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Al ayuntamiento pleno


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MOCION

QUE PRESENTAN LOS CONCEJALES D. JOSÉ SELLES VIDAL, D. ANTONIO MONTALBAN GAMEZ Y D. MANUEL IBÁÑEZ MANZANO, EN SU NOMBRE Y EN EL DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA-PROGRESISTA, ESQUERRA UNIDA Y MIXTO

AL AYUNTAMIENTO PLENO


Asunto.- Realojo de los vecinos afectados por la ZAL

En numerosas ocasiones ha sido denunciado desde los grupos de la oposición la forma represiva y poco democrática con que se estaban llevando los desalojos de las familias que viven en La Punta y que se ven afectadas por el polémico proyecto ZAL para la construcción de un área industrial anexa al Puerto.

Pero, recientemente y en la medida en que los vecinos van siendo desalojados y son menos las familias que todavía permanecen en sus casas, los métodos empleados por el SEPES y la Autoridad Portuaria, para que éstas las abandonen, obedecen más a etapas “caciquiles” que creíamos superadas, que a etapas democráticas basadas en nuestra constitución donde se garantiza el derecho a la vivienda, a la dignidad de las personas, y al respeto a los ciudadanos que debe impregnar cada una de las actuaciones de los poderes públicos.

El proyecto ZAL se aprobó con un apartado donde se reservaba suelo para la construcción de viviendas para los afectados (una exigencia legal que obliga al realojo en el entorno más inmediato), y ese argumento ha sido esgrimido hasta la saciedad por los poderes públicos para contrarrestar las protestas de quienes nos hemos opuesto junto a los vecinos a este despropósito cuya ejecución arrasa casi 70 hectáreas de huerta protegida del PGOU, sin estudiar las alternativas que en más de una ocasión hemos planteado.

Pues bien, estas viviendas ni tan siquiera tienen licencia de obras, ni está prevista su fecha de inicio para construirlas. Sin embargo, muchos de los vecinos han tenido que marcharse de su vivienda habitual y otros resisten, sin que puedan ser realojados. Los vecinos han sido expulsados de sus viviendas y la Generalitat, ante el silencio cómplice del resto de administraciones, ni siquiera ha iniciado las casas.

Y cuando hablamos de prácticas para los desalojos que no respetan los derechos fundamentales de las personas; cuando hemos reclamado diálogo y respeto para evitar el drama humano de estas personas desalojadas, se nos contesta que todo se está llevando a cabo dentro de la legalidad.

Una vez que se marcharon los primeros vecinos, se ha permitido que personas dedicadas al desgüace entren en esos domicilios, sin ningún tipo de control, con curiosas situaciones como la entrada en viviendas aún habitadas, creando un entorno de miseria y ruinas, y una situación de desesperación en las personas que aún residen. Pero tal es el descontrol que se están desguazando algunas de las viviendas protegidas y que deberán ser rehabilitadas, viviendas que son propiedad del SEPES y la Autoridad Portuaria y hay que recordar que los desperfectos que se le ocasionen suponen una vulneración de la ley de patrimonio cultural que regula igualmente los delitos por negligencia con el patrimonio.

A esto hay que añadir que a estas personas que no disponen de vivienda para ser realojadas se les ha cortado el suministro de luz y agua; no pueden abandonar su casa por si entran las excavadoras o los “chatarreros” a desguazarlas y la única salida que tienen es recoger las “miserables” cantidades en que se han valorado sus viviendas, un precio total incluso inferior al precio de mercado de un garaje en la ciudad. El derecho constitucional a una vivienda digna no solo no se reconoce en esta ciudad, sino que a quienes disponen de ella se les expulsa, expoliando su patrimonio sin la alternativa del realojo.

Estos vecinos se encuentran aislados, sin protección, indefensos y abandonados por todas las administraciones. Y mientras tanto desde el ayuntamiento de Valencia se desoyen las peticiones de estos ciudadanos, que pagan sus impuestos para recibir servicios y a cambio sufren la desidia y el abandono del gobierno municipal. Cuando se trataba de expulsar a los vecinos era habitual la presencia de las fuerzas del orden para “cumplir la ley” según se decía y ahora ni siquiera la policía local acude para que estos vecinos puedan ver protegida su integridad física y sus bienes, y puedan pasar los últimos días en esas viviendas con la dignidad a que tienen derecho.

Por todo lo expuesto, los concejales abajo firmantes realizan las siguientes


PROPUESTAS DE ACUERDO


1.- Que se solicite a la Generalitat Valenciana el inicio inmediato de las viviendas necesarias para el realojo de los afectados por la ZAL, manteniendo a los vecinos en sus casas hasta que este derecho sea efectivo y restableciendo los servicios de luz, agua y teléfono..

2.- Que por los técnicos municipales se compruebe el estado de las viviendas protegidas que forman parte de la ZAL, informándose de los deterioros que hayan podido sufrir, solicitándole a la Autoridad Portuaria la protección y vigilancia efectiva de estos inmuebles.

3.- Que la Policía Local preste vigilancia permanente en la zona para evitar daños físicos a las personas y robos en sus inmuebles.

4.- Que la Alcaldesa inicie el diálogo con las otras administraciones, para garantizar los derechos de los vecinos.

Valencia a 28 de noviembre de 2002

José Sellés Vidal Antonio Montalbán Gámez Manuel Ibáñez Manzano



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