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Accion de tutela no. 30908 corte suprema de justicia


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REPUBLICA DE COLOMBIA

ACCION DE TUTELA No. 30908

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado ponente:

Dr. MAURO SOLARTE PORTILLA

Aprobado acta No. 62

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil siete (2007).


Se pronuncia la Sala acerca de la acción de tutela instaurada por LUCINDA DUARTE, LUIS ORLANDO ESPITIA RAMÍREZ, ROSEMBER FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EPIFANIO GARCÍA PÉREZ, LUZ MARINA GIL PATIÑO, CARLOS JOSÉ ANZOLA VANEGAS, AVEL AYALA PITE, LUIS EMILIO CANTOR BELTRAN, LUIS HUMBERLEY CORTES VIVEROS, FERNANDO DE LA PEÑA PALACIOS, NELSON HERNÁN MORALES ROJAS, LUIS ANTONIO PENAGOS PINEDA, AMPARO PRIETO, MANUEL OMAR RIVERA BERNAL, EDGAR EDUARDO GRASS LIZCANO, FABIOLA JARAMILLO DE DÍAZ, JESÚS ANTONIO LÓPEZ GORDILLO, JOSÉ ANANÍAS LÓPEZ GRISALEZ, GIOVANNY MARULANDA MONZÓN, ROSA MARIA RODRÍGUEZ DE ROBAYO, WILSON BALAGUERA PARDO (QUIEN DICE ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS WILLÍAN BALAGUERA PARDO), JORGE ELIÉCER ACOSTA COLMENARES, MARÍA NELLY LEON TORRES, PEDRO PABLO ROJAS ORTIZ, JOSÉ MIGUEL BOBADILLA Y PEDRO JULIO MORA, contra la SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y el DEPARTAMENTO DEL META, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

FUNDAMENTOS DE LA ACCION




1. Los accionantes fueron vinculados como trabajadores oficiales a la Secretaría de Obras Públicas del Departamento del Meta y posteriormente retirados en desarrollo de un proceso que acusan de violar sus garantías fundamentales, razón por la cual demandaron el reintegro amparados en las previsiones de la convención colectiva que los cobijaba.
2. Mediante sentencia de fecha 30 de marzo de 2005 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Villavicencio denegó sus pretensiones, sentencia que el 29 de julio de la misma anualidad sería confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad, contra la cual interpusieron recurso de casación que sería resuelto de manera adversa a sus intereses por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el día 20 de febrero del corriente año.
3. Para los accionantes, la anterior providencia constituye una vía de hecho, pues la Sala Laboral de la Corte equivocadamente concluyó que las normas de orden Departamental podían desconocer los derechos pactados en una convención colectiva, razón por la cual solicita dejar sin efecto la misma y en su lugar se le ordene dictar otra en la cual condene al Departamento del Meta al restablecimiento pleno de sus contratos de trabajo.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE



En no pocas oportunidades esta Corporación ha reiterado que en tanto la acción de tutela se dirija, como en el presente caso, a cuestionar una sentencia de casación dictada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se impone el rechazo del libelo, dada su condición de órgano límite de la jurisdicción ordinaria, y la intangibilidad e inmutabilidad de sus decisiones.
El artículo 235 de la Carta Política establece que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, y siendo su primera atribución la de actuar como tribunal de casación, se tiene que cuando ella se pronuncia en tal condición queda por completo descartada la posibilidad de que sus decisiones sean revisadas por otro funcionario judicial.
Dijo la Corporación: “Fundamentalmente del artículo 29 de la Constitución Política, como especie del debido proceso, surge el principio de la cosa juzgada, que con su historia y actualidad se caracteriza por la inmutabilidad, definitividad, ejecutoriedad y obligatoriedad del fallo judicial. Este axioma, que ciertamente admite eventuales excepciones (por ejemplo, la acción de revisión y el principio de favorabilidad), no puede ceder ante hipótesis no previstas en la Constitución ni en la ley. En efecto, si los ejemplos citados son excepciones, se debe a que la propia normatividad los prevé como tales, lo que no sucede con la acción de tutela, pues que en parte alguna del ordenamiento aquella hace referencia al preciado mecanismo como otra de las excepciones legales a la cosa juzgada, quizás exclusión hecha de que por caso presentada una demanda en búsqueda de amparo contra la Corte Suprema de Justicia, ella misma, y solo ella, y jamás otro organismo, sería la encargada del trámite correspondiente, dentro de su propio seno. Y por extensión, analogías o parecidos –si de ello se tratara-, no podrían ser creadas excepciones al principio constitucional. La cosa juzgada, entonces, por las características enunciadas, es soporte de otro principio universal del derecho: seguridad jurídica.
De otra parte sostuvo:“La proliferación de tutelas contra fallos de casación, proviene de la incomprensión acerca de los cometidos institucionales a que ella corresponde lo que ha sido auspiciado por la propia jurisprudencia constitucional en una aplicación inapropiada y desintegradora del ordenamiento jurídico.
Los razonamientos a que se acude en este tipo de decisiones de tutela permiten comprobar que se trata más de juicios al sistema que reales atentados a los derechos fundamentales. Luego si los ordenamientos casacionales no desarrollan los principios y valores consagrados en la Constitución, como se les juzga en este tipo de decisiones, lo políticamente correcto sería reformarlos y no mantenerlos para seguir acusándolos a través de la tutela con los costos que para el sistema democrático, el poder judicial y la confianza en general ello implica.
La necesidad de encontrar a un órgano superior el fin de las decisiones judiciales en materia civil, laboral y penal y la legitimidad que encarna dentro de esas ramas la Corte Suprema de Justicia, llevó al constituyente de 1.991 a erigir a esta corporación en ‘máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria’, así está plasmado paladinamente en el artículo de la Constitución Política en comento, que no admite una lectura diferente de la que fluye en ese claro precepto superior. Es elemental que si hay un organismo máximo, las decisiones que él profiera de ninguna manera y bajo ningún pretexto pueden ser revocadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad porque la propia Constitución les da el sello de intangibilidad; ellas son las últimas y las definitivas dentro de la respectiva especialidad, por consiguiente, las decisiones que en ese especial carácter profieran las Salas de la Corte Suprema se consideran acertadas y legítimas, no porque esta Corporación les asigne tal condición, sino porque es la propia Carta fundamental que lo discierne al situarla en la cúspide de la jurisdicción ordinaria” 1.
Bajo tales supuestos se impone rechazar la tutela incoada contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. No se dispondrá la remisión de las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, pues es evidente que en este evento no se está profiriendo fallo de fondo, que es lo que se remite a tal revisión, según se establece de los artículos 86, inciso 2º, de la Constitución, y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1.991.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE:
RECHAZAR la acción de tutela propuesta por LUCINDA DUARTE y los demás mencionados en el presente proveído, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Contra esta determinación no procede recurso alguno.
NOTIFIQUESE, CUMPLASE y archívese el expediente.

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA


MAURO SOLARTE PORTILLA JAVIER ZAPATA ORTÍZ

TERESA RUIZ NUÑEZ

SECRETARIA


1Autos proferidos en los radicados 15.286 y 13.396 del 19 de marzo del 2002, con ponencia de los magistrados Alvaro Orlando Orlando Pérez Pinzón y Toro Correa, respectivamente.




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