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Acuerdos de Libre Comercio de la aelc con países en desarrollo


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Carta abierta para los Ministros de Comercio y de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Para:

  • Dag Terje Andersen, Ministro de Comercio e Industria (Noruega)

  • Doris Leuthard, Consejero Federal Jefe del Departamento Federal de Asuntos Económicos (Suiza)

  • Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Ministra de Relaciones Exteriores (Islandia)

  • Rita Kieber-Beck, Ministra de Relaciones Exteriores (Fürstentum Liechtenstein)

CC: Ministros pertinentes / Gobiernos de Perú, Colombia, India, Indonesia

- Jonas Gahr Støre, Ministro de Relaciones Exteriores (Noruega)

- Erik Solheim, Ministro del Desarollo Internacional (Noruega)


Acuerdos de Libre Comercio de la AELC con países en desarrollo
Estimados Ministros,
Nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra preocupación sobre la intención de los países miembros de la AELC por concluir acuerdos bilaterales de libre comercio con un selecto grupo de países en desarrollo; y de iniciar negociaciones sobre acuerdos bilaterales de libre comercio con Colombia, India, Indonesia y Perú, tan pronto como sea posible.
Los suscritos, pertenecemos a la sociedad civil de países miembros de la AELC, de Colombia, India, Indonesia y Perú, apoyados por organizaciones de la sociedad civil del mundo entero. Buscamos expresar de manera conjunta nuestra grave preocupación ante la apertura de negociaciones en torno a este tipo de acuerdos de libre comercio por parte de Estados del AELC, la CE y EEUU. Estos acuerdos de libre comercio bilaterales tienen incluso mayores implicaciones que los actuales acuerdos administrados por la OMC, tal como lo han mostrado las disposiciones de acuerdos anteriores del AELC, y resultarán en un nivel todavía mayor de liberalización económica impuesta.
A continuación, señalamos los temas de principal preocupación abordados por Estados miembros del AELC:
Servicios: No abordar las negociaciones con el enfoque de lista negativa

El Gobernio suizo expresó su intención de exigir un enfoque de lista negativa en torno a negociaciones de comercio de servicios, para futuros acuerdos bilaterales de comercio. Con dicho enfoque, los países participantes de las negociaciones estarían de acuerdo en la apertura de todos los sectores de servicios salvo que un país mantuviera una reserva especial. En contraste, en el enfoque de lista positiva seguido en la OMC, un sector de servicios es liberalizado o abierto solamente si el país en cuestión propone la apertura de dicho sector.


El enfoque de lista negativa asegura que cuando se desarrollan nuevos servicios –por ejemplo en el sector financiero o de la tecnología de la información- luego de la negociación de un acuerdo de libre comercio, dichos servicios son abiertos automáticamente ya que no fueron exentos de cobertura cuando el acuerdo de libre comercio estaba siendo negociado. La lista negativa también asegura una mayor cobertura del sector de servicios. Entonces se vuelve más difícil para los negociadores el mantener una lista amplia de reservas y excepciones. Una excesiva liberalización del sector de servicios tiene serias consecuencias sobre el derecho de los países a regular sus propios mercados. Además, los principios sociales y medio ambientales son vistos de manera creciente como barreras para el comercio internacional. En todos los sectores de servicios considerados, por ejemplo, en el sector del turismo, esto podría implicar que los países tendrían que modificar las regulaciones existentes y puede que no sea posible introducir nuevas regulaciones en favor del desarrollo sustentable.
Rechazamos la adopción de un enfoque de lista negativa en las negociaciones del sector de servicios, ya que ningún país puede prever las consecuencias de una completa liberalización del sector de servicios y aplicar las exepciones necesarias. Con tal enfoque, los países perderían por completo su espacio para la formulación de políticas aplicables para regular el sector de servicios en favor de su propia población.
Más aún, una apertura mayor del sector servicios puede llevar a problemas en la balanza de pagos. Los servicios suministrados por proveedores extranjeros generalmente no ganan divisas de exportación ya que son consumido a nivel local (por ejemplo seguro, educación, lavado de carros). Si esto se combina con un requisito que permita la transferencia libre de capitales dará como resultado que las utilidades de los proveedores puedan salir al exterior causando una mayor inestabilidad macroeconómica para países en desarrollo.
No ejercer presión para la liberalización de los mercados financieros

Los Estados miembros de la AELC también intentan proponer la liberalización del sector financiero, especialmente en cuanto a una mejora en el acceso a mercados en el sector bancario y de las aseguradoras, así como para deshacerse de las regulaciones aplicadas al sector financiero. En el sector financiero, Suiza (y Liechtenstein) buscan que los países en desarrollo firmen un acuerdo marco que corresponda al menos al «Acuerdo de Compromisos de Servicios Financieros » del AGCS (GATS). Tan sólo 30 países (la gran mayoría países desarrollados) han firmado este compromiso en el marco del AGCS. El mismo adopta – contrariamente al enfoque usual del AGCS de listas positivas – un enfoque de lista negativa, lo cual significa lo siguiente: un país es forzado a liberalizar el sector financiero (y de servicios) completo en todas las modalidades de oferta, incluyendo cualquier nuevo servicio financiero. Esto significa que los países deben eliminar o limitar cualquier regulación significativa que pudiera tener – en términos comerciales- «efectos adversos en los proveedores de servicios financieros de cualquier otro país miembro y prevenir que los proveedores de servicios financieros ofrezcan todos los servicios financieros permitidos por el Estado miembro».


Este requerimiento es muy preocupante, tal como lo muestran las experiencias registradas desde la segunda mitad de 1990, cuando la competencia de los bancos extranjeros en los países en desarrollo debilitó a las instituciones financieras locales. Por ejemplo, los bancos extranjeros atraen preferentemente a clientes ricos pero no aseguran el acceso a crédito con tasas preferenciales para los negocios pequeños y medianos, las mujeres y las poblaciones rurales. Los países de la AELC podrían también estar interesados en la eliminación de todos los controles sobre los flujos de capitales. Al implementar esto, ellos ignoran completamente la importancia de dichos controles para un país como Tailandia. Desde la crisis financiera Asiática, es bien sabido que una rápida entrada de capitales causa frecuentemente burbujas especulativas en los precios de las acciones en el mercado de valores y lleva a menudo a una explosión de los precios de los activos. Un rápido crecimiento de los precios de los activos acrecienta las desigualdades. Bajo un régimen de flujos de capitales desregulados, los países son fácilmente afectados por las crisis financieras ocurridas en otros países.

Incluso las instituciones como el Fondo Monetario Internacional y muchos bancos centrales, las cuales están básicamente a favor de las aperturas de mercados, enfatizan que los países necesitan contar primordialmente con instituciones sólidas y marcos regulatorios para poder supervisar efectivamente sus sectores bancarios. Además, los mecanismos internacionales para la prevención y el manejo de las crisis, ampliamente solicitados luego de la crisis financiera asiática, aún no han sido puestos en funcionamiento.


Los suscritos, demandamos que los países de la AELC no soliciten ni apliquen un enfoque de lista negativa en los sectores de servicios, o en la liberalización del sector financiero antes de que se registren mejoras en la estructura global del sector financiero y en la supervisión del sistema bancario de los países emergentes y en desarrollo.
No a un Acuerdo de Inversión que expanda los derechos de los inversionistas

Los países de la AELC están presionando por la inclusión de cláusulas de inversión, aún cuando estas ya habían sido rechazadas por los países en desarrollo en la OMC. Este modelo de acuerdo de inversión está diseñado para incrementar las ganancias de las grandes empresas. Lo anterior es logrado al restringir la autoridad de los gobiernos para asegurar que el comercio y la inversión beneficien a la mayor parte de la sociedad y lleven a una mayor igualdad de género, lo cual es crucial para la disminución de los niveles de pobreza. Los Gobiernos que aceptan estas reglas socavan al mismo tiempo otras herramientas de desarrollo económico, tales como el requerir que los inversionistas extranjeros usen un cierto porcentaje de insumos locales en la producción o el logro de transferencia tecnológica.


Los inversionistas pueden exigir compensación por violaciones de cualquiera de los derechos inscritos en estos acuerdos a través de un proceso de resolución de diferencias entre el “inversionista y el Estado”. Esto les permite demandar legalmente a los gobiernos directamente en tribunales internacionales, descartando la jurisdicción de las cortes nacionales. Por ejemplo, bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en ingles), se han implementado más de dos docenas de este tipo de denuncias legales en contra de legítimas políticas gubernamentales tales como las relacionadas a la protección del ambiente , pidiendo miles de millones de dólares en compensación, en contra de Estados Unidos, México y Canadá. El Centro Internacional de Resolución de Diferencias Relativas a Inversiones (International Center for the Settlement of Investment Disputes ICSID) tiene más de 100 casos pendientes que involucran a cerca de 40 países.
Los suscritos, solicitamos a los países de la AELC no exigir cláusulas de inversión que expandan los derechos de los inversionistas. Los gobiernos deberían considerar maneras para hacer más responsables a los inversionistas. Todos los países deberían tener maneras para hacer demandas a los inversionistas de acuerdo a sus necesidades y prioridades económicas. Los inversionistas deberán ser considerados responsables por el impacto que causen en el medio ambiente y en el desarrollo social de los países donde invierten. Los asuntos de igualdad de género deberían ser de principal interés en este contexto.
No a las provisiones ADPIC-plus sobre los medicamentos en los tratados de libre comercio del AELC

Tal como hace EEUU, los países miembros del AELC están presionando a los países en desarrollo para que introduzcan en su legislación una protección de cinco a diez años sobre los datos de prueba para los medicamentos (desde ahora llamada "exclusividad de datos”). Esto es inaceptable; ya que la “exclusividad de datos” es una de las más dañinas disposiciones ADPIC-plus sobre para el acceso a los medicamentos que las poblaciones necesitan. Dicha protección aplicaría incluso cuando un medicamento no esté patentado o cuando el medicamento esté sujeto a una licencia obligatoria. Durante el periodo de protección, las autoridades regulatorias no podrán utilizar automaticamente dichos datos de prueba presentatados por los productores de la marca original para aprobar la comercialización de versiones genéricas. Esto dificultará y retrasará el lanzamiento de medicamentos genéricos al mercado. Además, los países de la AELC exigen una extensión de cinco años en la vigencia de las patentes para compensar por retrasos "irracionales" en el procedimiento de aprobación para el lanzamiento al mercado de un nuevo producto. Dicha disposición ha sido sometida a muchas interpretaciones y retrasará la introducción de medicinas genéricas hasta cinco años después de la expiración normal de una patente. Nos preocupa que los países de la AELC pudieran exigir en sus acuerdos de libre comercio la introducción de patentes de segundos usos de medicamentos ya conocidos. Esto abririía las posibilidades para nuevas patentes y el mantenimiento de monopolios de medicamentos ya existentes. No hay necesidad para ello. Primero porque no es una obligación en el contexto del acuerdo ADPIC. En segundo lugar, tal como lo ha mostrado la Comisión Británica sobre Propiedad Intelectual, en su informe en 2002, “los países desarrollado pueden considerar que el incentivo para la investigación justifica tales demandas, pero para la mayoría de los países en desarrollo, con limitadas capacidades de investigación, consideramos que los costos probablemente sobrepasan los beneficios”


Dichas disposiciones van más allá de las obligaciones impuestas por el ADPIC (TRIPs). Además, refuerzan los derechos monopolísticos de las grandes empresas farmacéuticas a costa de los derechos de los pacientes. Su efecto es prevenir y retardar la competencia de los medicamentos genéricos. Sin embargo, en el caso de los medicamentos del HIV/SIDA se ha comprobado que la competencia generada por los medicamentos genéricos es la herramienta más eficiente para controlar y disminuir el alto precio de las medicinas, favoreciendo así el acceso a dichos medicamentos. Esto es especialmente importante en los países en desarrollo con limitados recursos. Al promover las disposiciones del ADPIC -plus, los países de la AELC están negando el espíritu de la Declaración de Doha referente al Acuerdo ADPIC y la salud pública adoptada en Noviembre de 2001. Dicha declaración establece que cada país tiene el “derecho a proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos". Además, las ambiciosas exigencias de la AELC contradicen la recomendación 4.26 de la Comisión de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud del 2006, la cual sostiene que «En los acuerdos comerciales bilaterales no se debería intentar incorporar medidas de protección adicionales ADPIC PLUS mediante fórmulas que puedan reducir el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo». Miembros de la AELC deben honrar su obligación de respetar el ejercicio del derecho a la salud en otros países y asegurar que los acuerdos comerciales no impacten negativamente sobre este derecho.
No a las provisiones ADPIC-plus sobre la agricultura en los tratados de libre comercio de la AELC

Los países de la AELC insisten en que los países en desarrollo ofrezcan al menos un grado de protección equiparable al ofrecido por el Acuerdo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1978. Se pone en duda que un sistema de protección como el contenido en el UPOV, desarrollado por países industriales tomando en consideración su propia forma de explotación agrícola, sea útil para países en desarrollo. Con dichas reglas, los países de la AELC de hecho están limitando la flexibilidad existente en el acuerdo ADPIC.

Nosotros estamos preocupados por el hecho que los países de la AELC pidan a los países en desarrollo que les otorguen patentes a “invenciones biotecnológicas”. Esta provisión va más allá de las obligaciones contenidas en el ADPIC, ya que las “invenciones biotecnológicas” pueden ser plantas o animales. Las patentes de semillas o de invenciones biotecnológicas son problemáticas ya que la aplicación de los derechos de propiedad en el terreno agrícola, restringen los derechos de los agricultores, especialmente el derecho a usar las semillas restantes de las cosechas y el derecho de los criadores para acceder libremente a recursos genéticos que favorezcan su actividad. El sobredimensionamiento de los derechos de propiedad intelectual podría destruir la biodiversidad agrícola.

La mayoría de los países en desarrollo enfrentan desafíos para alcanzar la seguridad alimentaria y un óptimo nivel de cuidado de salud para su población. Las disposiciones de propiedad intelectual en los acuerdos bilaterales de libre comercio tienen consecuencias directas en el derecho a la alimentación y el derecho a la salud de la población.


Los suscritos, solicitamos que no haya disposiciones de propiedad intelectual en el acuerdo de libre comercio entre los Estados del AELC y los países en desarrollo. Si todas las partes están de acuerdo en proteger las Indicaciones Geográficas (incluyendo denominaciones de origen) en los tratados de libre comercio, esto podría constituir una excepción, ya que no tendría un impacto negativo en el derecho a los alimentos.

Productos industriale, productos transformados, y recursos naturales:

A través de los acuerdos bilaterales, los países de la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) esperan obtener lo que no han logrado por el momento por medio de la OMC (Organización Mundial del Comercio): un mejor acceso a los mercados de los países en desarrollo para los bienes industriales (máquinas-útiles, aparatos, instrumentos, relojería, industria química y farmacéutica, industria agroalimentaria etc.). Los países de la AELC ofrecen, desde el inicio, la franquicia de los derechos de aduana para todos los productos industriales y los productos transformados incluidos los agroalimentarios (principio del "zero from day one"). En contraparte, solicitan una mejora sustancial del acceso al mercado de los países con los cuales negocian. Como los países en desarrollo tienen tarifas de aduana en promedio significtivamente más elevadas que los países de la AELC (30 % como media en contra del 4%), sus concesiones serán mucho más importantes. Incluso si los países de la AELC están de acuerdo, en principio, de aceptar una cierta asimetría, es decir otorgar los plazos de transición más largos y excepciones para los productos sensibles, las presiones en favor de las liberalizaciones son fuertes. Los plazos de transición son en efecto de un máximo de 10 años y una cláusula de revisión acompaña cada excepción.

El desafío es crucial. Está ligado a la capacidad de los países en desarrollo de definir e implementar estrategias de desarrollo y políticas nacionales de industrialización – esenciales en la lucha contra la pobreza. Con la eliminación de protecciones fronterizas sin retroceso posible, los países en desarrollo ya no podrán proteger ciertos sectores sensibles y vulnerables y no podrán promover la diversificación económica. Las reducciones tarifarias solicitadas provocarán también una caída de los ingresos fiscales con incidencias negativas en el presupuesto del Estado (salud, educación, infraestructuras) y en la balanza de pagos.

Entre los diferentes sectores que podrían ser objeto de una liberalización creciente y acelerada figuran los recursos naturales como la madera y los productos forestales; productos pesqueros; los recursos energéticos (petróleo, gas, minerales). Una liberalización drástica de los intercambios comerciales en esos sectores, en los cuales los niveles actuales de explotación y de consumo no son ya más duraderos (sostenibles) tendría consecuencias graves; tanto para los sectores de la población que dependen de esos recursos para la sobreviviencia, como para el clima y la biodiversidad.

Los suscritos de esta carta solicitamos que el principio de "menos que la plena reciprocidad" y el "tratamiento especial y diferenciado" sean parte integrante de todos los aspectos de negociación. Los países en desarrollo no deben en ningún caso verse obligados a asumir compromisos contrarios a sus necesidades de desarrollo y a su situación particular. Las propuestas de liberalización de mercados de bienes industriales deben ser el objeto de una evaluación profunda de su impacto en términos de desarrollo y de medio ambiente. Los "bienes medioambientales" como la madera, los productos de la pesca y los recursos energéticos deben ser excluidos de las negociaciones.

Los suscritos, deseamos expresar nuestra grave preocupación ante la propuesta de la AELC para iniciar las negociaciones en torno a nuevos acuerdos de libre comercio con Colombia, India, Indonesia y Perú. Más aún, hay muy poca información en el dominio público sobre estas negociaciones. Solicitamos tomar en cuenta dichas preocupaciones expresadas por parte de miembros de la sociedad civil de todos los países involucrados, apoyados por organizaciones de la sociedad civil del mundo entero.


Atentamente



Firmada por Organizaciones de la Sociedad Civil de Estados del AELC, Colombia, India, Indonesia y Perú:
Suiza:

Marianne Hochuli, Declaración de Berna

Bastienne Joerchel, Alliance Sud
Colombia: en proceso
India:

Kavaljit Singh, Public Interest Research Centre New Delhi

Vidya Rangan, Equations

B.K. Keayla, National Working Group on Patent Laws


Indonesia:

Bonnie Setiawan, The Institute for Global Justice IGJ


Islandia:

En proceso


Liechtenstein:

Regula Mosberger, Liechtenstein Association for Environmental Protection

Robert Allgäuer, Wir Teilen: Fastenopfer Liechtenstein

Noruega:

Morten Eriksen, Norwegian Forum for Environment and Development


Perú:

en proceso


Otras organizaciones que apoyan:

India:

Indonesia:

Colombia

Noruega:

Perú:

Suiza:

Firmas a más tardar hasta el 18 de junio 2007



Apoyada por Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel mundial:

Firmas a más tardar hasta el 18 de junio 2007


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