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Aguardan respuesta 11 recomendaciones de la cidh


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Difusión Cencos

Miércoles 2 de Enero del 2008



Aguardan respuesta 11 recomendaciones de la CIDH

Cecilia García

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene por lo menos 11 casos en los que considera que el Estado mexicano incurrió en violaciones a las garantías de alguna persona.

En los documentos, publicados en sus informes anuales y en su página de internet, señala también incumplimientos a las recomendaciones que ha emitido a las autoridades de nuestro país. Esto pese a que desde 1981 México reconoció la competencia de la CIDH para investigar y emitir recomendaciones en asuntos de derechos humanos.

El gobierno mexicano, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se ha negado a dar información sobre las motivaciones que han conllevado el incumplimiento y desatención de las recomendaciones en asuntos que datan de hace 13 años.

El argumento es que la CIDH podría, si quisiera, seguir haciendo observaciones al respecto y por eso, los temas son considerados ¿en trámite?, por lo que se reserva la publicidad de la información.

La mayoría de las recomendaciones se refieren a que se debe investigar a fondo y con imparcialidad, ejercer las acciones penales correspondientes, delimitar responsabilidades, otorgar indemnizaciones y adoptar las medidas que se requieran para garantizar el respeto y cumplimiento de la garantía individual respectiva.

Ayer, Excélsior publicó que la SRE catalogó como confidenciales los motivos por los que el Estado mexicano no ha acatado todas las recomendaciones de la CIDH sobre los casos que se presentan a continuación.



¿Víctima de amenazas?: El general Gallardo

Uno de los asuntos es el del general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, a quien se señala como víctima de amenazas, hostigamientos e intimidaciones por parte de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como parte del caso se asegura que mediante la fabricación de delitos y responsabilidades, nunca probados, se le ha sometido a procesos judiciales y encarcelamiento injusto. La postura del Estado mexicano es que no se ha podido acreditar la campaña de hostigamiento en contra del quejoso.

La CIDH concluye que el Estado mexicano ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos de Gallardo, y recomienda su liberación inmediata y que se la pague una indemnización.



¿Huellas de tortura?: Violencia en Veracruz

Los cuerpos de Rolando y Atanasio Hernández Hernández fueron encontrados con muestras de tortura luego de que policías judiciales de Veracruz y pistoleros al servicio del ?cacique? y ex presidente municipal de Ixhuatlán de Madero, Tranquilino Hernández, llegaron a la comunidad de Plan del Encinal, allanaron las casas y destruyendo cuanto encontraban al paso, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

El Estado mexicano señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz realizó diversas investigaciones en torno a la denuncia en cuestión, de cuyos resultados se desprendió la Recomendación 62/94 del 17 de octubre de 1994, la cual fue aceptada por la Policía Judicial de Veracruz el 10 de noviembre de 1994.

La denuncia indicó que, en el marco de las elecciones del 3 de diciembre de 1989 en Guerrero, se efectuaron varios ataques generalizados a la soberanía popular y a los derechos políticos de los habitantes de dicho estado, en diversas etapas (¿preparación, votación, escrutinio, y cómputo en casilla, en comités municipales y distritales, de certificación de resultados y de calificación...?). Los peticionarios afirmaron que el entonces gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, habría auspiciado, permitido y protegido tales violaciones.

Los diversos hechos denunciados incluyen el homicidio de varias personas. A la CIDH se respondió que no se había logrado acreditar acción u omisión alguna imputable a alguna autoridad pública.

¿Que se indague a fondo?: El asesinato de Héctor Félix

El 20 de abril de 1988 fue asesinado el periodista Héctor Félix Miranda en Tijuana. Era codirector del semanario Zeta y escribía una columna acerca del ámbito político e incluía comentarios sarcásticos sobre funcionarios gubernamentales. Los peticionarios consideran que su asesinato está vinculado directamente a la publicación de su columna y que ha faltado voluntad para esclarecer el delito.

Fueron acusados y condenados como autores materiales del crimen Victoriano Medina, ex policía judicial de Baja California y Antonio Vera. La CIDH no está facultada para establecer quién fue el autor intelectual del asesinato, pero sí de determinar si un Estado ha faltado a su deber de indagar, por lo que pide hacerlo a fondo.

El PRD denunció que luego de que varios miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) salieron con destino a la ciudad de Atoyac de Alvarez a bordo de camiones, fueron detenidos por agentes de la Policía Judicial de Guerrero cuando se acercaban al vado de Aguas Blancas, y que los agentes comenzaron a dispararles indiscriminadamente, con saldo de 17 muertos.

El Estado afirma que en este caso no se han agotado los recursos internos y que ha demostrado su voluntad política de llegar al fondo de la verdad histórica en el caso. La CIDH recomienda completar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos y ejercer las acciones penales correspondientes, con el fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del gobierno del estado de Guerrero.

¿Irrupción del Ejército?: Indígenas asesinados

El 11 de febrero de 1994 fueron encontrados los restos de tres indígenas en el camino que une Altamirano con Morelia, en Michoacán. Supuestamente fueron torturados por militares que irrumpieron en la comunidad indígena del Ejido Morelia, y que saquearon las casas de sus habitantes.

¿El Estado ha señalado que no se ha podido determinar aún la existencia de hechos como los que describen los peticionarios y, en consecuencia, las responsabilidades en los mismos?, es la respuesta a la CIDH.

Ésta recomienda, tras determinar que sí hubo violaciones a derechos, realizar una investigación rápida, imparcial y efectiva de los hechos denunciados, a través de un fiscal especial debidamente designado para el caso, así como ejercer acciones penales.



¿Bajo sospecha?: Contra la integridad

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C . (PRO), Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos A.C. y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron violaciones a los derechos a la integridad física, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Manuel Manríquez.

A la CIDH se le indicó que pruebas distintas a la confesión acreditan la participación de Manuel Manríquez en el delito por el que fue sentenciado, especialmente la testimonial de Valeriano Guzmán Mendoza. Asimismo, se reconoce que hubo tortura, como se afirma en la denuncia, pero indica que las confesiones obtenidas bajo esa circunstancia fueron ignoradas en los procesos judiciales.

¿Influencia política?: Asesinos libres a trece años

El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria denuncia la impunidad en el asesinato de Pedro Peredo Valderrama, ultimado el 20 de diciembre de 1986, en Xochimilco, por los hermanos Israel Roberto, Pedro Horacio y Sergio Aguilar Díaz. Las órdenes de aprehensión se cuplimentaron hasta 1996, pero dos de los hermanos están en libertad y no se ha emitido sentencia firme a ningún ejecutor. Se señala que la influencia política de la familia ha permitido la impunidad.

México indicó que las órdenes de aprehensión no se cumplieron al principio porque se interpusieron amparos. En 1991, se comunicó a la señora de Valderrama que ¿no se desprendían actos violatorios de derechos humanos y, por tanto, se archivaría el expediente como asunto concluido?

¿Irregularidades?: Violadas por militares

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional denuncia las irregularidades en la investigación de la captura, violación y tortura de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tzeltales.

El 4 de junio de 1994, un grupo de militares detuvo en Chiapas a las hermanas y a su madre. Las retuvo ilegalmente dos horas y a las jóvenes las violaron, sostienen los peticionarios, que alegan que el Estado faltó a su obligación de investigar.

México alega que las autoridades hicieron una investigación seria, aunque no se agotaron los recursos internos; que los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso, por lo cual no se podía reiniciar la investigación, y que no se configuran violaciones de los derechos humanos.

María Muñoz Guzmán y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos denunciaron la desaparición del teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán.

Él desapareció el 8 de mayo de 1993, cuando salía franco. La familia denuncia que no se ha indagado su paradero y descree de la versión del Ejército, que sostiene que desertó. Los peticionarios argumentan que las irregularidades que han rodeado el caso han sido deliberadas, con la intención de encubrir a los responsables.

México sostiene que no hay evidencia de que Muñoz Guzmán haya sido víctima de integrantes del Ejército u otros agentes estatales. Sostiene que la investigación ha llevado a reunir elementos sobre la vinculación de la presunta víctima con el narcotráfico.

¿Acallar a un periodista?: Columnista apuñalado

La Sociedad Interamericana de Prensa denunció el asesinato del médico y columnista del Diario de Juárez Víctor Manuel Oropeza, quien fue ultimado de 14 puñaladas cuando estaba en su consultorio. En su columna formulaba denuncias sobre la ¿estrecha relación entre los cuerpos policiacos y los narcotraficantes? de la zona.



Los peticionarios consideran que su asesinato fue para acallar sus denuncias y que por ello la investigación habría sido frustrada intencionalmente por las autoridades implicadas. México solicitó que se declarase la inadmisibilidad del caso porque consideró que no se exponían hechos violatorios de la Convención Americana, y que no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna en México.






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