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Algunas reflexiones sobre el control de


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CAPÍTULO CUARTO

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CONTROL DE

CONVENCIONALIDAD Y SU RELACIÓN CON EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DIFUSO EN MÉXICO
Por Enrique CARPIZO
SUMARIO: I. Introducción II. ¿Control de convencionalidad o control constitucional difuso? III. ¿Control difuso de convencionalidad o simple actividad protectora de los derechos humanos? IV. Control convencional ¿amplio o restringido? V. Control de convencionalidad ¿oficioso o a petición de parte? VI. ¿Hacía una supremacía convencional? VII. La supremacía constitucional y su interacción con el ámbito externo VIII. Conclusiones IX. Bibliografía
A Jorge Carpizo,

El hombre que nunca dijo adiós...


I. INTRODUCCIÓN
¡Se fue el campeón pero quedaron sus victorias! Así es como Jorge Carpizo pasa del aspecto terrenal al de la eternidad. Salvo los enemigos de la rectitud, nadie que lo conoció pudo siquiera pronunciar una mala referencia sobre su humildad, trato y educación. Se trató de un hombre flexible que supo tener mano dura y decir la verdad pesara a quien le pesara. Hoy descansa en paz nuestro ejemplar campechano a consecuencia de un problema preoperatorio. Su familia, sus amigos y sus discípulos, no creemos en su muerte, creemos en la viveza de sus posturas, de sus anhelos.
Jorge Carpizo, pese a fallecer, sigue siendo la inspiración de muchos ciudadanos, estudiantes, profesores y funcionarios de gobierno. Nuestro campeón detentó con gran talento cargos públicos importantes en la República mexicana, nadie olvida su trabajo como Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Presidente Fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Procurador General de la República, Secretario de Gobernación y Embajador de México en Francia, entre otras comisiones no menos importantes como cuando asumió la Dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Coordinación de Humanidades y la Abogacía General de la UNAM.
Más de una decena de doctorados honoris causa, múltiples premios y reconocimientos, así como diversos libros y centenares de artículos escritos: avalaron su prestigio universitario y vocación por el derecho. Jorge Carpizo fue mi principal impulsor y hasta su muerte continuó inculcándome valores y principios: amor a la Región. Una vez me dijo nunca te detengas si de mostrar la verdad y hacer el bien se trata; y varias veces me recordó lo importante no es el parentesco sino la cercanía, la capacidad y la honestidad intelectual.
A Jorge Carpizo lo vi y sentí como un padre, fue mi amigo, mi maestro y mi colega. A Jorge Carpizo no se le pasó un detalle para quienes consideró cercanos, siempre nos protegió y orientó a toda costa, esa era la característica esencial de su persona, de su amistad. Fue tan detallista que, a sabiendas de los infortunios de la vida, durante muchos años guardó una carta de despedida para ser divulgada después de su muerte.1 Jorge Carpizo era un hombre de objetividad comprobada y eso le permitió desayunar con un panista, comer con un priísta y cenar con un perredista, sin considerarse traición. Se trató de un caballero ejemplo de vida digna a la que algunos desearon ensuciar y que ninguno pudo conseguir. Un personaje de logros abundantes pero con muy poca memoria para recordarlos. Un hombre congruente cuyo amor a la Universidad Nacional Autónoma de México demostró al nombrarla heredera universal de sus bienes.
Hoy mi padre académico, mi amigo, mi tío, mi maestro... continúa vivo en mis acciones y posturas. Nunca podré evadir la razón y los motivos de sus enseñanzas, sin lo cual no sería el estudiante que soy, por eso he retomado fuerzas para pronunciar un hasta luego, he retomado fuerzas para seguir mis planes sin su mano en mi hombro, he retomado fuerzas para caminar hacia su eterna compañía que por silenciosa podría resultar odiosa; sin embargo ¡sé que está conmigo y siempre lo recordaré! Conservo la felicidad de que se haya ido tal y como era, fuerte, invicto, lúcido, indoloro y sin despedirse. Qué mejor forma de caminar hacia la perpetuidad del pensamiento jurídico y político de este mundo.
Mil gracias Jorge por permitirme estar cerca de ti y aprender de tu persona y experiencia. Mil gracias tío por enseñarme que no hay mayor imposible que el que uno mismo se plantea. Mil gracias amigo por hacerme ver que la felicidad se alcanza cuando uno deja de esperar de los demás y hace lo que está en nuestras manos. Mil gracias maestro por darme la posibilidad de comprender lo impredecible de la naturaleza humana. Un millón de gracias colega por dejarme gozar de tu singular y especial personalidad.
Sin duda, mi aprendizaje aún no termina, tu forma de pensar persiste, tus intervenciones me cautivan, tus ponencias me motivan y, en general, tus aportaciones simplemente retan y acompañan mi creatividad. Seguiré tu pensamiento y acciones a favor de la dignidad humana, el perfeccionamiento del Estado y la vida universitaria. Desde el otro extremo del camino, pronuncio un nos vemos tío, como la última vez que charlamos y expreso en tu memoria las siguientes reflexiones.
* * * * * * *
Si reconocemos haber transitado de un control constitucional concentrado a otro de tipo difuso, entonces México llegó tarde a éste en razón a que ahora está frente a uno de índole convencional. De ser cierta esta idea ¿cuáles serían los lineamientos de operatividad del control convencional en la nación mexicana?
Vale la pena mencionar que al lado de esa pregunta, tanto en el ámbito académico como en el seno de instituciones judiciales, también se analiza a) cuál debe ser el nombre que debe darse al control convencional, b) si su ejercicio debe ser difuso, esto es, limitado a autoridades judiciales y c) si dicho sistema debe proceder de oficio o a petición de parte.
No obstante, considero que existen otros temas paralelos que también deben analizarse para saber si la nación d) transita hacía un principio de supremacía convencional, e) si la Corte de Justicia puede declarar inconvencional una reforma constitucional y f) si la jurisprudencia interamericana, en general, vincula a México. Doy a conocer mi criterio.

II. ¿CONTROL DE CONVENCIONALIDAD O CONTROL



CONSTITUCIONAL DIFUSO?
Esa pregunta admite múltiples respuestas pero sólo me ocuparé de brindar la relacionada con el origen federal del control difuso. He destacado que el método británico de invalidez, sirvió de precedente al control constitucional Americano y al control constitucional Europeo, ambos conocidos como control difuso o concentrado. Sin embargo, aún considero vigente el debate sobre si debe adoptarse un sistema difuso o uno de tipo concentrado,2 inclusive agrego otra opción: la simple actividad protectora de los Derechos Humanos.
He dicho que los sistemas judiciales de control concentrado o difuso preservan el principio de supremacía constitucional y analizan los actos, las normas y las omisiones a la luz de lo dispuesto en la Constitución Federal. Ahora, el sistema que permite estudiar abstenciones, actos y normas conforme a lo dispuesto en convenios internacionales y su entendimiento, a pesar de lo dispuesto en el derecho interno, privilegia el principio de observancia convencional, pues la preeminencia de los tratados internacionales impone una obligación relativa hacia el interior del Estado pero casi absoluta para la Comisión y la Corte Interamericanas.
Bajo ese contexto, si tiene que escogerse entre el control de constitucionalidad difuso, el control concentrado y el control convencional interno, opino que debe optarse por este último o por una simple actividad protectora de los derechos humanos. Profundizo mi postura.
III. ¿CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD O SIMPLE ACTIVIDAD PROTECTORA DE LOS DERECHOS HUMANOS?
Pocos académicos pretenden adicionar al control de convencionalidad con el adjetivo difuso. Otros, advierten la existencia de un control convencional externo realizado por instancias internacionales, frente a uno de índole interno confiado a órganos nacionales.3 En ambos casos, tanto el llamado control de convencionalidad difuso como el control de convencionalidad interno, se encomienda a autoridades de naturaleza judicial. Ahora, creo que esas clasificaciones muestran creatividad y sobre todo mayor utilidad la segunda, no obstante, las dos resultan un tanto empeñadas en limitar a órganos judiciales la actividad protectora de los derechos humanos.
El objeto fundamental del control de convencionalidad consiste a) en hacer respetar y cumplir el contenido de los tratados internacionales jurídicamente vinculantes al Estado demandado; b) en hacer respetar y cumplir el contenido de la jurisprudencia emanada de la interpretación y aplicación de los convenios y protocolos internacionales; c) en hacer respetar y cumplir el contenido de las normas internas o precedentes judiciales o administrativos que por sí solas o en forma armónica al derecho internacional de los derechos humanos −o viceversa− resulten aplicables en favor de la dignidad humana; y d) en reparar los ultrajes a los derechos humanos o indemnizar a la víctima o víctimas de la violación.

¡Así es como debe entenderse y funcionar ése sistema!


Por eso hablo de una simple actividad protectora de los derechos humanos, con independencia del nombre que se le asigne o el órgano que la emplee, pues su objeto es el mismo: tutelar la dignidad humana, procurar su pleno desarrollo o reparar o indemnizar una violación al derecho humano en juego.4
Considero que la técnica con que opera el control de constitucionalidad concentrado o difuso quedó totalmente implícita en la que ahora se atribuye al control convencional interno o externo, sin embargo, sigue siendo una opción el mejor hablar de una simple actividad protectora de los derechos humanos que no tenga las reticencias de un control reservado a jueces nacionales o a jueces internacionales, con independencia de que se adopte una postura que distinga entre control convencional original o derivado pues a fin de cuentas ese tipo de análisis se limita a juzgadores o autoridades, cuando la actividad protectora de los derechos humanos puede ser ejercida por ciudadanos y autoridades que no sean jueces pues a nadie se le puede impedir actuar en favor de su raza o medio ambiente, sin que ello implique la revisión, en su caso, de dichos actos u omisiones.
Actualmente, la potestad inicialmente otorgada a jueces federales o estatales se convierte en complementaria de aquella que se reconoce a cualquier autoridad del Estado. La Corte Interamericana identifica como control convencional interno a la actividad complementaria en cita pero considero conveniente fomentar una competencia abierta en materia de reconocimiento y protección de los derechos humanos, una simple actividad protectora de los derechos humanos.
El artículo 1o constitucional en México no distingue y dice ...“todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”5...

De ahí que el título de este apartado remita a una lógica y notable transición en materia de tutela y preservación de la dignidad humana, la cual no debe confundirse o mezclarse con ideas tendentes a limitar su ejercicio a jueces, ya que las posturas extremadamente técnicas únicamente obstaculizan la actividad protectora de los derechos humanos y, por esa razón, propongo la adopción de una simple actividad protectora de los derechos humanos, más no un “control difuso de convencionalidad” o “control convencional difuso” limitado a juzgadores y contradictorio del citado precepto 1o de la Constitución mexicana.6


La idea de un control convencional limitado a jueces es acorde al sistema vigente en los Estados Unidos de América, país que no se encuentra sometido a ninguna autoridad trasnacional, ni convenio internacional protector de la dignidad humana, sino a simples referentes provenientes del texto o interpretación de su Norma Suprema; situación que a su vez muestra una tendencia diferente a la que México requiere, esto es, no de naturaleza abierta en materia de respeto y desarrollo de los derechos humanos. Veamos por qué.
IV. CONTROL CONVENCIONAL ¿AMPLIO O RESTRINGIDO?
En relación a si debe ser operado desde una visión amplia o limitada, considero que el reconocimiento de derechos, incluidos los implícitos y la tutela de los mismos: no es monopolio de ninguna autoridad o institución del país; aceptar lo contrario implicaría sostener una visión restringida donde el reconocimiento de derechos −y su salvaguarda− únicamente competa a ciertas autoridades del Estado, dígase jueces federales o estatales,7 ombudsman nacional o locales, entre otras procuradurías o defensorías de los derechos humanos de tipo social, familiar, ambiental, etc.
Mi postura sobre la procedencia del control de convencionalidad implica tener presente que la tutela de las prerrogativas humanas corresponde a toda autoridad del país. Incluso cometo el atrevimiento de afirmar que se trata de una obligación ciudadana que no admite la posibilidad de un monopolio a favor de una o varias autoridades o de crear un ámbito de impunidad conforme a los criterios judiciales que impiden la procedencia del amparo contra actos u omisiones de particulares que violen prerrogativas humanas, sin soslayar la jurisprudencia que exenta al juez de Distrito de violar derechos humanos.8
A nuestro juicio, no existe razón insuperable para evitar que cualquier autoridad del Estado e incluidas las personas, sean a su vez quienes deban reconocer, respetar y tutelar derechos humanos. Así lo impone una sana interpretación del artículo 1o de la Constitución Federal, el cual es jurídico y no político.9
Si bien no todo está en nuestras manos o dentro de nuestras competencias, lo cierto es que la realización de actos u omisiones encaminados a reconocer, respetar o salvaguardar derechos humanos, reitero, no puede quedar limitada a órganos especializados del Estado.
Algunas universidades en el mundo han reconocido a nivel institucional que sus integrantes, profesores y personal burocrático, deben respetar y desarrollar derechos humanos, obligación que además imponen a través de su normativa interna y de las recomendaciones que emite el respectivo Ombudsman universitario.10
Debemos estar conscientes de que cualquier persona puede adoptar una postura inteligible acorde a la dignidad humana, sin que ello implique definitividad en la misma.
Tengamos presente que si antes las autoridades y los habitantes del Estado trataban de actuar conforme a una cultura de legalidad para luego pasar a una tendencia favorable al contenido de la Constitución: ahora la idea es ejercer tomando como punto de partida no sólo a la ley o a la Norma Suprema, sino también a la dignidad humana contemplada en todo el orden jurídico interno o externo vinculante, sin que esa postura sea violatoria de la soberanía interna o desprecie la integración de soluciones conforme a leyes nacionales.
Con base en esa idea, queda superada la duda respecto a si un trabajador social con conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos y su jurisprudencia o un simple ciudadano con sentido común: puede ejercer un análisis de convencionalidad y resolver a favor de su especie y su medio ambiente.
Debe quedar claro que no hablo de la teoría del Drittwirkung, respecto a la existencia de derechos humanos con eficacia horizontal.11 Si bien propongo una idea acorde a esa tendencia, mi pretensión consiste en mostrar la necesidad de ampliar el catálogo enunciativo de quienes se consideran obligados a proteger y actuar en forma armónica a la dignidad humana, su entorno y desarrollo. En México, oficialmente, se otorgan esas facultades a las autoridades judiciales, haciendo especial distinción entre las estatales y las federales, pero ¿qué pasa con las personas físicas y morales?
Respecto a esta última pregunta, conviene advertir que no sólo se trata de hacer viable la impugnación de actos provenientes de particulares o de empresas que a su vez violan derechos humanos, sino de comprender que a ellos también les corresponde la obligación de respetar, proteger, fomentar y, por qué no, de reconocer y desarrollar derechos.
Ahora, la interrogante expuesta en el título de este apartado podría responderse en sentido restringido: por temor a una desestructuración legal o constitucional que monopoliza la tutela de los derechos humanos o la desaplicación de normas o actos positivos u omisos que los violen. Duda que no sólo significa aceptar la apertura protectora como sinónimo de descontrol, ilegalidad, inconstitucionalidad o inconvencionalidad, sino también miedo a la pérdida del poder.
Desde mi perspectiva, lo único que pudiera acontecer cuando una autoridad o ciudadano reconoce, tutela o viola derechos humanos, es que su proceder sea cuestionado en forma adicional a los argumentos de invalidez que en general se pronuncian en contra de sus actos o abstenciones, pero, difícilmente podrá generarse un ámbito de impunidad que no pueda reivindicarse a favor de la dignidad humana.
En principio, la función protectora de los derechos humanos está encomendada al mismo ser humano. Como dije, no comulgo con tendencias encaminadas a restringir la tutela de los derechos o prerrogativas humanas y tampoco considero que ello únicamente corresponda a ciertas autoridades del Estado a través de instrumentos de defensa constitucional, entre otros.12 Mi postura es más amplia y vincula a toda persona, sea autoridad o no, tenga facultades expresas para ello o no, esto es, distingo entre la existencia de un vínculo jurídico que obliga a reconocer y respetar derechos, frente a otro de tipo racional que conlleva a ser congruentes con nuestro ser y respetuosos de nuestro entorno social, político, económico y ambiental.13
Desde esa premisa, me inclino a favor de una circunferencia abierta en materia de reconocimiento y protección de los derechos humanos, cuyo ejercicio no está limitado a lo previsto en la Constitución o a las autoridades que ella prevé, sino también a lo dispuesto en tratados internacionales, sus convenciones y protocolos vinculantes y referenciales, así como a usos y costumbres de la localidad o región en que se encuentra la persona afectada o surge el conflicto, sin soslayar la obligatoriedad de la jurisprudencia nacional e internacional que, contrario a lo resuelto por la Corte mexicana en el expediente varios 912/2010,14 sí vincula en todos los casos a México. Así lo impone la interpretación armónica de los artículos 1o y 133 constitucionales;15 cualquier justificación en jurisprudencia nacional para hacer caso omiso a los precedentes emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos pone en aptitud de recibir otra condena por violación a los artículos 1o y 2o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 27 de la Convención de Viena.16
Para recordar nuestro deber de reconocer y respetar derechos humanos, no se requieren facultades expresas en la Constitución, en un Tratado Internacional o en la Ley. El miedo de invadir esferas competenciales o afectar el debido proceso, se desvanece cuando el motivo toral del acto u omisión es la protección a la vida, su integridad, la privacidad y el honor.
Una autoridad interna o externa, jamás podrá revocar una determinación respetuosa de la dignidad humana, salvo que predomine un criterio cerrado que impida la labor estadual y ciudadana de proteger prerrogativas humanas. Una cosa es interpretar en forma armónica, congruente o conforme al sistema y algo distinto es declarar inconstitucional una norma. Para este último fin sí podrían requerirse facultades expresas, pero para interpretar a favor de la dignidad ¡no!
V. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD ¿OFICIOSO O A PETICIÓN DE PARTE?
Considero que el reconocimiento de derechos y su tutela no dependen de la excelencia argumentativa de quien lo demanda, sino de la experiencia de quien imparte justicia. Mi tesis es contraria a la idea del estricto derecho, principio que no permite suplir los reclamos en favor de quien sufre un perjuicio.17
El principio jura novit curia impone la obligación correspondiente a cada parte. Al accionante, dar los hechos y al juez, reconocer, proteger y aplicar el derecho.18 En México, las violaciones a ese postulado son abundantes y parte de ello se debe a la jurisprudencia de la Corte de Justicia que avala la inoperancia de los argumentos que no son redactados de manera brillante. Así, los jueces federales trasladan un sentimiento de culpa al litigante y lo acusan de no haber planteado sus motivos de inconformidad en forma excelsa: lo ridiculizan.19
El motivo principal de declarar “inoperantes”, “ineficaces”, “inatendibles” o “insuficientes” los argumentos de impugnación, consiste en resolver de manera más sencilla los procesos constitucionales. El Presidente de la Corte de Justicia, en su informe de labores 2010-2011, refiere que del 100% de los amparos que se promueven ante el Poder Judicial Federal, el 47.44% de los presentados ante Tribunales Colegiados, se niega; el 31.12% de los presentados ante Tribunales Unitarios, también se niega; y el 12.51% de los que se interponen ante Jueces de Distrito, para no perder costumbre: de igual forma se niega.20
Ahora, esos porcentajes no especifican el número de asuntos cuya negativa se basa en la existencia de argumentos “inoperantes”, esto es, casos en que los promoventes no se expresan en la forma que los tribunales de la federación requieren para poder atender un reclamo,21 sin embargo, la figura del estricto derecho, salvo contadas excepciones, es comúnmente utilizada en México.
En la jurisprudencia nacional sólo es pertinente que las autoridades actúen de manera oficiosa cuando se trata de personas o sectores vulnerables, por ejemplo, materia agraria, familiar, laboral a favor del trabajador o penal en beneficio del reo o la víctima.22
Al respecto, se han ideado una serie de razonamientos que a nada práctico conducen cuando se trata de reconocer y proteger derechos humanos, muestra de ello son las distinciones entre “corregir” y “suplir lo deficiente de la queja”. La Suprema Corte avala posturas que entienden por lo primero la enmienda de lo errado, es decir, la rectificación oficiosa del error en que haya incurrido alguna de las partes con motivo de la cita de un precepto legal o constitucional; y por “suplir lo deficiente de la queja” la obligación de analizar en su conjunto los conceptos de invalidez o razonamientos esgrimidos por el accionante para efectos de transformar las deficiencias en argumentos eficientes.23
Opino que no hay razón suficiente para discriminar a quienes no forman parte de un sector vulnerable, pues en ambos casos se adolece de lo mismo: una violación a la Constitución o a los derechos de fuente nacional o internacional vinculantes o referenciales, por ello, urge superar la postura del estricto derecho dado que es contraria a los principios de informalidad y buena fe que deben regir la prosecución de cualquier instrumento de defensa constitucional, de reconocimiento de derechos o salvaguarda de los mismos.
Hay que tener presente que cuando las violaciones se reparan: la sociedad gana, pues la Constitución se respeta y los derechos humanos se reconocen, pero cuando su reconocimiento y protección depende de la calidad de los argumentos expuestos en la demanda, los jueces mexicanos a) aligeran su carga laboral, b) traicionan su encomienda principal de impartir justicia, y c) dan la espalda al control de convencionalidad interno en detrimento del principio de acceso a una justicia eficaz.
Será un trabajo complejo cambiar la visión limitada en materia de impartición de justicia. Se trata de romper o superar paradigmas demasiado arraigados en México y si a eso sumamos la idea de restringir la procedencia del control de convencionalidad a petición de parte afectada, estaríamos desconociendo la jurisprudencia interamericana que establece la oficiosidad de dicho control24 pero sin razones suficientes para afirmar que en el ámbito interno debe ser claro y excelso el reclamo.
Mi tesis tiene como base la previa instauración de un proceso o procedimiento que pueda ameritar un control de convencionalidad sin necesidad de que alguna de las partes lo solicite.
En la actualidad, como dije, es difícil pensar que una autoridad avale o permita la existencia de un acto, norma u omisión contrario a la dignidad humana. La realidad, en algunos asuntos, deja ver un ánimo que revierte ese tipo de atentados. Tal es el caso de los jueces de Chihuahua y un magistrado de Monterrey, entre otros, que se van sumando a ese movimiento protector y han desaplicado ataques legislativos a la presunción de inocencia y el debido proceso.25
No obstante, a los jueces federales les está costando un poco más de tiempo y trabajo, pues, por una parte, complican la admisión de asuntos trascendentales en el plano de la protección judicial de los derechos humanos y, por otra, aún aplican las jurisprudencias que postulan la inoperancia de los conceptos de violación.26
VI. ¿HACÍA UNA SUPREMACÍA CONVENCIONAL?
Pasar de una supremacía constitucional a otra de naturaleza convencional, no es del todo plausible. La idea de apelar al principio de jerarquía cuando se trata de instrumentos que reconocen y salvaguardan derechos, significa olvidar el avance interpretativo generado en sedes académicas o instancias nacionales e internacionales de justicia.
De qué serviría ponderar o armonizar si el dialogo inteligible se opaca a partir de una sola pregunta ¿qué documento tiene superioridad en el caso? Cuya respuesta plantea una solución de corte legalista que, trasladada al ámbito protector de los derechos humanos, priva de escuchar las razones o debates que pudieran suscitarse ante un aparente conflicto entre el ejercicio de derechos o su contemplación en abstracto.
No creo en la transición de supremacía constitucional a convencional, sino en la interpretación integradora o armónica del contenido de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, es decir, que el contenido de esos convenios se considere como una extensión al catálogo de derechos expresos o implícitos en la Norma Suprema y, por tanto, la interpretación deba ser en conjunto y en beneficio de sus destinatarios: el ser humano y su entorno social, político, económico y ambiental.27
Es verdad que la relativización del concepto de soberanía y su clasificación en interna y externa, indudablemente provocó la flexibilización del principio de supremacía constitucional, lo cual no es sinónimo de inexistencia o inutilización de ese lineamiento, sino de entender que la Carta Magna debe ser interpretada en forma compatible al ámbito internacional, sin soslayar la esencia del Estado y sus principios rectores, los cuales no pueden ser reformados a partir de leyes o resoluciones que le sean inferiores, salvo que privilegien el ejercicio razonable del Estado y los derechos humanos.
La propia Corte Interamericana, en el caso Castañeda Gutman, reconoce que la dirección del gobierno y su actividad democrática interior, es competencia exclusiva del país, siempre y cuando mantenga los mínimos de protección que hasta ahora México contempla en materia de derechos políticos y civiles.28
Considero que en vez de intentar adoptar una supremacía convencional, debemos postular el principio de coordinación entre los sistemas nacionales e internacionales y viceversa, en aras de privilegiar la dignidad humana de manera acorde a las particularidades de cada Región, de cada Estado, de cada sector, de cada caso y de cada persona, recordemos ¡nadie sobra!
Además, la procedencia del principio pro persona, en su variante de preferencia normativa, permite superar el criterio de interpretación jerárquico y atender a la norma que mayor beneficio otorgue a la persona.29 De ahí que el principio de supremacía convencional sea también relativo y tampoco obligue en forma tajante a las instancias internacionales, quienes en todo momento deberán atender a los cambios sociales que experimenta la Región y, en todo caso, aplicar la norma que más ventajas ofrezca o reconozca al ser humano, con independencia de que sea nacional o internacional o provenga de una interpretación interna o externa.
Como vemos, sólo podría hablarse de una supremacía convencional en el caso de que la Región Americana tuviera el interés mayoritario de constituir un Estado Transnacional de Derecho. Actualmente, si bien existen países que han establecido una comunidad europea, lo cierto es que dicha tendencia aún no se debate en el ámbito jurídico y político de nuestra región, por lo cual, la intención de sustentar un principio de supremacía absoluta de los tratados internacionales, ostenta los mismos vicios de la preeminencia constitucional de mediados del siglo pasado. No descarto posibles ventajas en la creación de una comunidad americana, pues existen algunos matices que nos orientan a pensar de esa forma, sin embargo, debemos transitar hacia ello de manera consciente y, mientras eso no suceda, el Estado debe actuar de manera acorde a la dignidad humana, sin imponer interpretaciones que a nada practico conduzcan.30
VII. LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y SU INTERACCIÓN CON EL

ÁMBITO EXTERNO


El origen moderno del principio de supremacía constitucional se debe al federalismo norteamericano y, como dijimos anteriormente, México, en esencia, lo contempla desde la Constitución de 1824 y literalmente en el artículo 126 de la Constitución Federal de 1857, pasando de allí al contenido del artículo 133 de la Norma Suprema de 1917.31
Dicho postulado configura una de las principales características del Estado Contemporáneo, ¿cuál? Aquella consistente en reconocer la existencia de un documento supremo denominado Constitución. En ese entonces se hablaba de una soberanía absoluta, no obstante, la transición de Estado de Derecho a Estado Constitucional de Derecho, entre otras cosas, permitió que la Norma Suprema recuperara su naturaleza jurídica y que, posterior a la segunda guerra mundial del siglo pasado, el tema de la soberanía se relativizara a favor de un sistema internacional de relaciones amistosas y de protección a los derechos humanos, situación que a su vez motivó distinguir entre soberanía interna y soberanía externa, siendo esa última el plano susceptible de comprometerse con otras naciones en el mundo.32
Así, el principio de supremacía constitucional, como dije, se flexibiliza en aquellos países que se han sumado al esfuerzo internacional de reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos, más no en territorios que no forman parte de él o que no tienen la obligación jurídica de reconocer y tutelar derechos conforme a convenios internacionales; un ejemplo lo encontramos en Estados Unidos de América, país que, principalmente, obedece lo que su Constitución prevé o su interpretación judicial dispone.
Ahora, México se sumó al sistema internacional de protección a los derechos humanos. México firmó y ratificó diversos tratados y convenios internacionales en la materia. México aceptó la competencia de órganos administrativos y judiciales trasnacionales y, en consecuencia, México adoptó la distinción entre soberanía interna y soberanía externa, sobre todo porque celebró el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados.33
Tales acontecimientos implicaron el sustento de una supremacía constitucional no absoluta. Por una parte, el orden jurídico nacional en materia de derechos humanos, desde 1980, no está únicamente compuesto por normas nacionales sino también por cláusulas internacionales previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como “Pacto de San José” y, por otra, desde 1998, México aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, entonces, el tema de la impartición de justicia ya no incumbe solamente a los jueces nacionales sino también a instancias trasnacionales.

VIII. CONCLUSIONES


Considero que México cuenta con presupuestos básicos para actuar de manera congruente al sistema internacional de protección a derechos humanos, pues se comprende a) la transición de Estado Legal a Estado Constitucional de Derecho y de éste a otro donde su actuación no solamente se basa en la Constitución que le da origen, sino también en lo dispuesto en tratados internacionales vigentes y su interpretación; b) que la Constitución es una norma jurídica vinculante para todos los seres humanos, sean o no autoridades; c) que entre derechos fundamentales y humanos no existe mayor diferencia que la simple denominación; d) que impartir justicia con la mentalidad de un Estado legalista produce incalculables consecuencias negativas a nivel social; e) que los métodos de interpretación creados, hace más de dos siglos, con el fin de entender al Derecho Privado, actualmente, devienen insuficientes para la adecuada aplicación del Derecho Público; f) que la actividad inteligible de las autoridades del Estado tiene límites racionales; g) que las realidades no jurídicas y la costumbre constitucional e internacional, son elementos indispensables para la solución, si quiera plausible, de un conflicto constitucional o entre el ejercicio de los derechos; h) que los compromisos internacionales en materia de derechos humanos deben ser apreciados y aplicados con la misma jerarquía y rigor que los derechos previstos en la Constitución; i) que toda violación a un derecho humano no sólo implica su restitución material sino también la posibilidad de indemnizar al afectado; y j) que el reconocimiento y protección de los derechos humanos no es monopolio del Estado o campo vedado a la sociedad y sus integrantes.
En resumen, ya no hay pretextos para afianzar lo que de antemano sabemos que corresponde ejercer, el control convencional interno o la simple actividad protectora de los Derechos Humanos... El método de control difuso no debe considerarse un límite para la defensa de los derechos humanos, cuya exclusividad, insisto, dejó de ser competencia de algunas autoridades del Estado porque la actividad protectora de los derechos humanos es una facultad genérica del gobierno y obligación de los ciudadanos.
Por ello, mi propuesta consiste en adoptar una visión amplia de control de convencionalidad o implementar una simple actividad protectora de los derechos humanos: no limitada a jueces o autoridades del Estado sino también susceptible de ser operada por cualquier persona.
Con esa idea se logra comprender que la tendencia tutelar actual absorbe al control constitucional difuso o concentrado y, por tanto, no resulta del todo pertinente hacer separaciones limitativas de su alcance protector. Empero, estoy consciente de que mi propuesta requiere de preparación constante en materia de derechos humanos y de jurisprudencia internacional, pero también reconozco nuestro deber y compromiso de evitar actividades estaduales o ciudadanas que lejos de proteger a la dignidad humana, propician un arbitrio arbitrario y legitimador de los intereses más oscuros del poder y de la ambición humana. Sobre ese tema reitero el principio de evitar interpretaciones fraudulentas o desbocadas de los derechos humanos.34
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JURISPRUDENCIA NACIONAL
“AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA”, Semanario Judicial de la Federación, México, SCJN, Amparo directo 5725/86.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES”, Semanario Judicial de la Federación, México, SCJN, Amparo directo 3770/76.

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES”, Semanario Judicial de la Federación, México, SCJN, Amparo directo 82/80.

“SENTENCIA DE AMPARO. NO PUEDE SER VIOLATORIA DE GARANTÍAS”, Semanario Judicial de la Federación, México, SCJN, Julio a Diciembre de 1989, t. IV, tesis: II. 3o. J/4.

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. PERMITE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL INCULPADO CUYA DEFENSA SE HAYA REALIZADO EN FORMA DEFICIENTE O NULA”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, SCJN, noviembre de 2009, t. XXX, tesis: 1a. CXCIX/2009.

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, SCJN, octubre de 2008, t. XXVIII, tesis: P./J. 105/2008.

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, SCJN, enero de 2007, t. XXV, tesis: 1a. XVII/2007.



“SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE EN CUESTIONES DE DERECHO FAMILIAR”, Semanario Judicial de la Federación, México, SCJN, Amparo en revisión 2959/87.

1Jorge Carpizo escribió: “Con la alegría de haber existido durante 68 años, me despido de mis familiares y amigos. Traté de vivir lo mejor que pude dentro de mis circunstancias, y de servir con devoción a México y a su Universidad Nacional. En los cargos que ocupé siempre rendí informes públicos, presenté evaluaciones y dejé constancia de lo realizado en múltiples libros y artículos. El mejor homenaje que puedo recibir consiste en que se lean y reflexionen. Nunca mentí ni cometí delito alguno. Cumplí con mis responsabilidades al máximo de mi capacidad y voluntad. En mis libros y artículos tanto los académicos y los testimoniales, dejo constancia del país que me tocó vivir, servir, gozar y sufrir. Mil y mil gracias a aquellos que colaboraron lealmente conmigo y con los valores que rigieron todas mis actividades. Me voy amando, con todas mis fuerzas, convicciones y emociones, a nuestro gran país y a su, y mía también, Universidad Nacional.”, Periódico Milenio, México, 12 de junio de 2012.

2 Véanse Highton, Elena I., "Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad", en Bogdandy, Armin von, et al. (coords.), La Justicia Constitucional y su Internacionalización. ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina?, t. l, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Max-Plank-Institut für ausländisches öffentliches Recht and Völkerrecht e Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2011, pp. 107-173; y Pedro Sagüés, Nestor, "El control de convencionalidad en el sistema interamericano, y sus anticipos en el ámbito de los derechos económicos-sociales. Concordancias y diferencias con el sistema europeo", en Bogdandy, Armin von, et al. (coords), Construcción y papel de los Derechos Sociales Fundamentales. Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Max-Plank-Institut für ausländisches öffentliches Recht and Völkerrecht e Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2011, pp. 381-417.

3 García Ramírez, Sergio, “El control judicial interno de convencionalidad, en Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, año V, No. 28, Julio-Diciembre, 2011, pp. 123-159.

4 Véase Carpizo, Jorge, "Los Derechos humanos: naturaleza, denominación y características", en Revista Mexicana de Derecho Constitucional Cuestiones Constitucionales, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Julio-Diciembre, 2011, pp. 3-29.

5 “Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.Cfr. Carbonell, Miguel, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 164a. ed., México, Porrúa, 2011, pp. 19 y 20.

6 Idem.

7 Cfr. López Daza, Germán, "El juez constitucional colombiano como legislador positivo: ¿Un gobierno de los jueces?", en Revista Mexicana de Derecho Constitucional Cuestiones Constitucionales, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Enero-Junio, 2011, pp. 169-193.

8 “SENTENCIA DE AMPARO. NO PUEDE SER VIOLATORIA DE GARANTÍAS”, Semanario Judicial de la Federación, México, SCJN, Julio a Diciembre de 1989, t. IV, tesis: II. 3o. J/4, p. 663.

9 Sobre ese tema cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Protección jurídico constitucional de los derechos humanos de fuente internacional en los ordenamientos de Latinoamérica”, en Pérez Royo, Javier, et al., Derecho constitucional para el siglo XXI, España, Aranzadi, t. I, pp. 1727 y ss.

10 Entre las diversas universidades que prevén la existencia de un ombudsman universitario, destaco las siguientes: Defensoría de los Derechos Universitarios DDU de la Universidad Nacional Autónoma de México; y la Defensoría Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

11 Sobre esta teoría se recomiendan consultar los siguientes estudios: Anzures Gurría, José Juan, “La eficacia horizontal de los Derechos Fundamentales”, en Revista Mexicana de Derecho Constitucional Cuestiones Constitucionales, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Enero-Junio 2010, pp. 3-51; Mijangos y González, Javier, “La doctrina de la Drittwirkkung der Grundrechte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, en Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, et al. (coords.), La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. IV, pp. 547-577.

12 Sobre instrumentos de defensa constitucional en México cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano, 2a. ed., México, Porrúa, 2011.

13 Es aquí en donde tienen un papel principal los derechos humanos de segunda y tercera generación.

14 Expediente formado con motivo de la consulta realizada por la Segunda Sala de la Corte al Pleno de ese Alto Tribunal para saber cómo ejecutar la sentencia interamericana que condena a México en relación al caso Rosendo Radilla Pacheco. Consúltese García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Julieta, La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos, México, Porrúa, 2011, pp. 247-253.

15 La Corte de Justicia adujo en forma irracional que la jurisprudencia interamericana sólo obliga a México cuando el fallo de donde emana condena al País. Cfr. García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, op., cit., p. 245.

16 Carbonell, Miguel, et al., Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 2a. ed., México, Porrúa, 2003, t. ll, pp. 251-303 y 1311-1345.

17 “SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, SCJN, enero de 2007, t. XXV, tesis: 1a. XVII/2007, p. 486.

18 Sentís M., Santiago, El Juez y el Derecho, Argentina, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1957, pp. 9-40.

19CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES”, Semanario Judicial de la Federación, México, SCJN, Amparo directo 3770/76, p. 42; y “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES”, Semanario Judicial de la Federación, México, SCJN, Amparo directo 82/80, p. 100.

20 TRIBUNALES COLEGIADOS: Amparo directo. El movimiento de los juicios de amparo directo en el año fue de una existencia inicial de 41,346 asuntos; durante el periodo ingresaron 165,895 asuntos durante el mismo, reportando una existencia final de 46,272, al egresar 161,268 asuntos. La distribución por materias de los ingresos de los amparos directos es de 20,273 en materia penal (12.22%), 37,215 en administrativa (22.43%), 46,474 en civil (28.01%) y 61,933 en trabajo (37.33%). Los sentidos de las resoluciones dictadas en los amparos directos promovidos en los Tribunales Colegiados fueron 54,326 ampara (33.68%), 76,521 no ampara (47.44%), 8,755 sobresee (5.42%), 7,695 desechados o no interpuestos (4.77%) y 13,971 incompetencias e impedimentos (8.66%). TRIBUNALES UNITARIOS: Amparo Indirecto. Al inicio del año estadístico se reportaron 609 amparos indirectos en proceso de resolución, ingresando 4,142, de los cuales se resolvieron 4,090, quedando al final 661 amparos indirectos. Los juicios de amparo indirecto ingresados a los Tribunales Unitarios se distribuyó en 3,407 en materia penal (82.25%), 36 en materia administrativa (0.9%) y 699 en materia civil (16.88%). Los sentidos de las resoluciones dictadas en los amparos indirectos tramitados en los Tribunales Unitarios fueron 1,357 ampara (33.17%), 1,273 no ampara (31.12%), 864 sobresee (21.12%), 262 desechadas (6.4%), 28 no interpuestas (0.68%), 179 incompetencias (4.37%) y 127 con otros sentidos (3.10%). JUZGADO DE DISTRITO: Amparo Indirecto. Al inicio del año había 62,218 amparos indirectos en proceso de resolución, ingresando 401,436, de los cuales se resolvieron 407,719 quedando 55,048 amparos indirectos al final del año estadístico dos mil diez. Los juicios de amparo indirecto ingresados a los Juzgados de Distrito se distribuyen en 144,718 en materia penal (36.05%), 115,783 en materia administrativa (28.84%), 72,084 en materia civil (17.95%) y 68,851 en materia de trabajo (17.15%). Los sentidos de las resoluciones dictadas en los amparos indirectos tramitados en los Juzgados de Distrito fueron 89,529 ampara (21.95%), 51,012 no ampara (12.51%), 171,100 sobresee (41.96%), 42,804 desechados (10.49%), 25,806 no interpuestos (6.32%), 17,810 incompetencias (4.36%) y 9,658 otro sentido (2.36%), cfr. “Informe anual de labores 2010", Anexo documental, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2011.

21 Vid., Supra., CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, cit.

22 "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. PERMITE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL INCULPADO CUYA DEFENSA SE HAYA REALIZADO EN FORMA DEFICIENTE O NULA”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, SCJN, noviembre de 2009, t. XXX, tesis: 1a. CXCIX/2009, p. 415; “AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA”, Semanario Judicial de la Federación, México, SCJN, Amparo directo 5725/86, p. 48; “SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, SCJN, octubre de 2008, t. XXVIII, tesis: P./J. 105/2008, p. 63; y Tesis: “SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE EN CUESTIONES DE DERECHO FAMILIAR”, Semanario Judicial de la Federación, México, SCJN, Amparo en revisión 2959/87, p. 322.

23 Cfr. Carpizo, Enrique, La defensa constitucional en México, México, Porrúa, 2011, pp. 117-120.

24 Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, número 154. Véase García Ramírez, Sergio, La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008, vol. IV, 619-655 pp.

25 Todo ello en forma previa a la aceptación oficial del control difuso y del control de convencionalidad en México.

26 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES… cit.

27 Carpizo, Enrique, La defensa constitucional en México, cit., pp. 3-16.

28 Caso Catañeda Gutman vs. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 6 de agosto de 2008. Serie C, número 184. Cfr. Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “El caso Jorge Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Revista Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2009, vol. IX, pp. 775-790.

29 Cfr. Carpizo, Enrique, Derechos fundamentales, interpretación constitucional, la corte y los derechos, México, Porrúa, 2011, pp. 96 y 97; y Castilla, Karlos, "El principio pro persona en la administración de justicia", en Revista Mexicana de Derecho Constitucional Cuestiones Constitucionales, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Enero-Junio 2009, pp. 65-83.

30 Sobre estas ideas se recomienda consultar los apuntes del II Seminario sobre Derecho Constitucional Transnacional, de Marcelo Figueiredo, publicados por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Facultad de Derecho, 2012.

31 “Artículo 126.- Esta Constitución, las leyes del congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el presidente de la República, con aprobación del congreso; serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados.”; “Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”. Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808-2005, 24a. ed., México, Porrúa, 2005, p. 627; también puede consultarse Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil, trad. Marina Gascón, 7a. ed., España, Trotta, 2007, pp. 21-45.

32 Carpizo, Jorge, Algunas reflexiones constitucionales, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, pp. 152 y 153.

33 Ese tratado fue celebrado el 21 de marzo de 1986 y entro en vigor el 11 de enero de 1988, véase Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, 1986, disponible en la página web de la Suprema Corte de Justicia mexicana, http://www2.scjn.gob.mx/red/tratadosinternacionales/

34 Sobre los límites al intérprete de los derechos humanos, Cfr. Carpizo, Enrique, Derechos Fundamentales, Interpretación Constitucional, cit., pp. 83-94.


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