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Ana milena pinto y otros impugnacion corte suprema de justicia


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia


TUTELA 27957

ANA MILENA PINTO Y OTROS

IMPUGNACION




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISION DE TUTELAS

Magistrados Ponentes:

Dr. MAURO SOLARTE PORTILLA

Dr. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No. 117

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil seis (2006).




VISTOS:

Se pronuncia la Sala en relación con la impugnación de la demanda de tutela presentada por los ciudadanos ANA MILENA PINTO Y OTROS, contra los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, reclamando el amparo a los derechos fundamentales del debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados en las actuaciones penales cuyas penas ejecutan dichos despachos judiciales.



ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

De la demanda de tutela, sus anexos y de otros documentos allegados al expediente se infieren los siguientes hechos:


1. Los señores ANA MILENA PINTO, GLORIA MARTINEZ RUBIO, MAURICIO JAVIER VILLEGAS, HERNANDO GONZALEZ MATA, WILMAR AREVALO AGUIRRE, CESAR AUGUSTO MENDOZA MENDOZA, LUIS ENRIQUE PEREIRA, JAIBER ORLEY VALENCIA GOMEZ, ANDRES MAURICIO CASTRILLON, ROBINSON FLOREZ JIMENEZ, JHON ARTURO MONROY MANTILLA, JHON HENRY BURITICA, GUSTAVO MORA, JOSE JOAQUIN ROJAS, JORGE HUMBERTO LOAIZA, ISIDORO GUZMAN ACOSTA, JOSE SAI PALOMAR MARTINEZ, JHON JAMES CHAUX, JOSE ALDANA BETANCOUR, ILDER ALDUVER RESTREPO, CARLOS HUMBERTO LONDOÑO, ALEXANDER CARVAJAL JIMENEZ, NORBEY FERREIRA ROJAS, RICARO MUÑOZ LONDOÑO, NOEL LUGO NARVAEZ, JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA, FILIBERTO MAYORGA MORA, FERNEY CUBILLOS OSPINA, WILSON EDUARDO CARDONA BARRAGAN Y OSMAN ANTONIO BLANCO, presentan demanda de tutela en contra de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Ejecución de Penas de Medidas de seguridad de Ibagué, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales del debido proceso y derecho a la defensa.

El fundamento lo constituye el haber solicitado a las autoridades accionadas, los beneficios jurídicos estipulados en la Ley 906 de 2004, amparados en el principio de favorabilidad, por haberse acogido al mecanismo de la sentencia anticipada, las cual les ha sido negada.


Por ello, su planteamiento se dirige a que el Juez Constitucional ordene readecuarles la pena, otorgándoseles la rebaja establecida en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, en aplicación del principio universal de favorabilidad.

TRAMITE DE LA ACCION

La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué el 2 de septiembre de 2005 admitió la demanda y ordenó correr traslado a las autoridades accionadas.


El titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en oficio número 591 del 17 de agosto de 2005, señala que tal despacho otorgó la rebaja prevista en el artículo 351 de la ley 906 de 2004 a los señores GLORIA MARTINEZ RUBIO, ROBINSON FLOREZ JIMENEZ, MAURICIO JAVIER VILLEGAS, JHON HENRY BURITICA, JOSE JOAQUIN ROJAS, JOSE ALDANA BETANCUR, FERNEY CUBILLOS OSPINA, ISIDRO GUZMAN ACOSTA Y WILSON EDUARDO CARDONA BARRAGAN y sólo a ISIDRO GUZMAN le fue negada, con fundamento en que se trata de una figura jurídica establecida exclusivamente para los procesados para el sistema penal acusatorio, diferente a lo establecido en el artículo 40 de la ley 600 de 2000 que fue aplicada al sentenciado, pues mientras en la sentencia anticipada el sindicado se allana o acepta los cargos, en el sistema acusatorio lo establecido es una negociación o preacuerdo sobre el hecho punible y su adecuación típica, responsabilidad o pena que se realiza entre la Fiscalía y el sindicado, siendo dos figuras que no tiene nada en común.
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad mediante oficio 261 del 18 de agosto de 2005, indica que ese despacho ejecuta la pena impuesta a los procesados ANA MILENA PINTO GONZALEZ, CARLOS HUMBERTO LONDOÑO, NOEL LUGO NARVAEZ y JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA. De los anteriores, únicamente a LONDOÑO le negó le rebaja con fundamento en que el delito por el cual resultó condenado tuvo ocurrencia el 28 de agosto de 2004, por lo que resultaba improcedente la solicitud, toda vez que la figura del allanamiento o aceptación de cargos a que se refiere el inciso 1º. del artículo 351 de la ley 906 de 2004, no es equivalente a la sentencia anticipada regulada en la ley 600 de 2000, porque la cantidad de pena merecida, puede ser hasta la mitad, según se acuerde con el Fiscal en la audiencia de formulación de la imputación, mientras que en el artículo 40 de la ley 600 de 2000 sólo demanda manifestación unilateral que se premia con una rebaja fija.
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, señala que todas las actuaciones que profiere por ese despacho se hacen de conformidad a la Constitución y a la Ley, respetando los derechos fundamentales de todos los condenados.
El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, informa que la posición jurídica en relación con las peticiones de rebaja de pena contempladas en el artículo 351 de la ley 906 de 2004 que han elevado los internos cuyos fallos ejecuta ese despacho judicial, han recibido respuesta y han tenido oportunidad de recurrirlas cuando no son favorables a sus pretensiones.

DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué concluyó la improcedencia del amparo al considerar que existen medios alternativos de defensa judicial, consistentes en elevar nuevamente la solicitud a la autoridad que esté vigilando el cumplimiento de su pena, respuesta que es susceptible de crítica con el accionamiento del principio de la doble instancia.


Además, porque aún en el supuesto que ya hubiere elevado la solicitud para la aplicación de la nueva ley, hubiese sido despachada desfavorablemente y la decisión no hubiere sido recurrida, no significa que no puedan ser estudiadas nuevamente ya que las providencias por ellos proferidas no hacen tránsito a cosa juzgada como consecuencia de la dinámica de su especialidad, que permite en cualquier momento modificar la estructura de las penas impuestas que vigilan cuando se presente cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, especialmente cuando exista cambio de legislación o cuando la jurisprudencia lo determine.


CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna acudiendo para ello a los medios de impugnación instituidos en los códigos de procedimiento.


No obstante ese postulado general, que no es absoluto, encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y evidente contradicción con la Carta Política o la ley, producto de la conducta arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales, constituyan “vías de hecho” que vulneren o amenacen los derechos fundamentales del actor frente a lo cual no se disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, porque en estos eventos el amparo se ofrece necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, razón por la cual la medida que se adopte tiene una vigencia eminentemente temporal.
2. Como quiera que de la actuación cumplida por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué en la demanda de tutela surgen varias situaciones que se hace necesario analizar de manera separada, en aras de determinar si existe violación a los derechos fundamentales reclamados, a ello procederá la Sala así:
De la situación de los señores ANA MILENA PINTO, GLORIA MARTINEZ RUBIO, MAURICIO JAVIER VILLEGAS, ROBINSON FLOREZ JIMENEZ, JHON HENRY BURITICA, JOSE JOAQUIN ROJAS, ISIDRO GUZMAN ACOSTA, JOSE ALDANA BETANCOUR, CARLOS HUMBERTO LONDOÑO, NOEL LUGO NARVAEZ, JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA, FERNEY CUBILLOS OSPINA, WILSON EDUARDO CARDONA BARRAGAN.
De las pruebas allegadas a la demanda de tutela en relación con los accionantes atrás relacionados, ninguna vulneración a los derechos fundamentales reclamados se puede predicar. Aprecia la Sala que los Juzgados Primero y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué una vez presentada la petición de rebaja de pena de hasta el 50% que con fundamento en lo previsto por el artículo 351 de la ley 906 de 2004 elevaron los actores, dichas autoridades accedieron a su pretensión reconociéndoles el mencionado beneficio, según se infiere de las respuestas suministradas en el oficio 591 del 17 de agosto de 2005 obrante a folio 27 por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas, así:
En relación con el contenido de la acción de tutela promovida por algunos de los internos cuya ejecución de la pena controla este despacho, concretamente Gloria Martínez Rubio, Robinson Flórez Jiménez, Mauricio Javier Villegas, Jhon Henry Buriticá, José Joaquín Rojas, José Aldana Betancour, Ferney Cubillos Ospina, Isidoro Guzmán Acosta y Wilson Eduardo Cardona Barragán; sólo a Isidoro Guzmán le fue negada la rebaja de pena que contempla el art. 351 de la ley 906 de 2004…”
Y la emitida mediante oficio 261 del 18 de agosto del mismo año por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad visible a folio 30 de la actuación en la que se señala:
Respecto a la acción de tutela interpuesta por los internos relacionados en el escrito pertinente, específicamente ANA MILENA PINTO GONZALEZ, CARLOS HUMBERTO LONDOÑO, NOEL LUGO NARVAEZ y JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA, quienes descuentan pena por cuenta de este despacho judicial, únicamente al segundo de los nombrados le fue negada la rebaja contemplada en el artículo 351 de la ley 906 de 2004, en consideración a que la norma invocada por el interno corresponde al Capítulo Unico, Título II del Libro III de la ley 906 de 2004, que establece las modalidades de los preacuerdos y negociaciones que se pueden realizar en la Fiscalía General de la Nación y el imputado o acusado en la etapa del juicio…”

La Sala mayoritaria de Casación Penal, al estudiar con pluralidad de argumentos y razones el fenómeno de la gradualidad del sistema acusatorio implementado por la Ley 906 de 2004, y las diferencias esenciales entre las instituciones que prevén la finalización anormal del proceso en dicho régimen y la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000, concluyó que se trata de figuras jurídicas disímiles, por lo cual no es factible reclamar la aplicación favorable del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, que contempla una rebaja de hasta el 50% de la pena, para casos de sentencia anticipada regulados por la Ley 600 de 2000. (Confrontar: Sentencia del 23 de agosto de 2005; radicación 21954)


Postura que ha sido sostenida y reiterada también por la Sala de Casación Penal en fallos de tutela donde se plantea la misma problemática.
A manera de ejemplo, se cita la sentencia el 13 de junio de 2005, (radicación 21368), donde la Sala expresó:
2.1. Las pretensiones del actor escapan al objeto de la acción pública, pues consiste en desconocer las decisiones judiciales proferidas por la autoridad demandada, a través de la disparidad de criterio con el alcance asignado por el ad quem a las Leyes 906 y 600 ídem.
2.2. No es ajustada a derecho la afirmación que hace el accionante en el sentido de que se violaron sus derechos fundamentales al no haberse rebajado la pena por sentencia anticipada en los términos de la Ley 906 de 2004, cuando lo cierto es que la decisión de la Sala es razonable en sus fundamentos, sin que por vía de tutela sea dable imponer a los administradores de justicia criterios de interpretación cuando están comprendidos dentro del horizonte normativo vigente.
En ese orden de ideas, el razonamiento de los funcionarios judiciales que conocieron el asunto no puede controvertirse en el marco de la acción de tutela, toda vez que en manera alguna se percibe ilegítimo, arbitrario, caprichoso o irracional, razón por la cual no puede utilizarse válidamente la acción de tutela, bajo el pretexto de vías de hecho, para discutir aspectos procesales que deben dirimirse exclusivamente en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal, siendo lo anterior así, la decisión tomada por el Tribunal, en lo que a éstos corresponde será objeto de confirmación.
De la situación de los señores HERNANDO GONZALEZ MATA, WILMAR AREVALO AGUIRRE, CESAR AUGUSTO MENDOZA MENDOZA, LUIS ENRIQUE PEREIRA, JAIBER ORLEY VALENCIA GOMEZ, ANDRES MAURICIO CASTRILLON, JHON ARTURO MONROY MANTILLA, GUSTAVO MORA, JORGE HUMBERTO LOAIZA, JOSE SAI PALOMAR MARTINEZ, JHON JAMES CHAUX, ILDER ALDUVER RESTREPO, ALEXANDER CARVAJAL JIMENEZ, NORBEY FERREIRA ROJAS, RICARO MUÑOZ LONDOÑO, FILIBERTO MAYORGA MORA, y OSMAN ANTONIO BLANCO.
El Tribunal requirió a los Juzgados Tercero y Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué para que “en el término improrrogable de tres días (03) siguientes al recibo de esta comunicación, se constituya en parte, ejerza el derecho de defensa e informe sobre los hechos a que se refiere la presente acción”.
Pese a ello, dichas autoridades lacónicamente señalaron que las actuaciones por ellos cumplidas se profieren de conformidad con la constitución y la ley de lo cual se les da respuesta a los petentes, quienes tienen la oportunidad de recurrir ante el superior, olvidando que no es prerrogativa de las autoridades suministrar la información requerida sino que ello es una obligación legal.
Aprecia la Sala que el Tribunal Superior de Ibagué, sin contar con ningún elemento de prueba que le permitiera verificar si los procesados efectivamente se encontraban a disposición de las autoridades accionadas, si habían peticionado la rebaja de pena de hasta el 50% señalada en el artículo 351 de la ley 906 de 2004, si el Juzgado les había resuelto y en qué forma la solicitud, y sí contra tal determinación ejercieron el derecho de contradicción a través de los mecanismos ordinarios consagrados en el Código de Procedimiento Penal, procedió a resolver la demanda de amparo concluyendo que la misma se tornaba improcedente por existir medios alternativos de defensa judicial.
Al proceder de esa manera desconoció que la acción de tutela fue consagrada por la constitución de 1991, como un instrumento preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales ante su menoscabo actual o una amenaza inminente por la acción u omisión antijurídica de cualquier autoridad pública; la cual procede cuando el afectado no dispone de otro medio eficaz de defensa.
Siendo ello así, se impone decretar la nulidad parcial del numeral primero de la parte resolutiva del fallo de tutela proferido el 2 de septiembre de 2005, por el cual se negó el amparo solicitado por los señores HERNANDO GONZALEZ MATA, WILMAR AREVALO AGUIRRE, CESAR AUGUSTO MENDOZA MENDOZA, LUIS ENRIQUE PEREIRA, JAIBER ORLEY VALENCIA GOMEZ, ANDRES MAURICIO CASTRILLON, JHON ARTURO MONROY MANTILLA, GUSTAVO MORA, JORGE HUMBERTO LOAIZA, JOSE SAI PALOMAR MARTINEZ, JHON JAMES CHAUX, ILDER ALDUVER RESTREPO, ALEXANDER CARVAJAL JIMENEZ, NORBEY FERREIRA ROJAS, RICARO MUÑOZ LONDOÑO, FILIBERTO MAYORGA MORA, y OSMAN ANTONIO BLANCO, para que en su lugar se rehaga la actuación en lo que a éstos corresponda y proceda a solicitar la información necesaria en aras a establecer si se les ha vulnerado sus derechos fundamentales y a continuación se profiera una nueva decisión.
Para tal fin, por la Secretaría de la Sala se procederá a compulsar fotocopia de lo actuado en la presente demanda y su envío a la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



RESUELVE:

1. DECRETAR LA NULIDAD PARCIAL del numeral primero de la sentencia de tutela proferida el dos de septiembre de 2005, por la sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué. En consecuencia, ordenar que se rehaga la actuación en lo que a los señores HERNANDO GONZALEZ MATA, WILMAR AREVALO AGUIRRE, CESAR AUGUSTO MENDOZA MENDOZA, LUIS ENRIQUE PEREIRA, JAIBER ORLEY VALENCIA GOMEZ, ANDRES MAURICIO CASTRILLON, JHON ARTURO MONROY MANTILLA, GUSTAVO MORA, JORGE HUMBERTO LOAIZA, JOSE SAI PALOMAR MARTINEZ, JHON JAMES CHAUX, ILDER ALDUVER RESTREPO, ALEXANDER CARVAJAL JIMENEZ, NORBEY FERREIRA ROJAS, RICARO MUÑOZ LONDOÑO, FILIBERTO MAYORGA MORA, y OSMAN ANTONIO BLANCO corresponde, procediendo a solicitar la información necesaria en aras a establecer si se les ha vulnerado sus derechos fundamentales y a continuación profiera una nueva decisión.


2. Para el fin anterior, por la Secretaría de la Sala envíese fotocopia de todo lo actuado en la presente demanda y su envío a la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.

3. Confirmar en lo demás, la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2005 proferida por la sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.


4. Notifíquese de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
5. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo, si no fuere impugnado.
CUMPLASE

MAURO SOLARTE PORTILLA


JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
Teresa Ruiz Núñez

Secretaria.



SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

El suscrito magistrado, con el respeto que profeso por las opiniones y el criterio ajenos, procede a consignar las razones que me llevan a salvar parcialmente el voto en cuanto a la decisión mayoritaria contenida en el fallo de tutela de fecha 17 de octubre de 2006, referida a la negativa a examinar la posibilidad de actualizar para el procesado la rebaja de pena por allanamiento a cargos prevista en la Ley 906 de 2004, que en términos cuantitativos le resulta más favorable que la prevista para sentencia anticipada por la Ley 600 de 2000.


Y ello, porque en mi sentir, como ya ha sido señalado en pasadas oportunidades1, si a esta fecha la Sala ha orientado su criterio hacia la aplicación favorable de normas contenidas en el nuevo estatuto procesal penal a actuaciones adelantadas bajo la égida de la Ley 600 de 2000, siempre que se trate de disposiciones de carácter sustancial que regulen de manera más benigna al procesado institutos procesales análogos2, no encuentro razón plausible para no proceder a ello cuando la jurisdicción se encuentra frente a figuras de terminación abreviada del proceso que con diferente nombre, pero con igual esencia, aparecen consagradas en las dos codificaciones adjetivas penales.

Las razones que me llevan al convencimiento de que los referidos institutos procesales, enmarcados dentro de la llamada justicia penal premial, por ostentar similar naturaleza reclaman igual tratamiento punitivo, son las siguientes:


1.- Si bien cada codificación –Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004- responde a esquemas filosóficos procesales distintos, por lo cual no es posible plantear equivalencias exactas entre las formas de terminación abreviada del proceso que cada una regula, vale recordar que la sentencia anticipada, introducida por primera vez a la legislación patria en el código de procedimiento penal de 1991, fue concebida desde sus orígenes como un instituto propio del sistema penal premial que se aproxima a la estructura del proceso de partes, en armonía con el principio constitucional de que los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones que los afectan (art. 2° de la Carta Política).
2.- Las dos modalidades de terminación abreviada del proceso que entonces se consagraron, vale decir, la sentencia anticipada y la audiencia especial -figura última a la postre suprimida en la codificación de 2000-, a no dudarlo se ofrecen equivalentes, en su orden, a la aceptación de la imputación o allanamiento a cargos que hoy regulan los artículos 288, 293 y 351 de la Ley 906 de 2004 y a los preacuerdos y negociaciones previstos en los artículos 348 y siguientes ejusdem, en tanto los primeros suponen aceptación unilateral de responsabilidad, mientras que los segundos se verifican a través de un acuerdo entre imputado y fiscalía sobre la naturaleza y términos de la acusación que se formulara, en torno a la cual se obtiene un consenso, a cambio de beneficios no siempre representados en rebaja de pena.
3.- La nueva codificación procesal distingue entre los preacuerdos y la aceptación unilateral de responsabilidad penal, sin que sea viable asimilarlas porque mientras el allanamiento supone un acto unilateral, los acuerdos deben irrumpir como fruto de una aproximación entre partes, en este caso Fiscalía e imputado a partir del cual se conviene ya en los términos de la acusación, ora en la cantidad de pena a imponer, todo a condición de que se acepte responsabilidad.
3.1- Se trata de dos modalidades diversas de terminación abreviada del proceso, como se extrae del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, al prescribir que: "[s]i el imputado por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación".
3.2.- La aceptación de "los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación" a que refiere el artículo 351 y que da lugar a una rebaja de "hasta la mitad de la pena, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación" sólo puede entenderse referida a los eventos en que, fruto de una aproximación, Fiscalía e imputado preacuerden que el primero otorgue una rebaja, elimine un cargo o una agravante o presente la acusación con miras a la disminución de la pena, a cambio de que el segundo acepte los cargos, consenso que puede intentarse entre ellos desde cuando se formula la imputación y hasta antes de que se presente la acusación, términos éstos que son los que se consignan como escrito de acusación, sin que se vea cómo tal procedimiento resulta extensivo al allanamiento a la imputación, que no implica ningún previo consenso en cuanto al monto de la rebaja que corresponde dosificarla al juez dentro de ese margen en que se mueve su discrecionalidad, desde luego no absoluta, sino sustentada en consideraciones razonables.
3.3.- Por otra parte, mientras para el allanamiento a la imputación se prevé una rebaja que pondera el Juez, para los preacuerdos quedó establecido un régimen en el que dicha rebaja, en caso que se opte por esta forma de negociación, es determinada por el Fiscal, dentro de los parámetros que le fija la ley.

Así se infiere de la lectura concordada de los artículos 288, numeral 3°, 356 y 367, los cuales regulan las consecuencias de la aceptación unilateral de cargos en diferentes estadios del proceso, con rebajas variables cuya concesión se delega al Juez. El primero menciona que se tendrá derecho a una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, mientras que el segundo hasta de la tercera parte y la última fija una de la sexta parte de la pena a imponer.


En cambio, se prevé una regulación distinta y especial para las manifestaciones de culpabilidad preacordadas, expresamente prevista en los artículos 369 y 370, el primero de los cuales indica que en tales eventos debe el Fiscal indicar al Juez los términos del acuerdo y la pretensión punitiva que tuviere, para señalar seguidamente que en caso de ser aceptado por el funcionario judicial, en cuanto ha constatado que con él no se quebranta ninguna garantía fundamental, debe incorporarlo a la sentencia sin que le sea permitido imponer una pena superior a la que ha solicitado la Fiscalía, según lo prevé el artículo 370 ejusdem.
3.4.- Igualmente, es preciso mencionar que mientras para el allanamiento a cargos que se produce en la audiencia preparatoria, el artículo 356 prescribe una rebaja de hasta la tercera parte de la pena a imponer, en los preacuerdos a los que lleguen Fiscalía e imputado en fecha posterior a la presentación de la acusación y hasta antes del momento en que se interrogue al acusado al inicio del juicio oral, estipula el artículo 352 una rebaja fija de la tercera parte, lo que una vez más sugiere no sólo la independencia de los dos institutos, sino la clara voluntad del legislador de dejar un margen de discrecionalidad al Juez, que no a la Fiscalía, para fijar la rebaja en caso de aceptación voluntaria y libre de los cargos hasta antes del juicio oral.
3.5.- Es claro que las divergencias que vienen de señalarse encuentran razonable explicación en la diferente naturaleza de cada instituto, pues mientras en uno la rebaja depende exclusivamente de que se produzca una aceptación libre, espontánea e informada de la imputación y sólo a condición de ello produce efectos, en otros términos da derecho a obtener la rebaja, no sucede lo mismo con aquellas que son fruto de una negociación y que, por supuesto, sólo operan cuando se llega a un preacuerdo, que puede provocarse desde antes de que se formule imputación y hasta el momento en que se interrogue al procesado al inicio del juicio oral, acuerdo que por lo demás no se reduce exclusivamente a una rebaja punitiva, como sí sucede en el allanamiento a la imputación, en tanto puede versar también sobre la eliminación de agravantes, o de cargos, o la tipificación de la conducta de una específica forma, con miras a reducir la pena.
Por lo expuesto, me resulta difícil aceptar que sólo por virtud de la remisión prevista en la Ley 906 de 2004 al artículo 351, inserto en el capítulo de "Preacuerdos y Negociaciones entre la Fiscalía y el Imputado", para efectos de determinar la rebaja de pena a que se hace acreedor quien acepta voluntariamente los cargos en el mismo momento en que la Fiscalía se los formula, pueda concluirse que por esta vía esa manifestación unilateral se convierta en un acto consensuado.
4.- El allanamiento a la imputación, figura procesal regulada en la nueva codificación adjetiva y la sentencia anticipada de que trata la Ley 600 de 2000, responden a una misma filosofía, dado que las rebajas de pena consagradas en las dos legislaciones consisten en recompensar la disposición del imputado a admitir su responsabilidad penal frente a los delitos que se le imputan, evitando con ello el mayor desgaste del aparato estatal que comporta la tramitación íntegra de la actuación procesal.
Y si ello es así, esto es, si las dos instituciones persiguen una misma finalidad filosófica y política, coexistiendo los estatutos procesales que los consagran, no encuentro razón alguna para negar el análisis del mayor descuento punitivo previsto en esta última normatividad a quienes bajo la vigencia de la primera se acogieron a la sentencia anticipada.
5.- Finalmente, incluyo en esta oportunidad las razones que sustentaron una decisión a la Corte Constitucional, por virtud de la cual se amparó el derecho de un ciudadano que reclamaba por vía de tutela ese mayor descuento en razón de haberse acogido bajo el trámite regulado por la Ley 600 de 2000, al instituto procesal de la sentencia anticipada.
Sobre el particular, en la Sentencia T-211 de noviembre 24 de 2005, se dijo:
En el asunto sub judice el Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva tuvo por sentado la aplicabilidad restringida del nuevo Código de Procedimiento Penal, y haciendo una acertada interpretación de la normatividad por favorabilidad aplicable al caso del señor Cruz Vergara, la cual comparte plenamente esta Sala de Revisión, consideró que la disposición a la que quiso acogerse el actor, es decir, el artículo 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, guarda una misma filosofía con el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, esto es, humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, lograr la participación del imputado en la definición del caso.
En efecto, el artículo 351 de la citada Ley, refiere: La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias, y el artículo 352 establece que una vez presentada la acusación por el Fiscal se pueden hacer preacuerdos, lo que permite que la pena imponible se reduzca en una tercera parte. Por su lado, le Ley 600 de 2000, consagra en el artículo 40 la figura de la Sentencia Anticipada, con el fin de que el procesado se acoja a los cargos formulados por la Fiscalía, obtenga una rebaja de pena dependiendo si ello ocurre en la etapa instructiva o del juicio. De manera que se puede afirmar que la figura de la Sentencia Anticipada de la Ley 600 de 2000 se asimila a los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado que trae la Ley 906 de 2004.
Incluso, en el entendido extremo de no ser las anteriores disposiciones equiparables, son por lo menos coexistentes, lo que daría también vigencia al principio de favorabilidad. Es que la aplicación de la ley penal permisiva o favorable supone, como lo tiene reconocido la jurisprudencia penal y constitucional, sucesión de leyes en el tiempo con identidad en el objeto de regulación, pero también tiene lugar frente a la coexistencia de legislaciones que se ocupan de regular los mismos supuestos procesales y de hecho.
5.5. Según lo normado en el artículo 6° de la Ley 600 de 2000 e inciso 2° del artículo 6° de la Ley 906 de 2004, para la configuración de la figura de la favorabilidad, se deben dar los siguientes presupuestos: (i) que sea una ley procesal de efectos sustanciales, (ii) que el efecto sustancial sea favorable o permisivo, y (iii) que no importa sea posterior a la actuación.
De acuerdo a los anteriores postulados, las regulaciones del nuevo Código de Procedimiento Penal mencionadas son aplicables, pues precisamente los artículo 351 y 352 de la Ley 906 de 2004 tienen de manera incuestionable la connotación de normas con efectos sustanciales, pese a encontrarse ubicadas en un ordenamiento procesal, al disponer sobre el quantum de la reducción de la pena a que se hace acreedor el procesado que se someta a ella, según sea el estado procesal en la que se decida, e incide en la determinación jurídica de la sanción punitiva, la cual, indiscutiblemente es más benigna en la nueva normatividad, en tanto posibilita una rebaja de pena de la mitad si se llevó a cabo el preacuerdo antes de la formulación de la acusación, o de una tercera parte si tuvo lugar con posterioridad a ella.

Con todo, para que proceda por favorabilidad la retroactividad de la Ley procesal, lo relevante en esta situación es que el imputado haya formulado petición de sentencia anticipada por aceptación de los cargos señalados por la Fiscalía y efectivamente se profiera sentencia condenatoria” (Negrilla fuera de texto).
Con toda atención,

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Magistrado

Fecha ut supra.





1


 Fallos de tutela de radicados 20660, 20775, 21876 y 21992. Fallo de casación del 23 de agosto de 2005, radicado 21954.

2 Auto de mayo 4 de 2005; única instancia 19094,; auto de mayo 4 de 2005; segunda instancia 23567; auto de junio 6 de 2005; segunda instancia 23047, entre otros.



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