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Acusación Constitucional


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Acusación Constitucional




Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción señor Pedro Vuskovic Bravo

Téngase presente

La recopilación de antecedentes de la presente Acusación Constitucional, se ha realizado en conjunto por la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional, a partir de la información disponible en sus archivos.
Se han incluido los distintos documentos de su tramitación, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso acusatorio.
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para este dossier.
Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.
Índice


1. Cámara de Diputados 4

1.1. Presentación de Acusación Constitucional 4

1.2. Integración de Comisión de Acusación Constitucional 32

1.3. Discusión en Sala 34

1.4. Discusión en Sala 121




1. Cámara de Diputados

1.1. Presentación de Acusación Constitucional


Cámara de Diputados. Fecha 08 de septiembre, 1971. Cuenta en Sesión 33. Legislatura Ordinaria 1971.

PRESENTACION

Los diputados que suscriben, en el ejercicio de las atribuciones que les otorgan en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución Política de la República de Chile, vienen en deducir acusación constitucional en contra del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Pedro Vuscovic Bravo por las infracciones de la Constitución, atropellamiento de leyes y por haber dejado otras sin ejecución, cometidas en la forma y oportunidades que se señalan más adelante, y en las que le cabe responsabilidad.


I. — Fundamentos políticos y morales de la acusación que se deduce:
La sinceridad y la honestidad con que los gobernantes, legisladores y autoridades en cumplimiento a los deberes que les impone la Constitución Política y que la ley señala, son esenciales para que en Chile siga imperando íntegro, sin menoscabo ni erosiones, un régimen auténticamente democrático, basado en el Derecho y en el respeto a la libertad. Basta que los administradores excedan, abusen o desvíen su poder, que atropellen derechos o que no ejecuten las acciones que la ley obliga, para que se altere el Estado de Derecho; y basta que los fiscalizadores no cumplan su deber y no apliquen las acciones propias que de esa calidad emanan, para que la arbitrariedad destruya un bien jurídico, una parte sustancial de democracia y de libertad.

El prestigio de Chile en América y entre las naciones del mundo, se forjó principalmente porque supo, desde el inicio de su vida independiente, crear una república en la que primaba, por encima de la voluntad de los hombres, de los gobernantes y de los gobernados, el respeto a la ley. Respeto pleno a la norma jurídica, ordenadora de la vida colectiva de un pueblo, que limita las atribuciones de quienes ejercen el poder y ampara los derechos de todos los habitantes de Chile.

Esta concepción, esta creación chilena, esta manera de entender la vida y convivencia en una Nación, obliga a ser muy firmes en la defensa de los valores que encierra. Y con mayor vigor recae esta obligación en quienes, por imperativo constitucional, revisten la calidad de fiscalizadores de los actos del Ejecutivo, como son los diputados, cuando son actuaciones de los personeros de aquellas que han alterado la normalidad jurídica, o han abusado de sus atribuciones en el ejercicio del poder.

La crítica, la fiscalización y la acusación constitucional, son los caminos legales y democráticos para cumplir con el deber de defender el interés de Chile, y la integridad de los derechos de todos los chilenos.

La democracia puede morir para un pueblo, en un instante, por una revolución violenta que la aplaste o por asonadas que impongan una tiranía. Pero, también, en otro ritmo, más lento pero más irremediable, pueden morir por el heredamiento deliberado de su ordenamiento jurídico, por el debilitamiento del imperio constitucional, y el arbitrio y abuso de los gobernantes.

Hay casos en que una sola actuación que viole te, Constitución o atropelle la ley, o una sola omisión que signifique dejarla sin cumplir, son suficientes para exigir la responsabilidad legal que cabe a un Gobierno o a un Ministro de Estado. Pero es tanto mayor la obligación de hacerlo cuando esas actuaciones son reiteradas y múltiples y, aún más, corresponden a una política preconcebida. Cuando la ilegalidad que las afecta es fríamente deliberada, los hechos falseados o prefabricados, y son llevados a efecto en forma dolosa.

Tal es, precisamente, las características que ha asumido la política económica del Gobierno de la Unidad Popular, y, en particular, la realizada en múltiples aspectos por el Ministerio de Economía o los organismos estatales que de él dependen.

El Gobierno del Presidente Allende, desde su inicio y no obstante reiteradas afirmaciones presidenciales de leal acatamiento a la legalidad y a la Constitución vigentes, ha venido soslayando conflictos por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico chileno, tanto de grupos o sectores afines a su Gobierno como de personeros del mismo. Pero hay más. Sea por el carácter revolucionario de muchos de sus dirigentes y partidos, por incapacidad para adecuar las realizaciones de un programa a las normas legales y constitucionales, sea porque requieren provocar un rompimiento apresurado que evite confrontaciones electorales en medio de una crisis económica de proporciones, o sea por razones que emanan de su propia realidad, la verdad es que la tentativa de construir el socialismo sin romper con la legalidad y la democracia se ha manifestado imposible. Son términos contradictorios e impracticables. El camino recorrido hacia el socialismo, lo ha sido con el flagrante atropello y reiterada violación de la legalidad y de normas concretas de la Constitución Política.

Tampoco ha contribuido a ese acatamiento la formación demagógica de muchos de los dirigentes marxistas, y la tendencia innegable, que les es consustancial, de despreciar la "legalidad burguesa". Por el contrario, ello les impulsa a actuar contra ella, a sobrepasarla, a burlarla, a tergiversar sus disposiciones y a abusar del poder que han recibido dentro de un sistema de derecho que han jurado o prometido respetar.

Bastaría recordar las campañas orquestadas realizadas meses atrás por los partidos y por el Gobierno de la Unidad Popular en contra de la Corte Suprema y de los altos Tribunales de Justicia, para advertir que ellas no tenían otro objeto que presionar a sus miembros y coartar y destruir la independencia del Poder Judicial. La acusación deducida en aquel entonces por diputados nacionales permitió, aún cuando no prosperó por la abstención de parlamentarios opositores, que la opinión pública alertada de la intención marxista la censura con tal vigor, que la agresiva campaña de desprestigio y amenazas tuviese que terminar abruptamente.

Igual desprecio por el Estado de Derecho, por el resguardo y defensa de los bienes jurídicos que protege, evidenciaron el Gobierno y sus ministros y altos funcionarios frente al despojo, a la usurpación y los diferentes tipos de delitos cometidos por las actuaciones de bandas armadas que asaltan y delinquen en los campos, ocupan predios y atentan contra sus propietarios y trabajadores. Tales actos no fueron impedidos, ni denunciados, ni se puso término al delito. Por el contrario se les amparó, se impidió la intervención de la fuerza pública, se negó su auxilio a las víctimas, y por la vía de la intervención, se privó de la posesión del bien usurpado al propietario y se entregó a los delincuentes el uso y goce de los efectos de su delito. Y todo ello a despecho de una triste lista de muertos y heridos, causados por tales actos, y del caos y de la incertidumbre de los habitantes de las provincias más afectadas.

Tampoco prosperó, en esa oportunidad, una acusación constitucional deducida por los diputados nacionales; no por no compartir la convicción de la gravedad de los cargos, sino que por diferente apreciación de las circunstancias políticas. Pero una vez más quedó en evidencia la ilicitud de la acción gubernativa, el desprecio a la legalidad, la utilización dolosa de cualquier pretexto que les permitiera llevar el despojo a aquellos pequeños y medianos propietarios a los que no podían alcanzar fácilmente con la reforma agraria; una vez más quedó en pie la incompatibilidad final entre el Estado de Derecho vigente en Chile y la concepción marxista sustentada por quienes ejercen las funciones del Ejecutivo en Chile.

Al mismo tiempo, en el plano económico, el Gobierno de la Unidad Popular desarrollaba su acción, con mayor o menor disfraz, pero en forma sostenida, al margen de la legalidad, sobrepasando la ley, abusando del poder, atropellando garantías constitucionales y violando deliberadamente los derechos ajenos.

Fundamentalmente, sus actuaciones en este sentido han tenido como justificación el cumplimiento del programa, y, en consecuencia, trasladar empresas y actividades al "área social"; expresión eufemística que significa simplemente estatizar o entregar el control y dominio del Estado.

La creación del "área social", es una aspiración del Programa de la Unidad Popular, cuya precisión no es fácil de hacer, ni se ha pretendido hacer, como no sea con expresiones tan vagas como las del Presidente de la República cuando sostiene que afectará "a unas 120 empresas"... pero sin indicar cuáles.

Pero, lo que sí es claro y terminante, dentro del orden jurídico que en Chile rige y que es imperativo, porque es de Derecho Público, es que esa "área social", que significa estatización o nacionalización o reserva para el Estado de riquezas, actividades o empresas, no puede crearse administrativa ni políticamente. Debe crearse, acorde con la Constitución, y por medio de ley. Toda otra forma, toda actuación que siga un camino distinto al único que franquea la Constitución, la vulnera, es nulo, y significa un acto ilícito que la Cámara de Diputados debe, por la vía de la acusación constitucional, sancionar.

No obstante la claridad de los términos de la Constitución Política, las advertencias formuladas públicamente por organismos gremiales importantes, por parlamentarios y aún, por las investigaciones y conclusiones de Comisiones especial de la Honorable Cámara de Diputados, el Gobierno y particularmente el Ministerio de Economía y los organismos que de él dependen, han continuado premeditadamente en el camino ilegal, haciendo escarnio de las advertencias, de las investigaciones y conclusiones parlamentarias y, aún, de las órdenes precisas de la Contraloría General de la República, en algunos casos.

Todo ello, como se señala más adelante, significa infringir la Constitución Política, atropellar la ley, dejar leyes sin ejecución y abusar, exceder y desviar el poder que debe ejercerse dentro de un orden jurídico existente. Pero significa, además, atentar contra Chile, ya que destruye un bien jurídico esencial para la vida democrática y la libertad de los chilenos: destruye la inviolabilidad de sus derechos y de las garantías que la Constitución establece, y que tanto los gobernantes, como los parlamentarios que han de conocer de esta acusación, han jurado y prometido solemnemente, respetar y defender.


II. — El camino de la ilegalidad:
En el Mensaje leído por el Presidente de la República ante el Congreso Pleno, el 21 de mayo último, en el párrafo destinado a informar sobre "La socialización de los medios de producción", señala textualmente: "En seis meses de Gobierno hemos actuado en todos los frentes con decisión. Nuestra labor económica está dirigida a quebrar las barreras que impiden el total florecimiento de nuestras potencialidades materiales y humanas. En seis meses de Gobierno hemos avanzado con energía por la senda del cambio irreversible". Y más adelante señala sucesivamente los pasos más importantes dados en tal sentido. Dice:

—"Chile ha iniciado la recuperación definitiva de nuestra principal riqueza básica, el cobre. La nacionalización de nuestro cobre..."

—"Hemos nacionalizado otra de nuestras riquezas fundamentales: el hierro. Hace poco tiempo culminó una negociación con la Bethlehem Corporation, en virtud de la cual la minería del hierro pasó íntegramente al área de propiedad social..." —"Estudiamos en estos momentos la constitución del complejo nacional del acero que agrupará seis empresas en torno a la CAP". (También ésta fue estatizada, por compra de todas sus acciones. (Página 117).

—''Recuperamos para la propiedad colectiva el carbón". —"El salitre también es nuestro". —"Hemos incorporado al área de propiedad social varias empresas —entre ellas Purina, Lanera Austral, las plantas textiles Bellavista Tomé, Fiap y Fabrilana;"...

—"requisamos la industria del cemento y la industria Yarur..."

—"Para evitar su quiebra, adquirimos parte importante del activo de la empresa Editora Zig-Zag..."

—"Hemos acelerado la reforma agraria llevando a cabo parte importante de la tarea establecida para este año: la expropiación de mil latifundios".

—"La estatización bancaria ha sido un paso decisivo." ". . .hemos estatizado nueve bancos y estamos a punto de obtener el control mayoritario de otros". "... esperamos un acuerdo razonable con los bancos extranjeros. Buscamos así la dirección del aparato financiero y la ampliación del área social en las ramas productoras de bienes materiales. Queremos poner el nuevo sistema bancario al servicio del área socializada..."

Y en otra frase reiteraba: "En todas las empresas incorporadas al área de propiedad social, el país ha podido comprobar el decidido apoyo...".
Hasta aquí las citas al Mensaje Presidencial.
De las palabras del Presidente de la República, precitadas, se comprueba que al Gobierno de la Unidad Popular le es absolutamente indiferente el medio por el cual se socialicen los medios de producción. Le es igual un camino u otro; para él, son sinónimos la nacionalización del cobre, llevado a cabo por una reforma constitucional, que la estatización de la banca, obtenida por la compra de acciones; la expropiación de mil latifundios, acorde con la ley de reforma agraria, que las compras de CAP, la negociación de la Bethlehem o la del salitre; la adquisición de parte del activo de Zig-Zag, para evitar su quiebra, que la incorporación al área de propiedad social —y no indica porque medio— de Purina, Lanera Austral, Bellavista Tomé, Fiap y Fabrilana, o el requisamiento de la industria del cemento y de la industria Yarur. Todas han sido hechas con el mismo objeto: incorporarlas al área dé propiedad social. Todos los medios: compras, nacionalizaciones, expropiaciones, y requisamientos, han sido aplicados con idéntica finalidad: "La ampliación del área social".

Este párrafo del Mensaje Presidencial podría bastar para precisar la violación y el atropello a la Constitución y a la legalidad, vigentes. Equivale al aforismo jurídico que dice: "a confesión de parte, relevo de pruebas". Demuestra la utilización junto a los medios constitucionales adecuados, de medios ilegales o ilícitos, para adquirir para el Estado, o para privar a particulares de bienes de su propiedad.

En el mismo Mensaje Presidencial, en sus páginas 117 a 140, se pueden encontrar algunos detalles de algunas de éstas operaciones que han significado comprometer recursos fiscales sin ley alguna que lo autorice, al margen del Presupuesto. Pero tampoco se señalan siquiera, el precio y la forma de pago de la mayoría de las compras, adquisiciones o negociaciones en referencia.

La referencia hecha por el Presidente de la República en un conjunto a empresas expropiadas y requisadas, a bancos estatizados por la vía de comprar en forma directa la mayoría de sus acciones, o a empresas mineras, por la vía de negociar su venta, permite constatar la existencia de una política prefijada, estudiada y llevada a efecto, de aumentar el área social sin recurrir a los trámites legales que la Constitución le impone. La única excepción fue la nacionalización del cobre, en la que llegó al extremo contrario, ya que para obviar los problemas que pudiera presentar una expropiación por ley, se cuidó de hacerlo por medio de una reforma constitucional.

Al respecto, debe recordarse que con fecha 30 de diciembre pasado, el Presidente de la República manifestó, en discurso público, el propósito del Gobierno de estatizar la banca privada y anunció el envío del respectivo proyecto de ley al Congreso Nacional, en los días inmediatos. Como un camino provisorio, para acelerar el proceso y beneficiar a los pequeños accionistas, ofreció comprar pequeños grupos de acciones.

El proyecto de ley no se envió jamás, al Congreso Nacional, y el medio provisorio, se transformó en definitivo, no obstante las críticas que merecía y las investigaciones y conclusiones contrarias a. que arribó la Cámara de Diputados.

Así mismo, por consideraciones que se analizarán más adelante, se requisaron las industrias del cemento. Y no obstante tener perfecto conocimiento de los recursos legales entablados por los afectados para discutir la legalidad de tal tipo de medidas, se aplicó la medida a una industria textil. Pero también aquí, lo que se presentó como medida provisoria para solucionar problemas de abastecimiento, se ha transformado en título y modo de adquirir el dominio, para su incorporación a la propiedad estatal, según lo expresado por el Presidente de la República.
Intervención del Ministro de Economía en el camino ilegal.
Pocos días después del Mensaje Presidencial, con fecha 24 de mayo, el Ministro de Economía junto con informar que, se habían cursado resoluciones de requisamiento para dos industrias textiles "cuya paralización desde hace varios días está ocasionando serias perturbaciones en el abastecimiento normal de productos esenciales"..., —según expresó—, señaló la decisión del Gobierno de "incorporar en forma rápida al Área de Propiedad Social, a los monopolios textiles privados".

La declaración leída por el Ministro a los periodistas, señalaba la lista de las empresas que comprendería tal decisión, y agregaba: "Respecto a todos estos casos el Gobierno reitera una vez más su disposición a entendimientos directos con los propietarios, así como a proceder de acuerdo a las disposiciones legales vigentes." En otra parte, señalaba: "estamos ciertos que estas decisiones será respaldadas plenamente por los trabajadores..."

Al día siguiente, ocho industrias textiles, las señaladas en la lista leída por el Ministro Vuscovic, amanecían tomadas por grupos de obreros. En la tarde del mismo día, el Ministro declaró que las textiles paralizadas serían requisadas por DIRINCO. Como efectivamente sucedió.

Para completar el cuadro del pensamiento del Ministerio de Economía en esta materia, puede señalarse una respuesta dada por el Subsecretario de ese Ministerio, señor Oscar Garretón Purcell, a una periodista de "El Mercurio", de fecha reciente. Respondió "En el Programa Básico de la Unidad Popular se precisó el contenido del área de propiedad social de la economía. En ese sentido existe una definición de Gobierno sobre ellas."

"A partir de esa definición central el Gobierno ha desarrollado un procedimiento, cual es precisar en cada sector, qué empresas deben estar en el sector social. Así se ha hecho en el caso textil..."

Si se insertan declaraciones del tenor de las citadas dentro del contexto del pensamiento marxista, que es el que anima a un gran sector del Gobierno y al propio Ministro de Economía, no cabe duda de que existe una lógica fundamental entre esa ideología, el propósito de construir el socialismo, la necesidad de que exista una amplia área social para que haya socialismo, el desprecio a la "legalidad burguesa", y las actuaciones que sobrepasan, tergiversan o violan esa misma "legalidad burguesa".

No se trata, pues, de señalar una inconsecuencia; se trata de señalar la abierta contradicción de esas actuaciones con la legalidad vigente en Chile.

El Gobierno, al actuar como lo ha hecho en materia económica, en prosecución de su finalidad programática e ideológica, no ha podido menos que advertir las abiertas ilegalidades y los excesos o desviaciones de poder en que incurría. Pero tales advertencias no lo han detenido, ni podido detener. Sus actuaciones son parte de una posición política que, más que mirar a su procedencia o discrepancia con el Estado de Derecho que vive Chile, proclama su identidad con una ideología o con un programa, aun cuando su logro, implique abiertas contradicciones con el ordenamiento jurídico.

Aún más, debe anotarse, que la concepción marxista, consustancial al programa y los propósitos de la Unidad Popular, son antagónicos, necesaria e ineludiblemente, con la legalidad.

En efecto, desde la concepción clasista que sustenta al marxismo, y que proscribe a diversos sectores sociales para establecer la preeminencia de un proletariado, cargado de significaciones ideológicas, y que destruye la base de la igualdad ante la ley, pilar de la democracia chilena; hasta la exigencia de conquistar para su control "todo el poder", reiteradamente expresada por los líderes de la combinación gobernante, y que también destruye el principio de la división de los poderes y la independencia de cada uno de ellos —esencia de la constitucionalidad nuestra—; la doctrina marxista, que sustenta el Gobierno, es contradictoria con el Estado de Derecho que Chile vive y que es su máxima creación histórica.


III. — El Estado de Derecho que Chile vive y defiende:
El Estado de Derecho, creación histórica del pueblo de Chile, es no sólo norma de convivencia social, estructura legal y administrativa, sino que es parte integrante de la cultura y la idiosincrasia del chileno. Nuestro país ha crecido y se ha desarrollado dentro del respecto a la ley, de la afirmación del derecho de cada uno y del respeto al derecho ajeno. Ha sido necesario, una larga prédica marxista para lograr convencer a algunos sectores, más por pasión que por raciocinio, que el derecho ajeno no es tal, sino que es abuso o es contrario al propio.

Al margen de tales intentos políticos, sediciosos y proselitistas, el Estado de Derecho en Chile está y ha estado firmemente asentado en la conciencia popular y en el ordenamiento jurídico chileno.

Reduciendo el enfoque de su análisis al Derecho Público, y particularmente al Derecho Administrativo, debemos reseñar, para los fines de esta acusación dos aspectos fundamentales.
Principio de legalidad. — La existencia de un Estado de Derecho, crea, como un trasunto lógico, un principio de legalidad.
Aplicado este principio a la administración de un país, deben extraerse diversas consecuencias, que fundamentalmente, según lo determinan los autores, son tres:
a) Que la Administración debe ajustar su actividad a lo dispuesto por la Constitución y por las leyes. Debe someter sus propósitos a los que éstas lo permiten, y atenerse a los medios que le franquean.

b) Que las autoridades administrativas inferiores deben ajustar su actividad a las normas dictadas por las autoridades superiores. Lo que señala la responsabilidad consecuente de la autoridad superior por las actuaciones no corregidas de sus subordinados.

c) Que cualquier autoridad administrativa debe ajustar su actuación concreta a las normas generales dictadas por ella misma, sin perjuicio de su facultad de derogarles por vía general. Es decir, que no es admisible la resolución discriminatoria, la decisión arbitraria, ni siquiera dentro de las facultades propias de la autoridad administrativa, sino que sus actuaciones deben ajustarse también a las normas generales que se ha dado.
Seguridad Jurídica. — La existencia de un Estado de Derecho, y el consecuente principio de legalidad, determina una seguridad jurídica que favorece a la nación donde tal Estado de Derecho existe.

La seguridad jurídica es un valor que sólo al Derecho corresponde realizar. La seguridad jurídica implica el conocimiento de que existen normas obligatorias, y la certeza de que tienen que ser aplicadas.

"No hay Derecho Público —señala un tratadista— allí donde los organismos públicos no se encuentren limitados por normas jurídicas." Y, en efecto, si no son particulares los que violan el Derecho, sino que autoridades, el particular afectado se encontraría en la indefensión más absoluta, si aquellas no se encontraran a su vez limitadas por el Derecho Público. Limitadas en sus atribuciones; limitadas por sus sanciones; limitadas por sus responsabilidades.

Y si no hay Derecho Público, no existe Derecho Privado. Este depende de que exista el Derecho Público que vincule los órganos individuales y colectivos al Estado de Derecho. "Sin esta vinculación — dice un autor— todo el ámbito jurídico quedaría afectado de una inseguridad que, sin serle consustancial, le alcanzaría radicalmente. Su orden, en efecto, estaría expuesto en todo momento a alterarse por la intervención imprevisible y no regulada (es decir, despótica) del poder público".

Debe anotarse, además, que para importantes autores, existe una relación directa entre la seguridad que otorga un Estado y el derecho que le asiste a imponer normas obligatorias a sus integrantes. En efecto, sostienen, que "Sólo en mérito a la seguridad en la vigencia de las normas de conducta (que establece la ley) tiene el Estado derecho a legislar. Esta seguridad se frustraría si el mismo Estado pudiera liberarse de su vinculación a las leyes".

Un Estado para el cual las obligaciones que crean e imponen las leyes que se ha dado, son susceptibles de ser abandonadas por consideraciones políticas o doctrinarias, o de cualquier índole, es un Estado que destruye la seguridad jurídica que debe a sus integrantes.

Los actos de una Administración que contradicen el principio de legalidad, o que destruyen la seguridad jurídica, son, necesariamente, como lo señala el artículo 49 de nuestra Constitución Política, nulos y carecen de todo valor.

La doctrina podrá discrepar, como lo hace, si tales nulidades deben o no ser declaradas por los organismos respectivos, o si operan de pleno derecho. Pero nadie duda de que el acto nulo, carece de validez; ni de que el acto ajeno al orden constitucional y legal, es nulo y carece de toda validez.


IV. — Facultad del Estado para adquirir bienes de particulares:
El deseo mismo de incorporar empresas y actividades a un sector social, o a la propiedad del Estado, no es en sí mismo contrario a la legalidad. Por el contrario, el orden jurídico chileno contempla el camino adecuado para hacerlo.

El principio básico consiste en permitir que todo bien sea expropiable por causa de utilidad pública calificada por ley, y previa indemnización equitativamente determinada.

Como contrapartida, en consecuencia, debe señalarse que el Estado no puede privar a ningún habitante de su propiedad, privarlo de su empresa, industria o actividad, por la mera decisión de un funcionario, por altamente colocado que esté. No existe razón o justificación suficiente para hacerlo. No lo es la ideología política, ni la concepción económica, ni la finalidad programática. El único fin lícito, posible, es la razón de utilidad pública, que requiere ser calificada por el legislador, no por el Ejecutivo; y que exige, además la correspondiente indemnización equitativa.

Debe reiterarse, porque allí está el principio esencial de diferencia de la operativa del Gobierno de la Unidad Popular con el fundamento de la legalidad chilena. Para el Gobierno, puede ser suficiente el planteamiento de su programa político. Para la legalidad chilena, la utilidad pública sólo la puede calificar el legislador. Y en esa diferencia está la abismal distancia entre la actitud despótica que lleva al despojo, y la convicción democrática que lleva a la expropiación legal.

La política económica realizada bajo la dirección del Ministro de Economía en relación con la incorporación de empresas textiles, pesqueras, de cemento, cerveza y otras, bancos y aquellas en que ya se vislumbra la repetición de la misma receta, es abiertamente violatoria de la legalidad.

Las normas constitucionales que rigen la materia y que corresponden al principio enunciado, han sido objeto de sucesivas modificaciones en los últimos veinte años. Pero en todas ellas se han mantenido intocadas las bases del único camino, legítimo: expropiación por razón de utilidad pública, calificada por ley, previo pago de indemnización equitativa. (Aún cuando su pago pueda ser diferido, como en las expropiaciones para la reforma agraria, la indemnización debe establecerse, acorde con la ley, antes de tomar posesión del bien expropiado).

Es decir, en todas, y aún en la última y recientemente promulgada que introdujo el concepto de nacionalización y las normas para la nacionalización de la Gran Minería del Cobre, se reiteró el mismo principio de legalidad. En tal sentido debe considerarse como una ratificación soberana de mantener la vigencia del mismo principio.

No obstante, con absoluto desaprensión, el Gobierno de la Unidad Popular ha hecho caso omiso de tales disposiciones constitucionales.

Debe indicarse, además, que tales normas constitucionales imperativas y de Derecho Público, priman sobre cualquier disposición legal o reglamentaria que las contradigan.

Todo acto, legislativo o ejecutivo, ley o decreto o resolución, posterior a la norma constitucional que la contradiga, es nulo.

Toda ley o decreto anterior, que contradiga así mismo la norma constitucional, quedan automáticamente derogados al entrar en vigencia la ley que promulga la disposición constitucional.

El artículo 10 Nº 10 de la Constitución Política, consagra la garantía del derecho de propiedad en sus diversas especies, a todos los habitantes de la República. Entrega a la Ley el establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar en función social. Entrega igualmente a la ley, la facultad de nacionalizar o reservar para el Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país. Establece el dominio absoluto, exclusivo o imprescriptible del Estado sobre las minas y demás sustancias que indica, y entrega a la ley determinar qué sustancias y en qué condiciones se podrán entregar concesiones y la protección debida de los derechos del concesionario.

De modo que lo que la Constitución establece imperativamente, es que "cuando el interés de la comunidad nacional lo exige," la ley, y solamente la ley, podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio de los bienes que determine. No puede esa determinación ser hecha por el Ejecutivo, ni por los organismos técnicos o políticos que de él dependan. No pueden siquiera, en sentido estricto, nacionalizarse o pasar el dominio del Estado por un medio distinto del que la Constitución imperativamente señala.

En consecuencia, no son medios legítimos para nacionalizar, estatizar, o traspasar al área social, ni los requisamientos, ni las compras de acciones, ni las negociaciones directas. Sin entrar, por ahora a los distingos muy claros que existen entre tales medios, debe señalarse que requerirían ley para cumplir con el mandato constitucional.

Tal afirmación está corroborada por diversas disposiciones constitucionales. El inciso que ha pasado a ser 7º del número 10 del artículo 10, señala que "nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, calificada por el legislador. El expropiado tendrá siempre derecho a indemnización..." Lo que viene a señalar que el camino para nacionalizar estatizar, reservar para el Estado o traspasar al área social, debe hacerse por ley, expropiando el bien objeto del interés social.

Además, el artículo 44 de la Constitución ordena: "Sólo en virtud de una ley se puede: 2º Autorizar la contratación de empréstitos o de cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado;"

"4º—Aprobar anualmente el cálculo de entradas y fijar en la misma ley los gastos de la administración pública."

La Constitución, pues, exige que los recursos del Estado se destinen en virtud de una ley. Sin ley que lo autorice, el Gobierno no puede comprometer el crédito, endeudarse, ni destinarse recursos fiscales.

La complejidad de la vida económica moderna, el amplio campo adquirido por las empresas estatales o por organismos públicos, han abierto las posibilidades operacionales del Ejecutivo. Pero todas aquellas obtienen recursos fiscales por medio de las correspondientes partidas de la Ley de Presupuestos o de leyes generales y especiales. Y el uso de los recursos así determinados deben hacerse acordes con los fines aprobados por ley, y no por otros diversos.

El buen manejo de los recursos estatales, el empleo de los fondos en las finalidades aceptadas por el legislador, y no entregados a la sola voluntad del Ejecutivo, está regulada por la Constitución al exigir ley para la materia.

De todo lo anterior resulta plenamente establecido que no es facultad administrativa del Gobierno el llegar a la formación del área social con expedientes diversos a la ley. Podrá el Estado disponer de los recursos fiscales, pero dentro del orden y destinación que la ley les ha fijado, pero no puede hacerlo libremente, ni tampoco en forma de suplir la necesaria formación de una ley. Sólo la ley puede determinar el gasto o comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado. Y aún más, sólo la ley puede calificar la utilidad pública o el interés Social o el interés de la comunidad nacional, para nacionalizar o reservar al Estado el dominio de un bien, y para expropiar a una persona su propiedad.

Las actuaciones realizadas por el Gobierno de la Unidad Popular en las materias anteriormente reseñadas, son, pues, violatorias de la Constitución Política de la República de Chile.


V. — Garantías que la legalidad otorga a todos los habitantes de Chile:
La facultad del Estado para incorporar a su dominio bienes determinados, debe reconocer además, las limitaciones que le imponen las garantías constitucionales otorgadas a todos los habitantes de Chile.

Además de la garantía al derecho de propiedad, que ya hemos reseñado, existe la garantía a la libertad de trabajo y a su protección que la Constitución asegura. Y la reiteración de que "ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salud pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así".

Es decir, nuevamente queda establecido que sólo por causas de interés nacional pueda prohibirse un determinado trabajo o industria a un particular, pero siempre que una, ley lo declare así. Nueva confirmación que el traspaso de actividades o industrias al área social y la exclusión de ellas de los particulares, requiere de ley, y de la calificación de que así lo exige el interés nacional que debe hacer el legislador, no los organismos administradores.

Lo que viene a confirmar la violación abierta de la legalidad y de las normas constitucionales expresas, que constituye la política económica gubernativa, en la creación del área social; en que está empeñado el Ministro de Economía principalmente.

En relación con la garantía que la Constitución otorga a las personas sobre los bienes de su propiedad, debe anotarse, para los efectos de esta acusación, sus efectos principales; 1) nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley; 2) la ley debe autorizar la expropiación; 3) las únicas causas admisibles son utilidad pública o interés social; 4) la causal debe ser calificada por el legislador, no basta pues que se anuncie por el proyecto, sino que debe ser aceptada; 5) debe ser indemnizado siempre, y 6) el monto y las condiciones de pago se determinarán equitativamente.

Como podrá apreciar la Honorable Cámara, nada hay más distante de las normas constitucionales, que las actuaciones llevadas a efecto para incorporar al área social las empresas e industrias reseñadas por el Presidente de la República en su Mensaje del 21 de Mayo, y que las requisiciones continuadas ordenadas por el Ministro de Economía.

Para el ordenamiento jurídico chileno, no es procedimiento legítimo para que el Estado adquiera una empresa de un particular, fundado en la utilidad pública o el interés social, que lo haga por medio de la compra de sus acciones o por negociaciones directas. En primer lugar, como ya se ha dicho, porque el interés social, el interés de la comunidad nacional, o la utilidad pública, debe determinarse por ley. En segundo lugar, como también se ha indicado, porque prohibir a los particulares el trabajo o la industria, sea porque se considera contrario al interés nacional el que sean privadas determinadas industrias, sea por su tamaño o por su actividad o producción, también debe ser determinado por ley. En tercer lugar, porque los recursos fiscales o el endeudamiento fiscal debe ser determinado por ley. Y, en cuarto lugar, porque la Constitución ha querido resguardar al particular de la presión del Estado, de los arbitrios o abusos funcionarios para obligarlo a vender, exigiendo ley para la expropiación.

La suma de atribuciones que tiene en sus manos el Estado, no permite que exista igualdad o equidad en los términos del convenio. Y basta comprobar la utilización ilícita de toda suerte de arbitrios llevados a efecto por los organismos estatales para presionar a la venta de acciones bancarias a sus propietarios, para concluir en que la única garantía real de los habitantes de Chile está en el cabal respeto de la legalidad que hemos señalado.

Tampoco es legítimo que, por concepto de interés nacional que el Ejecutivo considere implicados en una industria o en su producción, pueda entrar administrativamente a entrabar el uso y goce de aquéllas a sus propietarios. La Constitución ordena a la ley señalar el modo de adquirir la propiedad, y el de usar, gozar y disponer de ella. De modo que sólo en cuanto la ley regule esos atributos del dominio, dentro de los principios de igualdad en el reparto de las cargas públicas que la propia Constitución establece, pueden imponérseles limitaciones y obligaciones determinadas.
VI. — Actuaciones concretas que destruyen la legalidad:
En las innumerables actuaciones gubernativas que destruyen o afectan algún bien jurídico, de los que son protegidos por las normas señaladas precedentemente, se pueden destacar las siguientes:
A. — Estatización de los Bancos:
Se justifica una acusación constitucional contra el Ministro de Economía, señor Pedro Vuskovic Bravo, en conformidad al artículo 3º de la Constitución Política del Estado, por concusión, atropellamiento de las leyes y por haberlas dejado sin ejecución ; todo esto en relación con los actos ejecutados por organismos públicos dependientes de su Ministerio en la compra de acciones bancarias.

Aunque el delito de concusión o abuso de poder no está definido como tal en nuestra legislación penal, todos los tratadistas están de acuerdo que lo constituyen los actos de un funcionario público que exige servicios, contribuciones u otras prestaciones no autorizadas por la ley o más allá de lo que la ley prescriba. Tales son los casos de los artículos 157 y 241 del Código Penal.

Es un hecho público y notorio que el Presidente de la República, en discurso difundido por la prensa, radio y televisión a todo el país en 30 de diciembre último, expresó el propósito del Gobierno de estatizar la banca privada mediante una ley que propondría al Congreso, y, como una alternativa para acelerar el proceso, anunció el ofrecimiento del. Gobierno de comprar las acciones de la banca privada, agregando que el precio que se pagaría por dichas acciones sería superior al que obtendrían los accionistas como indemnización en el caso de la estatización por ley.

El 11 de enero de 1971 comenzó la Corporación de Fomento de la Producción a comprar acciones bancarias, por intermedio del Banco del Estado de Chile, mediante un financiamiento proporcionado por el Banco Central de Chile, en base a certificados de ahorro reajustables CAR emitidos especialmente por este último organismo. Simultáneamente se comenzó una campaña de prensa, radio y televisión destinada a desacreditar las inversiones en acciones bancarias y a demostrar la conveniencia de venderlas a CORFO con recepción de certificados CAR en parte de pago. Esta campaña se ha mantenido prácticamente hasta esta fecha, como asimismo las gestiones y aún presiones ejercitadas por organismos públicos a fin de obtener que los accionistas de los bancos vendan a CORFO sus acciones.

La gestión de compra de acciones bancarias, con miras a estatizar la banca privada, sin la existencia de una ley que reserve al Estado la actividad bancaria, es en sí mismo un acto contrario a la Constitución, como se ha dicho, y a las disposiciones del Título V de la ley 13.305 y particularmente a las del inciso segundo del artículo 172 y del artículo 173. Así lo declaró la Comisión Investigadora de la compra de acciones bancarias designada por la Cámara de Diputados en el informe que presentó a la Cámara. Así lo ha declarado, también, el Fiscal de la Comisión Antimonopolios señor Waldo Ortúzar, en el informe que presentó a dicho organismo, originado a requerimiento de la mencionada Comisión Investigadora y por denuncia de un particular.

Tenemos, en consecuencia, que un organismo público dependiente del Ministerio de Economía y cuyo consejo directivo está presidido por dicho Ministro, cual es la Corporación de Fomento a la Producción, interviniendo en una gestión de Gobierno que es de responsabilidad de dicho Ministro, ha atropellado la ley por haberla dejado sin ejecución. En la especie, la ley atropellada es la ley 13.305, y particularmente sus artículos 172, inciso segundo, y 173.

Pero en las actuaciones expresadas, existe, además, delito de concusión o abuso de poder.

Es un hecho público y notorio que se ha ejercido presión sobre los accionistas de los bancos privados para instarlos a vender sus acciones a CORFO. Dicha presión, en su forma más abierta ha consistido en la campaña de prensa destinada a convencerlos de que es un mal negocio mantener sus inversiones bancarias y que resulta una opción muy conveniente transferirlas a CORFO y recibir en parte de pago certificados de ahorros CAR emitidos por el Banco Central.

También forma parte de dicha presión o coacción, el anuncio hecho el 30 de diciembre de 1970 por el Presidente de la República, de que se presentaría en breve al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a estatizar la banca privada, y que contemplaría indemnizaciones muy inferiores a los precios ofrecidos por las acciones en las operaciones de compra. Es de observar que no obstante haber transcurrido 8 meses desde el anuncio, el Proyecto de Ley de Estatización de la banca privada no ha sido enviado al Congreso, de manera que su anuncio obedeció evidentemente al propósito de amenazar a los accionistas renuentes y forzarlos a vender sus acciones al precio fijado por el Gobierno.

Como parte de esta campaña de convencimiento, entró en la confabulación el Superintendente de Bancos, quien, en conferencia de prensa y apartándose de la conducta de prudencia y discreción que imponen el cargo y la misma ley, anunció la investigación de infracciones que imputó precisamente a los bancos cuyos accionistas resistían vender sus acciones, y la aplicación de fuertes multas. En el hecho, tiempo después el Superintendente aplicó algunas fuertes multas cuya legalidad se discute ante los Tribunales de Justicia o intervino algunos bancos rebeldes a la venta. Para poner mayor presión en la confabulación de los organismos públicos, el Banco Central privó a los bancos aún no controlados por CORFO, de la facultad de intervenir en operaciones de cambio en el mercado de corredores.

Hasta aquí, las actuaciones públicas, que constituyen sin duda alguna, abusos de poder y actos de presión destinados a que los accionistas de los bancos privados, amenazados de ruina, vendieran sus acciones a CORFO. Estos actos constituyen delito de concusión o abuso de poder.

Pero no se limitó la acción de los organismos del Estado a estos actos públicos. En la sombra se han ejercitado y se continúan ejercitando actos de presión inconfesables que han trascendido al público, que tanto la Cámara de Diputados, como la Corporación acusadora, como el Senado, como Tribunal de Jurados, puede dar por establecidos en conciencia.

Brigadas policiales del Departamento de Investigaciones de los Delitos Tributarios se presentan al amanecer en las casas de fuertes accionistas bancarios, las allanan y se los llevan detenidos bajo la acusación de fraudes que no se comprueban y originan procesos, pero se obtiene con este medio doblegar la resistencia no lograda a través de la propaganda a los actos indirectos antes anunciados. A otros accionistas y banqueros se les dificulta la salida del país. A otros se les ataca en sus industrias o se les niega permiso de importación de materias primas esenciales.

Todos estos actos ejercitados por organismos públicos, destinados a que los accionistas de los bancos vendan a CORFO sus acciones, a precios fijados por la autoridad, bajo la «amenaza de expropiación con baja indemnización en un proyecto legislativo que no se presenta, constituyen el delito de abuso de poder o concusión a que se refieren los artículos 39, letra b), y 42 Nº 1 de la Constitución Política del Estado. Es responsable de este delito, entre otros, el Ministro de Economía, señor Pedro Vuskovic, ya que estos actos son en parte ejecutados por la Corporación de Fomento de la Producción que él preside y que de él depende, y en beneficio de dicha Corporación que por este medio está haciéndose dueña de las acciones bancarias, y permitiendo así el traspaso de los bancos al área social, al margen de la ley y violando la legalidad.


B. — Requisamientos de empresas:
La Dirección de Industria y Comercio,, obedeciendo instrucciones del Ministro de Economía, de quien depende jerárquicamente, ha utilizado el mecanismo de requisar numerosas empresas aduciendo razones de hecho como las de evitar problemas de desabastecimiento de productos esenciales, y atribuciones legales que le otorgarían dos disposiciones legales que le otorgarían dos disposiciones del reglamento de un decreto ley derogado. Notoriamente, como se ha señalado precedentemente, tales requisiciones han sido llevadas a efecto para traspasar tales industrias al área social, según expresas declaraciones del Presidente de la República, que se han citado.

Con todo, cualquiera que sea la finalidad aducida, o los antecedentes indicados, los requisamientos efectuados son ilegales y configuran un flagrante atropello a la Constitución y a la legalidad, vigentes.


1. — Improcedencia de los requisamientos:
El Gobierno y sus organismos carecen de facultades legales para efectuar requisamientos como los efectuados. Dentro del Estado de Derecho que Chile vive, toda autoridad está limitada en el ejercicio de su poder en dos sentidos: uno, que no puede atribuirse otra autoridad ni otros derechos que los expresados se les haya conferido, so pena de la nulidad del acto que contraviene; y dos, que sólo puede actuar, activada por una norma legal expresa y determinada, que no da lugar a extensiones ni deducciones analógicas.

La Legislación chilena no define lo que es requisición, sin perjuicio de que es una institución jurídica antigua, aplicada para embargar animales, bagajes o alimentos para tropas de ejércitos en guerra. Debe señalarse, porque tiene importancia, que para los tratadistas más reputados, la naturaleza jurídica de la requisición es discutible. Algunos sostienen que es un "contrato forzado", otros, una "forma de expropiación por causa de utilidad pública"; otros, "una carga pública" o "un acto especialísimo de autoridad". En todo caso, concuerdan que es un acto especialísimo, para casos extremos, que debe estar reglado por la ley y aplicarse con estricta fidelidad a la norma, ya que restringe derechos elementales. En otros casos, señalan, se transforma en una "aberración jurídica que permite efectuar todas las atrocidades".

La única disposición que existe en la Constitución sobre la materia, en el Nº 9 del artículo 10, señala que "ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, sino por medio de las autoridades civiles y por decreto de éstas". La severidad de la restricción que impone, confirma que la Constitución Política sólo acepta requisiciones en favor de las Fuerzas Armadas, en los casos en que legalmente procedan, y que toda requisión que no esté comprendida entre aquéllas, cae dentro del ámbito del artículo 10 N° 10 de la Constitución, que garantiza el derecho de propiedad. Así lo han determinado por lo demás los Tribunales Superiores de Justicia, ya que han precisado que la requisición es una limitación al derecho de dominio, que sólo puede proceder en la medida en que estuviese contenida en una norma legal ajustada al referido artículo 10 N° 10 de la Constitución,

Debe anotarse que no es esa la situación en que se encuentra la supuesta facultad de requisar que ha ejercido el Gobierno, por lo que sus actuaciones violan abiertamente la Constitución Política.

En pocas palabras puede decirse: la requisición que implica limitaciones al dominio que contradicen las garantías constitucionales, es inconstitucional. Y la actuación de la autoridad que en esas condiciones requisa, es nula.

Pero también es ilegal la disposición que se ha aplicado por el Ejecutivo.


Las resoluciones de DIRINCO que ordena requisar empresas, se han fundado en facultades que suponen le otorgaría el decreto N° 338, del año 1945, reglamentario del decreto ley N° 520.

El referido decreto Nº 338, dictado en virtud de las facultades reglamentarias del Presidente de la República, excedió con mucho el alcance de las disposiciones del decreto ley que reglamentaba y extendió las facultades a casos distintos que los que éste señalaba, por sí sólo lo hacía ilegal y anulaba las disposiciones contradictorias.

El Contralor General de la República de la época, señor Vigorena, cursó el decreto, lo que fue una de las causales por la que se dedujo acusación constitucional en su contra, que fue acogida tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.

Por su parte, el Subsecretario de Economía de la época, don Julio Ruiz Bourgeois, expresó: "Las facultades del Presidente de la República están en el artículo 3º del Reglamento. Entre ellas no aparece la de ordenar requisar empresas, establecimientos o servicios". Más adelante, señaló: "... no existiendo la facultad de requisar predios, empresas o establecimientos..." Y aún, precisó "... el Comisariato no tiene expresamente tal facultad…" "Reconozco que tal facultad sería ilegal; pero afirmó que no está contenida en el Reglamento como atribución del Comisariato ni del Presidente de la República. Sólo ha' existido un descuido en la revisión final del proyecto, descuido del que soy responsable".

De modo que no puede caber duda alguna de que las disposiciones del decreto N° 338 en cuanto establecen la facultad de requisar inmuebles, fábricas y establecimientos comerciales o agrícolas, son abiertamente ilegales, a más de ser inconstitucionales, como se ha dicho.

Con posterioridad a las resoluciones que ordenan requisar, el Director de DIRINCO ha explicado que los requisamientos se ordenaron "como medida de regulación económica", que tampoco está contenida entre las normas del decreto ley Nº 520, que se pretende reglamentar, y que constituye también una limitación de dominio inconstitucional o una carga, asimismo inconstitucional, ya que no han sido determinadas por el legislador en la forma que la Constitución señala.


Se aplican disposiciones derogadas:
Por otra parte, las disposiciones del decreto Nº 339 que se han aplicado por la DIRINCO en las resoluciones que ordenan requisar, se encuentran en todo caso derogadas. En efecto, el D.F.L. 520 fue modificado por el D.F.L. 173 del año 1953. Este dio una nueva redacción al artículo 25 del D.L. 520 en las que no aparece facultad alguna para requisar empresas o establecimientos. Además, en su artículo 7º expresa: "Deróganse las disposiciones legales que sean contrarias a lo establecido en el presente D.F.L.".

No obsta a esa conclusión, el hecho de que el artículo 1° transitorio haya dejado vigentes los reglamentos y las normas de general aplicación dictadas por el Presidente de la República para el funcionamiento del Comisariato, por cuanto la vigencia de esos reglamentos estaba sujeta a que no fueran contrarios a las normas permanentes del D.F.L. 173, a que fueren legales en sí mismas, y, por cierto, a que no infrinjan normas constitucionales.

A mayor abundamiento, debe anotarse que ni en el decreto 1.262, de 1953, que fijó el texto refundido, ni en el decreto 1.379, de 1968, dictado en conformidad a la ley 16.464, existe esa facultad de requisar empresas, establecimientos o propiedades. Exclusivamente, señala en el artículo 43, la atribución al Director de DIRINCO para: "b) requisar y vender por cuenta de sus dueños y a los precios naturales los bienes y artículos esenciales o de primera necesidad…"

Con un mínimo de buena fe, con la más elemental honestidad, nadie puede admitir que en una disposición donde se consignan las principales atribuciones del Director de DIRINCO, se pueda omitir —como innecesarias, como sin importancia— aquellas que facultarían para requisar empresas, propiedades, etcétera. Si no incluyó esa facultad, es porque jamás la tuvo DIRINCO ni el Comisariato; porque las disposiciones respectivas del decreto 338 eran ilegales e inconstitucionales, y porque habían quedado derogadas.

Pretender desenterrarlas, como lo ha hecho el Ministerio de Economía de este Gobierno, es un nuevo ejemplo del abuso de poder y del deliberado propósito de violar la legalidad, apenas con un disfraz seudo jurídico.

La arbitrariedad y abuso de poder configurados en las resoluciones de requisamiento, se pueden apreciar aún con mayor crudeza si se observan las circunstancias en que se dictaron. En unos casos, cuando las empresas afectadas se encontraban ocupadas por grupo de sus trabajadores, después de haber el Ministro de Economía señalado la decisión del Gobierno de estatizarlas; en otros, por existir una huelga ilegal de un grupo reducido de trabajadores; pero, en todos los casos, frente a situaciones de hecho, ilegales y aún ilícitas penales, no imputables a los propietarios.

Los pretextos, problemas de desabastecimiento creados por la paralización, necesidad de asegurar la producción y el mercado, no son otra cosa que pretextos fútiles, ya que para enfrentarlos la legislación vigente contempla disposiciones para hacerlo. Al extremo que una de las industrias requisadas, se encontraba aún administrada por el interventor designado por el Gobierno, en virtud de un decreto de reanudación de faenas.

En otros casos, como se verá, burdamente se falsearon hechos para justificar el requisamiento.


2. — Requisamiento industrias de cemento:
Por resolución Nº 262 de 15 de marzo de 1971, el Director de la (Dirección de Industria (y Comercio, aplicó la sanción de requisición del establecimiento industrial de Cemento El Melón de La Calera. Se requisó el uso y goce del establecimiento industrial y comercial, maquinarias y elementos necesarios para la producción y/o distribución de la referida industria. El uso y goce de los locales en que funciona y la existencia de mercaderías y materias primas, y aún las cuentas corrientes pertenecientes al establecimiento.

La Fábrica de Cemento El Melón se encontraba en huelga legal en conformidad a las disposiciones previstas por la ley.

También la legislación vigente contempla soluciones legales para poder solucionar esos conflictos en casos graves y para proteger el interés nacional. El artículo 38 de la ley 12.927, el artículo 626 del Código del Trabajo y el artículo 4º de la ley 17.074, disponen soluciones, para los casos que reglan.

En cambio, se aplicó la sanción de requisición.

Debe anotarse que la requisición de artículos esenciales o de primera necesidad, pueden ser requisados, cuando sean objeto de acaparamiento ocultamiento, negación de venta u otra forma de especulación. Es innegable que no puede parangonarse esta situación con la paralización de una industria por huelga legal, votada por los trabajadores, en un procedimiento también legal.

Cabe también señalar que usar el procedimiento de requisar una industria por la existencia de una huelga legal, produce el absurdo que, siendo la requisición una medida transitoria, que pone término a la huelga al dictarse, debe cesar en ese mismo instante. En Cemento Melón, la requisición se mantiene ya casi seis meses, desde que terminó la huelga.

Polpaico: La Industria Cemento Cerro Blanco de Polpaico S. A. fue igualmente requisada debido a la huelga legal en que se encontraban sus trabajadores. El pretexto, evitar el desabastecimiento provocado por la paralización.

Pero para hacer más evidente la falsedad de tal pretexto, debe conocerse que en el mes de julio último se produjo menos cemento que en julio del año pasado, y que incluso se provocó un desabastecimiento en las entregas para la construcción del Metropolitano de Santiago.

En el afán de no repetir antecedentes similares a los de otras empresas requisadas, en Cemento Polpaico el requisamiento y la labor de los interventores está produciendo una pérdida entre dos y tres millones de escudos al mes. Estas pérdidas descapitalizan a la empresa, y, para continuar produciendo, los interventores la endeudan con créditos fiscales en similares sumas mensuales. De modo que no es difícil apreciar que al término de la requisición, el Estado se hará cargo de la industria sin indemnización, en pago de las deudas contraídas por los interventores.

No otra cosa, por lo demás, persigue el proyecto de modificaciones a la Ley de Quiebras presentada por el Ejecutivo recientemente al Congreso Nacional.

Asimismo, debe señalarse la presión odiosa que han ejercido los interventores y comités de unidad popular, sobre los empleados y obreros que no son afiliados o simpatizantes de su posición política, llegando al extremo de privar de su trabajo a algunos de ellos y a otros obligarlos a destruir el Sindicato de Santiago, para quedar todos en el Sindicato Planta controlado por la Unidad Popular.
3. — Requisamiento industrias textiles:
Por resolución Nº 446, de 28 de abril de 1971, de la Dirección de Industria y Comercio, se requisó Industria Manufactureras Chilenas de Algodón Yarur y la empresa distribuidora de los artículos de su producción Juan Yarur S.A.C.

La razón de la requisición fue el desabastecimiento del mercado, y la paralización de la industria que había sido ocupada por un grupo de sus trabajadores.

Por resoluciones 532, 533 y 536, 534, 537, 541, 542, 453 y 593 y 535 y 544, fueron requisadas las industrias Rayonhil Industria Nacional de Rayón, Tejidos Caupolicán (Renca y Chiguayante), Textil Progreso S. A., Paños Oveja Tomé S. A., Lanera Austral S. A., Algodones Hirmas S. A., Manufactureras Sumar S. A., y Rayón Said Industrias Químicas A. A."

Todas estas industrias fueron tomadas por grupos de trabajadores, después que el Ministro de Economía declaró a la prensa que el Gobierno proyectaba traspasar al área social, a la brevedad posible, a esas empresas.

Una vez ocupadas las industrias y paralizada su producción, la DIRINCO las requisó, argumentando que la referida paralización provocará "una falta de abastecimiento de dichos productos en el mercado, situación que se ve agravada por el considerable aumento de la demanda de los mismos, debido a la política seguida por el Supremo Gobierno" (sic).

Es interesante anotar algunas especialidades, dentro de las ilegalidades contenidas en las resoluciones de requisamiento.

Por ejemplo, Rayón Said Industrias Químicas S. A. se encontraba afecta a un decreto de reanudación de faenas (Nº 256, de 9 de marzo de 1971), y entregada su administración a un interventor. Cabe agregar que al día siguiente de la requisición, se puso término a la intervención y reanudación de faenas, y que la paralización consiguiente de las faenas, para los fines de justificar el requisamiento, se produjo el día 28 de mayo, con posterioridad al requisamiento, según lo acredita el certificado del Inspector del Trabajo.

En Manufacturas Sumar se requisaron establecimientos paralizados y otros que no estaban paralizados, pero todos con el mismo pretexto de la paralización.

En todas las textiles, la paralización la provocó la ocupación de la industria por grupos de trabajadores, lo que configura un hecho ilícito penal. Ocupación que no fue otra cosa que poner en marcha el mecanismo previamente determinado, para llegar al requisamiento.

En todas las textiles, se planteaba el temor al desabastecimiento futuro, o sea se requisó preventivamente. Nueva modalidad de justificar la limitación de atributos del dominio, al margen de la ley y de las garantías constitucionales.

Contumacia del Ministro de Economía

Debe sumarse a lo dicho, que por resoluciones de fecha 7 de agosto, la Contraloría General de la República ofició al Ministro de Economía, ordenándole devolver las industrias requisadas, ya que "no es posible, en derecho, mantener la eficacia jurídica de las resoluciones" de requisamiento respectivas.

El Ministro de Economía no sólo no ha dado cumplimiento a tal orden sino que ha seguido ordenando requisamientos de industrias pesqueras, de Cervecerías Unidas, y al parecer preparando la de IANSA, Azúcar y otras más.
4. —Requisamiento Industrias Pesqueras
Por resolución N° 718 de agosto de 1971, la Dirección de Industria y Comercio requisó las empresas pesqueras Guanaye S. A., Eperva S. A. e INDO S. A.

El pretexto fue la paralización de esas empresas como consecuencia de un conflicto laboral, la paralización de su producción y de harina y aceite de pescado, "como asimismo de conservas de pescados y mariscos creando un fuerte desabastecimiento de este tipo de conservas", gran cantidad de obreros cesantes, por no haber materia prima que procesar y que la paralización provoca una pérdida de US$ 390.000 semanales.

Todos estos hechos señalados son falsos: la huelga era ilegal y parcial y no afectaba a más del 10% del personal de las industrias requisadas y sólo con relación a los establecimientos de Iquique, pero no a los de Arica, Mejillones y Antofagasta. La huelga se produjo porque sesenta días antes del término del contrato colectivo vigente, los tripulantes pidieron un mejoramiento del orden del 80% y seis mil escudos por tripulante para entrar a discutir el pliego.

Además, no existía peligro de desabastecimiento de harina y conservas, si no, por el contrario, existen fuertes stocks en bodega. Las empresas requisadas no abastecen el mercado nacional, sino excepcionalmente ya que exportan su producción. Todas han duplicado en el presente año su producción con relación al año anterior.

Tampoco se ha despedido a nadie y, por el contrario han aumentado su personal.

Los empleados y obreros de esas empresas no aceptaron el requisamiento y procedieron a ocupar sus industrias para impedir la medida. La difícil situación planteada con estos hechos y la circunstancia de que Eperva exportara la totalidad de su producción y no produjera un sólo tarro de conservas, cuya escasez había justificado la medida de requisición, obligó a excluir de aquella a la referida empresa una semana después.

Pero, en cambio, se mantuvo la medida para las demás empresas y se requisaron la Empresa Pesquera Coloso y la Empresa Pesquera Marco Chilena, mientras, en forma ostensible, se presionaba a s.us propietarios para que entregasen a la CORFO la mayoría de las acciones.
5. — Requisamiento. Compañía Cervecerías Unidas
Con fecha 3 de septiembre de 1971, el Ministro de Economía informó que la Dirección de Industria y Comercio requisó la Compañía de Cervecerías Unidas.

El pretexto fue que la producción de cerveza se encontraba interrumpida a raíz de los conflictos huelguísticos que mantienen sus personales de las plantas de Antofagasta, La Serena, Limache, Valparaíso, Talca, Concepción, Osorno, además de las dos fábricas de Santiago.

Los trabajadores y el Sindicato de la Fábrica de Concepción informaron públicamente que esa fábrica seguía trabajando, que no había paralizado y que habían aumentado su producción, con lo que se demuestra la falsedad del pretexto dado con relación a esa industria.

En las demás industrias, el sistema aplicado para requisar las textiles funcionó sincronizadamente. A mediados de agosto se produjo la ocupación de la planta de Limache por grupos de trabajadores de la misma instigados por gente ajena a ella. A fines de agosto las plantas de Santiago, Antofagasta, La Serena, Talca y Osorno fueron tomadas por grupos de trabajadores y controlados por comités de los mismos.

Pocos días después el Ministro de Economía ordena requisar toda la empresa.

La requisición ordenada confirma el deliberado propósito de utilizar el camino inconstitucional ya conocido para traspasar al área social empresas privadas sin ley que lo autorice.


C. — Delitos cometidos en relación a los requisamientos
Las situaciones que dieron lugar a los requisamientos y las actuaciones que han tenido los interventores de las industrias requisadas, configuran diferentes tipos de delitos que alteran gravemente la normalidad jurídica.

En efecto, las ocupaciones de las fábricas para provocar su paralización y posibilitar el requisamiento, constituye el delito contra la libertad de trabajo señalado en el artículo Nº 2 del Código del Trabajo que expresa, que lo es "todo acto que impida a los obreros o empleados concurrir a las faenas cuando se trata de suspensión del trabajo que no haya sido declarada legalmente". Dicho delito debe ser castigado con la pena de prisión inconmutable señalada en el artículo 635 del referido Código. En su inciso tercero, esa disposición señala: "Corresponderá especialmente a los agentes de la autoridad y a los interesados mismos denunciar los delitos contra la libertad de trabajo ante la Justicia del Crimen correspondiente".

En lugar de formular tal denuncia, los agentes de la autoridad certificaron "la paralización por huelga ilegal" y el Ministro de Economía utilizó tales antecedentes para ordenar a DIRINCO la requisición de la empresa víctima de tales manejos.

En las diferentes resoluciones dictadas por orden del Ministro de Economía requisando empresas, se han señalado en documentos públicos hechos falsos, con la plena intención de pretextar situaciones diversas de las reales. Todo lo que permite configurar el delito de falsedad de instrumento público sancionado en el artículo 193 Nº 4 del Código Penal.

El caso verdaderamente increíble de la Industria Rayón Said Industrias Químicas S. A., a que ya se ha hecho referencia, confirma la falsedad intencionada, contenida en instrumento público por el funcionario que lo emite, ya que consigna que la producción se encuentra "paralizada por huelga legal", en circunstancias que no había tal huelga y que la propia empresa se encontraba sometida a un decreto de reanudación de faenas y administrada por el interventor designado por el Gobierno.

Por medio de las requisiciones ilegales ordenadas por el Ministro de Economía se ha privado de la posesión de sus bienes a los propietarios de las Empresas afectadas. Este hecho configura el delito sancionado en el artículo 158 del Código Penal que castiga al empleado público que arbitrariamente: "6°. Expropiare a otro de sus bienes o le perturbare en su posesión, a no ser en los casos que permite la ley."

No hay ley alguna que autorice requisar empresas. No hay ley que permita limitar por este medio los atributos del dominio, ni perturbar la posesión del propietario. No hay ley que permita por la vía de la requisición expropiar los bienes que es lo que produce su traspaso al área social por este medio.

En consecuencia, el Ministro de Economía, que ha ordenado la requisición y el Director de DIRINCO, que ha dictado las resoluciones requisitorias, deben sufrir la pena de suspensión en sus grados mínimo a medio.

Por otra parte, delitos de violación de correspondencia, cuya gravedad es tanto mayor ya que significa infringir una garantía constitucional, registro de papeles privados, registro de contabilidad, y aprovechamiento en contra de su dueño de los antecedentes en ellos contenidos, son otros tantos delitos que se han cometido a diario por los interventores designados en las resoluciones de requisamiento. De estos hechos tienen perfecto conocimiento el Ministro de Economía, que ha ordenado tales medidas y que es renuente aún a órdenes de la Contraloría para devolver algunas de las empresas requisadas.

De lo anterior se infieren las infracciones sancionadas en los artículos 155, 247 y 255 del Código Penal.


Asimismo, tanto el Ministro de Economía que ha ordenado las requisiciones como el Director de DIRINCO que ha dictado las requisitorias incurren en la prevaricación que sanciona el artículo 228 del Código Penal.

El empleado público no perteneciente al orden judicial que dictare a sabiendas resolución manifiestamente injusta en asuntos administrativos, incurre en el delito de prevaricación que sanciona la citada disposición legal. Y no cabe duda de que, en todo caso, las resoluciones de requisamiento de empresas que no se encontraban en la situación pretextada para dictar la resolución, son manifiestamente injustas y fueron dictadas a sabiendas que eran falsas.


D. — Atropello a las atribuciones del Congreso Nacional
En las actuaciones gubernativas a que se ha hecho referencia en la presente acusación, se han atropellado numerosas atribuciones que corresponden constitucionalmente al Congreso Nacional. Esos atropellos han sido deliberados y han tenido por objeto impedir el conocimiento y la intervención, con la libertad y plenitud de atribuciones que les corresponde, a ambas ramas del Congreso Nacional. Así, lo revela abiertamente la decisión de no enviar al Congreso Nacional la ley de estatización de la banca privada, no obstante haber afirmado el Presidente de la República su envío en los primeros días de enero. En cambio, prefirieron llevarla a cabo por la vía ilícita a que se ha hecho referencia anteriormente.
1. — Determinación del Área Social
La determinación de un área social, de propiedad del Estado y reservada exclusivamente a éste, es una atribución que la Constitución Política otorga al legislador. En efecto, así lo determina, precisamente, las disposiciones contenidas en diferentes incisos del artículo 10 número 10 de la Constitución.

El Ministro de Economía encabeza, directamente, la acción destinada a atropellar esta función del legislador y a realizar administrativamente la formación del área social.


2. — Comprometer Recursos Estatales
La actuación del Ejecutivo en la adquisición de Empresas Mineras del Hierro, del Acero, Electrónica y aún, editoras, significa atropellar las disposiciones constitucionales que entregan sólo a la ley la facultad de contratar empréstitos o cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado; y fijar los gastos de los recursos fiscales. Asimismo, se han comprometido recursos e incurrido en destinaciones de fondos al margen de la ley del presupuesto.

Por este medio se ha privado al Congreso Nacional de las funciones que la Constitución le impone, de concurrir a la formación de la ley y determinar en leyes de la República, materias que sólo en virtud de una ley se pueden realizar.


3. — Decreto de Insistencia Inconstitucional
Con la firma del Ministro de Economía y la de los demás Ministros, el Gobierno ordenó a la Contraloría General de la República por medio del Decreto de Insistencia tomar razón del Decreto 482 de 1971.

El referido decreto pone en vigencia la decisión N° 24 de 31 de diciembre de 1970 aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que aprueba el trato que debe darse a las inversiones de capital extranjero en los países del Pacto Andino.

De esta manera, por el referido decreto de insistencia, se pasa a modificar las disposiciones legales existentes en Chile en esta materia.

El decreto con fuerza de ley 258, de 1960, llamado Estatuto del Inversionista Extranjero, reglaba las mismas materias, que pasa a regular ahora un simple decreto supremo cuando constitucionalmente requiere ley.

Esta actitud del Ejecutivo, es una nueva demostración de la absoluta desaprobación con que atropellan las atribuciones del Poder Legislativo, en especial, cuando en este caso nada obstaba a haberle dado el trámite de ratificación al referido acuerdo Nº 24.
VII—Abuso y desviación del poder
Las actuaciones del Ministro de Economía y de los funcionarios que de ese Ministerio dependen, han configurado, además, un flagrante abuso y una grave desviación de poder. Ambas, formas de un vicio que atenta contra la seguridad jurídica y significa una falsedad moral.

Pero, aun cuando se quisiere suponer, como mera suposición que rechazamos, que DIRINCO tuviese las facultades que sostiene tener, o que los otros organismos que dependen del Ministerio de Economía tuviesen los que se han arrogado, aún así las resoluciones son nulas por haberse incurrido en ellas en el vicio de desviación de poder.


El valor intrínseco del Estado de Derecho es en definitiva la seguridad jurídica, es decir, la condición del individuo o grupo de estar sometido a un ordenamiento jurídico que obliga por igual a los súbditos y al Estado.

En derecho público, es fundamentalmente atentatorio contra la seguridad jurídica, el exceso, abuso o desviación de poder.

La desviación de poder es un vicio del acto administrativo.

Los autores de derecho administrativo, están acordes en que hay desviación de poder, que también llaman, abuso o exceso de poder, cuando un agente de la administración, "realizando enteramente un acto de su competencia y en conformidad a las normas prescritas por la legislación, usa de su poder discrecional para casos y motivos distintos de aquellos para los cuales se les ha atribuido dicho poder"; o bien, como dice José A. Rodríguez Elizondo (actual Fiscal de la Corporación de Fomento de la Producción) : "La desviación de poder como vicio del exceso de poder, puede conceptualizarse como aquella irregularidad que se produce cuando una autoridad, en el ejercicio de su competencia, observando las formas legales, ajustando el contenido de su acto a la ley, obrando sobre la base de presupuestos ciertos, hace uso de sus prerrogativas con fines distintos a los que la ley tuvo en vista al conferírselas" (El Exceso de Poder —Editorial Jurídica—, página 78). O, por último como expresa Rafael Bielsa: "En general incurre en este vicio, todo agente administrativo que no obstante observar la letra de la ley ejerce una atribución con un fin contrario e incompatible con el verdadero fin perseguido por la ley".

Como se ha dicho —suponiendo que tuviesen existencia y valor— de las propias disposiciones del decreto 338 que se pretende aplicar, las requisiciones tendrían por objeto sancionar acaparamientos u ocultamientos de mercaderías esenciales y permitir regular su distribución.
En cambio, con desviación de poder, se los transforma en instrumento para incorporar al dominio estatal, al área social, las Empresas requisadas.

Para ir a la socialización, sosteniendo mantener la vía legal, el Gobierno de la Unidad Popular ha tenido que realizar sus actuaciones con manifiesto abuso de poder.

Para justificar la llamada "Vía Chilena al Socialismo" fue necesario crear una teoría que se fundamenta, lisa y llanamente, en el rompimiento de la estructura constitucional y legal vigente, y aplicar, desviando su verdadera finalidad y razón de ser, disposiciones dispersas en cuerpos reglamentarios, de dudosa validez, para darle apariencia externa de legalidad a la actuación del Ejecutivo.

Así, aún las compras directas realizadas por el Gobierno, a través de instituciones semifiscales o de administración autónoma; pero, en todo caso, con dineros fiscales y con el fin de racionalizar o reservar al Estado esas empresas y actividades, sin ley especial o general, son también nulas por el vicio de desviación de poder.

En efecto, debemos recordar que de conformidad con claras disposiciones legales el Estado no puede siquiera transigir juicios si no es por medio de ley. El acto jurídico de la transacción, si bien puede involucrar —y en el hecho involucra las más de las veces— una transferencia de dominio, es en todo caso de menor significado jurídico que la compraventa, que es siempre título translaticio de dominio.
Podrá sostenerse que las numerosas adquisiciones que realiza el Estado no requieren de una ley especial; pero no debe olvidarse que ellas están expresamente autorizadas, en forma genérica, en las leyes de presupuestos donde se señalan las partidas respectivas con cargo a los cuales cabe hacer esas inversiones.

Al obrar, por tanto, el Gobierno, por intermedio de cualquiera de las entidades públicas a adquirir con dineros fiscales, sin ley expresa, y con el fin de socializarlas, acciones y derechos sobre cualquier empresa, está cometiendo un abierto abuso de poder, ya que está desviando dineros destinados a ser invertidos de acuerdo con las leyes vigentes, en otros rubros totalmente ajenos a su actual finalidad. Lo que también reviste la forma de un delito de malversación de caudales públicos.

El abuso de poder, claramente tipificado en nuestra Constitución Política, como causal de acusación constitucional comprende también la llamada desviación de poder en los actos administrativos en la forma antes reseñada.

En anteriores oportunidades, y con la plena aceptación de todos los sectores políticos representados en la Honorable Cámara, se ha aceptado como tesis incontrovertible que el abuso de poder realizado por un Ministro de Estado, cae dentro de los términos de la acusación constitucional.


El Ministro señor Vuscovic es responsable de la actuación ilegal e inconstitucional de todos los altos funcionarios bajo su dependencia, entre ellos el Director de Industria y Comercio —ya que lo que se enjuicia en la acusación constitucional no son sólo los actos personales del señor Ministro, sino toda la política de su Ministerio, la que realiza él mismo, orientándola y supervigilándola. Eso es lo que se juzga en la acusación. La acusación tiene una doble función: la de juzgamiento político y ante juicio criminal.

En este capítulo de la acusación el Ministro señor Vuscovic debe responder de la política general que ha inspirado y que ha conducido a los más reiterados y contumaces abusos de poder, como jamás antes en la historia de Chile se habían consumado. Se pretende con ello, tratar de llevar al Estado de Chile, de una posición democrática, con plena vigencia de los tres poderes públicos y las garantías fundamentales, a un sistema que es la negación plena de ese otro.

Abusos injustificados

Los trabajadores de las empresas requisadas ya han empezado a conocer las características de un sistema donde no vale el derecho. Las arbitrariedades, los abusos, la concientización política y la persecución más despiadada en contra de aquellos que discrepan de los Comités de la Unidad Popular, son el sistema que se les está aplicando.

A la cesantía de medio centenar de trabajadores de una de las industrias requisadas, a las falsedades y calumnias que se les han imputado para justificar un despido arbitrario, debe sumarse el desprecio total por las leyes vigentes que favorecen la inamovilidad en el empleo.

Parlamentarios de todas las tendencias han recibido en los últimos meses, denuncias de trabajadores de las empresas requisadas y de otras igualmente incorporadas al área social, sobre similares atropellos a sus personas, a su tranquilidad y a sus derechos, y han comprobado, también, la inutilidad de todo reclamo por la contumacia de las autoridades en continuar abusando y desviando el poder.


Por las razones expuestas precedentemente, por los cargos que se han formulado, por las infracciones a la Constitución Política reseñadas, por los atropellos a las leyes vigentes que se han indicado, por la negativa a cumplir disposiciones legales vigentes y órdenes expresas del organismo contralor, por los delitos denunciados, por la violación de atribuciones exclusivas del Poder Legislativo y por el abuso y desvío de poder reiteradamente cometidos por el Ministro de Economía y por funcionarios y organismos que de él dependen, los Diputados que suscriben deducen acusación constitucional en contra del Titular de esa Cartera, don Pedro Vuscovic Bravo.
Por la gravedad de las infracciones denunciadas, y el daño que ocasiona al ordenamiento jurídico de Chile, confiamos en que la Honorable Cámara de Diputados declare que ha lugar a la acusación deducida.

(Fdo.) : Mario Arnello R., Gustavo Lorca R., Manuel Tagle V., Domingo Godoy M., Fernando Vargas P., Patricio Mekis S., Silvia Alessandri de Calvo, Engelberto Frías M., Silvio Rodríguez V. y Luis Undurraga C.".



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