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Antecedentes demanda


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1.022

"CACCIABUE NICOLÁS JORGE C/ AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA) S/ MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O ANTICIPADA“.

En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a los 18 días del mes de marzo de 2011, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, integrada por los Dres. Marcelo José Schreginger, Cristina Yolanda Valdez y Damián Nicolás Cebey, se reúne en Acuerdo Extraordinario para dictar sentencia interlocutoria en los autos "CACCIABUE NICOLÁS JORGE C/ AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA) S/ MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O ANTICIPADA“, en trámite bajo el nº 1022-2010.

Según el sorteo efectuado se estableció el siguiente orden de votación: Dres. Damián Nicolás Cebey, Marcelo José Schreginger y Cristina Yolanda Valdez.



ANTECEDENTES

Demanda

I. Se presenta el Sr. Nicolás Jorge Cacciabue con fecha 15 de septiembre de 2009 a interponer lo que denominó incidente de levantamiento de medida cautelar, con el objeto de obtener el levantamiento del embargo general trabado-por ARBA- sobre sus cuentas bancarias.

En el libelo inicial, expone que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ha liquidado una supuesta deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario respecto de un bien inmueble del que resulta copropietario y el cual individualiza, tomando como base imponible la valuación fiscal correspondiente a una superficie edificada inexistente.

Señala que se trata de un edificio en construcción, abandonado, en el cual solamente existe una estructura de hormigón, la que ARBA ha considerado -erróneamente- como bien inmueble construido y habitable.

Indica que, en los autos principales -de cuya demanda aún no se ha notificado- el Fisco ordenó y trabó por sí un embargo preventivo sobre sus cuentas bancarias personales por la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Treinta y Nueve con Cuarenta Centavos ($.246.539,40).

Expone que dicho monto de embargo correspondía a una liquidación del Impuesto Inmobiliario, practicada de oficio, respecto de un bien inmueble que detenta en condominio con los señores Carlos Alberto Gentilini, Virgilio Padovani, sucesores de Mario Ricciardi y Alberto Clemente Fernández.

Merita que la valuación fiscal del inmueble es menor que aquella por la que se traba embargo sobre sus cuentas; acompaña comprobantes de pago, de los que surge una valuación fiscal (para el año 2008) de Pesos Ciento Veintiun Mil Quinientos ($.121.500).

En síntesis, explica que se trata de un inmueble a construir (tal como obra en el expediente n° 6319/78 de la Municipalidad de Campana), cuya construcción no ha finalizado, por lo que -sostiene- no tiene final de obra, no es habitable, no cuenta con aberturas, servicios, instalaciones, etc.

Respecto de los requisitos de la medida cautelar, funda -primeramente- el peligro en la demora, exponiendo que -en el caso- no existe peligro alguno en la demora que justifique el embargo sobre sus cuentas bancarias.

Agrega que, si el bien inmueble posee una valuación fiscal de más de Pesos Dos Millones ($.2.000.000), y supuestamente la obligación que origina el embargo es de Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Treinta y Nueve con Cuarenta Centavos ($.246.539,40), esto es, menos del diez por ciento (10%) del total del inmueble, entiende que el crédito del Fisco se encuentra plenamente asegurado ante una eventual realización judicial del mismo.

Culmina, en este punto, que no existe un peligro en la demora por cuanto la eventual subasta del inmueble cubriría el crédito reclamado.

Respecto de la verosimilitud en el derecho invocado, explica que la Administración ha cometido el error de tomar como superficie cubierta y habitable una mera construcción de hormigón, inhabitable.

Añade que el Fisco ha sido advertido de tal error mediante el reclamo y declaración jurada del Agrimensor acompañada, pese a lo cual -y así, critica- optó por trabar un embargo antes de verificar, mediante una simple inspección, el error puesto en conocimiento.

Entiende, por tales fundamentos, que no existe peligro en la demora ni verosimilitud en el derecho que justifique la subsistencia del embargo que se le ha trabado sobre sus cuentas bancarias.

Culmina planteando que, en el caso, se sustituya el embargo trabado sobre sus cuentas, por un embargo sobre el bien inmueble que ha originado la supuesta deuda tributaria.

Hace reserva del Caso Federal (fs. 40) y ofrece prueba.

Sentencia apelada

II. Con fecha 11 de diciembre de 2009 la Jueza de Grado se expide sobre la pretensión de levantamiento de la medida cautelar, dando acogida favorable a su pedido, exponiendo los fundamentos que se reseñan seguidamente.

En primer lugar, expresa que la medida solicitada por el actor se encuentra destinada a lograr el levantamiento del embargo trabado por la demandada en su cuenta bancaria. Además, refiere que dicho pedimento se funda en un cuestionamiento a la determinación de oficio llevada adelante por la Administración respecto de la valuación del Impuesto Inmobiliario propiedad del actor.

Para encarar su tratamiento, aborda los requisitos propios de toda medida cautelar.

Comienza por la verosimilitud en el derecho invocado, expresando que cabe indagar en la cuestión que derivó en una liquidación de deuda, y que fuera determinante del embargo practicado por ARBA, para lo cual analiza el encuadre legal que considera aplicable al caso, la Ley n° 10.707 (de Catastro Territorial Provincial), en la cual -entre varias cuestiones previstas en tal cuerpo normativo- resalta (citando su artículo 56) que la valuación fiscal básica de cada parcela estará dada por la suma del valor del suelo y el de las accesiones.

Continúa exponiendo que, de acuerdo con las constancias de la causa, surge acreditado que -durante el período fiscal 2008- el inmueble en cuestión era considerado baldío, con una valuación fiscal que tomaba en consideración el terreno, y ascendía a la suma de Pesos Ciento Veintiun Mil Quinientos ($.121.500), para lo cual cita las fs. 4/7 de la causa.

Agrega que dicha valuación fue modificada para el período fiscal 2009, elevándosela a la suma de Pesos Dos Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Dos ($.2.635.302), en una liquidación que incluyó también la valuación correspondiente a la edificación o mejoras introducidas al inmueble [ascendiendo ellas a la suma de Pesos Dos Millones Quinientos Trece Mil Ochocientos Dos ($.2.513.802)], colocándose al inmueble en la categoría de urbano edificado.

Refiere que, con fecha 21 de octubre de 2009, ARBA expidió un certificado de valuación fiscal (ver fs. 92) consignando una valuación fiscal del inmueble en la suma de Pesos Setecientos Nueve Mil Ciento Dos ($.709.102), contemplando -por un lado- el valor de la tierra en Pesos Ciento Veintiún Mil Quinientos ($.121.500) y, por otro lado, la valuación de edificio en construcción, en la suma de Pesos Quinientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Dos ($.587.602), colocándose al inmueble en la categoría de urbano baldío.

Concluye que la accionada se ha avenido a modificar la valuación fiscal con base en la declaración jurada presentada por el contribuyente y en un todo de acuerdo con la misma.

Tales hechos -expone la a quo- la llevan a considerar que la Administración ha efectuado una revisión de la determinación de oficio -que había sido oportunamente practicada en el año 2009-, tal como surge -explica- de la liquidación de fs. 8/11, y que tal modificación evidencia un reconocimiento de la situación denunciada por el contribuyente, esto es, que la propiedad no se encuentra concluida, permaneciendo en estado de inhabitabilidad.

Por otra parte, cita el expediente "Fisco PBA c/ Padovani, Máximo Arturo y ot. s/ Apremio Provincial" (n° 3858), de trámite por ante el Juzgado a su cargo, del que se desprende -expone- que el cobro allí perseguido fue imputado al inmueble que hoy nos ocupa, y surgiendo también que -en el escrito de demanda, punto VIII- la Dirección Provincial de Rentas haría uso de las facultades previstas en el artículo 13 bis del Código Fiscal, según Ley n° 13.529, trabando embargo de activos financieros en las entidades bancarias y financieras de los demandados.

Entiende, por tales antecedentes, que la nueva valuación fiscal obtenida por el accionante adoptada el 21 de octubre de 2009, implicaría un reconocimiento de la razón que asiste al reclamo del contribuyente, en tanto que la deuda liquidada en concepto de Impuesto Inmobiliario que diera lugar al embargo de cuentas, lo sería sobre una base errónea.

Respecto del peligro en la demora, entiende que se verifica en la posibilidad de generar un importante desapoderamiento de los bienes del actor, afectándose su derecho de propiedad, a lo que se le suma el hecho del padecimiento de salud de la cónyuge del actor, hecho acreditado -destaca- en la prueba arrimada a fs. 12 y 33/34.

Por último, no advierte que el levantamiento de la tutela perseguida pueda producir una grave afectación al interés público.

Apelación

III. A fs. 112/117 interpone recurso de apelación la accionada, exponiendo los agravios que se sintetizan.

Considera que la medida cautelar ha sido dictada sin respeto de las formas básicas que autorizan su dictado.

Además expone que, por ser de naturaleza accesoria, implica que no puede existir una medida cautelar que no refiera a una pretensión principal. Resalta que no se concibe la existencia de una medida cautelar en ausencia de un reclamo de fondo que resulte beneficiario de la medida; entiende que tal es el funcionamiento instrumental que se reconoce a las medidas cautelares.

Expresa que, en el caso, la tutela fue solicitada y otorgada sin alusión ni referencia a ninguna pretensión principal; así las cosas, destaca que no se explica la pretensión que se tiende a garantizar con la medida, ni se adelanta el proceso al que se anticipa esa cautelar.

Critica el decisorio por cuanto -entiende- resultó de un trámite cautelar que no era el legalmente aplicable para obtener dicho resultado, citando los artículos 203, 204 y cc. del CPCC.

Por otro lado, refiere que la discusión de la cuestión planteada por la actora merece un tratamiento de mayor debate y prueba, dándose -consecuentemente- la ausencia de verosimilitud en el derecho.

Alude que la Autoridad Administrativa no ha hecho más que constatar una situación fáctica existente y aplicar la consecuencia jurídica prevista en la normativa aplicable, esto es, trabar un embargo en cuentas bancarias, con base en el artículo 13 bis del CF.

Culminando, cuestiona el razonamiento de la Jueza [quien consideró que la medida administrativa de embargo ocasionaría un perjuicio al actor] por cuanto no expone ni hace mención de las razones sobre las que se sustentaría el perjuicio, ni los montos afectados de la cuenta, ni la situación patrimonial del actor, u otro dato relevante.

Por último, en cuanto a la afectación del interés público, sostiene que -con la medida cautelar otorgada que pretende el Fisco se revoque- se está levantando un embargo trabado en favor del cobro de rentas, permitiendo que otras deudas privadas sean cobradas con anterioridad a los tributos del Fisco.

Acompaña prueba documental, y deja planteado el Caso Constitucional.



Constestación de los agravios

IV. La actora (fs. 127/129) contesta la apelación deducida.

Expone que la medida cautelar autónoma tuvo por finalidad impedir la continuación de la traba del ambargo sobre sus cuentas, que -en definitiva- afecta y atenta contra su patrimonio.

Menciona que tomó las medidas necesarias y cumplió con la normativa de la Ley n° 10.707 para rectificar el error en la valuación fiscal en la que ha incurrido el Fisco, mediante intervención de un profesional competente y la formación del correspondiente expediente administrativo. Rectificada que fue la valuación fiscal, como lo informara la propia ARBA, aún así se procedió a trabar el embargo.

Entiende que el problema viene dado por la conducta del Fisco, ya que -habiendo sido rectificada la valuación fiscal- no se comprende la razón por la que puede continuar defendiendo la traba del embargo respecto de una deuda inexistente.

Por último, destaca que -si la entidad recaudadora informa una valuación fiscal rectificada, dejando de tener valor la tomada como base para determinar la deuda que diera origen al embargo preventivo- mal puede alegar la demandada necesidad de mayor debate y prueba, ya que la misma reconoce el error sobre la valuación fiscal.

V. Desarrollados los antecedentes del caso, la Cámara estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?

A la cuestión, el Juez Dr. Cebey dijo: -

Para abordar la cuestión traída a esta Alzada, resulta necesario encuadrar la pretensión inicial del actor, consistente en el levantamiento de una medida cautelar [embargo sobre sus cuentas bancarias] dispuesta administrativamente por ARBA, la que -sostiene el accionante- le imposibilita el uso y disposición de los fondos allí depositados.

El Fisco se ha agraviado por cuanto señala que la medida cautelar fue otorgada sin respetar las formas básicas que autorizan su dictado, añadiendo que -por ser de naturaleza accesoria- implica que debe referir a una pretensión principal, pero ella no ha sido explicitada.

Debo señalar que la pretensión actoral (ver carátula de receptoría de expedientes) señala que era "materia a categorizar (358)", con un "complemento de carátula" que indica "CACCIABUE NICOLAS JORGE C/ AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA) S/ LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR".

También debe ser puesto de resalto que se indicó (fs. 1), en el "FORMULARIO PARA INGRESO DE DATOS", en la sección "ASIGNACIÓN A PEDIDO DE PARTE", que la "CARÁTULA" era (en manuscrito) "LEVANTAMIENTO MEDIDA CAUTELAR", que coincide con el formulario ASER:304 de la Caja de Preivisión Social para Abogados (fs. 2), y -asimismo- en el encabezado del escrito de inicio (fs. 35), y en su apartado "I.- OBJETO"

Por su parte, el resolutorio ahora apelado no hace mención a que la pretensión articulada fuese una "medida cautelar autónoma o anticipada". Debe destacarse, también, que la cédula de notificación de tal decisión de la a quo a la actora continúa expresaba por objeto -como carátula- la de "materia a categorizar" (fs. 106); mientras que la cédula de fs. 120 no hace mención de objeto alguno.

Empero, quien ha considerado que el objeto del proceso como "medida cautelar autónoma o anticipada" fue [con la presentación de fs. 118, al fijar (de hecho) una carátula, distinta a la de Receptoría General de Expedientes] el letrado de Fiscalía de Estado; y tras ello, la a quo dispuso la recaratulación (fs. 122), todo ello a posteriori de la decisión de hacer lugar al levantamiento de la cautelar.

También considero oportuno señalar que el apelante no pretende la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 -párrafo siguiente a la culminación del inciso c)- de la Ley n° 13.406, lo que resulta acertado en tanto no se está pretendiendo el levantamiento de una medida cautelar ordenada por el juez competente en el apremio.

Señalo tal circunstancia por cuanto estamos en presencia de un "incidente" (así también lo consigna la actora, fs. 2 y 3) pretendiendo el levantamiento de una medida cautelar (con ofrecimiento de sustitución), la cual tiene vínculo o relación con el apremio iniciado (ver fs. 15 de tal expediente ejecutivo) pero que ha dispuesto -per se- la propia ARBA, sin que tuviera despacho alguno del órgano judicial, y menos aún favorable.

En puridad, considero que no se ha promovido una "medida cautelar autónoma o anticipada", sino el pedido de levantamiento de una cautelar (vinculada con una deuda reclamada en un apremio) dispuesta por ARBA y, a tenor de lo resuelto por la a quo a fs. 18 vta. del apremio- contra la posterior decisión de la judicante, que la ha rechazado.

En el expediente "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Padovani Máximo Arturo y otros s/ apremio provincial", se promovió la acción con fecha 29 de junio de 2009; en la demanda (apartado VIII) la apoderada fiscal hace mención que ARBA hará uso de "esa facultad" prevista en el artículo 13 bis de la Ley n° 13.529.

En el apremio, y en virtud de lo dispuesto a fs. 16 (de fecha 3 de agosto de 2009), la apoderada aclara los domicilios de los demandados y solicita se libren mandamientos (fs. 17, del 30 de noviembre de 2009).

Tras la petición aludida, la a quo (con fecha 11 de diciembre de 2009) dispuso agregar los títulos ejecutivos, librar los mandamientos, mandar trabar embargo sobre el inmueble denunciado y, respecto de "lo manifestado sobre el uso de las facultades previstas en el artículo 13 bis del código fiscal, y teniendo ante mi vista el expediente N°3958; 'Cacciabue Nicolás Jorge s/ Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) s/ Materia a categorizar', estese a lo que allí se dispuso" (fs.18 vta.).

Tras el despacho referido, el 31 de marzo de 2010, la apoderada fiscal retiró oficio y mandamientos (fs. 18 vta. in fine).

A fs. 22 y ss. obran las copias de mandamientos librados por el Juzgado para su diligenciamiento a los demandados; empero, no hay constancia posterior acerca de la práctica de tal diligencia.

En consecuencia, el despacho de fs. 18 y vta. dictado en el apremio, se encuentra firme y consentido por la actora de dicho apremio.

De lo reseñado, surge claramente que -como secuela del uso que se realiza del dado en llamar embargo administrativo en uso de las facultades del artículo 13 bis- uno de los ejecutados del apremio se anoticia que ARBA trabó un embargo sobre sus cuentas bancarias (ver notificación de fs. 13 del expediente traído para nuestro conocimiento y decisión).

En la referida notificación, se hace mención de un apremio iniciado por ARBA [acoto: estando cerca de dos (2) años de su promoción, no se ha trabado la litis, no hay constancia de diligenciamiento de mandamientos, y se ha dispuesto un embargo sobre un inmueble, con oficio retirado pero que carece de acreditación de diligenciamiento)].

En tanto la medida de embargo de las cuentas no ha sido ordenada por el juez del apremio, no deviene aplicable el artículo 6 -párrafo ya aludido- de la Ley n° 13.406.

Ahora bien, el apelante ha sustentado su primer agravio en la ausencia de expresión de la pretensión principal que se vincula con la cautelar, en tanto accesoria de alguna principal.

El apelante sostiene (como expone en el apartado "Interferencia indebida con un proceso principal") que no puede -con una medida cautelar- enervarse un proceso de apremio.

Creo que, a esta altura de la reseña, debo señalar lo que sigue: el actor Cacciabue, a mi criterio de modo inobjetable, utilizó la herramienta procesal que más se adecuaba a las circunstancias que se le presentaban: peticionó al Juez del Fuero Contencioso Administrativo (y competente en materia de apremios y, en el caso, del suyo) el levantamiento del embargo (fs. 35, apartado "I.- OBJETO", primer párrafo) y, en subsidio (invocando el artículo 203 del CPCC), solicitó la sustitución de la medida, por el embargo de un inmueble.

Señalo que considero tal intervención como la más adecuada, por cuanto no había sido citado aún en el apremio, en el cual tampoco se había ordenado la traba del embargo sobre cuentas bancarias, y promovió una pretensión de "levantamiento de medida cautelar", en tanto la notificación de ARBA refiere a la existencia de un juicio de apremio; y lo hizo como un incidente, esto es, vinculado con otro proceso, principal.

No estamos en presencia de una cautelar anticipada, dirigida a suspender los efectos de un acto administrativo explícito y conocido, ni tampoco a cuestionar una decisión judicial que ordenara la cautelar.

Ante la situación que se plantea, ¿hubiera correspondido atacar la decisión administrativa? En ese caso, ¿cuál decisión es atacable? ¿Hubiera correspondido atacar la decisión judicial? En ese caso, ¿cuál resolutorio? En ambos casos, resultan previsibles los argumentos, en tanto se desprenden de los agravios en tratamiento: no es apelable una resolución (judicial o administrativa) que no existe como tal; solamente podría cuestionarse, entonces, un hecho material con consecuencias jurídicas (ni tan siquiera un acto administrativo, tácito o presunto).

Señalo ello porque ARBA notifica (fs. 13) "en cumplimiento de lo normado en el art. 13 bis del Código Fiscal (Texto según Ley 13.529) en el marco del juicio de apremio que seguidamente se detalla, se ha efectivizado -cautelarmente- la traba (...). La citada medida cautelar se ha adoptado (...)" y luego indica: "FISCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. C/ CACCIABUE, NICOLÁS JORGE Y OTROS/ APREMIO" y "JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 ZARATE CAMPANA", y "N° de juicio: 752807".

Destaco la indefinición lingüística de los términos y las oraciones que ARBA utiliza para comunicar el embargo de cuentas.

Afirmo lo anterior por cuanto no puede interpretarse ni colegirse el sujeto, la persona, el organismo, que en concreto dispuso el embargo; no queda claro si ordenó la cautelar el juez, o ARBA; pudiendo interpretarse que el giro "en el marco del juicio" se debe a que el Juez lo ordenó (y contra el cual podría recurrir mediante los recursos previstos en las normas procesales, o peticionar el levantamiento de la cautelar judicial), o que -aún "en el marco del juicio"- lo dispuso ARBA, aunque tampoco se identifica el acto administrativo que, en concreto, resolvió la traba (y que, de ser conocido, permitiría articular -en principio- los recursos previstos en las normas del procedimiento administrativo).

Mención aparte merecen las referencias o datos que se brindan del juicio; las notificaciones (según el CPCC y también las diferentes normas regulatorias del procedimiento administrativo) deben contener una serie de datos que permitan -al destinatario de la comunicación- conocer la situación y ejercer su derecho de defensa. En la misiva de fs. 13 se indica una carátula, un Juzgado y un número de juicio; está claro que podría darse -en los hechos- que, en un mismo Juzgado, tramiten diversos juicios que tengan la misma carátula, por lo cual el número identificatorio del juicio (del expediente) resulta un dato relevante para que el notificado comparezca (ante ese Juzgado y en ese expediente) a hacer valer sus derechos.

Empero, el número que se le ha hecho saber al notificado no coincide con ninguno de los números que se consignan en el expediente judicial, tanto en su portada, como en los formularios de Receptoría de Expedientes, como en las resoluciones dictadas.

Por ende, y retomando lo expresado en el primer párrafo de este voto, estamos ante una pretensión de levantamiento de una medida cautelar de embargo sobre cuentas bancarias, incidental, vinculada con un juicio de apremio.

También considero dedicar algunas consideraciones a la alusión del apelante sobre la "interferencia indebida en un proceso principal".

Dando por iterado lo señalado en el análisis anteriormente desarrollado, señalo que no media tal indebida interferencia, teniendo en consideración las circunstancias ante las cuales se encontraba el actor Cacciabue.

En primer lugar, la a quo resolvió el expediente donde se solicita el levantamiento de una medida cautelar teniendo a la vista el apremio (y, por ende, ponderando y vinculando ambos procesos); además, en el apremio (y sin que fuera cuestionado por la apoderada fiscal) decidió -ante la comunicación que se haría uso de la facultad del artículo 13 bis del CF- estar a lo resuelto en los autos traídos a esta Alzada para conocimiento y decisión.

Debo destacar que el modo normal en que debieron seguirse las tramitaciones era todo en el apremio; empero, por el tenor de la notificación de ARBA (a la que antes me he referido), el actor Cacciabue realizó la presentación ante sede judicial, ante el Juzgado de un apremio (consignado por ARBA) y lo hizo mediante un incidente de levantamiento de medida cautelar, también, "en el marco del apremio".

Critica el decisorio por cuanto -entiende- resultó de un trámite cautelar que no era el legalmente aplicable para obtener dicho resultado, citando los artículos 203, 204 y cc. del CPCC.

Seguramente el apelante está refiriendo al traslado de la petición de levantamiento. Empero, y acoto: la resolución que desestimó el uso de la facultad del artículo 13 bis es de fecha (viernes) 11 de diciembre de 2009 (viernes), por lo cual la apoderada del Fisco quedó notificada de ella el martes 15, sin que obre -en el apremio- recurso alguno contra tal decisión de la a quo. Advierto que el modo en que resuelve la judicante es remitiendo a lo decidido en los autos traídos a esta Alzada para conocimiento y decisión.

Lo resuelto en el apremio, provocó que el Fisco debiera anoticiarse de la remisión dispuesta, esto es, analizar (y, en su caso, cuestionar) el levantamiento del embargo dispuesto en el otro proceso (al cual la judicante lo estaba remitiendo). Pero tal cuestionamiento no ocurrió, en el apremio, proceso en el cual primero se anotició del levantamiento del embargo.

A modo de resumen, no advierto que se hubiese producido una interferencia indebida con el proceso principal, toda vez que se resolvió en una pretensión de levantamiento que principió tramitando como una cuestión incidental "en el marco del apremio".

Recordando, en el escrito de demanda funda tal pretensión resaltando que la verosimilitud en el derecho invocado deriva de la rectificación -que el propio Fisco Provincial realizó- del monto de valuación fiscal sobre un inmueble del cual resulta copropietario, derivada, tal rectificación, de la petición del actor en el procedimiento administrativo promovido ante ARBA.

Surge que la Agencia de Recaudación modificó su decisión, disminuyendo la anterior valuación fiscal (fijada de oficio) sobre el bien; y también aparece que dicha anterior valuación fiscal (luego dejada sin efecto) fue la que motivó la determinación de una deuda, en virtud de la cual dispuso -administrativamente- la traba del embargo, cuyo levantamiento fue pedido por el ahora actor (y que cuenta con acogida favorable por la a quo) y que se nos trae -por el recurso de apelación fiscal- para decidir respecto de la confirmación, o revocación del decisorio de grado.

El actor entendió que el embargo (en virtud del artículo 13 bis CF) no tiene justificativo -respecto del peligro en la demora- por cuanto el inmueble -de ser embargado en favor de ARBA- resulta suficiente para satisfacer el reclamo fiscal.

Memoro que la Jueza hizo lugar a la pretensión de levantamiento del embargo trabado administrativamente por ARBA, por haber entendido que le asistía razón al contribuyente actor, en cuanto su pedido contiene sustento fáctico y jurídico, al menos en grado de verosimil, ya que (por su iniciativa, mediante su pedido en sede administrativa) se rectificó la valuación fiscal (realizada de oficio) del inmueble que lo tiene como condómino, y que había llevado al Fisco -a pesar de haberle dado la razón- a trabar un embargo sobre sus cuentas bancarias, en virtud de las facultades que considera el ARBA cuenta por el artículo 13 bis del Código Fiscal.

Añadió que el peligro en la demora radica en el tiempo durante el cual el actor no dispone de sus fondos, atendiendo -entre varias cuestiones- al denunciado problema de salud de su esposa, y por no darse, en el caso, una grave afectación al interés público, si se dispusiera el levantamiento de la medida trabada administrativamente.

Ahora, y a fines de establecer conclusiones, merito que estamos en presencia -como expusiera anteriormente- de un levantamiento de medida cautelar; ello, encuadra en un marco cognoscitivo acotado, para su análisis.

Debemos abocarnos, por ende, a los antecedentes que surgen de la vía administrativa, para dilucidar respecto de la decisión de ARBA que involucra al actor, en cuanto que éste acusa a la Agencia que, pese a haberle dado razón en su pedido de modificar la valuación fiscal, el organismo procedió igualmente a trabarle embargo administrativo en sus cuentas bancarias.

Liminarmente, debo analizar los requisitos que prevé el artículo 22 del CCA.

Noto que el peligro en la demora se encuentra, prima facie, acreditado, atento la situación personal y familiar del actor, sobre la salud de su esposa, y la falta de disposición de los fondos depositados en este marco; y, en el caso, no se verifica una afectación al interés público con el levantamiento de la medida que se persigue, toda vez que el reclamo fiscal se vincula con un Impuesto que grava a un inmueble, sobre el cual peticionara embargo ante la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble, que obtuviera despacho favorable (fs. 18 del apremio), librándose (11 de diciembre de 2009) y retirándose (31 de marzo de 2010) el oficio para inscribir tal cautelar (fs. 18 vta. y 19 del apremio).

Respecto de la verosimilitud en el derecho, entiendo que debemos ponderarla a contrario sensu, es decir, debemos analizar la cuestión sobre el siguiente interrogante: ¿encontramos verificado tal requisito (la verosimilitud en el derecho) en la traba del embargo administrativo sobre las cuentas bancarias del actor?

Liminarmente cabe destacar que en el caso no se ha cuestionado la atribución al Fisco de las prerrogativas previstas en el artículo 13 bis del Código Fiscal

Seguidamente destaco -sucintamente- que ARBA practicó una medida cautelar de embargo sobre las cuentas bancarias del Sr. Cacciabue, en uso de las facultades del artículo 13 bis CF, con mérito a una deuda originada por Impuesto Inmobiliario sobre un inmueble del cual realiza una primera valuación fiscal (de oficio) que resultó rectificada (ver fs. 92/93); todo ello, en el marco de lo normado por el artículo 84 de la Ley n° 10.707.

Posteriormente, con motivo del pedido en sede administrativa del actor (ver fs. 66), tendiente a la rectificación de la valuación fiscal, se la modifica, esto es, admitiendo la Administración la petición del condómino.

Expresado ello, considero que el pedido actoral de levantamiento de embargo sobre sus cuentas bancarias y que la a-quo ordenara, debe ser confirmado, en tanto encuentro verificados, prima facie, sus dichos en la solicitud mencionada, otorgando la Administración la modificación pretendida; por lo cual postulo se confirme el decisorio apelado.

Además, pondero que el actor ha efectuado el ofrecimiento (fs. 39, apartado III) de la sustitución del embargo trabado en cuentas bancarias, por el del inmueble; así como también que el actor del apremio ha manifestado que haría uso de las facultades que considera detentar en virtud del artículo 13 bis del CF [expediente judicial n° 3858, "Fisco PBA c/ Padovani Maximo Arturo y ot. s/ Apremio"], y que comunicó (fs. 13 de estas actuaciones incidentales) por una carta documento la efectivización de tal medida cautelar denunciada, y que además -como ya lo apuntara- ha obtenido la orden judicial de trabar embargo sobre el bien inmueble, el cual pareciera brindar suficiente garantía para el supuesto caso de cobro de la deuda tributaria que se reclama en el apremio.

Respecto de las costas de esta instancia, propongo sean impuestas al Fisco vencido (artículos 68 del CPCC y 25 de la Ley n° 13.406).

ASÍ VOTO.



El Juez Dr. Schreginger dijo: -

Por coincidir con los razonamientos expresados, adhiero a la opinión del Dr. Cebey, ASÍ LO VOTO.



La Jueza Dra. Valdez dijo: -

Que, por similares consideraciones que las expresadas por el Dr. Cebey, VOTO en igual sentido.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Cámara Resuelve:

1º Confirmar el levantamiento de la medida cautelar de embargo sobre las cuentas n° 129725 del BBVA Banco Francés SA y n° 458309407963419 del Banco Macro SA, de titularidad del Sr. Nicolás Jorge Cacciabue, a tenor de la ponderación efectuada precedentemente, en particular, la sustitución ofrecida por el aquí incidentista de la medida por la del embargo del inmueble y que en el principal fuera ordenado por la Magistrada interviniente;-

2º Tener presente la reserva del Caso Federal.

3º Imponer las costas de esta instancia al Fisco vencido (artículos 68 del CPCC y 25 de la Ley n° 13.406).

Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvanse.

FDO. DAMIÁN NICOLÁS CEBEY- MARCELO JOSÉ SCHREGINGER



CRISTINA YOLANDA VALDEZ


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