ACOSTA, ANA MILENA QUINTERO SALGADO, MARLENE DEL SOCORRO MARTÍNEZ FOLCO, MERCEDES MARTÍNES ALMANZA, MIRLEY JUDITH PÉREZ POLO, ELKIN SAMIT BARRANCO VILLALOBO, MELISSA DEL CARMEN SOLANO MOLINARES, HUMBERTO ENRIQUE YANCE DE LA HOZ, ARNEIDA URIBE HIGUITA, DORÍS MACHACÓN PACHECO, MARGARITA ROSA CARO PARRA, ANA CRUZ SERNA TELLEZ, MANUEL GREGORIO MERIÑO MIRANDA, LETICIA MERCEDES RUIZ REYEZ, LUISA ESTHER CARRILLO MADRID, LISBETH GARRIDO PAYARES, PEDRO JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, GUADALUPE JIMÉNEZ SANTANDER, RONAL RAFAEL POLO RUIZ, LISBETH RODRÍGUEZ CASTILLO, MARCOS DE MOYA CHARRIS, GLORIA ELCY RODRÍGUEZ MEJÍA, JOSEFINA EUCARIS GUTIÉRREZ DE LA CRUZ, FABIÁN ENRIQUE SUESCÚN ALDANA, EDILMA MARÍA TORRES TORRES, LUIS ALBERTO SUÁREZ LLORENTE, HENRY ANTONIO CONTRERAS LIDUEÑA, ELSA ISABEL JAIRO SILVA, HERNANDO MANUEL ALMAR FRANCO, SILVIA JANETH QUIROZ TABORDA, LORENA INÉS POLO ORTÍZ, JOHANNA RAQUEL PEDRAZA PÉREZ, ALMA ROSA CONSUEGRA MARTÍNEZ, ESNEIRA LUZ TOBIAS MOLINA y VIRGINIA E. GARCÍA PÉREZ contra Fiscalía 52 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, la Alcaldía Distrital de Barranquilla y el Banco de Occidente de esa ciudad, en procura de protección para los derechos fundamentales que estiman vulnerados como consecuencia de las vías de hecho en que incurrieron las referidas autoridades.


ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

De la demanda de tutela, sus anexos y de otros documentos allegados al expediente se infieren los siguientes hechos:

ARACELI AHUMADA LOZANO y otros 77 ciudadanos, actuando a través de apoderado, elevaron demanda de tutela en contra del Alcalde de Barranquilla en busca de protección a sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, igualdad y pago oportuno de salarios con ocasión de la prestación de sus servicios como docentes, asesores, porteros –entre otros- en escuelas auspiciadas por la misma comunidad, y que señalan fueron colocados en situación de inferioridad frente a la contratación de otras personas con el mismo propósito.
Adelantado el correspondiente trámite bajo el radicado 2007-00173-00, el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla mediante fallo del 13 de abril de 2007 concedió la tutela reclamada y en consecuencia ordenó al Alcalde que un término de 30 días procediera a adelantar las acciones pertinentes y eficaces para la legalización de la situación laboral de los accionantes, procediendo a la gestión y consecución de los recursos ante el Ministerio del ramo y obtener las partidas presupuestales correspondientes para cumplir con las obligaciones que les asiste en cuando al restablecimiento de los derechos laborales.
El apoderado de la parte actora presentó los días 19 y 20 de abril del mismo año dos escritos solicitando -en su orden- la aclaración de la parte resolutiva y la adición de la misma en el sentido de incluir otras personas quienes igualmente le habían conferido poder, pretensiones que fueron atendidas mediante auto del 9 de mayo de 2007. A su turno el demandado impugnó el fallo el 25 de abril, recurso que fue concedido el 22 de mayo.
Sin embargo el anterior trámite no fue finiquitado dado que mediante auto del 6 de junio de 2007 el sentenciador dispuso enviar las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión bajo el entendido que el accionado había desistido de su recurso al manifestar en memorial del 30 de mayo “En atención al asunto de la referencia me permito manifestarle que la administración Distrital de Barranquilla se allana en el escrito de impugnación presentado en fecha Abril 24 de 2007, ya que esta entidad se encuentra realizando las gestiones para el cumplimiento del fallo”.
La Corte Constitucional mediante proveído del 4 de octubre de 2007 resolvió excluir de revisión el anterior trámite.

Con ocasión de actuación relacionada con anterioridad, los accionantes favorecidos con el fallo promovieron incidente de desacato, el que fue resuelto por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla sancionando al Alcalde de esa ciudad, sin embargo el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad al revisar en consulta el fallo sancionatorio, acogió el argumento del burgomaestre según el cual era imposible para él dar cumplimiento a la orden de tutela, por tanto procedió a revocar la decisión.

Aparece igualmente, que el Juzgado Séptimo Penal Municipal ordenó el 28 de abril de 2009 el embargo y secuestro preventivo de los dineros que tenga o llegare a tener la Alcaldía en las cuentas corrientes u otros conceptos bancarios hasta por un valor de $5.762.844.009.
El apoderado del ente distrital solicitó la declaratoria de ilegalidad del referido auto bajo la existencia de irregularidades en el trámite de la solicitud y la imposibilidad de acatar el fallo en los términos referidos -pedimento que fue despachado desfavorablemente el 31 de julio de 2009, cuando ya estaba en curso la acción de tutela referida a continuación.
En vista de la mora en atender tal solicitud el Jefe de la Oficina Jurídica del Distrito de Barranquilla presentó acción de tutela en contra del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, la cual correspondió desatar al Juzgado Octavo Penal del Circuito de la misma localidad –Radicado 2009-00172-00-, autoridad que mediante fallo del 31 de julio de 2009 resolvió no tutelar los derechos invocados.
Impugnada la decisión, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla mediante proveído del 24 de septiembre del presente año impartió su confirmación, al considerar que si bien se presentó una irregularidad en el trámite de la solicitud –incorrecta incorporación- la misma ya fue subsanada.

Una nueva acción de tutela fue promovida por el representante del Distrito de Barranquilla alegando vulneración a su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que en ningún momento el representante de aquel entonces desistió del recurso de impugnación propuesto contra la primigenia sentencia de tutela, pretensión que fue desestimada por ésta Corporación en providencia del 11 de noviembre de 2009.


De otra parte se tiene que, la Fiscalía 52 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá adelanta en la actualidad investigación en contra de los doctores OSWALDO DE JESÚS GUERRERO OSPINO, ROSA MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ y TARCISIO MANUEL BENAVIDES, juez titular el primero, y encargados los dos restantes del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, por la probable comisión de las conductas punibles de prevaricato por omisión, falsedad material en documento público y peculado por apropiación a favor de terceros, por la expedición de la sentencia de tutela de tutela del 13 de abril de 2007, su adición el 9 de mayo siguiente y el auto del 28 de abril de 2009, decisiones con las que se concedió el amparo a favor de ARACELY AHUMADA y 77 ciudadanos mas, y se dispuso el embargo de las cuentas que tuviera la Alcaldía de Barranquilla en el Banco de Occidente.

Es así que, dentro del trámite seguido contra el doctor TARCISIO

MANUEL BENAVIDES ACOSTA bajo la egida Ley 906 de 2004, la Fiscalía al encontrar la actualización de los tipos penales referidos, dispuso con fundamento en el artículo 22 de esa ley, la suspensión de la orden de embargo que pesaba sobre el patrimonio económico de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a efectos de evitar que se pagara a los accionantes la suma de más de cinco mil millones de pesos.
En tales condiciones, ARACELY AHUMADA LOZANO y los demás ciudadanos en mención formulan a través de apoderado demanda de tutela en procura de protección para sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, mínimo vital, salud, seguridad social y trabajo que estiman vulnerados como consecuencia de vías de hecho en que incurrieron las accionadas al impedir el pago de la obligación laboral y suspender el embargo decretado a las cuentas del Distrito de Barranquilla.

Como sustento de la demanda señala el apoderado de los actores, la Alcaldía Distrital de Barranquilla pretende inducir en error al Fiscal 52 y a la opinión pública, haciéndoles creer que sus poderdantes están confabulados para apoderarse de los dineros del distrito, situación que ha sido puesta en conocimiento de la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, pero mientras se resuelve tal queja les resulta de extrema urgencia que se adopten las medidas necesarias para que se deje sin efecto la suspensión del embargo ordenada por la Fiscalía demandada, pues de no proceder a ello, se les expondría a los accionantes a un perjuicio irremediable dado que perderían sus viviendas en virtud de los múltiples embargos a los que se han visto obligados a acudir para obtener los prestamos que les ha permitido subsistir todo éste tiempo.




TRÁMITE DE LA ACCIÓN


De conformidad con el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, en el auto admisorio de la demanda se ordenó surtir traslado a las autoridades accionadas, para que ejercieran el derecho de contradicción.

Frente a tal requerimiento, el Fiscal 52 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá hace saber que en efecto ese despacho conoce de la investigación que se sigue contra los doctores OSWALDO DE JESÚS GUERRERO OSPINO, ROSA MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ y TARCISIO MANUEL BENAVIDES, juez titular el primero, y encargados los dos restantes del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, por la probable comisión de las conductas punibles de prevaricato por omisión, falsedad material en documento público y peculado por apropiación a favor de terceros, en cuyo curso se ordenó el restablecimiento del derecho disponiendo la suspensión de la orden de embargo que pesaba sobre el patrimonio económico de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Advierte, de no haber adoptado la medida ahora cuestionada por los accionantes, equivaldría a permitir que se consumara un notorio y grave perjuicio a las finanzas de la ciudad de Barranquilla, a pesar de avizorarse la comisión de varias conductas punibles, decisión que encuentra sustento en el artículo 22 de la Ley 906 de 2004 y por tanto el amparo deviene improcedente.

A su turno, el Director Jurídico de la Región Norte del Banco del Occidente S.A. presenta un recuento de las actuaciones surtidas ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla con ocasión de la acción de tutela que le resultara favorable a quienes ahora acuden también como accionantes, la última de las cuales se refiere a la orden de suspensión de embargo procedente de la Fiscalía 52 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, advirtiendo así que esa entidad no ha hecho otra cosa que acatar las órdenes de las autoridades, por lo que rechaza la afirmación de los accionantes en sentido contrario.

El Juez Séptimo Penal Municipal de Barranquilla solicita se declare la improcedencia de la tutela invocada, por cuanto se está ante la inexistencia de la vulneración de derechos invocados en el entendido que hay carencia de legitimación en la causa por pasiva en lo que atañe a ese despacho, como que todas las actuaciones del juzgado a su cargo han estado encaminadas a lograr el cumplimiento del fallo de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De conformidad con la preceptiva del artículo 1, numeral 2 del Decreto 1382 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la demanda formulada, en tanto comprende, la decisión adoptada por la Fiscalía 52 Delegada ante Tribunal Superior de Bogotá, de la cual es su superior funcional.

Referente a la acción pública que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso que concita la atención de la Sala, es claro que la invocación de tutela para los derechos fundamentales de los demandantes, está encaminada en esencia, a dejar sin efecto la decisión a través de la cual la Fiscalía 52 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá dispuso, con fundamento en el artículo 22 de la Ley 906 de 2004, el restablecimiento del derecho dentro de las diligencias penales que por los delitos de prevaricato por omisión, falsedad material en documento público y peculado por apropiación a favor de terceros se adelanta en contra de los doctores OSWALDO DE JESÚS GUERRERO OSPINO, ROSA MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ y TARCISIO MANUEL BENAVIDES, juez titular el primero, y encargados los dos restantes del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, pues consideran los accionantes que dicho pronunciamiento se edificó bajo una evidente vía de hecho.

Al respecto, deviene imperioso destacar que de acuerdo con la jurisprudencia, se incurre en vía de hecho cuando, (i), la decisión que se reprocha se funda en una norma absolutamente inaplicable (defecto sustantivo); (ii), resulta manifiesto que el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión (defecto fáctico); (iii), el funcionario carece de competencia para proferir la decisión (defecto orgánico); y, (iv), el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental).

En la primera circunstancia hay que tener en cuenta que para que se incurra en vía de hecho la norma a que acude el juez debe ser claramente inaplicable. En consecuencia, no hay defecto sustantivo cuando ello no es evidente, o simplemente cuando es el actor quien da a la norma una interpretación o un alcance distinto al sentado por el funcionario judicial.

Quien administra justicia tiene autonomía para interpretar la norma que más se ajuste al caso, para valorar las pruebas y para decidir el asunto con fundamento en las prescripciones legales y constitucionales pertinentes. La labor de interpretación, como consecuencia de la autonomía judicial que reconoce la Carta Política, permite que la comprensión que se llegue a tener de una misma norma por distintos operadores jurídicos sea diversa, pero ello, per se, no hace procedente la acción de tutela.


En efecto, y así se ha reconocido en reiterada jurisprudencia constitucional1, cuando una disposición o un problema jurídico admiten varias y diferentes interpretaciones y soluciones, la selección que haga el fallador de una de ellas, siempre que sea el resultado de un juicio serio, prudente y motivado, no puede ser cuestionada a través de la acción de tutela, so pena de afectar la independencia y la autonomía judicial.

Ahora bien: hecho el reconocimiento de que la acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales y únicamente cuando la decisión del juez implica la vulneración grave del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia constitucional también ha resaltado la necesidad de que las deficiencias procesales se resuelvan en el contexto natural de los procesos judiciales regulares porque todos ellos están adecuadamente dotados de mecanismos que permiten a las partes e intervinientes reclamar en su interior los errores que allí puedan producirse.
Cuando quiera que la consecución de la protección y eficacia de los derechos fundamentales se ven obstaculizadas con la comisión de conductas punibles, las autoridades judiciales en cumplimiento de sus facultades tienen que adoptar las medidas necesarias, adecuadas y pertinentes con el objeto de restablecer los derechos quebrantados de las víctimas en la medida de lo posible y aplicar las sanciones previstas a los responsables, ya que sólo así se pueden sentar las bases de la convivencia pacífica entre los individuos y lograr un orden social justo.

Precisión que tiene su soporte jurídico en el artículo 2º de la Constitución Política que obliga a todas las autoridades públicas a proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, y de las facultades específicas asignadas a las autoridades judiciales en los artículos 28 y 250. 1, ejusdem, de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas tanto las sanciones a los infractores de la ley penal como las medidas reparadoras a las víctimas.

De ahí que el artículo 22 de la Ley 906 de 2004 prevé el restablecimiento del derecho como una forma de hacer efectivas esas

medidas al establecer que:


Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal”,


Disposición que como viene de reseñarse, se traduce en la facultad que concede la ley a las autoridades judiciales, para que en la medida de lo posible adopten las medidas necesarias en orden a restaurar los derechos de las víctimas de encontrarse satisfechos ciertos presupuestos, sobre los cuales se refirió la Sala al señalar:

Lo anterior implica, entonces, que la funcionalidad del restablecimiento del derecho está circunscrita a un ámbito bien demarcado, esto es, a que son susceptibles de restablecerse aquellos derechos que tengan injerencia directa con la conducta punible puesta en conocimiento del funcionario judicial, y que correlativamente pueden ser intervenidos aquellos intereses del imputado o sindicado, según sea el estadio procesal en que se lleve a cabo, que también guarden estrecha relación con la conducta que se le

imputa”2

En el caso particular, no podría afirmarse que los motivos expuestos por la parte demandante se configuren en una de las circunstancias a las que alude la jurisprudencia, siendo que, la decisión censurada se sustenta en motivos razonables que eliminan cualquier viso de arbitrariedad que le haga perder legitimidad o su condición de verdadera decisión judicial, pues las razones que esgrimió la Fiscalía demandada para disponer el restablecimiento del derecho son serias y sensatas, siendo que, se acudió a una interpretación plausible de las previsiones contenidas en el artículo 22 del estatuto procesal penal, en cuanto permite adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de las conductas punibles investigadas.

Corolario de lo expuesto, lejos estaría, como sucede en el sub judice, de cumplir con los requisitos de habilitación la demanda de tutela que gira únicamente en torno a cuestionar la interpretación o aplicación normativa que el funcionario competente vertió en la resolución del caso concreto, cuando en ella se consignaron las razones que dan legitimidad a la misma y sobre las cuales los libelistas sólo aportan consideraciones personales que si bien respetables, no alcanzan a plantear un asunto de estricto contenido constitucional con la capacidad de afectar los mismos, al punto de derruir la doble presunción de legalidad y acierto que a tal pronunciamiento es inherente, razón por la cual el amparo demandado es improcedente.

A más de lo anterior, si se atiende el carácter provisional de la medida que por vía del mecanismo excepcional se acusa de trastocar las garantías fundamentales del accionante, emerge con claridad, que encontrándose las diligencias en su fase investigativa el asunto objeto de tal determinación no ha quedado definitivamente superado en el proceso, porque bien puede volverse sobre él a través de los diferentes mecanismos que la ley otorga para tal fin.

Así las cosas, entre tanto el proceso se encuentre en curso, es decir, mientras no se haya agotado la actuación del juez ordinario, es claro que persiste posibilidad de reclamar dentro de él el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible –excepto que se pretenda evitar un perjuicio irremediable, lo que haría procedente el amparo transitorio o provisional- acudir al juez constitucional para que tercie en las discusiones que naturalmente se presentan en todos los procesos judiciales en los que hay intereses de partes.

Ahora, si se advierte la naturaleza de las pretensiones contenidas en la demanda tutelar y las circunstancias expuestas por el actor la Sala no aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuración de un perjuicio irremediable como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acción, pues la sola circunstancia de mostrarse inconforme con la medida de restablecimiento del derecho no justifica per se la consumación de un perjuicio irremediable, siendo que ello se sustenta en la existencia de una decisión judicial que goza de la presunción de acierto y legalidad hasta tanto no aparezcan nuevos elementos de juicio que la desvirtúen.


Corolario de lo anterior, resulta nítida la falta de viabilidad de la petición que al amparo de la acción de tutela ha elevado el apoderado los accionantes.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E :

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de tutela promovida a través de apoderado por los ciudadanos ARACELY AHUMADA LOZANO, JESÚS ENRIQUE GARCÍA ROMERO, DENIS MARÍA CASTRO ARRIETA, OLIDER JOSÉ RAMOS SOTELO, PABLO EMIRO ARRIETA GONZÁLEZ, AYDA ESTHER BARRIOS POLO, AIDA LUZ MÉNDEZ BALDOVINO, YASMIDES BARRIOSNUEVO MORALES, DIGNA ROSA ROBLES TORRES, PEDRO BARRANCO CASTRO, EDITH MARINA CAMARGO LARA, SISIANA ALTAMAR GOENAGA, EGDAR MESA BLANCO, EMILIANO FRANCISCO PÉREZ SARMIENTO, NAYDIS ELENA OLIVIERA MEDINA, EMILSE EDITH HERNÁNDEZ BALLESTEROS, TOMASA ISABEL BARRIO DEL RIO, YALENIS ISABEL RAMOS HOYOS, JAIME GARCÍA HERRERA, DIANA ALEIDYS RAMOS ROBLES, EVARISTO ENRIQUE LARA GUTIÉRREZ, BETTY DEL CARMEN PALACIO ROJAS, ANA RAFAELA JIMÉNEZ ORTÍZ, OLIDER OMAR RAMOS ROBLES, LISBETH DEL ROSARIO VILLA ORTÍZ, MILETH ANTONIO PAYARES ANGARITA, JORGE EZEQUIEL PERTUZ ALTAMAR, ZULEIMA ESTHER BARRIOS GARCÍA, VIVIANA LEYBA RAMÍREZ, GERARDO ANTONIO GUILLÉN SANDOVAL, MARLENE ESTHER FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, YASMINE ESTHER MENDOZA ARELLANA, MARIO AUGUSTO BARRIOS GONZÁLEZ, LUIS RAFAEL GIL SALGADO, RUTH MARÍA GARCÍA ESPINOZA, NORELIS ESTHER ARROYO YEPEZ, LILYS JOSEFINA GONZÁLEZ LORA, YENNIS ESTHER BARRETO CARO, GILDARDO MANJARREZ ANTURY, CARMEN MERCEDES MERCADIO BOSSIO, EDILSA ESTHER DEL RÍO VIZCANO, NANCY MARGARITA OVIEDO SEVERICHE, ADRIANA CONCEPCIÓN ORTÍZ ACOSTA, ANA MILENA QUINTERO SALGADO, MARLENE DEL SOCORRO MARTÍNEZ FOLCO, MERCEDES MARTÍNES ALMANZA, MIRLEY JUDITH PÉREZ POLO, ELKIN SAMIT BARRANCO VILLALOBO, MELISSA DEL CARMEN SOLANO MOLINARES, HUMBERTO ENRIQUE YANCE DE LA HOZ, ARNEIDA URIBE HIGUITA, DORÍS MACHACÓN PACHECO, MARGARITA ROSA CARO PARRA, ANA CRUZ SERNA TELLEZ, MANUEL GREGORIO MERIÑO MIRANDA, LETICIA MERCEDES RUIZ REYEZ, LUISA ESTHER CARRILLO MADRID, LISBETH GARRIDO PAYARES, PEDRO JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, GUADALUPE JIMÉNEZ SANTANDER, RONAL RAFAEL POLO RUIZ, LISBETH RODRÍGUEZ CASTILLO, MARCOS DE MOYA CHARRIS, GLORIA ELCY RODRÍGUEZ MEJÍA, JOSEFINA EUCARIS GUTIÉRREZ DE LA CRUZ, FABIÁN ENRIQUE SUESCÚN ALDANA, EDILMA MARÍA TORRES TORRES, LUIS ALBERTO SUÁREZ LLORENTE, HENRY ANTONIO CONTRERAS LIDUEÑA, ELSA ISABEL JAIRO SILVA, HERNANDO MANUEL ALMAR FRANCO, SILVIA JANETH QUIROZ TABORDA, LORENA INÉS POLO ORTÍZ, JOHANNA RAQUEL PEDRAZA PÉREZ, ALMA ROSA CONSUEGRA MARTÍNEZ, ESNEIRA LUZ TOBIAS MOLINA y VIRGINIA E. GARCÍA PÉREZ, conforme se precisó en la parte motiva de esta providencia.

2. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del

decreto 2591 de 1991.


3. En firme esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS YESID RAMÍREZ BASTIDAS

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria



1 Sentencias T-167 y T-780 de 2006.

2 Corte Suprema de Justicia, sentencia segunda instancia del 11 de diciembre/03, radicación 19.547.




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