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Acuerdo federal minero


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ACUERDO FEDERAL MINERO

 

En la ciudad de Buenos Aires a los seis días del mes de mayo de 1993 se reúnen el señor Presidente de la Nación Argentina, Dr. Carlos Saúl Menem; los señores gobernadores de la provincias: De Buenos Aires, Dr. Eduardo Duhalde; de Catamarca Dn. Arnoldo Castillo; de Chaco, Dn. Rodolfo J. Tauguinas; de Chubut, Dr. Carlos Maestro; de Córdoba, Dr. Eduardo C. Angeloz; de Entre Ríos, Cdor. Mario A. Moine; de Formosa, Dn. Vicente Joga; de Jujuy, Dr. Roberto Domínguez; de La Pampa, Dr. Rubén H. Marín; de La Rioja, Dn. Bernabé J. Arnauldo; de Mendoza, Lic. Rodolfo Gabrielli; de Misiones, Ing. Federico R. Puerta; de Neuquén, D. Jorge Sobisch; de Río Negro, Dr. Horacio Massaccessi; de Salta, Dr. Roberto Ulloa; de San Juan, Dr. Juan Carlos Rojas; de San Luis, Dr. Adolfo Rodríguez Saa; de Santa Cruz, Dr. Néstor Kirchner, de Santa Fe, Dn. Carlos A. Reutemann; de Santiago del Estero, Dn. Carlos A. Mujica; de Tierra del Fuego, Dn. José A. Estabillo; de Tucumán, Dn. Ramón Ortega; el señor Ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, de Corrientes, Ing. Bernardo Laurel; el señor Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, Dr. Domingo Felipe Cavallo; el señor Ministro del Interior, Dr. Gustavo Osvaldo Béliz; el señor Secretario de Minería, Dr. Angel Eduardo Maza y el señor Secretario General del Consejo Federal de Inversiones, Ing. Juan José Ciácera; a los efectos de desarrollar acciones concurrentes a la consecución de los siguientes objetivos:



 

      Propiciar el aprovechamiento racional e integral de los recursos mineros en el territorio Nacional.

      Promover el desarrollo sectorial consensuando medidas necesarias para atraer inversiones nacionales y extranjeras.

     Afianzar el federalismo en cuanto al papel que desarrollan los gobiernos provinciales como administradores del patrimonio Minero de sus respectivos Estados.

     Realizar en forma conjunta acciones destinadas a promover las oportunidades de inversión en la minería Argentina.

    Profundizar el proceso de descentralización como modelo para la prestación de las funciones básicas del Estado.

     Proteger el medio ambiente a través de una racional actividad productiva.

    Aplicar con criterios actualizados la legislación vigente y armonizar normas de procedimientos, teniendo en cuenta las características propias de cada región.

    Optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y de infraestructura de las instituciones mineras nacionales y provinciales.

 

En tal sentido se acuerda:



 

PRIMERA: El Estado nacional reconoce a las provincias la facultad de aplicar en su ámbito el concurso público reglado en el título XIX del Código de Minería, sin perjuicio de los convenios que se celebren con la Nación en los términos establecidos en el mismo título. El Poder Ejecutivo de cada provincia podrá, previo cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 23 del presente acuerdo, llamar a concurso para la exploración y explotación a gran escala de las sustancias a que se refiere el artículo 412 del Código de Minería.

 

SEGUNDA: En relación al procedimiento de la subasta pública de las minas descubiertas en la zona de protección que determina el título XVIII del Código de Minería se aclara que en él se comprende toda modalidad de oferta pública de las minas que conduzca a su transferencia a la actividad privada.

 

TERCERA: Las partes firmantes reconocen, sin que ello afecte las relaciones jurídicas existentes a la fecha de la firma del presente acuerdo, que las zonas de protección a que se refiere el título XVIII del Código de Minería, no podrán ser renovadas ni por los gobiernos, ni por las entidades estatales que menciona el mismo.

 

Las empresas provinciales, estatales o mixtas del área de minería no tendrán privilegio alguno en relación con las empresas del sector privado.



 

CUARTA: Las provincias promoverán la captación de Inversiones mineras en el exterior coordinadamente con la Secretaría de Minería de la Nación.

 

QUINTA: Las provincias armonizarán sus procedimientos mineros con el fin de lograr lineamientos básicos comunes en todo el país, partiendo del principio del impulso procesal de oficio y el establecimiento de términos perentorios e improrrogables.

 

SEXTA: A los efectos de asegurar una debida publicidad e igualdad de oportunidades para la oferta de minas caducas en los términos de los artículos 273 bis y 281 del Código de Minería, las autoridades mineras dispondrán la oferta pública de las minas anunciando su vacancia con la debida anticipación y publicación en el Boletín Oficial de sus jurisdicciones sin perjuicio de otras formas de publicidad que éstas determinen.

 

SÉPTIMA: Ninguna ley o disposición de cualquier carácter dictada por la Nación, las provincias o las municipalidades, podrá contradecir los términos del artículo 270 del Código de Minería en lo que respecta a la exención fiscal aplicable a la actividad minera.

 

OCTAVA: La nación y las provincias desarrollarán mancomunadamente acciones para organizar y mantener actualizado el catastro minero tanto en lo que respecta a la información contenida como en las tecnologías a aplicar para su elaboración y consulta.

 

NOVENA: Las provincias propiciarán la eliminación de aquellos gravámenes y tasas municipales que afecten directamente a la actividad minera.

 

DÉCIMA: En correspondencia con las medidas adoptadas por la Nación, las provincias propiciarán la eliminación del impuesto de sellos para todos aquellos actos jurídicos relacionados con la prospección, exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales, con excepción de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos.

 

DÉCIMA PRIMERA: El Estado nacional y las provincias tomarán las medidas necesarias para evitar distorsiones en las tarifas de energía eléctrica, gas, combustibles y transporte que pudieran afectar a la actividad minera.

 

DÉCIMA SEGUNDA: Las provincias tomarán las medidas correspondientes para eliminar las restricciones que pudieran existir para que los organismos mineros de las respectivas jurisdicciones puedan desarrollar acciones conjuntas o facilitarse personal, infraestructura y equipamiento minero.

 

DÉCIMA TERCERA: Con el objeto de sostener y desarrollar un significativo sector de la pequeña y mediana empresa, el Estado nacional y las provincias se comprometen a propiciar y promocionar el uso de las rocas ornamentales y minerales industriales en las obras públicas y planes de vivienda en sus respectivas jurisdicciones, cualquiera fuera su procedencia dentro del Territorio Nacional.

 

DÉCIMA CUARTA: En correspondencia a la importancia que reviste la protección del medio ambiente se establece:

 

a)    La necesidad de cumplimentar, tanto para la actividad pública como privada, una declaración de impacto ambiental para las tareas de prospección, exploración, explotación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de minerales.



 

b)   Implementar nuevas formas de fomento, como las especificadas en el artículo 22 de la ley de inversiones mineras, a los emprendimientos que favorezcan al medio ambiente como la forestación de áreas mineras.

 

c)    Destinar fondos para la investigación que lleve a un mayor desarrollo tecnológico y social en proyectos vinculados a la conservación del medio ambiente en la actividad minera.



 

DÉCIMA QUINTA: La nación y las provincias establecerán un sistema de información sobre aspectos tecnológicos y de investigación que permita una adecuada coordinación de las acciones que desarrollarán las distintas entidades y organismos relacionados con el sector minero en el Territorio Nacional.

 

DÉCIMA SEXTA: La mensura de las minas deberá obligatoriamente efectuarse en los plazos perentorios que establecen los Códigos de Procedimientos Mineros vigentes en las provincias, o en su defecto las normas dictadas por las autoridades competentes provinciales, considerándose desistidos los derechos en trámite cuando esa diligencia no fuere ejecutada en término.

 

DÉCIMA SÉPTIMA: La norma para la anulación de registros de las minas vacantes sin mensura aprobada establecida en el último apartado del artículo 274 del Código de Minería será de aplicación anual.

 

DÉCIMA OCTAVA: En forma también anual se procederá a la subasta de las minas caducadas por falta de pago del canon minero, reduciéndose los costos del procedimiento.

 

DÉCIMA NOVENA: Se verificará en los plazos legales establecidos las inversiones de activo fijo dispuestas en el artículo 273 del Código de Minería.

 

VIGÉSIMA: Se adoptará un sistema a cargo de los interesados que satisfaga el pago de los gastos originados por las inspecciones mineras para la verificación de las obligaciones legales hasta la concesión. La falta de atención de esos gastos será juzgada como incumplimiento de la obligación a verificar.

 

VIGÉSIMA PRIMERA: Se fortalecerán asimismo las acciones de policía minera en las provincias para un adecuado cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

 

VIGÉSIMA SEGUNDA: El Consejo Federal de Inversiones cumplirá tareas de organismo consultivo en materia de desarrollo regional, protección ambiental y aspectos tributarios provinciales relacionados con este convenio.

 

VIGÉSIMA TERCERA: El presente acuerdo será comunicado al H. Congreso de la Nación para su conocimiento y ratificación en cuanto sea materia de su competencia. La nación y las provincias se comprometen a poner en vigencia en forma inmediata las medidas y acciones acordadas, a través del Poder Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales, luego de la correspondiente adhesión conforme a las disposiciones legales establecidas.

 

RESERVAS AL ACUERDO FEDERAL MINERO POR LAS SIGUIENTES PROVINCIAS

 

I.     La Provincia de La Pampa hace expresa reserva en cuanto a las normas tributarias contenidas en el presente convenio en razón de poseer su propio régimen de promoción de la actividad minera (ley provincial 928).



 

II.   Reserva de la Provincia de Santa Cruz que solicita se incluya en la cláusula décima el siguiente texto: “Para ello utilizarán el Procedimiento de “exención cualificada” consistente en un exhaustivo análisis de cada proyecto de inversión en particular, en la forma y modo en que se establezca legislativamente en cada Provincia”.

 

III. Reserva de la Provincia de Santa Fe que solicita se incluyan modificaciones a las cláusulas novena, décima y vigésima tercera. Para la cláusula novena, sugiere que: “Las provincias invitarán a considerar tratamientos preferenciales para la actividad minera a los gobiernos Municipales y/o comunales”. Para la cláusula décima, sugiere: en lugar de “...propiciarán...” debe decir: “...considerarán la reducción o eliminación...”. Para la cláusula vigésima tercera, luego de “...establecida...” debe agregarse “...y la ratificación por parte de las H. Legislaturas Provinciales cuando así lo dispongan sus Constituciones...”.



 

LEY 24228

Acuerdo Federal Minero - Ratificación

 

Sanción: 7 de julio 1993.



Promulgación: 26 de julio 1993.

Publicación: B.O. 2/8/93.

 

ARTÍCULO 1°: Ratifícase, en lo que es materia de competencia del Congreso Nacional el Acuerdo Federal Minero, suscripto el 6 de mayo de 1993 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los señores gobernadores de las provincias, y que como anexo I forma parte integrante de la presente.

 

ARTÍCULO 2°: A los efectos de la ratificación a que se refiere el artículo anterior ténganse por modificados, con ese solo alcance y en los términos que establecen las cláusulas primera y segunda del acuerdo, los títulos XVIII y XIX del Código de Minería.

 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, etc.


LEY 11481

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

 

LEY

 

ARTÍCULO 1°: Ratifícase en todos sus puntos lo acordado por el Señor Gobernador en el Acuerdo Federal Minero, ratificado por el Honorable Congreso de la Nación, según Ley 24228.



 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.


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