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Análisis comparativo de la competencia de los distintos Tribunales Penales Internacionales e Internacionalizados


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Análisis comparativo de la competencia de los distintos Tribunales Penales Internacionales e Internacionalizados.*
Andrea Verónica Fraschina




Número 21

Colección Veracruz
Análisis comparativo de la competencia de los distintos Tribunales Penales Internacionales e Internacionalizados.*

Andrea Verónica Fraschina







Depósito Legal:

ISBN: 978-84-936357-4-9

Depósito Legal: PM-2758-2008
Ediciones de la Fundació Càtedra Iberoamericana
Cra de Valldemossa, Km 7.5
07122 Palma de Mallorca
© del texto y de la edición: Fundació Càtedra Iberoamericana


Análisis comparativo de la competencia de los distintos Tribunales Penales Internacionales e Internacionalizados.*

Crimes against international law are committed by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced”1.



Abreviaturas:
AG……………………… Asamblea General de la ONU

Art., arts……………….. Artículo/s

BOE……………………. Boletín Oficial de Estado (España)

c/……………………….. contra

CADH………………….. Convención Americana sobre Derechos Humanos

Cap. …………………… Capítulo

CDI…………………...... Comisión de Derecho Internacional de la ONU

CE……………………… Comunidad Europea

CEDEDAO……………. Comunidad Económica de los Estados de África Occidental

CEDH………………….. Convención Europea de Derechos Humanos

CICR…………………… Comité Internacional de la Cruz Roja

CIJ……………………… Corte Internacional de Justicia

cit………………………. citado

CNU……………………. Carta de las Naciones Unidas

conc……………………. concordar

CPI……………………... Corte Penal Internacional

CS……………………… Consejo de Seguridad de la ONU

DDHH………………….. Derechos Humanos

DPI…………………….. Derecho Penal Internacional

Dr………………………. Doctor

Dra……………………… Doctora

ECOMOG……………… Economic Community of West African States Monitoring Group

ECOWAS……………… Economic Community Of West African States (CEDEDAO en español)

ECPI……………………. Estatuto de la Corte Penal Internacional

Ed………………………. Editorial

ETESL…………………. Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona

ETPIR………………….. Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Ruanda

ETPIY………………….. Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia

EEUU………………….. Estados Unidos de Norteamérica

etc……………………… etcétera

FRU…………………….. Frente evolucionario Unido (Sierra Leona)

NNUU………………….. Naciones Unidas

núm……………………. número

ONG…………………… Organización No Gubernamental

ONU……………………. Organización de Naciones Unidas

OTAN………………...... Organización del Tratado del Atlántico Norte

OUA …………………… Organización de la Unidad Africana

Pág…………………….. Página

PA……………………… Protocolo Adicional

PACG………………….. Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra

PETO………………….. Paneles Especiales de Dili para Timor Oriental

Resol…………………… Resolución

RICR…………………… Revista Internacional de la Cruz Roja

s., ss……………………. siguiente/siguientes

SEC……………………. Salas Especiales de Camboya.

TEDH………………….. Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TESL…………………... Tribunal Especial para Sierra Leona

TMIN…………………… Tribunal Militar Internacional de Nüremberg

TMIT……………………. Tribunal Militar Internacional de Tokio

TPIY……………………. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

TPIR……………………. Tribunal Penal Internacional para Ruanda

UE……………………… Unión Europea

UK……………………… United Kingdom (Reino Unido)

UN……………………… United Nations (citado también como ONU)

UNAMSIL…………….. Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona

UNMIK…………………. United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo).

UNMISET……………. Unitade Nations Mission of Support in East Timor (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental

UNMIT………………… United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste)

UNTAET………………. United Nations Administration for East Timor (Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental)

UNOMSIL……………… Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona

US……………………… United States (Estados Unidos)

v.o……………………… versión original

vol., vols……………….. volúmen/volúmenes

Introducción: Ámbito de estudio. Método. Estructura del trabajo.
A más de 50 años de los procesos de Nüremberg y Tokio, casi dos tercios de los Estados del mundo (120 países), con la ilusión de un sistema de justicia exigente y efectivo, aceptaron en la Conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas, celebrada en Roma, en julio de 1998, la creación de un foro jurisdiccional independiente para el enjuiciamiento de crímenes internacionales; y aprobaron el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional (CPI).

La experiencia del siglo XX demostró que en muchas ocasiones las jurisdicciones nacionales eran incapaces de juzgar este tipo de crímenes, y que la comunidad internacional no estaba dispuesta a conformarse y dejarlos sin castigo. La sociedad en general, y los Estados, comenzaron a comprender la necesidad de instaurar tribunales internacionales, lo que supuso un cambio en el concepto clásico de la soberanía, (para la cual las fronteras del Estado son el límite territorial para la vigencia de las normas internas, y a su vez, un límite ante el poder de otros Estados); ya que con la aparición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 19482, y posteriormente con la Convención Europea sobre Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 19503, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José), de noviembre de 19694, seguidas de otras cartas de derechos similares, el respeto interno de los Derechos humanos se convirtió en una materia que los Estados sometían a la jurisdicción de un tribunal supraestatal. Por ello, el ámbito del Derecho más afectado por esta transformación del concepto de soberanía y nueva situación de los Derecho humanos, ha sido el Derecho penal, que había sido la expresión más pura de la soberanía del Estado5, debido a la clara derogación del concepto del ius puniendi como elemento central de la competencia exclusiva del Estado e integrante del núcleo duro de la soberanía, ya que estamos frente a auténticas cesiones del ius puniendi del Estado a Tribunales internacionales.

Esta determinación de poner fin a las violaciones masivas de los Derechos humanos se refleja también en el desarrollo progresivo del Derecho penal internacional. En este sentido, el Estatuto de la CPI ha contribuido a una codificación más precisa del mismo, entendido éste como el conjunto de todas las normas jurídicas internacionales de naturaleza penal que a una determinada conducta (el delito internacional) imponen consecuencias jurídicas reservadas característicamente al Derecho penal y que son aplicables como tales directamente6. El objetivo del Derecho penal internacional es acabar con la impunidad sometiendo a los autores de dichos delitos a la justicia penal. Se trata de una combinación de principios penales e internacionales, cuyos principios de la responsabilidad individual y del reproche de una determinada conducta proceden del Derecho penal; mientras que las clásicas figuras penales (de Nüremberg), en su calidad de normas internacionales, son atribuibles formalmente al Derecho internacional, de tal forma que la conducta queda sometida a una penalidad autónoma de Derecho internacional7 (principio de la responsabilidad penal directa del individuo según el Derecho internacional)8.

Las distintas jurisdicciones de carácter internacional surgieron de la mano de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad en el último siglo, pero también han sido el producto de cambios profundos en el espíritu y mentalidad de la comunidad internacional, que una vez vistas las atrocidades cometidas por el ser humano reaccionaron con la idea de que tales conductas no podían permanecer impunes a los ojos del mundo.

Esta moderna tendencia de creación de jurisdicciones encargadas de juzgar crímenes internacionales no ha cesado a pesar de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, ya que las mismas cubren determinadas funciones que la CPI no puede ejercer debido a la irretroactividad de su competencia. Así, en el informe presentado al Consejo de Seguridad por la misión de evaluación enviada a Burundi, se recomendaba el establecimiento de un mecanismo judicial de rendición de cuentas, en la forma de un tribunal especial en la estructura judicial de Burundi9. Análogamente, antes de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitiera el asunto de la situación en Darfur a la CPI, se había examinado seriamente la posibilidad de establecer un Tribunal penal internacional para Sudán10. Recientemente se ha establecido un nuevo Tribunal especial ya que el Consejo de Seguridad a través de su Resolución 1757 (2007)11, estableció el 10 de junio de 2007, como fecha de entrada en vigor del Acuerdo entre Naciones Unidas y el Líbano, y del Estatuto del Tribunal Especial para el Líbano, basado en el informe del Secretario General del 15 de noviembre de 2006 (S/2006/893)12, en el que analizaba las principales características del Estatuto del tribunal especial y el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno libanés13.

En consecuencia, las jurisdicciones penales internacionales con el objeto de castigar aquellos crímenes que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo, que afectan a la comunidad internacional en su conjunto, y que por ello no pueden, ni deben permanecer sin castigo, aparecen como la mejor alternativa para la lucha contra la impunidad.

Es por lo expuesto que las diferentes competencias de las instancias que juzgan crímenes internacionales despertaron nuestro interés. Ante todo, y tal como dijo el presidente de la CPI, Philippe Kirsch,

“…comprendiendo que la justicia internacional constituye un sistema, no una serie de tribunales sin conexión entre sí, siendo siempre el principio básico el que los Estados son responsables de enjuiciar a los criminales”14.

Al respecto, es útil recordar que la jurisdicción como potestad dimanante de la soberanía del Estado, consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, atribuida en forma exclusiva a los juzgados y tribunales que la ostentan en toda su plenitud, se refiere únicamente a la jurisdicción como “potencia” o poder Estatal15; mientras que la competencia, como ha dicho Gómez Orbaneja, es “la medida de la jurisdicción”, y puede definirse como el conjunto de reglas que determinan la atribución de un asunto concreto a un órgano jurisdiccional particular16. En resumen, es necesario proceder a un reparto o clasificación de la función de juzgar, entonces la competencia determina cuándo y en qué medida la jurisdicción debe ser ejercida por un cierto juzgado o tribunal de entre todos los demás, ya que si sólo existiera un único tribunal no cabría plantear el estudio de la competencia puesto que a ese único tribunal se le encomendaría el conocimiento de todos y cada uno de los asuntos que pudieran suscitarse.

El objeto de estudio de este trabajo era realizar un análisis comparativo de la competencia de seis diferentes instancias que podríamos calificar como Tribunales penales internacionales o “internacionalizados”.

Para poder abordar adecuadamente la materia, se estudiaron los antecedentes históricos, mecanismos de creación, naturaleza jurídica, composición, y derecho aplicable en cada una de las instancias; y en un segundo plano se han analizado dichos Tribunales desde la perspectiva del cumplimiento de ciertos principios básicos del Derecho penal como el de irretroactividad de la ley, “nullum crimen sine previa lege”, “nulla poena sine lege”, “non bis in idem”, y de otros principios reconocidos por el Estatuto y la sentencia de Nüremberg, como el del carácter criminal de la conducta en virtud del propio Derecho internacional con independencia del Derecho interno, la irrelevancia del cargo oficial como Jefe de Estado o autoridad, la obediencia debida, y la responsabilidad no sólo por los propios actos sino también por los actos de los subordinados; con la finalidad de examinar su diversidad, identificar no sólo sus diferencias y similitudes, sino también las ventajas y desventajas de cada uno en cuanto al tipo de jurisdicción adoptada, junto con el análisis de sus resultados exitosos o negativos.

Para enfrentar el estudio se ha utilizado, en primer lugar, el método histórico-descriptivo, mediante el cual hemos tratado de resaltar los precedentes de cada Tribunal, así como las circunstancias históricas bajo las cuales fueron concebidos para conocer las etapas principales de su creación, evolución y las conexiones históricas fundamentales. Dicho método histórico, se ha complementado con el de la observación científica que supuso una revisión general sobre la copiosa bibliografía existente en la materia, en la que se incluyeron libros, revistas, artículos, informes, resoluciones, leyes, acuerdos, tratados, jurisprudencia y opiniones, así como entrevistas con la Dra. Huesa Vinaixa, catedrática de Derecho Internacional Público de la UIB y directora de esta tesis.

En segundo lugar se ha utilizado el método jurídico-comparativo, mediante el cual se han analizado pormenorizadamente cada uno de dichos Tribunales, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de los mecanismos de creación, diferenciando dos cuestiones: por un lado la forma y el medio por el cual se decidió su establecimiento, y por otro, su carácter internacional o mixto (internacionalizado). Luego, se ha analizado de modo sistemático la delimitación de la competencia de los distintos Tribunales en los ámbitos temporal, espacial, material, y personal; y en su caso el carácter exclusivo, concurrente o complementario respecto de las jurisdicciones nacionales, siempre bajo una visión comparativa de las mismas, identificando las similitudes y diferencias entre las distintas instancias judiciales.

El estudio está dividido en cuatro capítulos perfectamente delimitados.

En el primero de ellos, se estudian los antecedentes históricos sobre la idea de creación de una Corte o Tribunal para Juzgar aquellos delitos considerados como los más graves, aquellos que atentaban contra el género humano en si mismo. Luego, repasamos los intentos de creación de un Tribunal penal internacional con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, tales como el de la Conferencia de Paz de Paris, el Tratado de Versalles, y el Tratado de Sèvres. Y finalmente los denominados Tribunales Militares Internacionales de Nüremberg y Tokio creados tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Respecto de estos últimos, se ha analizado su competencia, sus logros, sus carencias, y el legado dejado por los mismos.

En el segundo de los capítulos se tratan los dos Tribunales creados ad hoc por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, siendo los mismos el Tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal penal internacional para Ruanda (TPIY y TPIR), creados en 1993 y 1994 respectivamente. Aquí se analizan las bases jurídicas de su creación, la estructura de ambos, su competencia, el derecho aplicable, las características comunes y diferenciadoras de ambos, el cumplimiento con determinados principios básicos del Derecho penal y las principales diferencias que tienen con los Tribunales de Nüremberg y Tokio. También en este capítulo se analiza la Decisión de la Cámara de Apelaciones del TPIY, recaída en el caso Dusko Tadic, en relación con el poder del Consejo de Seguridad para la creación del TPIY como medida adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas; y en relación con el ejercicio abusivo de la primacía del Tribunal sobre las jurisdicciones nacionales competentes.

En el tercer capítulo se estudian otras tres jurisdicciones especiales creadas a instancia de las Naciones Unidas, de naturaleza jurídica “hibrida”, tales como el Tribunal Especial de Sierra Leona, las Salas Especiales de Camboya, y los Paneles Especiales de Dili en Timor Oriental. En este capítulo no se incluye el Tribunal Especial para el Líbano, de reciente creación, debido a que el mismo aún no ha comenzado a funcionar. Tampoco se incluye el sistema judicial de la UNMIK en Kosovo, establecido por los Reglamentos 1999/24 y 2001/9 de la UNMIK17, por su carácter particular, ya que sólo se ocupa de la protección y promoción de los Derechos humanos, y no cuenta con un tribunal, un panel o una sala fijos, sino que se incorporan magistrados internacionales al sistema judicial nacional para abocarse a cada caso particular. Finalmente también queda excluido el Tribunal Especial Iraquí, creado por el Estatuto nº1, de 10 de diciembre de 2003, adoptado por el Consejo de Gobierno Iraquí, ya que constituye un tribunal especial de carácter nacional, financiado completamente por el Gobierno de Irak, con algunos elementos internacionales tales como el derecho aplicable, puesto que aplica Derecho penal internacional y Derecho humanitario junto con su Derecho interno18.

El cuarto capítulo ofrece una aproximación a la recientemente creada Corte Penal Internacional, analizando no sólo su competencia, sino también sus antecedentes y particularidades de la misma, que la asemejan o diferencian de otras jurisdicciones.

Y por último, se plantearán las conclusiones de este trabajo.

Capítulo I : Antecedentes Históricos.
Durante siglos, los sistemas penales internos de los Estados fueron los únicos encargados de hacer cumplir las obligaciones internacionales, entre ellas las dimanantes de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Por ello, podemos hablar de un primer período de ausencia de un sistema penal internacional para el enjuiciamiento y castigo de los crímenes internacionales.

Los principales obstáculos con los que se topó la idea de una responsabilidad penal individual eran: por un lado, superar la posición defensiva de los Estados frente a cualquier injerencia exterior, anclada en la idea de soberanía; por otro lado, fue necesario el reconocimiento del individuo como sujeto de Derecho internacional público, ya que la idea de una responsabilidad individual era extraña al Derecho internacional público clásico, siendo sólo los Estados los únicos sujetos del Derecho internacional19.

Históricamente la idea de la responsabilidad internacional del individuo está vinculada a la protección penal de ciertos valores o intereses considerados esenciales colectivamente por los Estados, o, mejor dicho, a la represión penal de los grandes atentados contra dichos valores e intereses20.

Los antecedentes más remotos de una justicia penal internacional los encontramos en la Escuela Española de Derecho Natural de Francisco de Vitoria o Francisco Suárez, y en Hugo Grocio21. También hay algunos casos aislados de represión puramente nacional fechados en el Sacro Imperio Romano Germánico (1474); en el asedio de Londonderry (1696); en la Guerra de la Independencia norteamericana, en la Guerra de Secesión norteamericana o en la ocupación de Filipinas tras la guerra hispano-norteamericana (1902)22.

Un antecedente más concreto, lo encontramos en 1872, cuando el abogado ginebrino Gustave Moynier23, uno de los promotores de la creación de la Cruz Roja Internacional, propone la creación de una instancia judicial internacional permanente para sancionar las violaciones a las normas de Derecho internacional humanitario que la Cruz Roja comenzaba a desarrollar, haciendo referencia a las violaciones del Convenio de Ginebra de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos de los ejércitos en campaña. El proyecto de Moynier presentado en Ginebra ante el Comité Internacional de la Cruz Roja contenía un preámbulo y diez artículos, y aunque el proyecto fracasó tuvo la virtud de comenzar el debate sobre el tema que nos ocupa24.

También constituyen un importante precedente en la materia las Conferencias de Paz de La Haya de 1899 y 1907. Ambas convenciones esbozan referencias a la responsabilidad penal internacional y regularon las leyes y costumbres bélicas, permitiendo o prohibiendo determinadas acciones. A pesar de fracasar en su objetivo de limitar la carrera armamentista de los Estados, en la convención de 1899 se aprobaron tres convenios relativos a las leyes y usos de la guerra terrestre y de la guerra marítima, y al arreglo pacífico de controversias. Éste último preveía la creación de un Tribunal Permanente de Arbitraje que aunque no fue un órgano jurisdiccional en sentido estricto siguió la tendencia de creación de tribunales para la solución de las disputas internacionales. Más tarde, en 1907 se celebra la segunda conferencia en la que se aprueban 13 convenios, y la tercera, prevista para 1915, no pudo celebrarse por el comienzo de la Primera Guerra Mundial.

El primer intento relevante, a través de un Tratado Internacional, de crear un Tribunal para juzgar las violaciones al Derecho internacional, se realiza en 1919, una vez finalizada la Primer Guerra Mundial.

La invasión de la neutralidad de Bélgica y Luxemburgo, seguidas de ejecuciones extrajudiciales y secuestros; el saqueo de Lovaina; el hundimiento de barcos de pasajeros; los bombardeos de ciudades con considerables pérdidas de civiles; la deportación forzosa de más de 60.000 belgas para trabajos forzados en Alemania; así como la masacre de casi un millón de armenios por parte de los turcos dieron lugar a que la comisión sobre “responsabilidad de los autores de la guerra y sobre la aplicación de penas por violación de las leyes y costumbres de la guerra”, creada por la Conferencia de Paz de París, propusiera la creación de un Alto Tribunal para el enjuiciamiento de las ofensas contra las leyes y costumbres de la guerra o contra las leyes de humanidad cometidas por los alemanes y sus aliados. Finalmente dicha propuesta no fue adoptada por el tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 entre Alemania y las potencias aliadas vencedoras. Estados Unidos no lo ratificó y firmó por separado el Tratado de Berlín el 2 de julio de 1921. Sin embargo, el tratado de Versalles en su art. 227, preveía el enjuiciamiento del emperador Guillermo II “por un delito supremo contra la moral internacional y la violación de los tratados”; además los arts. 228 y 229 también preveían el enjuiciamiento de otros dirigentes y militares alemanes “por haber cometido actos en violación de las leyes y costumbres de la guerra” a través de la constitución de Tribunales militares aliados. A pesar de ello, estas expresiones de castigo no son tomadas hoy en día como precedente de los tipos penales internacionales, sino sólo como precedentes de la idea de responsabilidad individual por violación del Derecho internacional25. Finalmente tales intenciones no se concretaron, por un lado los Países Bajos denegaron la demanda de extradición del emperador Guillermo II, que se encontraba exiliado en Holanda, imposibilitando su enjuiciamiento; y por otro, una ley alemana de 18 de diciembre de 1919 concedió al Tribunal Reichsgericht de Leipzig una competencia de excepción para juzgar los crímenes de guerra cometidos por nacionales alemanes. En este Tribunal sólo se desarrollaron nueve procesos porque no se recogieron pruebas suficientes para llegar a una condena en el resto de los mismos.

Al poco tiempo, las potencias aliadas vencedoras firman la paz con Turquía el 10 de agosto de 1920 a través del Tratado de Sèvres. Dicho Tratado también preveía en su art. 230 el establecimiento de un Tribunal especial creado por la Sociedad de las Naciones o por los propios aliados para el enjuiciamiento de los responsables de las masacres cometidas en el territorio del Imperio Turco. Sin embargo el Tratado de Sèvres no fue ratificado y el Tratado de Lausanne, de 24 de julio de 1923, que lo sustituyó, no preveía la creación de dicho Tribunal, conteniendo contrariamente, una declaración de amnistía.

Durante el período de la Sociedad de las Naciones hubo una serie de intentos fallidos de constituir una instancia judicial penal internacional con carácter permanente, mediante una negociación abierta a todos los países, o al menos a los de la Sociedad de las Naciones. Uno de ellos, fue a través de una sala de lo criminal en el seno de la Corte Permanente de Justicia Internacional (antecesora de la CIJ), y otro como una institución separada y consagrada exclusivamente a los delitos de terrorismo internacional. Aunque estas iniciativas no prosperaron, los estudios realizados y las negociaciones emprendidas echaron los cimientos para los decisivos avances que se producirían después de la Segunda Guerra Mundial26.

Por otro lado, los Convenios de La Haya de 1899 y de 1907, así como el Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, no contenían disposiciones sobre el castigo de individuos que violaran sus normas. Únicamente el Convenio de Ginebra de 1929 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, contenía en su artículo 30, una disposición poco severa. Sin embargo, más tarde, el Tribunal Militar de Nüremberg hizo referencia a estos Convenios.
1. Los Tribunales Militares Internacionales.

Durante la Segunda Guerra Mundial los Aliados denunciaron en numerosas ocasiones las atrocidades cometidas por las potencias del eje y su intención de castigarlas27. No es objeto de este trabajo describir las barbaridades cometidas contra el pueblo judío europeo, ya que hoy en día son conocidas por todos, pero fue necesario que la humanidad fuera testigo del Holocausto para que la comunidad internacional cambiara sus políticas y su actitud frente al establecimiento de mecanismos de enjuiciamiento y castigo, para que dichas conductas no quedaran impunes. Para ese entonces, la comunidad internacional tenía una conciencia más clara de la necesidad de entablar juicios por violaciones graves a las leyes de la guerra, en los que se considerara tanto la responsabilidad tradicional de los Estados como la responsabilidad personal de los individuos. Tanto fue así que, el 20 de octubre de 1943, los Aliados crean la United Nations War Crimes Commission, para la investigación de estos crímenes de guerra. El 1 de noviembre de 1943, Roosvelt, Churchill y Stalin, reunidos en Moscú, decidieron que aquellos oficiales alemanes y los miembros del partido nazi responsables, debían ser enviados a los países en que sus crímenes fueron cometidos para ser juzgados y castigados de acuerdo con las leyes de los países liberados, y de los gobiernos que se establecieran en ellos; salvo para los criminales cuyos crímenes no tuvieran una localización geográfica precisa y que serían castigados a través de una decisión conjunta de los gobiernos Aliados.

El obstáculo que existía para el enjuiciamiento de dichas conductas era que las mismas no estaban cubiertas por el Derecho Internacional vigente en la época, por lo que había que fundamentar la competencia y el Derecho aplicable a las mismas.

Finalmente, en febrero de 1945, en la Conferencia de Yalta se decide crear un tribunal para juzgar a las más altas jerarquías del régimen nazi. Tras largas discusiones, dicha idea se concretó en la Conferencia de Londres de 1945, cuando las cuatro potencias aliadas vencedoras decidieron castigar a los principales responsables de los crímenes y delitos perpetrados, y aprobaron el “Acuerdo sobre la persecución y castigo de los grandes criminales de guerra de las potencias europeas del Eje” al que iba anejo el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, que tenía competencia para “el rápido y justo enjuiciamiento y castigo de los mayores criminales de guerra del Eje europeo” (art. 1 del Estatuto) que no tenían una localización geográfica precisa (art. 1 del Acuerdo de Londres28).

La Conferencia de Londres se celebró a puerta cerrada, sin que los demás países aliados tuvieran acceso a ella; el Acuerdo de Londres, fue un acuerdo ejecutivo, no sometido a ratificación de ningún parlamento. Al firmar el acuerdo las potencias aliadas actuaron en nombre de todas las Naciones Unidas, pero todos los Estados miembros de la Organización podían adherirse al Acuerdo y así lo hicieron posteriormente dieciocho Estados que manifestaron su adhesión al tratado y al Estatuto29.

El Estatuto constituyó el Derecho aplicable por el Tribunal que juzgó a la cúpula del régimen nazi, como así también la base para el enjuiciamiento de los criminales de guerra de lejano oriente, y de los criminales llamados “menores” que fueron juzgados por Tribunales nacionales –tal como preveía la declaración de Moscú y el art. 4 del Acuerdo de Londres de 1945-, o por Tribunales militares de ocupación – art. 6 del Acuerdo de Londres de 1945-, al estar las disposiciones legales aplicables en todos los casos inspiradas en el Estatuto de Nüremberg y conteniendo disposiciones similares.



El Tribunal tendría su sede permanente en Berlín pero el primer proceso se llevó a cabo en Nüremberg, y estuvo revestido de autoridad no sólo por el Acuerdo de Londres, sino también por la llamada Ley número 10 (promulgada por el Consejo Aliado en Berlín, el 20 de diciembre de 1945). Estaba compuesto por cuatro miembros que representaban a cada uno de los Estados signatarios del Acuerdo de Londres, y tenía competencia para “enjuiciar y castigar a quienes, actuando a título personal o como miembros de organizaciones en interés de los países del Eje europeo” hubieran cometido alguno de los crímenes enunciados en su art. 6. En dicho artículo se preveían tres categorías diferentes de delitos: el crimen de agresión (crímenes contra la paz), los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

El 18 de octubre de 1945 se fijó la acusación de los 22 principales altos mandos nazis, que incluía líderes del partido nazi, líderes militares y civiles, y 7 organizaciones que formaban parte del Gobierno nazi. El juicio comenzó el 20 de noviembre de 1945.

La sentencia del Tribunal Internacional Militar fue dictada a comienzos de octubre de 1946. De los acusados, 12 fueron condenados a morir ahorcados30, tres fueron condenados a cadena perpetua31, cuatro fueron condenados a penas de prisión de entre diez y veinte años32, y tres, fueron absueltos33. Los condenados a muerte fueron ejecutados el 16 de octubre de 1946, suicidándose uno de ellos en la cárcel poco antes de la hora prevista para su ejecución. De las 7 organizaciones acusadas, 4 fueron declaradas organizaciones criminales34.

El 20 de diciembre de 1945, los Aliados promulgaron la Ley nº 10 del Consejo de Control Aliado (Control Council Law nº10), para el castigo de las personas que fueran culpables de haber cometido Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Paz, o Crímenes contra la Humanidad. Dicha Ley era una versión modificada del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y contenía el fundamento jurídico para juicios a celebrarse por tribunales militares creados por los Aliados, así como para juicios posteriores que se celebrarían durante décadas por tribunales alemanes. Pero su principal diferencia con el Estatuto de Nüremberg consistía en la omisión de la conexión entre el estado de guerra y la comisión de crímenes contra la humanidad, de forma que permitía el enjuiciamiento de los crímenes cometidos antes de 1939 contra civiles alemanes, incluyendo la persecución de los judíos y la eutanasia de los discapacitados35.

Bajo la autoridad de dicha ley se celebraron 12 juicios adicionales conocidos como “Subsecuentes Procedimientos de Nüremberg”, que fueron celebrados por tribunales militares estadounidenses entre 1946 y 1949. En ellos se enjuiciaron los crímenes cometidos en cada una de las cuatro zonas de la Alemania ocupada. Hubo 185 acusados, 30 sentencias condenatorias a muerte, 120 condenas a prisión, 1 condena in absentia y 35 absoluciones. Cada uno de los 12 procesos se concentraba en un grupo de autores, así fueron acusados representantes de la profesión médica, de la administración de justicia, de las fuerzas armadas, de la economía y de la industria, como también dirigentes del Estado y del Partido Nacionalsocialista.

Posteriormente la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha 11 de diciembre de 1946 votó unánimemente las decisiones de Nüremberg y encargó a la recién creada Comisión de Derecho Internacional formular los principios aplicados en los juicios de Nüremberg en el marco de un “Código Penal Internacional”36. Además, en esa misma fecha, y con la intención de llenar la laguna que había existido en los procesos de Nüremberg, al no encontrarse definido el crimen de genocidio, promulga una resolución condenando el crimen de genocidio como crimen de Derecho internacional y pide que se prepare una convención en la materia37.

Además de Nüremberg distintos países celebraron juicios en contra de algunos nazis, de acuerdo con sus principios legislativos38. El caso más célebre fue el proceso llevado a cabo por la Corte Israelí en 1960, contra Adolf Eichmann, en el que Israel ejerció su derecho a enjuiciarlo basado en el principio de jurisdicción universal. Eichmann fue condenado a muerte, tras haber sido hallado culpable de ordenar el asesinato de cientos de miles de judíos39. También tiene especial relevancia el caso Demjanjuk, en el que una vez más Israel ejercitó su jurisdicción universal, enjuiciándolo primero por un tribunal especial y luego por el Tribunal Supremo israelí quién finalmente decretó su absolución40. En Jerusalén la utopía de una Corte Internacional desapareció para reaparecer mucho tiempo después. Las condiciones específicas de la situación en Israel no permitieron que se dieran pasos en este sentido. Sin embargo, la idea de la creación de una Corte Internacional para sancionar los delitos de lesa humanidad estaba prevista en varios tratados internacionales, entre ellos en la Convención contra el genocidio41 (art. VI).

El 26 de julio de 1945, en la Declaración de Postdam, lo cuatro Aliados anunciaron su intención de perseguir a los oficiales japoneses de mayor rango por los mismos crímenes por lo que los nazis fueron perseguidos. Así, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente o abreviadamente denominado “Tribunal de Tokio” se crea mediante la Declaración del Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en el extremo Oriente (general Douglas Mc Arthur) el 19 de enero de 1946. Aquí encontramos la primera diferencia ya que el Tribunal de Nüremberg fue creado mediante un tratado internacional y el Tribunal de Tokio a través de una orden ejecutiva.

El Estatuto de dicho Tribunal fue redactado solamente por los norteamericanos y era muy similar al Estatuto de Nüremberg en cuanto a la definición de los crímenes a enjuiciar enumerados en su art. 5, siendo ellos los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo el Estatuto de Tokio incorpora una serie de adaptaciones que respondían al deseo de atender a las críticas que ya se habían dirigido al anterior texto y, sobre todo, a la necesidad de tener más en cuenta al conjunto de los países aliados. Por ello, la organización del Tribunal era diferente ya que a pesar de que los Estados Unidos eran prácticamente la única potencia que ocupaba militarmente Japón, en el banquillo de los jueces estaban representados los once Estados frente a los que Japón había declarado la capitulación42, y si en Nüremberg sólo hubo jueces europeos y norteamericanos, en Tokio los hubo también asiáticos. Además, a diferencia del Tribunal de Nüremberg, el presidente, los miembros del Tribunal y el procurador general eran nombrados por el Comandante Supremo, y la sentencia dictada debía ser confirmada por él. Había un solo fiscal norteamericano asistido por 10 fiscales adjuntos.

El Tribunal juzgó a 28 miembros de la cúpula del Gobierno japonés entre los que no se encontraba el Emperador del Japón. Las sentencias que dictó el Tribunal entre el 4 y el 12 de noviembre de 1948 se aprobaron por mayoría de votos y siguieron de cerca el razonamiento del Tribunal de Nüremberg, rechazando los argumentos de la defensa por los mismos motivos que el de Nüremberg. Todos los acusados fueron considerados culpables. Se dictaron siete penas de muerte, pero la mayor parte de los acusados fueron condenados a cadena perpetua. El general Mc Arthur consintió en transmitir las apelaciones de dos de los condenados al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero este declinó su competencia al no ser el Tribunal de Tokio un Tribunal de los Estados Unidos43. Tal como sucedió con el enjuiciamiento de los crímenes cometidos en el curso de la guerra en Europa, junto a este Tribunal actuaron paralelamente otro tipo de Tribunales de carácter militar, de ocupación y nacionales que juzgaron casos menores.


2. La competencia de los Tribunales Militares Internacionales.

La competencia ratione temporis del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg no estaba especificada en el Estatuto, al igual que la ratione loci, aunque respecto de esta última se suponía que tenía competencia para juzgar las violaciones cometidas en territorio alemán o en cualquier país ocupado por el régimen nazi.

En cuanto a la competencia ratione materiae, el art. 6 inc. a), b) y c) del Estatuto estableció que se juzgarían:

1) los crímenes contra la paz (faltas al “ius ad bellum” en la terminología clásica): considerándose como tal el planeamiento, la preparación, o el inicio de una guerra de agresión, o de una guerra que suponía la violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales.

2) crímenes de guerra (faltas al “ius in bello” en la terminología clásica): considerándose como tales las violaciones de las leyes o usos de la guerra, que comprendía el asesinato, los malos tratos, y la deportación contra la población civil, contra prisioneros de guerra o personas en alta mar, la ejecución de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción arbitraria de ciudades o pueblos, y la devastación sin justificativo militar. Aunque tal enumeración no era taxativa y podían darse otras violaciones que constituyeran crímenes de guerra.

3) crímenes de lesa humanidad: comprendiendo el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes o durante la guerra, y la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos. Mientras que la penalización de los crímenes de guerra servía de protección para los extranjeros, en esta categoría de crímenes de lesa humanidad se incluían los crímenes cometidos contra los propios nacionales. Por lo tanto el ámbito de aplicación del Derecho internacional se extendía también al interior del Estado ya que se consideraba que determinados ataques contra individuos pasaban a tener dimensión internacional cuando los mismos se dirigían sistemáticamente en contra de una población civil.

Como bien dice la expresión castellana, que no existe en otros idiomas de la misma manera, se trata de crímenes de “lesa humanidad”, que agravian, lastiman u ofenden a la humanidad. Si no se les sanciona, está en cuestión la vida humana como tal. El ejemplo más paradigmático de este delito es el genocidio, que, sin embargo, no fue mencionado como tal ni en el Estatuto ni en la sentencia del Tribunal Militar, sino que fue denominado como crimen de guerra y crimen contra la humanidad, especialmente como “exterminio y persecución”44.

Respecto del crimen de lesa humanidad el Estatuto especificaba que el mismo debía haberse cometido “en ejecución de los crímenes de competencia del Tribunal o en relación con los mismos”, por lo que debía haber una conexión con los crímenes de guerra o contra la paz. Dicha ligadura desaparece a partir de la sentencia del caso Dusko Tadic, del Tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia, y finalmente la CPI recepta definitivamente esta independencia.

Finalmente el art. 6 contenía el denominado “complot de guerra”, responsabilizando a quienes hubieran conspirado para cometer tales crímenes, por todos los actos cometidos, por cualquier persona, en ejecución de tal plan.

La competencia ratione personae se encontraba indicada en el título del Acuerdo sobre su creación, denominado “Acuerdo sobre la persecución y castigo de los grandes criminales de guerra de las potencias europeas del eje” y que reitera en los arts. 1 y 6 del Estatuto. Además, el art. 7, declaraba expresamente que la situación oficial de los acusados, sea como jefes de Estado o como altos funcionarios de diversos ministerios no podría considerarse ni como motivo de exclusión de la responsabilidad, ni como motivo de reducción de la pena, salvo que el acusado hubiese actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico (obediencia debida) y que el Tribunal lo estimara procedente (art. 8).

En cuanto al Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, el Estatuto tampoco especificaba la competencia ratione temporis y ratione loci.

La competencia ratione personae determinaba que el Tribunal se establecía para enjuiciar y condenar a los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (art. 1) acusados, bien a título individual, bien como miembros de organizaciones (art. 5). Respecto de la competencia en razón de la persona de ambos Tribunales, hay que destacar que los mismos sólo juzgaron a personas pertenecientes a los países vencidos y en ningún caso a personas pertenecientes a las naciones aliadas vencedoras en el conflicto que hubieren cometido los mismos delitos.

La competencia ratione materiae estaba determinada por el art. 5 que comenzaba diciendo que se incluían en los crímenes a juzgar los crímenes contra la paz, así como también los crímenes de guerra convencionales, y los crímenes contra la humanidad. Por lo tanto su núcleo duro estaba constituido por los mismos tipos penales que Nüremberg.
3. Conclusiones sobre los Tribunales Militares Internacionales.

Como vimos, ambos Tribunales, tanto el de Nüremberg como el de Tokio, fueron denominados “Tribunales Militares Internacionales”, pero los mismos no han sido verdaderamente internacionales en el sentido de representar a la Comunidad Internacional, sino que han sido internacionales sólo en la medida en que fueron creados por un acuerdo internacional, en el que sólo han sido parte los Estados victoriosos, que además juzgaron únicamente los crímenes cometidos por el enemigo vencido, lo que en definitiva constituyó su principal debilidad, tanto jurídica como moral. Por ello, para algunos, dichos tribunales han sido “multinacionales”, es decir, meros órganos comunes de los Estados que los crearon45.

Respecto de los mismos, se objetó principalmente tanto su legitimidad política, como su legitimidad jurídica. No constituyeron un verdadero órgano de jurisdicción internacional sino un Tribunal de las fuerzas aliadas de ocupación, una “justicia de los vencedores”, ya que el Tratado de Londres se concluyó sin la participación de Alemania y además no se llevaron a cabo juicios por los crímenes de guerra cometidos por los Aliados.

En cuanto al carácter militar de los mismos, ninguno de los dos fue establecido por una autoridad militar y estuvieron compuestos principalmente por civiles.

La gran crítica que se les hace, se centra básicamente en haber infringido el principio de legalidad, ya que algunas de las conductas castigadas no constituían delito según el Derecho Nacional o Internacional vigente en el momento de su comisión.

Respecto a los crímenes de guerra, su noción ya estaba bastante pulida en esa época y existía una base jurídica segura fundamentada en el Derecho de La Haya de 1907.

Los actos tipificados en el crimen de lesa humanidad (como el homicidio, la tortura, la esclavitud, las violaciones etc), ya eran punibles en el Derecho interno de casi todos los Estados, al tiempo de su comisión. En este sentido no se criticó la punibilidad de estos hechos en si, sino su persecución como crímenes de lesa humanidad, y la criminalización de las conductas directamente a partir del Derecho internacional.

Lo endeble de la sentencia de Nüremberg, y su principal crítica, está constituido por la fundamentación de la punibilidad internacional de la guerra de agresión, que en esencia se fundamentó en el Tratado General de Renuncia a la Guerra de 27 de agosto de 1928 (conocido como pacto de Briand-Kellog), cuyo art. 1 condenaba el recurso a la guerra para resolver las controversias internacionales. Los 15 países signatarios renunciaban a la guerra "como instrumento de política nacional en sus relaciones mutuas"46. Si bien el Tribunal fundamentó de modo convincente la antijuridicidad, que desde el punto de vista del Derecho internacional tenía la guerra de agresión, el salto de dicha antijuridicidad internacional de la guerra de agresión a su punibilidad hubiese, sin embargo, requerido de una mejor fundamentación.

Otras críticas se basan en que, además, se estableció retroactivamente que la obediencia debida no podía actuar como eximente, sino sólo como atenuante.

También se cuestiona el haber permitido la celebración de juicios in absentia e imponerse la pena de muerte.

Las críticas que se le hacen al Tribunal de Tokio son básicamente las mismas que las realizadas al Tribunal de Nüremberg, aunque muchas veces ha sido aún más criticado por el hecho de haber sido considerado por muchos como un mero instrumento de los EE.UU. para vengarse por el ataque a Pearl Harbour, o como un modo de justificar la utilización de armas nucleares en Japón47.

Sin duda, el legado más importante de Nüremberg es el de marcar el cierre de una etapa histórica, la derrota del régimen nazi; pero al mismo tiempo posee el significado de dar comienzo a una nueva era del Derecho humanitario internacional y de la vigencia de los principios universales de los Derechos humanos.

Más allá de las críticas que puedan hacerse, hay que reconocerle al Tribunal la mención de las tres categorías de delitos enumeradas en los incisos a), b) y c) del art. 6 del Estatuto (jurisdicción material); a saber: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el término “Derechos humanos” no aparece mencionado en el Estatuto ni en los demás documentos del proceso, lo que indica que este concepto tal como lo conocemos hoy en día, no había ingresado en el ámbito del Derecho internacional, ni del penal.

Un ejemplo revelador de la inseguridad conceptual lo ofrece el escrito de acusación que confunde crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La misma sentencia subsume los crímenes contra la humanidad cometidos por los nazis en la categoría de crímenes de guerra. La importancia que se extrae, a pesar de esta “confusión”, es que para el Derecho de guerra no interesaba lo que los nazis hacían con los propios ciudadanos alemanes, y es aquí dónde queda de manifiesto el avance de Nüremberg, ya que tibiamente se abrió paso la idea de que hay Derechos universales del hombre, que ningún gobierno puede violar libre e impunemente ya sea en tiempos de guerra, o de paz, sea en contra de sus propios ciudadanos, o de otra nación. Es aquí donde se ve el avance en términos de la jurisdicción material, en relación con el estatus anterior48.



Estas “ambigüedades” marcaron el reto al que se enfrentó el Tribunal de Nüremberg, por ello, los recelos con que los jueces aplicaron la categoría de crímenes contra la humanidad estaban motivados en no querer aplicar normas que para los acusados no eran reconocibles, ni en violar el principio de nullum crimen sine previa lege. De alguna manera abrieron la puerta a esta nueva categoría de crímenes de lesa humanidad con independencia de situaciones de guerra, y que hoy en día no caben dudas de que son punibles49.
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