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Acuerdos adoptados en la reunión de la comisión de coordinación de las comunidades autónomas con competencias en materia de administración de justicia, por los órganos competentes de los gobiernos de las comunidades autónomas de valencia,


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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LOS GOBIERNOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE VALENCIA, PAÍS VASCO, CATALUNYA, GALICIA, CANARIAS, ANDALUCÍA, COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, MADRID, PRINCIPADO DE ASTURIAS, CANTABRIA Y ARAGÓN.
Reunidos el día 21 de julio de 2010, en Valencia,
La Hble. Sra. Dña. Paula Sánchez de León Guardiola, Consellera de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat de Valencia.
El Ilmo. Sr. D. José Manuel Fínez Ratón, Viceconsejero de Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco.
El Ilmo. Sr. D. Joan Xirau Serra, Secretario de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat de Catalunya.
El Excmo. Sr. D. Alfonso Rueda Valenzuela, Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia.
El Excmo. Sr. D. José Miguel Ruano León, Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
El Ilmo. Sr. D. Pedro Izquierdo Martín, Secretario General para la Justicia de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.
El Excmo. Sr. D. Javier Caballero Martínez, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra.
El Excmo. Sr. D. Francisco Granados Lerena, Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.
El Ilmo. Sr. D. José Manuel Fernández García, Director General de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias.
El Excmo. Sr. D. José Vicente Mediavilla Cabo, Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria.
El Excmo. Sr. D. Rogelio Silva Gayoso, Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón.
Las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia reunidas en Valencia los días 20 y 21 de julio de 2010, formulan las siguientes conclusiones de las jornadas desarrolladas durante dichos días:

1- En la actual situación de crisis económica una Administración de Justicia moderna es un factor decisivo de competitividad y desarrollo socioeconómico, al proporcionar seguridad jurídica y eficiencia en la gestión de los recursos.


El camino para alcanzar este objetivo pasa por la implantación de la nueva oficina judicial. Este proceso ilusionante e inaplazable, con el que reiteramos nuestro firme compromiso, debe ser afrontado con generosidad por todos los operadores jurídicos.

2- Reiteramos los Acuerdos adoptados en Barcelona el 30 de enero de 2009 y en Pamplona el 29 de enero de 2010, constatando que no se han producido los avances suficientes en las propuestas contenidas en los mismos, por lo que se entiende que el Ministerio de Justicia debe liderar los cambios necesarios en concurso con las Comunidades Autónomas firmantes.


Oficina y Planta Judicial
3- Las Comunidades Autónomas consideramos que en lo sucesivo los esfuerzos organizativos y presupuestarios deben encaminarse preferentemente hacia el reforzamiento de la planta judicial a través de la creación de plazas de Jueces, Magistrados y Secretarios Judiciales. Fórmulas tales como Tribunales colegiados de instancia, Jueces de adscripción territorial, Jueces de refuerzo y otras similares, deberán ser preferentes en cuanto al número de los de nueva creación respecto a los juzgados tradicionales.
En este sentido, consideramos que la puesta en funcionamiento de las nuevas unidades judiciales previstas para 2010 ya debe adaptarse a las actuales circunstancias presupuestarias de cada Comunidad Autónoma y acomodarse, en la medida de lo posible, al nuevo modelo de oficina judicial que está en proceso de implantación, lo que requiere la colaboración y rápida interlocución con el Ministerio de Justicia.
4- La nueva oficina judicial se basa en una utilización eficiente de los recursos, donde tiene especial consideración y relevancia el personal al servicio de la Administración de Justicia. Con la aprobación del nuevo modelo en el año 2003 se materializó una importante adaptación retributiva y profesional a las nuevas tareas y funciones que están llamados a asumir los Cuerpos de Funcionarios Judiciales. La culminación de tal proceso ha de implicar el mínimo impacto presupuestario.
5- Resulta perentoria la efectividad del traspaso de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la administración de justicia como requisito para la culminación del proceso de implantación de la nueva oficina judicial. A tal efecto emplazamos al Ministerio a la urgente constitución de una comisión con una representación de las CCAA a fin de que realice las actuaciones necesarias para que la imprescindible reforma de la LOPJ sea una realidad inmediata.
6- Con el objeto de gestionar la oficina judicial con criterios de eficacia y eficiencia, las Comunidades Autónomas constatan la necesidad de articular los mecanismos normativos necesarios a fin de que las decisiones que adopten en materia de medios personales y materiales las administraciones públicas con competencias en materia de justicia, vinculen de forma directa a todos los Secretarios Judiciales en su respectivo ámbito territorial, habida cuenta de su papel fundamental en el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial.

Financiación de la Justicia. Tasas, Cuentas de Depósitos y Consignaciones
7- Como Administraciones Públicas copartícipes en la prestación del servicio de justicia, reclamamos la participación en la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales y en sus rendimientos, así como en las tasas judiciales.
En relación con los fondos de depósitos previstos en el párrafo 10 de la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 1/2009, reclamamos al Ministerio de Justicia que, durante el mes de septiembre de 2010 comunique a las Comunidades Autónomas las previsiones de las cuantías a transferir, el calendario previsto de pago y el procedimiento para hacerlo efectivo.
Reformas normativas. Desjudicialización
8- Es urgente la reforma de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, reiterando los criterios planteados por las Comunidades Autónomas en sus conclusiones de Barcelona y Pamplona.
La importancia de la prestación de este servicio, hace necesario poner especial énfasis en el establecimiento de los criterios de progresividad en el reconocimiento del derecho y en la introducción de mecanismos de control que garanticen la eficiencia del gasto público destinado a la financiación de la justicia gratuita.
9- Reiteramos al Ministerio de Justicia la necesidad de ser informados y participar en la elaboración de todos aquellos proyectos normativos que puedan afectar al ejercicio de nuestras competencias.
10- Las Comunidades Autónomas manifiestan su apuesta decidida por la desjudicialización y la resolución alternativa de conflictos que, sin detrimento de la tutela judicial efectiva, pueden permitir una mejor racionalización de los recursos destinados a la defensa de los derechos de la ciudadanía.
Las Comunidades Autónomas firmantes de esta declaración constatamos que el momento de desarrollo e implantación de la Nueva Oficina Judicial y la situación de reforma de la justicia exige profundizar en los cauces de colaboración política y cooperación entre el Ministerio de Justicia y las CCAA, proponiendo que la Conferencia Sectorial sea convocada con una mayor asiduidad, solicitando que la próxima reunión se celebre en el mes de septiembre de 2010
La Comunitat Valenciana, como anfitriona de la reunión, se compromete a trasladar al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de Procuradores de España el contenido de las conclusiones que a cada órgano competa para que en cada caso adopten las iniciativas que les correspondan.

Lo que suscriben en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.




Viceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco





Secretario de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat de Catalunya


José Manuel Fínez Ratón




Joan Xirau Serra






















Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia




Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias


Alfonso Rueda Valenzuela




José Miguel Ruano León



















Secretario General para la Justicia de la Junta de Andalucía






Consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra


Pedro Izquierdo Martín




Javier Caballero Martínez



















Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid




Director General de Justicia del Gobierno del Principado de Asturias


Francisco Granados Lerena




José Manuel Fernández García



















Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria





Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón


José Vicente Mediavilla Cabo




Rogelio Silva Gayoso



Consellera de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat de Valencia


Paula Sánchez de León Guardiola


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