Página principal

Alejandrino melo luis alfonso melo morera primera instancia


Descargar 23.28 Kb.
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño23.28 Kb.

TUTELA 66425

ALEJANDRINO MELO

LUIS ALFONSO MELO MORERA

PRIMERA INSTANCIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Magistrado Ponente:

JAVIER ZAPATA ORTIZ

Aprobado Acta No. 134

Bogotá, D.C., siete (07) de mayo de dos mil trece (2013).



ASUNTO
Decide la Sala en primera instancia la demanda de tutela presentada por ALEJANDRINO MELO y LUIS ALFONSO MELO MORERA, a través de apoderado, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en actuación que involucró al Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Granada (Meta), por la presunta vulneración del derecho fundamental de debido proceso que estiman vulnerado en el asunto penal que contra ellos se adelanta.
ANTECEDENTES
1. Se desprende de la actuación que el 10 de agosto de 2012 personal del Ejército Nacional en la vereda “La Belleza” perteneciente al municipio de La Uribe (Meta), capturó a ALEJANDRINO MELO y LUIS ALFONSO MELO MORERA al ser sorprendidos realizando labores propias de elaboración de sustancias estupefacientes, en inmediaciones de dos cultivos de mata de cocaína, un semillero y una construcción de madera y palma.
2. Presentado por la Fiscalía el escrito de acusación contra los hoy accionantes por la presunta comisión del delito de conservación o financiación de plantaciones en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Granada (Meta) el 14 de diciembre de 2012, inició la respectiva audiencia de formulación de acusación, dentro de la cual y por solicitud de la defensa, se decretó la nulidad de la diligencia de allanamiento y registro, excluyéndola de la actuación por no haberse cumplido posterior control de legalidad ante un juez de control de garantías.
3. Apelada la anterior determinación, el 27 de febrero de 2013 la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio revocó la decisión tras concluir que no se requería orden de la Fiscalía ni su posterior legalización por cuanto el lugar donde se produjo la captura en flagrancia no constituía morada o habitación.

LA DEMANDA
Alega el apoderado que con la actuación judicial surtida por el juez colegiado se han vulnerado los derechos fundamentales de sus poderdantes, en la medida en que se desconoció el numeral 2º del artículo 230 de la Ley 906 de 2004, al no haberse cumplido con el control posterior a la diligencia de allanamiento y registro, la cual es nula de pleno derecho.
Argumenta que “(…) el señor ALEJANDRINO es el titular del derecho de propiedad y que en esa misma finca o fundo realiza sus labores como agricultor, aunado a lo anterior estas fincas sin tener documentos para acreditar la propiedad existen juntas de acción comunal donde tiene documentos que dan fe sobre la cantidad de fincas o fundos con sus respetivos linderos que conforman la vereda la BELLEZA del municipio de Uribe y entre otras fincas o fundos se encuentra la del señor ALEJANDRINO MELO esto quiere decir que en materia penal el inmueble que fue objeto de registro y allanamiento por parte del ejército nacional, el fiscal delegado y que conoció del caso en las audiencias preliminares debió haber realizado el control posterior como lo consagra el artículo 230 (…)”.
Por lo tanto, solicita “(…) que se revoque la decisión tomada por el Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal y que siga con el trámite normal en el Juzgado con función de conocimiento”.


TRÁMITE DE LA ACTUACIÓN
Admitida la demanda, se dispuso correr traslado a las autoridades judiciales accionadas, para que ejercieran el derecho de contradicción y aportaran las pruebas que estimaren pertinentes.
El titular del Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Granada (Meta) narró el trascurrir de la audiencia de formulación de acusación en la cual decretó la nulidad del allanamiento y registro realizado el día de la captura de los procesados, argumentando que adoptó tal determinación al observar que carecía de control posterior de legalidad por parte del juez de control de garantías.
Sin embargo, cumplida la orden emitida por el superior funcional en la cual revocó la nulidad decretada, procedió a continuar con la actividad procesal fijando fecha para la realización de la audiencia de formulación de acusación, encontrándose aún en curso la actuación.
Por su parte, la Secretaria del Tribunal Superior de Villavicencio informó que el 27 de febrero de 2013 se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 14 de noviembre de 2012 en la cual se decretó la nulidad en sede de formulación de acusación dentro del proceso que se adelanta contra los accionantes.
Providencia en la que se estableció: “(…) en este caso no se requería orden de la Fiscalía ni su posterior legalización para ingresar al lugar, teniendo en cuenta que donde se produce la captura en flagrancia de ALFONSO MELO MORERA y ALEJANDRINO MELO no constituía su morada o habitación, ni se trataba de un lugar en el que se desarrollara alguna manifestación de vida privada, esto es, aquel en el que la persona se despoja de usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima, sino de un lugar abierto que permite la mirada y el acceso a terceros acorde con el informe policial y las fotografías del lugar, donde no había pues, ninguna expectativa de intimidad”.
Adujo que es tan solo al interior del proceso penal en donde los procesados podrán emplear los diferentes recursos en procura de la defensa de sus intereses.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Es un hecho cierto que el objeto de la demanda de tutela se centra en cuestionar decisiones judiciales como es la proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Villavicencio, al resolver una apelación a la declaración de nulidad del allanamiento y registro solicitada dentro del trámite de formulación de acusación adelantado por el Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Granada (Meta), es decir, se trata de una determinación producida en el curso de una actuación judicial.


Al respecto, es conocido el criterio ampliamente divulgado por la jurisprudencia constitucional de la Sala, según el cual, la acción de amparo de los derechos fundamentales, como principio general, es improcedente contra actuaciones y decisiones judiciales, máxime cuando contra ellas se han ejercicio y resuelto los recursos previstos en la ley.
Solamente se ha permitido la excepcional intervención, ante la ausencia de medios de defensa para lograr el amparo, o cuando existiendo, y considerando el caso concreto, se tornan ineficaces para conseguir la real e inmediata protección, desde luego que frente a determinaciones o actuaciones judiciales que puedan catalogarse como vías de hecho, que con la evolución jurisprudencial, pasaron a considerarse como causales genéricas y especiales de procedibilidad1.
2. Frente a la inconformidad del demandante, es preciso señalar que la actuación seguida contra su prohijado, se encuentra en la fase del formulación de acusación, circunstancia que permite inferir a este Colegiado que en desarrollo de dicho proceso, el defensor de los procesados puede emplear sus esfuerzos en demostrar lo que aquí afirma, de manera específica, la ilegalidad de la diligencia de allanamiento y registro cuya inclusión se admitió, circunstancia que de ser procedente por consultar la realidad procesal, permitirá que los jueces individuales o corporativos, en el ejercicio autónomo e independiente de las funciones que les señalan la Constitución y la ley, profieran la decisión que en derecho corresponda; más no se puede pretender obtener dicho pronunciamiento a través del juez de tutela, quien no puede desbordar sus atribuciones para interferir en las labores propias de otras jurisdicciones.
Ahora bien, aparte de las decisiones que llegaren a emitirse en el proceso penal, el accionante puede interponer los recursos ordinarios en el supuesto de que resulten desfavorables las providencias y, en últimas, puede acudir al recurso extraordinario de casación de considerarlo necesario, en orden a defender en forma eficaz las garantías que reclama.
Si lo anterior es así, surge clara la improcedencia del amparo en tanto no constituye un mecanismo alternativo o supletorio al que las partes puedan acudir en ejercicio de sus derechos. Por el contrario, se trata de un instrumento residual, preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales ante su menoscabo actual o una amenaza inminente por la acción u omisión antijurídica de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos previstos en la ley; y en este orden de ideas, procede cuando el afectado no dispone de otro medio eficaz de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, conjunto de hipótesis que en el caso que se examina no convergen.

Acorde con lo que viene de verse, la demanda de amparo no procede.


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE



1. Negar el amparo a los derechos fundamentales invocados por ALEJANDRINO MELO y LUIS ALFONSO MELO MORERA, a través de apoderado, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.
2. Notificar de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3.De no ser impugnadaesta decisión,envíeseel expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


CÚMPLASE

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ JAVIER ZAPATA ORTIZ

Magistrado Magistrado
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria




1Corte Constitucional. Sentencia T-332 de 2006.



La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje