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Amparo directo en revisióN 771/2015 quejoso: juan pablo martínez martínez ponente: ministro josé ramón cossío DÍaz secretario: gabino gonzález santos


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AMPARO dIRECTO EN REVISIÓN 771/2015

QUEJOSo: JUAN PABLO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSío DÍAZ

SECRETARIO: GABINO GONZÁLEZ SANTOS
En atención a lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia de rubro: “PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.1, a continuación se hace público el fragmento del proyecto de sentencia del Amparo Directo en Revisión 771/2015, en el cual se realiza el estudio de constitucionalidad respectivo:


  1. Debe destacarse que esta Primera Sala, al resolver el Amparo Directo en Revisión 2633/2014 y la Contradicción de Tesis 139/20142, el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, se señaló lo siguiente:




  1. Ante el acreditamiento de los hechos constitutivos del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de narcóticos, el juzgador se encuentra ante un tipo penal básico previsto en el artículo 195 del Código Penal Federal, cuya configuración exige que se actualice el elemento subjetivo específico del delito, consistente en que la posesión se realice con alguna de las finalidades establecidas en el artículo 194 del mismo Código.




  1. Esto es, se establece como hecho conocido o base, un elemento objetivo consistente en la cantidad de la sustancia que se posee y, como hecho desconocido que se infiere de aquél, que la posesión tiene como finalidad alguna de las conductas previstas en el artículo 194 citado. Por último, dispone un elemento enlace entre el hecho conocido y el hecho desconocido, esto es, entre la cantidad de la posesión y su destino.3




  1. En el amparo en revisión 1293/20004 se determinó que aún antes de la reforma constitucional en materia penal de 2008,5 la presunción de inocencia se encontraba contenida de manera implícita en la Constitución General. Se señaló que tal principio puede desprenderse de la interpretación armónica y sistemática de los artículos constitucionales 14, 16, 19, 21 y 102, apartado A. En dicho precedente se afirmó que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado. Tales consideraciones se sintetizaron en la tesis P. XXXV/2002 de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”6




  1. Respecto al contenido del derecho a la presunción de inocencia, esta Primera Sala sostuvo en el amparo en revisión 466/20117 que es un derecho que podría calificarse de “poliédrico”. Así, en la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres vertientes del derecho: (1) como regla de trato procesal; (2) como regla probatoria; y (3) como estándar probatorio o regla de juicio.




  1. La presunción de inocencia como regla probatoria establece los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las características que debe reunir cada uno de los medios de prueba aportados por el Ministerio Público para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado.8




  1. Desde este punto de vista, la presunción de inocencia contiene implícita una regla que impone la carga de la prueba, entendida en este contexto como la norma que determina a qué parte le corresponde aportar las pruebas de cargo.9 En este sentido, el hecho de que las pruebas de cargo sean suministradas al proceso por la parte que tiene esa carga procesal también constituye un requisito de validez de éstas. Así, en el proceso penal la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora, es decir, al Ministerio Público.




  1. Tales argumentos dieron lugar a la siguiente tesis jurisprudencial:


PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "regla probatoria", en la medida en que este derecho establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado.10


1 Jurisprudencia P./J. 53/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Pleno, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página: 61.

2 Por mayoría de tres votos en contra de los emitidos por los Señores Ministros Pardo Rebolledo y Cossío Díaz.

3 Lorca Martín de Villodres, María Isabel, op. cit, p. 1414.

4 Amparo en revisión 1293/2000 resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 15 de agosto de 2002.

5 Tesis: 1a. I/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro IV, enero de 2012, tomo 3, p.2917, de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.”

6 Tesis: P. XXXV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, agosto de 2002, p. 14.

7 Amparo en revisión 466/2011, resuelto por la Primera Sala el 9 de noviembre de 2011.

8 Fernández López, Mercedes, Prueba y presunción de inocencia, Madrid, Iustel, 2005, p. 139.

9 Sobre estos distintos aspectos de la carga de la prueba, véase Ferrer Beltrán, Jordi, “Una concepción minimalista y garantista de la presunción de inocencia”, en Prueba sin convicción. Una teoría racional de la prueba, Madrid, Marcial Pons, 2012.

10 Tesis: 1a./J. 25/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 5, abril de 2014, tomo I, p. 478.


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